Nuevos senderos para el cambio político

Resumen Ejecutivo

El colapso económico, la polarización, la represión y el estancamiento del conflicto político venezolano se han profundizado durante los últimos años, sin un final que esté claramente a la vista. Cuatro intentos de negociación han fracasado y en cada ocasión cada uno de estos procesos ha culminado con ambas partes acusando a la otra de mala fe.

Sin una luz al final del túnel, el resultado ha sido trágico para todos los venezolanos. El país ha atravesado más de cuatro décadas perdidas económicamente, sufriendo, en los últimos años bajo el gobierno de Maduro, el peor proceso de destrucción económica que se haya experimentado en la historia moderna de América Latina y la segunda peor hiperinflación de la región. Venezuela es una nación que durante las últimas dos décadas, bajo la revolución bolivariana, vio consolidar uno de los primeros sistemas autoritarios del Siglo XXI, con grandes capacidades de resiliencia y con un uso intensivo de clientelismo electoral y alta sofisticación tecnológica para controlar a la población, que ha terminado por expandirse a países como Nicaragua y que tiene contrapartes globales en Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

Con un nuevo intento de mediación diplomática por parte de Noruega, otra ronda de diálogo y negociaciones que se inició en Ciudad de México en agosto de 2021 y, que en este momento se mantiene suspendida, el país retoma la posibilidad de buscar una solución acordada a la crisis. La misma se inició con una declaración conjunta de objetivos y procedimientos, en el que ambas partes consensuaron que tanto el gobierno de Venezuela, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, como la plataforma unitaria—que agrupa a las principales fuerzas de oposición reconocían que se requiere de un esfuerzo mancomunado que tome en cuenta los intereses de todos los venezolanos para enfrentar la grave crisis económica, social y de salud pública del país y avanzar hacia la reconstrucción de la democracia. Los representantes de ambas partes confirmaron, después de las reuniones iniciales, que habían logrado avances en los procedimientos y que habían encontrado puntos en común sobre los temas de la agenda. Pero el gobierno de Maduro anunció a mediados de octubre de 2021 que no iba a asistir a la ronda de conversaciones programada, en protesta por la extradición a Estados Unidos de uno de sus colaboradores más cercanos, quien fue detenido en Cabo Verde y acusado de corrupción y lavado de dinero. A partir de entonces, el proceso se ha mantenido congelado, aunque con algunos intentos, especialmente por parte de los Estados Unidos y Europa, por reanudarlo.

A pesar de este impasse, este informe parte de una premisa fundamental: este grave y destructivo conflicto político no puede resolverse hasta que el gobierno venezolano, liderado desde 2013 por Nicolás Maduro, así como el gobierno interino establecido en 2019 bajo Juan Guaidó, acepten que hasta ahora sus estrategias no han resuelto los problemas centrales que enfrentan diariamente la población empobrecida de Venezuela, y que cada uno de ellos por separado, carece de un apoyo público lo suficientemente amplio como para trazar un camino creíble hacia adelante. El informe también parte de la premisa que la comunidad internacional debe jugar un papel más constructivo que permita facilitar y también fortalecer un potencial acuerdo.

Una salida negociada, que refuerce las normas e instituciones democráticas y promueva la cooperación entre las diversas facciones políticas del país, es de interés para quienes han apoyado al movimiento chavista, quienes se han opuesto a él y también para el resto de los venezolanos. El informe describe algunos antecedentes históricos para aclarar cómo y por qué el movimiento liderado por el coronel retirado Hugo Chávez cuando llegó al poder, generó apoyo popular al incorporar a sectores marginados de la población al sistema político, emprendió programas sociales y económicos populistas y de corte estatista, distribuyó ampliamente los beneficios del gran aumento en los precios del petróleo, y alejó a Venezuela de la democracia liberal hacia un gobierno autoritario mientras expandía la corrupción y los poderes de un sector militar cada vez más politizado. También discutimos las estrategias que los opositores al chavismo emplearon para contrarrestar estas tendencias, solo para enfrentarse a un estado cada vez más represivo. No evaluamos el pasado y tampoco evaluamos la culpa. Más bien, tratamos de dar cuenta de las divisiones de Venezuela y luego explorar si se pueden diseñar caminos constructivos y factibles para ayudar a los actores sociales y políticos dentro del país, y que le permitan a su diáspora y miembros de la comunidad internacional, a comprometerse con pasos concretos destinados a la coexistencia pacífica, la recuperación económica y la reconstrucción de las instituciones democráticas y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Ninguno de los caminos propuestos que discutimos será fácil, corto o seguro. Pero el enfoque pragmático, estratégico e incremental que recomendamos tiene una probabilidad considerablemente mayor de revertir la espiral descendente que experimenta Venezuela y avanzar hacia un país más pacífico, próspero y democrático, que el que ha seguido el gobierno de Maduro, la oposición organizada, la opinión pública y diversos actores destacados de la comunidad internacional, cada uno con su propias perspectivas e intereses, pero sin una visión positiva que sea compartida por todos, ni planes concretos para un futuro que permita la reunificación de la familia venezolana.

El trabajo más arduo para detener el declive del país y cambiar su rumbo debe ser asumido principalmente por los venezolanos, incluidos aquellos que hasta ahora han estado activos en la vida pública y aquellos que también se han sentido alienados e incapaces de moldear positivamente el futuro de la nación y el suyo propio. El enfoque que recomendamos requerirá un liderazgo más reflexivo y, de igual manera, requerirá una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Ninguna potencia extranjera correrá los riesgos y dedicará los recursos necesarios para resolver las múltiples crisis de Venezuela, pero varias naciones sí podrían tener el interés y los recursos para comprometerse y apoyar estas iniciativas.

Garantizar y proteger la realización de elecciones libres, justas y creíbles, con reglas y procedimientos acordados, un monitoreo adecuado; son claramente pasos necesarios y su implementación debe avanzar gradualmente.

Dada la naturaleza del gobierno de Maduro, la realización de dichas elecciones puede ocurrir por etapas en el tiempo. Los demócratas venezolanos deben aprovechar todas las oportunidades para insistir en elecciones justas. Esto implica participar y trabajar con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales para garantizar que se cumplan las condiciones negociadas para el cumplimiento de los procedimientos electorales y de campaña.

Esto también va a requerir de un movimiento democrático capaz de reconstruir sus redes dentro de todo el territorio para recuperar la fuerza electoral necesaria para transformar las oportunidades potenciales en una mayo y verdadera democratización. Este enfoque implica asumir riesgos políticos: hacer uso de las ventanas de oportunidad en lugar de esperar las condiciones óptimas en el futuro. La oposición deberá aceptar que existe un dilema entre lo que es deseable a largo plazo y lo que ahora es factible para transitar el camino rápido hacia la democratización que habían anticipado y que pareciera haber sido bloqueado. Una transición política rápida que restablezca los derechos democráticos, que desmonte la arbitrariedad judicial y la corrupción y ponga fin a todos los abusos contra los derechos humanos—una solución que fue capturada por la frase “acabar con la usurpación”—ya no es factible dada la consolidación del régimen de Maduro.

El chavismo probablemente pueda continuar resistiendo las presiones externas y además profundizar aún más su régimen autoritario, aunque eso implicaría riesgos políticos y sociales en el mediano y largo plazo para su estabilidad. La idea que Maduro dejará el poder en el corto plazo y que su gobierno no se protegerá de la persecución si pierde una elección puede ser una aspiración legítima, pero en la actualidad no es una realidad política. La oposición debe concentrarse en negociar una apertura política, lo que algunos llaman una liberalización, que podría contribuir potencialmente a un proceso de transición democrática, siempre y cuando la oposición pueda aglutinarse y generar un apoyo popular sustancial. Sin bases sociales sólidas de apoyo popular, aún con una apertura, será muy difícil, por no decir imposible, inducir un cambio institucional verdaderamente democratizador en el sistema político.

Entendemos que muchas personas son escépticas a la idea que el chavismo, entendido como un régimen hegemónico, con características autoritarias—que incluye su sistemática violación de los derechos humanos, el gran alcance de la corrupción, su activa participación en economías ilícitas y su intolerancia a líneas de pensamiento e ideologías que consideren amenazantes–, genera dudas sobre su disposición voluntaria a una apertura hacia la coexistencia democrática. Según esta visión, el chavismo carece de los incentivos y los valores democráticos para permitir medidas que liberalicen la política venezolana, incluso si la comunidad internacional estuviese dispuesta a retirar o reducir las sanciones, para alentar dicha apertura.

Argumentamos más bien que, a pesar de su naturaleza autoritaria, el Chavismo podría negociar una apertura política que conduzca a una relajación humanitaria sustancialmente mayor. Maduro enfrenta un dilema: su gobierno puede permanecer en el poder a un alto costo social, o puede mejorar las condiciones de Venezuela logrando una relajación gradual de las restricciones internacionales que le permita “competir electoralmente y reinsertar nuevamente a la industria petrolera en un mundo que demanda tanto crudo como gas a altos precios. Mientras Maduro permanezca en el poder, la única salida a este dilema es a través de negociaciones con la oposición que cuenten con el aval y el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional. El informe intenta, precisamente, esbozar algunos pasos concretos que podría facilitar la construcción incremental de ese camino.