La noche del 28 de julio de 2024, mientras cerraban las mesas electorales en toda Venezuela, miles de testigos anónimos, convertidos en activistas por unas horas, hacían casi al mismo tiempo la tarea clave de fotografiar con sus teléfonos el acta de escrutinio recién impresa por la máquina de votación y buscaban la manera de sacarla de allí antes de que alguien intentara arrebatársela. Algunos la enviaban por WhatsApp desde la propia mesa; otros se la entregaban a un motorizado que la llevaría al centro de acopio más cercano; unos pocos, en los pueblos donde ni siquiera había mensajeros disponibles, memorizaron los números y los repitieron por teléfono como quien recita una contraseña. No eran espías ni conspiradores. Eran, en su enorme mayoría, la misma sociedad civil que, casi sin saberlo, llevaba dos décadas formándose para un momento exactamente como ese. Los mismos que habían respaldado la arrolladora victoria de María Corina Machado en la primaria opositora de 2023, antes de que el simulacro institucional del chavismo la inhabilitara y, en una segunda derivada, permitiera la candidatura de Edmundo González Urrutia.
Horas después, ya entrada la madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro con 51,2 por ciento de los votos frente a 44,2 por ciento de González Urrutia. El organismo nunca publicó el desglose mesa por mesa que la ley exige y alegó un ataque informático a su sistema de transmisión que ni los técnicos independientes ni buena parte de la comunidad internacional pudieron verificar. Los números oficiales, difundidos con una precisión de varios decimales sin que existiera base de datos alguna que los sustentara, resultaron estadísticamente inverosímiles para numerosos analistas electorales. Era ya tan conocida esta táctica de dictar totalizaciones sin respaldo que en Venezuela se bromeaba sobre la “servilleta” en la cual Elvis Amoroso, presidente del CNE, llevaría apuntadas las cifras.
Para el 31 de julio, María Corina Machado, como líder de la alianza opositora, anunció que había reunido el 73,2 por ciento de esas actas escaneadas y que estas contabilizaban 6,25 millones de votos para González, el 67 por ciento del total, frente a 2,28 millones de votos para Maduro. Unas horas más tarde, a medida que la cobertura de actas superó el 85 por ciento, la diferencia se consolidó por encima de los cuatro millones de votos; una brecha mayor que la totalidad de los electores inscritos en las mesas que aún faltaban por escrutar. Matemáticamente, no había manera de revertir el resultado. El Centro Carter, que había observado el proceso, calificaría después esas actas como confiables y auténticas.
La reacción internacional, sin embargo, confirmó algo que ya había descrito años atrás en el capítulo de mi propio libro dedicado a las elecciones líquidas: ningún actor externo estaba dispuesto a resolver, por Venezuela, la cuestión de quién había ganado. El panel de expertos electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter cuestionaron la transparencia del proceso; Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de América Latina se negaron a reconocer la reelección de Maduro, pero durante meses evitaron, con un cuidado casi quirúrgico, llamar a González “presidente electo”. El mundo entero se instaló en la zona gris que esta misma serie ha descrito como el hábitat natural del poder líquido. No hubo definición; Venezuela, a partir de este momento, vivió en el interregno entre el reconocimiento y la condena. Era el espacio de ambigüedad que le devolvía al régimen, al menos temporalmente, el tiempo que necesitaba para reorganizarse.
En el ensayo dieciséis describí el simulacro institucional como la segunda regla del poder líquido. La separación de poderes que finge competir consigo misma mientras converge siempre hacia los intereses del sistema. Los resultados oficiales del 28 de julio fueron ese simulacro en su forma más desnuda, el instante en que el régimen dejó de necesitar siquiera que sus cifras coincidieran con algo real. Baudrillard sostenía que el simulacro no es la falsificación de una verdad, sino la sustitución completa de lo real por un modelo que ya no necesita referirse a nada externo para sostenerse. Pero esa noche ocurrió algo que esta teoría de lo hiperreal no había anticipado. Frente al simulacro más flagrante de dos décadas, muy superior a la muerte de Hugo Chávez en 2013, la sociedad venezolana, organizada dentro y fuera del país, produjo, en cuestión de horas, el objeto más sólido y contundente que el liderazgo democrático jamás había concebido. Me refiero a una cinta larga de papel con un código QR, con un registro impreso del número de votos, con hora y fecha y la firma de los miembros de mesa, escaneada y fotografiada decenas de miles de veces para que nadie pudiera hacerla desaparecer. El acta —lo físico, lo verificable, lo que aún podía tocarse— se convirtió en el ancla que el poder líquido más temía. Un referente material e inequívoco que ya no admitía cambios ni reinterpretaciones.
La respuesta del Estado llegó con una velocidad y una violencia sin precedentes. Provea documentó al menos 24 muertes entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto, casi la mitad de las registradas en los más de ciento cincuenta días de protestas de 2019, esta vez concentradas en menos de una semana. El Ministerio Público reconoció 2.400 detenciones entre el 29 de julio y el 13 de agosto. Cifra que, por sí sola, superaba el 94 por ciento del total de arrestos durante todo el ciclo de protestas de 2017, mientras que el Foro Penal Venezolano logró verificar de forma independiente 1.505 casos, con un subregistro que sus propios investigadores estimaron en un tercio de la cifra oficial. Entre el 29 de julio y el 1 de agosto se documentaron al menos 40 casos de desaparición forzada. El gobierno bautizó su ofensiva como Operación Tun Tun y pidió a la población que usara aplicaciones móviles para denunciar a quienes hubiesen participado en las protestas o simplemente las hubiesen criticado en redes sociales.
En un principio, el régimen, aún atónito frente a la demostración de su fraude, intentó ubicar a los 150 mil miembros y testigos de mesa para tratar de fabricar una nueva simulación con actas reimpresas que coincidieran con la servilleta de Amoroso; sin embargo, era una acción muy difícil de llevar a cabo por el aparato represivo, que tenía las manos llenas conteniendo la presión de las calles. Esa misma semana se rompieron los vínculos diplomáticos con Argentina, que, junto a otros ocho países, había exigido un conteo transparente de los votos. La ruptura dejó en un limbo jurídico y de protección a seis miembros del equipo de Machado que, perseguidos desde marzo por cargos de conspiración, ya llevaban meses refugiados en esa sede diplomática. El primero de agosto, sin embajador argentino que los resguardara, Brasil asumió la representación de sus intereses. Ellos no podían saberlo todavía, pero acababan de convertirse en los primeros rehenes de una posguerra electoral que apenas comenzaba.
Edmundo González pasó a la clandestinidad el 30 de julio. Durante semanas se movió entre sedes diplomáticas en Caracas mientras la fiscalía, tras acusarlo de no presentarse a tres citaciones por la publicación de las actas, solicitaba una orden de aprehensión en su contra por conspiración, usurpación de funciones e instigación a delinquir. El 7 de septiembre, después de 32 días oculto entre la embajada de los Países Bajos y la residencia del representante español, el régimen venezolano le otorgó un salvoconducto para Madrid. Aquella salida era la única posible para preservar su libertad y su vida frente a una ola represiva que no daba señales de ceder.
María Corina Machado, mientras tanto, decidió quedarse, asumiendo los riesgos que aquello implicaba. Y quedarse en un país cuyo aparato de inteligencia acababa de demostrar, en cuestión de días, su capacidad para ubicar, detener y desaparecer a cualquiera era mucho más que un gesto simbólico. Significaba cambiar de casa sin previo aviso; de hecho, según ella misma lo ha relatado, durante los 16 meses de clandestinidad, ocupó catorce sitios distintos. Debió comunicarse con su propio partido mediante videos grabados y publicados desde ubicaciones que nadie más conocía, y aprender a confiar en un círculo cada vez más reducido de personas, mientras el resto del país la seguía a través de una pantalla o de mensajes de voz. Construir esa vida exigía, casi de la nada, lo que el sociólogo Charles Tilly llamó redes de confianza que sobreviven a los Estados que las persiguen precisamente porque nunca dependen de un solo nodo, de un solo lugar ni de una sola persona que las sostenga. La red que había escaneado, fotografiado, transportado y publicado el grueso de las actas del país en menos de setenta y dos horas ya había demostrado, sin proponérselo, que sabía operar exactamente así. Lo que restaba era convertir esa arquitectura horizontal, pensada para un solo día de votación, en la columna vertebral de una resistencia que tendría que sobrevivir no una noche, sino durante largos meses.
Nadie, en esas primeras semanas, hubiese podido prever que todos esos meses llegarían hasta la madrugada del 3 de enero de 2026. Lo que sí quedó establecido desde el primer día fue el patrón que gobernaría todo lo que vendría. Cada vez que el régimen impusiera su versión de la realidad, alguien, dentro o fuera del país, encontraría la manera de oponerle un hecho verificable. Esa tensión entre el simulacro que intenta gobernar y el hecho que resiste es la columna vertebral de esta tercera parte.