La “ley antibloqueo” y el estado de derecho

En los países totalitarios se suele hacer uso de la mentira como instrumento de lucha. Unos la utilizan para imputar a sus antagonistas lo que ellos hacen. Afirmar que la escasez es producto de una "guerra económica”, no es más que engañar con el mayor desparpajo. Si alguien sabe quién es el causante de la falta de alimentos, medicinas, gasolina y servicios, es la gente del régimen y lo conocen a ciencia cierta porque los culpables son ellos mismos.

El Estado de Derecho se distingue por ser un Estado sometido a la Constitución, regido por leyes aprobadas de acuerdo a los procedimientos que ella establece, que garantizan el funcionamiento organizado y controlable de los órganos del poder; el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y la observancia de los derechos individuales, sociales, culturales y políticos.

La Constitución establece que corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. Las leyes son ordinarias y orgánicas, no existen “leyes constitucionales” distintas a la propia Constitución.

Decía Kelsen que en el oscuro horizonte de nuestro tiempo asoma el rojo resplandor de un nuevo astro: la dictadura de partido, la dictadura comunista o la dictadura nacionalista de la burguesía. Todas ellas totalitarias, que concentran el poder en un partido, encabezado por un Führer, un Duce o un Comandante en Jefe y, como consecuencia de ello la desaparición de todo tipo de pluralismo y el olvido de la autoridad del Derecho. En un régimen totalitario el Jefe abarca todo en un escenario de un visible control policial que no tiene límites en cuanto a la violencia estatal. Todo con el propósito de formalizar una ideología, sin posibles competidores y con una obediencia absoluta, en la que no se admiten fisuras.

Eso es lo que se propone con esta “Ley Antibloqueo”, que va a ser aprobada por una asamblea nacional constituyente que no es la Asamblea Nacional y será una “ley” que se pretende colocar al mismo nivel de la Constitución, contrariando lo que la Carta Magna establece.

Con dicha “ley” se busca que todo el poder se ejerza desde el Ejecutivo, bajo “supervisión” de una Contraloría General que sólo hace lo que desde el Ejecutivo se le indica. Para eso necesitaban de la hegemonía comunicacional que ya la tienen, salvo por el internet.

Al ciudadano sólo le queda una cosa: Ya usted la conoce, continúe poniéndola en práctica hasta lograr el objetivo que todos sabemos cuál es.