Miguel Ángel Santos: “Entre el 80% y 90% del deterioro que padece Venezuela se había producido antes de las sanciones”

Para el director de Investigación Aplicada del Harvard Growth Lab, Miguel Ángel Santos, “si hay una transición en el país y los encargados de liderarla entienden lo que nos pasó y se mueven a buscar financiamiento internacional, promover una reestructuración de la deuda y abrir el petróleo para el sector privado internacional, se va a generar un contexto de país que permitirá una recuperación muy acelerada”. Y ratifica que “el cambio en la sensación de bienestar, estoy seguro, va a generar muchísima esperanza”.

Venezuela no tienen ningún motivo para estar atravesando las penurias que padece y que es consecuencia de una élite política que se quiso perpetuar en el poder a costa de todos los venezolanos, sostiene el economista Miguel Ángel Santos, quien actualmente dirige el Growth Lab del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

En cuanto al debate acerca de las sanciones internacionales y su impacto en el país, afirma que el efecto económico de estas medidas en relación a la catástrofe que engendró el chavismo es relativamente marginal. Queda claro, a su juicio, que el país requiere regresar a la especialización y necesita servidores comprometidos, que no tengan conflictos de intereses”.

-Usted ha dicho que en sistemas autoritarios las crisis económicas no generan cambios de gobierno, pero ¿por qué en Venezuela no hay conexión entre la protesta política y la social?

Cuando empezó la hiperinflación en Venezuela, en noviembre de 2017, Douglas Barrios (economista venezolano) y yo hicimos una investigación que titulamos Hiperinflación y cambios políticos: Democracia, transiciones en el poder y resultados económicos, que luego salió publicada en el libro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, “Inflación alta e hiperinflación”. Allí documentamos tres hechos fundamentales que resultan relativamente contraintuitivos.

En primer lugar, que las hiperinflaciones que ocurren en contextos autoritarios tienden a ser más intensas y más prolongadas que cuando ocurren en contextos democráticos. En segundo lugar, que la hiperinflación no traía consigo un “bono democrático”. Los países que padecen estas crisis tienen una baja probabilidad de ver su democracia fortalecida una vez que ésta pasa. Por último, las hiperinflaciones cuando ocurren en contextos autoritarios no suelen conducir a transiciones políticas o cambios en el poder.

-El caso venezolano parece no ser la excepción.

En el caso de Venezuela, cuando llega el colapso económico la mayoría de los controles institucionales, los balances y mecanismos de rendición de cuentas ya habían sido desmontados. De allí que el país no encuentre cómo producir una transición, a pesar del desplome de su economía, y de la aceleración de la pobreza. Muchos terminaron por votar con los pies, y provocaron el mayor movimiento migratorio que se haya producido en la historia de América Latina. Eso es consecuencia de más de 15 años de desmontaje sostenido de todos los mecanismos de mercado. En 2013 se cerraron las fuentes de financiamiento, cayeron los precios del crudo y el país descubrió que el boom de consumo que había disfrutado entre 2004-2012 era una ilusión basada en importaciones, financiado con el boom petrolero y la deuda. En paralelo, en medio del rumbón, se desmontó el Estado. Durante la bonanza la ciudadanía decidió mirar a otra parte, y cuando se advertía sobre la catástrofe que se estaba gestando la gente te miraba como al que se aparece con la cuenta en la Última Cena.

-¿Qué impacto tendrá el Covid-19 en la ya depauperada economía de nuestro país y cómo terminará el 2020 para quienes hacen vida en Venezuela?

Antes del Covid-19, Venezuela tenía su sistema de salud colapsado y su economía había perdido dos tercios de su tamaño en los últimos cinco años, según las estadísticas del propio Banco Central. A ese panorama, súmale los efectos de la pandemia. Nuestro país no tiene capacidad asistencial para hacerle frente a esta crisis, y Nicolás Maduro no tiene ninguna posibilidad de solicitar financiamiento. Tenemos una deuda en default, que es equivalente a más de cinco veces nuestras exportaciones. Eso nos hace el país más endeudado del mundo. En cualquier caso, el régimen no tiene ninguna capacidad para implementar y administrar programas sociales orientados a aliviar a la población más vulnerable. En 2020 tendremos otra caída económica de entre 20% y 25%, según las proyecciones. El nivel de la actividad comercial es miserable, y la paralización de lo poco que queda va a tener consecuencias devastadoras para la gente.

-¿Cree que la oposición ha tenido una buena interpretación y, en consecuencia, un discurso de la crisis económica que padece el país?

Cuando hablamos del sistema político opositor encontramos una variedad de actores, entre los cuales están quienes comprenden perfectamente lo que nos ha sucedido y también quienes creen que el chavismo fue simplemente un problema de mala administración. En donde se observan las diferencias más graves, es en lo que debemos hacer para salir adelante. Hay muchos aspectos en donde se han desarrollado ciertos consensos a lo largo de estos años, pero hay disidencias en algunos puntos básicos muy álgidos, que son parte de los fundamentos que debemos cambiar si queremos tener una economía productiva, capaz de generar crecimiento inclusivo y crear empleos.

-¿A qué atribuye estás disidencias?

Lamentablemente, en una movida a la que en medio de la euforia se le prestó muy poca atención, el chavismo acabó con el financiamiento a los partidos políticos. A continuación, fue asfixiando a quienes, desde el sector privado, los apoyaban económicamente y luego declaró traidores a la patria a los que recibían algún tipo de financiamiento desde el exterior. Esta estrategia dejó a los partidos exangües, en una posición muy vulnerable. Las organizaciones políticas se hicieron cada vez más pequeñas, limitadas y, más dependientes de las pocas empresas que se mantienen vivas dentro de los lineamientos del régimen o de los nuevos ricos manufacturados por el chavismo a lo largo de los años 2000. Esta realidad puede ser la base de esa renuencia a cambiar el statu quo en muchas áreas de la política económica, que uno observa en ciertos sectores. Algunos creen que ahora se trata de hacer algunos cambios aquí y allá, alguna que otra modificación cosmética. Así no se rebota del colapso económico más grande que se haya visto en América Latina, así lo que van a conseguir es estabilizar la miseria.

-¿Cuánto han influido las sanciones en este colapso que describe?

Antes de analizar el impacto de las sanciones, primero hay que tener claro qué país teníamos cuando se implementaron. Por ejemplo, Dany Bahar, José Ramón Morales, Sebastián Bustos y yo, realizamos una investigación para Brookings Institute, donde demostrábamos, entre otras cosas, que al cierre de 2018, cuando todavía no habían entrado en vigor las medidas más relevantes, las importaciones de medicamentos habían caído 96% en relación con 2012 y las de alimentos más de 70%. En ese documento también están los números que reflejan el desplome de la producción petrolera y del producto interno bruto, así como el incremento de la mortalidad infantil. Hay muchas dimensiones que permiten proyectar la Venezuela que habría hoy, si no se hubiese producido la presión internacional. Para mí está claro que entre el 80% y 90% del deterioro generalizado que estamos padeciendo se había producido ya antes de las sanciones.

-El régimen, ayudado por algunos factores de “oposición”, ha hecho un esfuerzo comunicacional y propagandístico para atribuirle a las sanciones la culpa de la crisis que hay en el país.

Han salido unos argumentos muy irresponsables sobre el impacto de las sanciones, como si estas le hubiesen quitado al régimen un dinero que se iba a utilizar para montar hospitales y escuelas, e importar alimentos y medicinas. Si hay algo que los venezolanos conocen bien es cómo se veía Venezuela con Maduro y sin sanciones. El efecto económico de las medidas, en relación a la catástrofe que engendró el chavismo, es relativamente marginal, y en cualquier caso bastante menor de lo que muchos analistas interesados han querido hacer ver. Es evidente que detrás de estas declaraciones hay oportunismo político.

-¿Cree que hay que mantenerlas?

Cuando llegan las sanciones Venezuela tiene por lo menos 15 años tratando de salir del chavismo. Aquí se había intentado todo. En ese momento eran una de las pocas estrategias que quedaba por implementar y se dieron las condiciones políticas para hacerlo. Se comenzó con medidas individuales, luego se pasó a las financieras con PDVSA y después, en términos un poco más amplios, al comercio con el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, también contrariamente a lo que algunos quieren hacer ver, tuvieron un componente gradual para abrir el espacio a una negociación que desembocara en una transición política. En ningún momento el chavismo estuvo dispuesto a ofrecer nada que remotamente comprometiera su permanencia en el poder. Ahora bien, el problema es que la efectividad de las sanciones se mide en términos binarios: ¿Tuvieron éxito (se produjo la transición política) o no tuvieron éxito (Maduro sigue ahí)? No hay otra. Uno puede diferir en cuanto al tiempo, pero no en cuanto a la definición de éxito: Ese es el objetivo final. Medida con esa vara, las sanciones no han producido el resultado que se esperaba.

-Entonces, ¿hay que levantar las sanciones?

El problema es que, en una eventual negociación, lo único que el liderazgo opositor tiene en la mano para ofrecerle al régimen son las sanciones. Dicho sea de paso, lo que tienes que ofrecer es una decisión sobre la que podrías tener alguna influencia, pero que en última instancia no es tuya. ¿Qué va a pasar si le quitas a la oposición esa única ficha de forma indiscriminada? Todo esto para decir que las sanciones no han dado los resultados esperados, lo que obliga a repensar cuál debe ser la estrategia, su alcance e implementación, para evitar caer en esa calle ciega que hoy es Cuba.

-¿Cómo evalúa el manejo que ha hecho el interinato de la deuda venezolana?

A mí me parece que el Gobierno interino ha manejado la deuda de la única manera que lo podía hacer. Tampoco había tanto margen de maniobra. Lo que pasa es que hay que conocer bien algunos detalles para entender la situación. Cuando el interinato llegó, la deuda de los bonos no garantizados ya se encontraba en default. Se aproximaban pagos de intereses y de principal en 2019 de los bonos PDVSA2020, que tienen a Citgo como garantía. En los primeros meses y con la intención de ganar tiempo para montar una estrategia que protegiera a la red de refinerías, la Asamblea Nacional aceptó, bajo protesta, pagar algo más de 70 millones de dólares en intereses que se vencían en abril de 2019. Si no se ejecutaba esa operación, los acreedores tomarían control de Citgo, pues para ese momento no existía ninguna medida de protección que lo impidiera. Cabe recordar que en ese momento estaba vigente la licencia general 5, emitida por el gobierno de Estados Unidos en 2018, que eximía la compra-venta de esos bonos de las sanciones que se impusieron sobre Venezuela. Dicha licencia creaba una excepción que permitía a los tenedores del PDVSA2020 tomar control de Citgo, a pesar de ser una propiedad congelada.

-¿Qué circunstancias cambiaron para que la Asamblea Nacional no ejecutara el segundo pago de intereses sin perder Citgo?

Seis meses después de que se realizó esa operación bajo protesta que comenté, había que volver a pagar, en ese caso principal e intereses, por una cifra muchísimo mayor, que rondaba los mil millones de dólares. El Gobierno interino no sólo no tenía cómo pagar, sino que además debía de ser consistente con la posición de la Asamblea Nacional, que había cuestionado la constitucionalidad del PDVSA2020, advirtiendo sobre los posibles daños patrimoniales que causaría a la nación, en acuerdo público realizado el 27 de septiembre de 2016. Para ese entonces ya había una medida de protección temporal por parte del gobierno de los Estados Unidos, que impedía a los bonistas tomar acciones contra dicha empresa.

-¿Hubo acercamientos con los acreedores en esos meses para intentar llegar a acuerdos y evitar un juicio?

-Durante todos esos meses hubo conversaciones y negociaciones con los tenedores del PDVSA2020, que no llegaron a resultado alguno. Como bien ha dicho recientemente el presidente de la Junta ad-hoc de PDVSA, Luis Pacheco, la posición de los acreedores fue demandar el pago íntegro de los bonos, ignorando por completo la cuestión de la invalidez. Así que no quedaba otra posibilidad, pero además era consistente con la posición del Parlamento, de demandar la nulidad de los bonos. Es un proceso que tiene sus riesgos. Esos riesgos, al igual que ocurre con las sanciones, deben ser sopesados en función de qué habría ocurrido en ausencia de esa acción. En ese contexto, la Asamblea Nacional, de manera unánime, aprobó el Acuerdo del 15 de octubre, ratificando el Acuerdo del 27 de septiembre de 2016 y declarando la inconstitucionalidad de dichos Bonos. De manera que no solamente estoy de acuerdo, sino que además pienso que era el único curso de acción coherente que se podía seguir, si de lo que se trata es de defender los intereses de la República.

-Ricardo Hausmann nos declaró que actores vinculados a la política estaban representando los intereses de los tenedores de bonos de forma poco legítima. También, en una entrevista con el periodista Andrés Rojas Jiménez, el presidente del Banco Central ad hoc Ricardo Villasmil, calificó de traición a la patria la defensa a estos inversionistas. ¿Cuál es su valoración de estos señalamientos?

Yo trabajé durante alrededor de diez años haciendo private equity. Durante esos años obtuve la autorización para usar la designación de Chartered Financial Analyst (CFA), una suerte de gold standard de analistas financieros en el mundo. Allí uno debe aprenderse al caletre el código de ética del analista financiero. Y uno de sus principios esenciales es que en la profesión se deben evitar tanto los conflictos de interés, como la apariencia de los mismos. El término de traición a la patria es una sanción moral, cuyos fundamentos son muy difíciles de establecer y creo que, lamentablemente, haber usado esa expresión distrajo la atención de puntos más sustantivos. Pero se está hablando de alguien que trabajó en la banca internacional durante muchos años, que tuvo un rol activo promoviendo el endeudamiento venezolano, que acompañó hasta hace muy poco a los acreedores más representativos de Venezuela, tenedores del PDVSA2020, a reuniones con representantes del régimen de Maduro, tales como Nelson Merentes y Diosdado Cabello, que están documentadas y son del dominio público.

-¿Se refiere usted al economista Francisco Rodríguez?

Sí. Quien haga todo lo que antes mencioné no puede negar que esté promoviendo la adquisición de títulos de deuda externa venezolana, y que represente, o durante un pasado no demasiado lejano representó o asesoró a los inversionistas. Hay que recordar que la desinformación en los mercados en relación con Venezuela era total. Ahí es en donde creo que entra el tema de la apariencia de conflicto, porque es difícil pretender jugar ambos roles; es difícil asesorar al mismo tiempo a los acreedores, y por otro lado dar consejos sobre lo que le conviene a la República hacer en relación con esas acreencias. Creo que hubiese sido mucho más responsable y transparente centrarse en uno de esos dos roles, en lugar de pretender jugar para los dos equipos.

-El economista Francisco Rodríguez sostuvo en entrevista con La Gran Aldea que durante sus años en Bank of América y en Torino Capital nunca hizo recomendaciones de inversión.

En un país normal, los intereses de los inversionistas y el gobierno suelen ir alineados; pero en una República que multiplicó su deuda por cinco en seis años (2006-2012) sin invertir un ápice en capacidad para producir algo que luego sirviera para devolver el préstamo, era evidente que esos intereses iban a entrar en conflicto. Maduro inclusive tomó la decisión administrativa de recortar las importaciones de forma draconiana y seguir sirviendo la deuda, durante varios años. Francisco Rodríguez celebró esa decisión, su posición está también documentada, cuando ya era evidente que Venezuela no tenía ninguna capacidad de pago, y que cualquier pago de servicio sólo retrasaría el default, y vendría a costa de la escasez y el hambre de muchos venezolanos. En esa circunstancia, lo responsable era promover una restructuración de la deuda, que hubiese obligado al Gobierno a realizar varios cambios. En fin, es difícil jugar para dos equipos.

-¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Hidrocarburos que se discute en la Asamblea Nacional?

La recuperación económica de Venezuela necesitará muchas divisas, que sólo pueden venir de tres pilares fundamentales: Financiamiento de los organismos financieros internacionales, en esencia, el Fondo Monetario Internacional, reestructuración de la deuda y la apertura del petróleo a la inversión extranjera. Con respecto a esto último, el problema que existe es que, según la normativa vigente, PDVSA debe tener control accionario en todos y cada uno de los negocios petroleros que se hagan en territorio venezolano. Ahora bien, como PDVSA está quebrada, no tiene dinero para invertir, y como tiene que ser mayoría, nadie más puede poner capital. En ese contexto, es evidente que debemos rediseñar el rol de la petrolera estatal, pues se quedó pequeña, en términos de músculo financiero, y en términos de capacidad gerencial, de conocimiento y de know-how, para el enorme potencial petrolero que todavía tiene Venezuela. PDVSA puede seguir siendo una empresa pública, que debe entrar en restructuración, pero eso no debe limitar la inversión y el desarrollo de la industria, que debe estar a cargo de compañías privadas, que le pagarían al Estado impuestos, regalías y dividendos. Este principio es cierto tanto para las compañías operadoras petroleras, como para los contratistas de servicios que rodean a la industria. Ese segmento también debe ser abierto, para que el negocio petrolero en Venezuela opere en la frontera de la eficiencia, pero también hay cabida para que participen compañías venezolanas a través de un grado de contenido local.

-El diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, cuestionó públicamente unos mensajes que usted escribió sobre la Ley de Hidrocarburos, ¿esto es síntoma de que no hay acuerdo político para aprobar el nuevo instrumento legal?

A mí no me gusta caer en estas discusiones estériles en Twitter, pero te voy a responder. Yo escribí un tweet que tenía dos partes. En la primera, dije que cuando escucháramos críticas a la propuesta de una nueva Ley de Hidrocarburos debíamos preguntarnos si la persona que está cuestionando sabe de petróleo, y si obtiene algún beneficio de que continúe el statu quo. El segundo mensaje decía que si las respuestas a estas preguntas eran que la persona es experta y no se está beneficiando, hay que sentarse a oírla, porque sus señalamientos son legítimos y no provienen de conflictos de interés. Ahora bien, no tengo idea de por qué el diputado Guzmán se pudo haber sentido aludido. Como dije antes, mi opinión tenía dos partes, no estaba dirigida a lectores ‘cuarto de milla’. A lo mejor lo que pasó fue que no llegó al segundo mensaje y reaccionó al primero, no lo sé. Pero sí quisiera rescatar el espíritu de lo que escribí: Venezuela necesita regresar a la especialización, y necesita servidores comprometidos con el país, que no tengan conflictos de intereses. En ese espacio, todas las críticas deben ser bienvenidas, y sopesadas.

-¿Cuáles son los riesgos de la dolarización desordenada que se está presentando en Venezuela?

El Gobierno ha renunciado a una de sus funciones esenciales, que es emitir papel moneda, para permitirle a los ciudadanos que puedan intercambiar bienes y servicios. En ausencia de medios de intercambio suficientes, se ha venido dolarizando gradualmente de facto la economía, cosa que sería riesgosa y que, en una eventual transición, definitivamente no es lo que más nos conviene. Una cosa es decretar la dolarización y otra, desdolarizar una economía ya dolarizada. Desde ese punto de vista, corremos el riesgo de que el programa económico en una eventual transición venga condicionado por la dolarización de facto, lo que te quita bastante más opciones de las que te da. Y mucho más en el entorno post Covid-19. Como ya ocurriera en 2008-2009, la crisis le va a pegar más fuerte a los países que no cuentan con una moneda propia.

-¿Cómo ve la recuperación económica del país si llegara a producirse esa transición?

Yo estoy convencido de que si hay una transición y los encargados de liderarla entienden lo que nos pasó y se mueven a buscar financiamiento internacional, promover una reestructuración de la deuda y abrir el petróleo para el sector privado internacional, se va a generar un contexto de país que permitirá una recuperación muy acelerada. El cambio en la sensación de bienestar, estoy seguro, va a generar muchísima esperanza. Venezuela no tienen ningún motivo para estar atravesando las penurias que hoy padece, y que es consecuencia de hay una élite política que se quiso perpetuar en el poder a costa de todos los venezolanos.

22 de junio de 2020

La Gran Aldea

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