La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica finalizo la audiencia por la masacre ocurrida hace 24 años. En este lapso las víctimas no tuvieron justicia. Confiamos que ahora sí, gracias a la persistencia de los abogados del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, así como por los valiosos testimonios de compatriotas comprometidos con la justicia. Nuestro reconocimiento y aplauso para ellos. 

Antecedentes: Poco después de su triunfo electoral en 1999, el presidente Hugo Chávez provocó confrontaciones para imponer su ideología totalitaria. En esa dirección, convocó una Asamblea Constituyente inconstitucional, intentó de ideologizar la educación y de imponer al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, aprobó 49 Decretos Leyes, la mayoría inconstitucionales, y designó a cinco directores de PDVSA por el solo por mérito político.

La situación política se complicó con el despido de siete trabajadores de PDVSA y la jubilación obligada de catorce. Al paro petrolero iniciado el 4 de abril, se sumaron el día 9 la CTV y Fedecámaras, organizaciones que , con apoyo de la sociedad civil, convocaron la marcha del 11 de abril en apoyo a los petroleros. La asistencia masiva de casi un millón de ciudadanos hizo inevitable que, en su legítimo derecho, decidiéramos seguir hasta Miraflores a solicitar la renuncia del presidente. 

La masacre: Ante la magnitud de la marcha pacífica, el gobierno tenía la opción democrática de permitir que llegara a Miraflores, como procedió el presidente Eleazar López Contreras en 1936. Otra  opción, no tan democrática, pero entendible, es haber detenido el avance de la marcha en la autopista del Este, colocando un par de tanquetas de la Guardia Nacional, y lanzando lacrimógenas y chorros de agua. Sin embargo, con mentalidad criminal, desde días antes, el gobierno ordenó colocar a sus grupos civiles armados en los alrededores de Miraflores. Diecinueve ciudadanos fueron asesinados y cientos fueron heridos de heridos por armas de fuego. 

Ante la Audiencia de CIDH: 

Varios testimonios ratificaron que los manifestantes iban en actitud pacífica, gritando consignas en contra de Chávez. También que los guardias nacionales lanzaron bombas lacrimógenas en la subida a la av. Sucre desde la plaza de El Silencio, pero no dispararon. En Puente Llaguno, permitieron que los civiles armados dispararan libremente y en la cercanía del liceo Fermín Toro los guardias nacionales dispararon, mataron e hirieron a manifestantes. El testimonio del coronel Antonio Guevara Fernández enfatizó que “la Guardia Nacional no se ajustó a las pautas constitucionales, legales, reglamentarias, doctrinarias, procedimentales ni convencionales que rigen el uso de la fuerza, que debe ser el último recurso. 

La valiente periodista Delvalle Canelón declaró que vio en Puente Llaguno a guardias nacionales congeniando con los civiles armados partidarios del presidente Chávez, permitiendo que dispararan a los manifestantes, Tampoco intentaron mediar y que no vio a manifestantes armados. 

El entonces capitán Michael O´Brien Fossi, Ayudante del general Manuel Rosendo, Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada (CUFAN), testimonió que José Vicente Rangel, entonces ministro de la Defensa, llamó a Freddy Bernal, alcalde del municipio Libertador, y le dijo “Freddy, la marcha ya arrancó hacia Miraflores. Nuestra gente debe estar armada con piedras, palos y cuchillos. Anuncia por la TV del Estado que los cerros están bajando armados, que eso los c…”. 

Intervención de los abogados: Después de la intervención de testigos y familiares, Alfredo Romero  expuso que lo ocurrido el 11 de abril fue un plan estructural diseñado por el gobierno en reunión del 7 de abril, lo que consta en el testimonio del general Rosendo, y que este plan se repitió con los asesinatos de opositores en el 2004, 2007 y 2017. Destacó la falta de investigaciones y la impunidad. Himiob sostuvo que el Estado tiene responsabilidad por acción y omisión. Y que debe haber justicia y reparación para las víctimas. Aseveró que la justicia tardía no es justicia, pero la peor es la que no llega. Los abogados mencionaron la responsabilidad de los generales Belisario Landis y Eugenio Gutiérrez

Intervención de las representantes de la Comisión de la Corte sobre los Derechos Humanos: Las abogadas Cristina Blanco y Daniela Saavedra desmantelaron los alegatos del gobierno venezolano, de que había investigado los hechos y que sus partidarios actuaron en legítima defensa. Pidieron sanción para el Estado y resarcimiento económico o moral para las víctimas. También advirtieron que el gobierno no debe tomar represalias contra quienes declararon, ni en contra de familiares. Posteriormente, los jueces les hicieron preguntas. El Estado venezolano no asistió. 

Comentario: Los demócratas estaremos siempre agradecidos al Foro Penal y a quienes dieron su testimonio, sea por haber presenciado los hechos o por ser familiares de compatriotas asesinados. Un saludo especial al luchador Mohamed Merhi. Confiamos en que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicten sentencia ajustada a derecho. Las víctimas y sus familiares lo ameritan y es un paso para que no se repitan esos crímenes por parte del Estado. 

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