En mis clases de derecho romano acostumbro utilizar un viejo aforismo: “Magna negligentia, dolo est” para explicar las consecuencias del incumplimiento de algunos contratos signados por la buena fe y la confianza. Me encuentro con que se presenta también como una síntesis perfecta para entender la realidad política que hoy vivimos los venezolanos.
La inveterada praxis criolla se dirige a la subestimación del contrincante. También tiende a reaccionar en las primeras de cambio sin reflexión o evaluación de las distintas posibilidades de respuesta. No respeta jerarquías, experiencia y, ahora más que nunca, tampoco reconoce o acepta la dirección fundada en el razonamiento y el respeto al ciudadano. Se limita a seguir con éxtasis y apego mesiánico a los que mañana abandonará sin remordimientos; o, lo que es más común, de ellos denigrará porque son los culpables de las desgracias que causa su propio “error in eligendo”. Esa es la cultura política que exhibe el venezolano.
Comúnmente, se confunde al individuo que ejerce el poder con la institución; entonces, bajo íntima sintonía con los supuestos dos extremos políticos dialogantes, se produce una acometida salvaje contra el Tribunal Supremo, Banco Central de Venezuela, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional, como si estos tuvieran vida propia. Nadie se hace la pregunta: ¿Quién eligió a sus titulares? Especialmente, en el último caso. ¿Será porque la respuesta es muy incómoda? Los extremos se tocan.
La dirigencia partidista y los electores deberían poner a funcionar un mínimo de su consciencia ciudadana y tomar algo de su valioso tiempo para sopesar decisiones, entender el peligro que entraña una equivocación, en regímenes de esta naturaleza. Y voy a ejemplificar con la tragedia económica que vive Venezuela. Una situación que algunos piensan que ha tocado fondo pero que se agravará con una onda expansiva de tal magnitud que pondrá en riesgo la vida de las personas y sus propiedades, de no ser bloqueada la causa eficiente de esta debacle.
Sería imposible un enfoque sin punto de inicio. Vamos a utilizar la alocución de Maduro del 17 de diciembre, aún presente en nuestra muy limitada memoria histórica. Él afirmó que, antes de su heroica medida de expropiación del circulante, “solo el 5 % de los billetes de 100 estaba en circulación y estaban fuera del país manejado por las mafias”; pero que ahora “el 70 % de esos billetes están en bóvedas…”; y que “los aviones contratados para traer nuevo cono monetario han sido desviados y retrasados producto del sabotaje internacional que sufre Venezuela”. Ante tales premisas mayores concluyó que “se prorroga el cierre de la frontera hasta el 2 de enero de 2017” y “se prorroga la entrada en vigencia del nuevo cono monetario”.
Tales decisiones vienen acompañadas de otra que se inscribirá en los anales de la historia de la economía y me ha hecho presumir que Giordani sigue en el Gobierno, diseñando con sus amigos la vida de 30 millones de víctimas: Los billetes de 100, los mismos que en el mismo discurso aparecen como incautados y ´en bóvedas´, podrán seguir circulando hasta el mismo 2 de enero de cierre fronterizo. Inmediatamente, surgieron tantas interpretaciones y explicaciones como tecleadores existimos y todas se reducen a la expresión: Fin de mundo caballero.
Exactamente aquí es que quería llegar. ¿De qué me sirve buscar una explicación a una actitud absolutamente irracional? Para eso existen miles que son más inteligentes que yo. Es por eso que reincidiré en una tara que tiene 34 años empobreciéndome a mí, a mi familia y a todo aquel que me rodea y trataré de buscar un sentido pedagógico a este escrito. Simplemente, explicaré en tres párrafos como funciona un país normal y el precio de despreciar la institucionalidad.
El diseño constitucional de una política monetaria separa la acción del Ejecutivo de la emisión, circulación y control estadístico, otorgándosela a una institución autónoma llamada Banco Central. De la misma forma, la definición de políticas económicas está subordinada al control parlamentario que, bajo las bases constitucionales que legitiman el presupuesto y la tributación, definen el gasto público. En pocas palabras, lo que no se ha dicho es que Maduro no puede hacer lo que ha hecho; ni siquiera en el supuesto de un Estado de Excepción. En consecuencia, está usurpando funciones.
Y lo hace de la misma forma que usurpó las atribuciones de la Asamblea Nacional de calificar a sus miembros, legislar, controlar, dictar un presupuesto; y, al desviar su propia función, la cual debería estar signada por el respeto de la Constitución, ha realizado una dejación del cargo de presidente de la República, desde el mismo momento en que se instaló la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016. Esto configura un abandono de cargo (no un juicio penal o político) que, al no estar limitado en el derecho comparado a un irse sin avisar, constituye falta absoluta cuya declaratoria corresponde al mismo parlamento por mayoría simple. El efecto, convocatoria a elecciones inmediatas.
Tenemos un año de retraso, magna negligentia. No entender que el sacrificio de la autonomía del Banco Central de Venezuela deriva en emisión de moneda inorgánica, desequilibrio cambiario, gasto público descontrolado, inflación; y que estas endemias se traducen en miseria, hambre y muerte, magna negligentia. Igual que silenciar el hecho de que las Reservas internacionales traspasaron el punto crítico al caer a 5.218 millones de dólares y que la producción petrolera también cayó a 2.274.000 barriles diarios, en noviembre de 2016. Y buena parte de esos ingresos sigue siendo depredado o regalado a potencias extranjeras.
De tanto que tengo que decir y no puedo, quiero solo advertir sobre otro aspecto que se evidencia del secuestro del Banco Central. Sin controles, sin parámetros, sin estadísticas, basta una computadora para legitimar todas las caletas existentes y el dinero sucio de las mafias oficiales del régimen. Es cierto, quebraron las mafias de Cúcuta y buena parte de aquellos que funcionan libremente en el gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías, sus testaferros, pero son los “no alineados”. Pero a las mafias oficiales les basta con controlar el sistema operativo del Banco Central de Venezuela y eso lo hacen con un solo hombre, al igual que lo hicieron en un pasado con el tema electoral. Ni siquiera tienen que llevar el dinero ahora, pueden seguir en “las bóvedas” (Caletas) mientras el directorio define la destrucción o mejor uso de los mismos.
Finalmente, aunque similar la situación no puede compararse con el manejo del régimen cubano. Ellos no pudieron ejecutar una operación de lavado de dinero de tal envergadura porque nunca tuvieron una banca privada a su servicio. Me olvidaba, la traducción del latín: “Magna negligentia, dolo est” implica que cuando se ejecuta una acción con un grado inconmensurable de negligencia debe ser considerada intencionada para sacar provecho o causar un daño. Y mis amigos, eso aplica en todo, en la economía y en la política. Reflexionemos sobre nuestro error in eligendo.
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