Falta de institucionalidad para producir alimentos es el fondo del problema
Entre las actividades esenciales para la sociedad está la agricultura. También es de las actividades más complejas. Su misión principal es producir alimentos y materias primas agrícolas para el procesamiento agroindustrial que serán a su vez convertidas en bienes para consumo humano o animal. La agricultura es, sin embargo, multifuncional, cuya finalidad va más allá de la fundamental producción de alimentos.
La agricultura tiene importantes funciones ambientales, económicas y sociales: regula la ocupación territorial, provee insumos para otros sectores de la economía como el industrial, refleja y conserva los valores culturales que identifican a una nación en particular, entre otros. La actividad agrícola es, ciertamente, más que un negocio, pero necesita ser rentable para que sustente la producción de alimentos y las demás funciones que le son inherentes.
El desarrollo rural integral pasa por procurar una agricultura próspera y esta se alcanza con un marco legal e institucional racional, coherente, predecible y estable. Es por ello que los países que han logrado el desarrollo eficiente de su sector primario, dictan leyes y gestionan un marco institucional favorable a la adopción de tecnologías, al crédito, a las inversiones agrícolas, a la rentabilidad del negocio agrícola, compensando las adversidades que le son propias a la naturaleza de la actividad, como son la dependencia de factores aleatorios como el clima, los ciclos biológicos de los agentes involucrados, la desigual distribución de beneficios tanto a nivel nacional como internacional, la demanda inelástica de los productos básicos, la oferta inelástica una vez iniciado el ciclo productivo, entre otros factoreEs cierto que la regulación de la agricultura tiene un precio que eventualmente pagan los consumidores, pero también es cierto que los países con un alto desarrollo agrícola protegen su agricultura y lo que hacen en el plano internacional es negociar el grado de protección, porque la regulación racional de la actividad agrícola rinde sus frutos, sea con una oferta estable y permanente de alimentos, inclusive excedentaria y por tanto exportable, sea a través de una oferta diversa en calidad, sea a través de mercados abundantes y competitivos, que permiten al consumidor tener acceso a precios económicos de los bienes básicos de la canasta alimentaria. Todo esto se logra con políticas públicas ampliamente debatidas en parlamentos democráticos y generalmente concertadas entre el gobierno, el sector productivo y el sector encargado de la ciencia y tecnología agrícola como son las universidades y centros de investigación agrícola.
Los países de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Canadá, Brasil, México, Australia, Nueva Zelanda o países más pequeños en tamaño y desarrollo como Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú o Costa Rica, son ejemplos de naciones que han logrado un ambiente institucional estable y eficiente que les ha permitido desarrollar un sector agroalimentario altamente productivo y competitivo, mediante la aplicación de fórmulas negociadas entre el gobierno, los productores y los sectores tecnológicos de la ciencia.
Nuestro país, Venezuela, por el contrario, ha optado en los últimos tres lustros por la opción unilateral, impositiva, de regulaciones inconsultas y de leyes que se aplican con criterio sancionador, vengador, sin sentido real de justicia, lo cual ha traído graves consecuencias sobre el sector productivo, reforzando la condición de país altamente dependiente de las importaciones de alimentos, un medio rural decaído, con problemas de escasez y desabastecimiento, la inflación alimentaria más elevada del mundo y niveles peligrosos de desnutrición, que se registran en el más reciente estudio de la FAO de 2016 sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo.
La regulación por decreto del Ejecutivo Nacional, del precio de venta de más de veinte productos alimenticios, es una muestra de parte del problema alimentario en el país, que no ha resuelto el elevado precio de los alimentos y ha empeorado su abastecimiento, al reducir el margen de utilidad, al punto de estar en ocasiones por debajo de los costos de producción. Como demostración de este desalentador resultado el Banco Central de Venezuela, registró para 2016, un índice de escasez de productos y al que eufemísticamente el ente financiero llama Índice de percepción de acaparamiento, que llegó a promediar 87 %.
Desafortunadamente, el control de precios y luego de casi una década de comenzar a ser implantado, parece convertirse en una política estructural, luego que el gobierno recién anunciara aumentar a cincuenta la lista de productos cuyos precios serán controlados.
Otra muestra de una política adversa al desarrollo del sector agroalimentario y contraria igualmente al principio constitucional de la seguridad alimentaria propuesta mediante el desarrollo de la producción agropecuaria interna con el objetivo de lograr niveles estratégicos de autoabastecimiento, es el control de cambios.
La tasa preferencial oficial de 10 Bs/$ para importar alimentos, representa un absoluto desestimulo a la producción nacional, ya que esta depende para establecer su estructura de costos de un referencial cambiario que puede estar alrededor de 6000 Bs/$ (Tasa Oficial Dicom para divisas de acceso restringido a sectores económicos que no siempre o nunca es el agrícola) o peor aún, a una tasa de cambio libre, no oficial y que resulta el referencial efectivo dada las restricciones para adquirir divisas al cambio oficial.
No resulta difícil comprender qué efecto puede tener sobre la economía productiva agrícola doméstica, importar alimentos a 10 Bolívares por dólar versus producirlos calculando costos a 6000 Bs/$ o la mayor parte de las veces a 20.000 Bs/$.
Un tercer ejemplo, que muestra como en la República Bolivariana de Venezuela el ambiente institucional de políticas públicas y normas es absolutamente adverso a la producción interna, es la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, promulgada en 2008. Este instrumento normativo contradice a la propia Constitución de la República cuando desde su exposición de motivos se sataniza al libre mercado, pretendiendo expresamente su supresión por considerarse un menoscabo al derecho a la alimentación. Con una concepción semejante de la economía agrícola, no podía tardar lo que a la fecha ha sucedido con el sector agroalimentario del país. Hoy en día Venezuela es más insegura y menos soberana desde el punto de vista agroalimentario, vale decir, todo lo contrario a lo buscado por la ley y por la carta magna.
Los venezolanos hacen cola por comida, pagan muy caro con escasez, contrabando y mercado negro de alimentos, llamado “bachaqueo”, el precio de la improvisación en el diseño de políticas públicas y sobre todo la ideologización de las concepciones económicas modernas. Los sectores más vulnerables como los infantes reflejan índices de desnutrición severa y los indigentes hurgan en la basura en busca de alimentos para cubrir sus necesidades alimentarias.
El país bajo la llamada “revolución bolivariana” o “socialismo del siglo XXI”, instaurado en 1999, no ha diversificado su economía sino que depende como nunca para importar, de las divisas que genera la estatal petrolera Pdvsa.
Por tanto, el rentismo del país se ha exacerbado y al caer los precios del petróleo de 100 $/ barril a 40 $/barril en la actualidad, con un alto nivel de endeudamiento, y con reservas internacionales en un riesgoso nivel aproximado de unos 10 MM de $, la disponibilidad en moneda extranjera para importar se ha visto reducida a una mínima cantidad que hace del país ser el centro del debate internacional de cómo Venezuela, con todo el potencial para ser una nación floreciente, próspera y emergente como llegó a serlo antes de 1999, se ha derrumbado a niveles de tener que implorar ayuda humanitaria si quisiera levantar de forma urgente, los niveles de abastecimiento y disponibilidad de alimentos mínimos requeridos por la población.
La inestabilidad política sufrida a lo largo del año 2017, particularmente durante los meses de abril y julio, en los que parte importante de las protestas refieren que la escasez de alimentos y también de medicinas, son fuente primordial de las manifestaciones, muestra cómo la cuestión alimentaria de un país puede dar al traste con la estabilidad de un gobierno y con su aceptación por parte de la población. El fondo del problema radica en la falta de una institucionalidad adecuada para producir alimentos y comercializarlos adecuadamente. Hay que abrir un debate sincero sobre el estado de la cuestión agroalimentaria en Venezuela.
Profesor Facultad de Agronomía
Universidad Central de Venezuela
Campus Maracay
27 septiembre, 2017
