La ANIH alerta a las autoridades nacionales, regionales y municipales, a las delegaciones de otros países y a las instituciones internacionales, así como a los equipos técnicos y a las comunidades, sobre la necesidad de adoptar medidas rigurosas y técnicamente fundamentadas para orientar la rehabilitación en las zonas afectadas por el sismo del 24 de junio. La magnitud del evento, los daños significativos y la urgencia de atender a la población damnificada exigen decisiones responsables que eviten reproducir vulnerabilidades históricas y garanticen un desarrollo seguro y sostenible. 

El manejo de escombros es un componente crítico para la ingeniería forense y para la recuperación. Es indispensable establecer centros de acopio controlados, con clasificación de materiales, registro de procedencia y protocolos de seguridad, así como resguardar los elementos estructurales clave -vigas, columnas, placas y conexiones- identificados en cada edificio colapsado, a fin de permitir estudios forenses que determinen fallas, asignen responsabilidades y contribuyan a mejorar las normas futuras. Insistimos en la vital importancia de establecer responsabilidades relativas a los estudios, diseños, controles de obra y permisos de las edificaciones colapsadas, y de realizar las evaluaciones forenses bajo la dirección de comisiones técnicas independientes, no gubernamentales, integradas por profesionales de al menos tres instituciones especializadas. Debe prohibirse la disposición de escombros en cauces, laderas inestables y zonas costeras, para evitar el agravamiento de riesgos hidrológicos y geomorfológicos, y promover prácticas reguladas de reciclaje y reutilización de materiales no contaminados. 

Para evitar una reconstrucción anárquica y reducir la exposición futura al riesgo, es necesario proponer e implementar un Programa de Ordenamiento Urbano Transitorio (POUT) para La Guaira, que incorpore el congelamiento cautelar de zonas de peligro, incluyendo las franjas en bordes superiores de quebradas, pendientes mayores de 30%, zonas costeras con potencial de licuación, áreas identificadas con profundidades aluviales importantes, y otras donde la ocupación incrementaría la vulnerabilidad. Estas zonas deben mantenerse bajo restricción hasta contar con estudios geológico-geotécnicos y de amenaza actualizados. La ANIH enfatiza que no se deben reconstruir vulnerabilidades ni reproducir patrones de ocupación peligrosos, y que el POUT debe delimitar zonas críticas con restricciones de densidad, altura y ocupación del suelo, definir corredores seguros y áreas de refugio, y establecer lineamientos mínimos para vialidad, drenajes y servicios básicos, además de garantizar el control estricto de ocupaciones informales en zonas de amenaza sísmica, geodinámica e hidrometeorológica. 

Mientras se completan los estudios de microzonificación sísmica y se actualizan las normas técnicas, es necesario establecer criterios mínimos de análisis y diseño sismorresistente para proyectos de reparación y construcción, mediante Normas Provisionales de Sismorresistencia de Edificaciones y otras construcciones, que garanticen la seguridad tanto de viviendas de una y dos plantas como de edificaciones de mayor altura. Se deben exigir estudios geotécnicos específicos para nuevos urbanismos, limitarse la construcción de edificaciones en zonas de grandes espesores de sedimentos, y asegurar supervisión técnica independiente en todas las fases de reparación, rehabilitación, diseño y construcción. El sismo del 24 de junio puso en evidencia la necesidad de evaluar la demanda sísmica real frente a lo previsto en las normas vigentes, así como de analizar los efectos de campo cercano que probablemente incrementaron la intensidad del movimiento. Por ello, las normas provisionales deben contemplar, especialmente en zonas cercanas a fallas sísmicas, el aumento conservador de la demanda de diseño mediante factores de amplificación sobre los espectros vigentes, y un énfasis en el control de daños por desplazamientos, incrementando las restricciones sobre derivas laterales y evitando configuraciones con irregularidades severas. En lugares donde no existe microzonificación sísmica oficial, como en La Guaira, es primordial exigir estudios geotécnicos completos para todo nuevo desarrollo habitacional, incluyendo análisis de capacidad portante, licuación, deformación lateral y estabilidad de taludes. Asimismo, es recomendable limitar las alturas de nuevas edificaciones en zonas de incertidumbre sísmica y geotécnica, adoptando criterios conservadores que prioricen la reducción de demanda estructural y la regularidad de los sistemas resistentes. 

La reconstrucción debe alinearse con una visión estratégica de desarrollo sostenible para La Guaira y su entorno costero, integrando criterios de riesgo sísmico, amenaza hidrometeorológica, dinámica costera y cambio climático en el ordenamiento territorial. Para garantizar que la respuesta inmediata a la emergencia no comprometa el futuro del estado, el POUT debe concebirse como el primer paso operativo hacia una visión estructural y sostenible de La Guaira, rescatando e impulsando los grandes lineamientos definidos tras la tragedia de 1999, por la autoridad única de Vargas, y posteriormente abandonados. Esta perspectiva exige articular la reconstrucción con las vocaciones históricas de la región: la actividad comercial y turística, tanto nacional como internacional, centrada en el puerto y el aeropuerto, así como actividades pesqueras y culturales, con la visión de transformar el territorio en un sistema resiliente y con capacidades económicas, sociales y ambientales. En este esquema, las arterias viales terrestres deben actuar como conectores estratégicos y vías de evacuación seguras, mientras que la franja de contacto entre la montaña y el frente costero se ordena mediante corredores verdes a lo largo de los cauces de las quebradas. 

 La emergencia generada por el sismo del 24 de junio exige rigor técnico, responsabilidad institucional y visión de futuro. La ANIH reafirma su inquebrantable voluntad de luchar por la verdad y por el respeto a los mejores criterios científicos y técnicos. La Academia, conforme a sus competencias y su responsabilidad frente a la Nación, se mantendrá vigilante, atenta a evitar la repetición de errores del pasado reciente y consecuente con la preservación del territorio a fin de garantizar el bienestar de las generaciones futuras. 

En Caracas, Palacio de las Academias, el 11 de agosto de 2026.