Frederik de Klerk, expresidente de Sudáfrica y Nobel de la Paz, se encontró la noche del jueves con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en Mérida (Yucatán), pero no tuvo “una buena comunicación con él porque no habla inglés”. De esa manera respondió el político —laureado con el Nobel de la Paz en 1993 por su contribución para poner fin al régimen racista del apartheid— a los periodistas mexicanos que no escondían su curiosidad por conocer qué ideas habían intercambiado ambos líderes. “Aprecio el reconocimiento que me brindó”, zanjó el sudafricano.

De lo que sí estuvo dispuesto a hablar es de la crisis de Venezuela, un país profundamente polarizado, con una economía ahogada por una pésima gestión y con una población que sufre una grave crisis humanitaria, mientras la oposición liderada por Juan Guaidó y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro dan vueltas a las negociaciones y no han logrado encontrar una salida al laberinto en el que se hallan. En muchos aspectos la situación recuerda a Sudáfrica, aunque Venezuela no sufra aquellos niveles de racismo. “Es una tragedia”, afirma Frederik de Klerk (Johannesburgo, 1936) tras ser preguntado por EL PAÍS sobre posibles salidas a la crisis venezolana.

El político echa mano de su experiencia cuando fue vicepresidente de Sudáfrica para analizar lo que pasa en Venezuela. Afirma que la salida es un “diálogo contundente y significativo” entre los actores que intervienen en la crisis. “Deben hacer lo que mi partido hizo, que es llevar a cabo soluciones significativas, tratar las causas [de la crisis] de raíz. En nuestro caso era el apartheid, la discriminación racial. Es una situación difícil la de Venezuela. Los líderes necesitan sentarse en una mesa sin demasiadas precondiciones y decirse: ‘tenemos que salvar a nuestra población, cambiar nuestra Constitución y así poder avanzar’. Deben de identificar el potencial de Venezuela, que ahora ha sido destruido”.

Si alguien sabe de manejar crisis profundas en una sociedad muy dividida y políticamente polarizada ese es De Klerk. Asumió la presidencia de un país que era una caldera, pero pronto impulsó acciones para enterrar la herencia de segregación racial, entre ellas derogar las viejas leyes racistas y liberar a los líderes negros encarcelados, entre quienes se encontraba Nelson Mandela, que se convertiría en presidente del país, con De Klerk como su vicepresidente.

Ambos lograron un acto de reconciliación que fue muy difícil, pero cuyo éxito es admirado aún en todo el mundo. “Vivir bajo el régimen segregacionista beneficiaba a los blancos y dañó los intereses de los negros. Fue una situación poco natural en la que una minoría reinaba contra una mayoría. Cambiamos eso hasta que aceptamos que el apartheid estaba equivocado, cuando admitimos que era incorrecto, que nos colocó en un sitio que moralmente no podemos defender. Ese modelo fracasó. Necesitamos en ese tiempo comenzar a pensar en ser inclusivos, entender que todos tenemos que tener los mismos derechos para votar y aprobar una fuerte constitución que previniera que un solo grupo domine sobre los demás; que no haya discriminación nuevamente. Mandela entendió nuestra posición y gracias a un proceso de toma y daca llegamos a un acuerdo que concluyó con una nueva constitución, una de las fuertes del mundo”. Y ese tipo de negociaciones, donde ambas partes deben ceder, es lo que recomienda para Venezuela, porque teme que si no se logra un acuerdo pronto, la “tragedia” pueda terminar de forma catastrófica. “Tomando en cuenta nuestra historia, la lección más importante es que si deseas evitar una catástrofe, la violencia y que las personas mueran, debes sentarse a negociar, tener un diálogo contundente y significativo”.

El político sudafricano aterrizó en la península de Yucatán en el marco de la XVII Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se celebra en la pintoresca ciudad de Mérida, el oasis de paz mexicano. La mañana del viernes participó en un encuentro con medios de comunicación mexicanos y extranjeros —entre ellos EL PAÍS— y dedicó parte de sus reflexiones al populismo que amenaza las democracias de Europa y América Latina. “El mundo se encuentra en un lugar muy negativo, la democracia se está desmoronando. Hay motivos para estar preocupado por lo que está pasando en muchas partes del mundo”, dijo.

Para De Klerk la humanidad se enfrenta a tres grandes problemas que amenazan su supervivencia: el racismo —que él combatió con contundencia—, la pobreza y el cambio climático. Sin pretenderlo De Klerk coincidió con los Nobel de la Paz que desde el jueves discuten las crisis globales en esta ciudad y que hicieron un llamado para erradicar la desigualdad y lograr un mundo más pacífico. “El racismo es un serio problema. En mi país lo combatimos tras lograr un acuerdo con mi equipo y el de Mandela, con una nueva Constitución que en términos contundentes prohíbe el racismo, pero ha regresado y es un grave problema en Sudáfrica. El racismo tiene que ser uno de los puntos principales de la agenda de todos los líderes. El racismo tiene que ser erradicado”. ¿Pero cómo? El político responde con una palabra: reconciliación. “Es parte de la solución de los problemas que tenemos. Sudáfrica ha mostrado el camino, y particularmente Nelson Mandela. Pero no es solo reconciliación a nivel nacional, sino de raíz, porque tenemos que aprender a vivir entendiendo que somos distintos. La reconciliación es parte de la solución para hacer que este mundo sea un lugar mejor”.

Al ser cuestionado sobre si se puede lograr esa reconciliación con el auge del populismo, con partidos extremistas ocupando importantes cuotas de poder, el político admite que la situación actual es un “problema” que se recrudece con la llegada de migrantes que huyen de la miseria y la violencia desde África o Latinoamérica y que buscan refugio en Estados Unidos y Europa.

Sobre la migración también es contundente. Europa deberá asimilar a los migrantes, afirma, sobre todo porque la población europea se reduce y esa reducción golpeará la economía del continente. En lo que muchos pueden discrepar en la visión que De Klerk tiene de esa integración. “Tenemos que tener políticas para los migrantes, pero también tenemos que poner adelante los intereses del país. Necesitamos migrantes con capacidades específicas, que puedan ocupar puestos de trabajo”. Para él, afirma, se trata de tener una política humanista, pero también pragmática. “Cientos de miles de africanos buscan Europa escapando de situaciones peligrosas y ese es un problema que Europa debe asimilar para evitar que se convierta en algo peor”.

21 de septiembre 2019

El País

https://elpais.com/internacional/2019/09/20/actualidad/1569003782_829122...

Desde sus comienzos en la educación secundaria, la joven iraní Sahar Khodaryari tuvo una preferencia muy especial con las actividades deportivas. Cuando se levantó la prohibición del gobierno de Irán, de no permitir que las niñas jugaran futbol en las escuelas, Sahar fue una de las mas entusiastas practicantes de dicho deporte. A partir de ese momento hizo del futbol su centro de atención.

Cuando el equipo de su país logró la clasificación para el mundial de 1988, tras derrotar a los Estados Unidos, la joven Sahar fue una de las cinco mil mujeres que invadieron el Estadio “Azadi” para recibir a la selección nacional. A partir de ese momento, su afición por el futbol se consiguió con las barreras de la intolerancia gubernamental que le impedían participar libremente en las actividades deportivas ya que Irán es el único país del mundo que les prohíbe a las mujeres el acceso como espectadoras.

Aunque no hay una ley al respecto, los dirigentes de la República Islámica asumen el argumento de los ultraconservadores de que hay que protegerlas de “la atmósfera masculina” y “la visión de hombres medio desnudos”.

Dicha prohibición se puso en práctica desde la Revolución de los Ayatolas en 1979. Solo a partir de 1997, bajo la presidencia del reformista Mohamed Jatami se levantó parcialmente esta prohibición, permitiéndose solamente que las niñas pudieran jugar en las escuelas; pero se mantuvo la limitación de no permitirles la entrada a los estadios. Durante el mandato del populista Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) de ideología islamista conservadora, se anunció que iban a poder hacerlo en zonas separadas de los hombres, pero la propuesta fue desautorizada por los Ayatolas.

Sin embargo, lejos de amilanarse por las prohibiciones del régimen teocrático, la joven Sahar, siguió con su entusiasmo, ahora acompañado de sentimiento rebelde y se reincorporó a la fanaticada de su equipo favorito “El Esteghlal F C ” de Teherán logrando entrar a los estadios burlando los controles de la policía ¡¡¡disfrazándose de hombre!!!Era conocida como “La Chica Azul” por el color que identificaba el uniforme del equipo.

A mediados del mes de septiembre de este año fue descubierta en uno de sus intentos y detenida por la policía que le abrió un expediente acusándola de “aparecer en público sin un Hijab (velo islámico)”. Como era de esperarse, las autoridades se ensañaron contra la joven por haber violado las leyes de la moral “revolucionarias” al estar presente en un juego de hombres medios desnudos y los fiscales acusadores solicitaban seis meses de cárcel para la acusada, lo que dió paso a la tragedia: Sahar Khodayari se suicidó inmolándose como un bonzo frente al juzgado.

La indignación mundial no se ha hecho esperar. El repudio al régimen teocrático de Irán y sus aberrantes leyes discriminatorias han tenido el rechazo tanto del pueblo iraní, a pesar de la represión de los Guardias Rojos, como del mundo entero. Hoy se eleva el reclamo mundial a la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) para que prohíba la participación de Irán en las competencias internacionales.

Ante el discriminatorio arresto, encarcelamiento y el trágico suicidio de Sahar, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) exigen al organismo rector del futbol mundial que cumpla con sus propios estatutos que establecen como principio rector “La NO discriminación” y pongan fin a la prohibición de que las mujeres asistan a eventos deportivos.

Hoy todos los seres humanos vestimos de AZUL como un homenaje a la CHICA iraní Sahar Khodayari.

El neologismo “boliburguesía” es usado para describir a un segmento de la sociedad venezolana que prospera económicamente bajo el auspicio de la “Revolución Bolivariana”, dedicándose a prácticas capitalistas –lícitas e ilícitas– de las que han sacado provecho los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los grandes promotores del “socialismo del siglo XXI” en América Latina y el Caribe. Pero entre los beneficiarios más prominentes de esa simbiosis no sólo hay venezolanos: el pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido por su presunta implicación en una red de corrupción para obtener contratos del estamento chavista. La medida también fue aplicada contra algunos de sus familiares.

Según Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Saab y dos de sus hijos (Isham y Shadi), Pulido y uno de los suyos (Emmanuel), un funcionario chavista (José Vielma Mora, exministro de Comercio Exterior y exgobernador del estado andino de Táchira), tres hijastros de Maduro y la pareja de uno de ellos (Walter Gavidia Flores, Yoswai Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y su esposa Mariana Staudinger) fueron castigados por haberse enriquecido ilegalmente mediante contratos sobrevalorados vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social de reparto de alimentos subvencionados iniciado en 2016. Trece empresas fueron señaladas de contribuir a orquestar el fraude desde diferentes países. Este martes (17.9.2019), otros parientes cercanos de Saab y Pulido fueron blanco de sanciones similares.

La OFAC penalizó a dos hermanos de Saab (Amir Luis y Luis Alberto), a otro hijo de Pulido (David Enrique) y a dieciséis compañías que han actuado directa e indirectamente en su nombre. Sus activos han sido congelados en Estados Unidos y cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses les ha quedado prohibida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Saab y Pulido vienen incurriendo sistemáticamente en fechorías de grandes magnitudes desde 2011, cuando debutaron como contratistas del Ejecutivo venezolano; Chávez les encargó el levantamiento de casas prefabricadas para la población de bajos ingresos. Se alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, dichos empresarios se confabularon para lucrarse con el control de cambio vigente en Venezuela.

Se les acusa de haber adquirido dólares a una tasa favorable para comprar materiales de construcción, presentado facturas de importación falsas relacionadas con mercancía que nunca llegó a Venezuela, sobornado a funcionarios gubernamentales para que aprobaran los documentos en cuestión y transferido aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros países. A partir de 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro favoreció a Saab y a su mano derecha con concesiones diversas que incluyeron contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Ellos también han sido vinculados con operaciones ilegales en el marco de la explotación de oro en el Arco Minero del Orinoco. En su Colombia natal, Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, se cuidaron de mantener un perfil bajo.

Sus nombres atrajeron la atención de la prensa por primera vez en 2017, cuando ArmandoInfo –el buró de investigación que desveló el capítulo venezolano de los “Papeles de Panamá”– constató su involucramiento en una red de compañías fantasma creada alrededor de los CLAP. Poco después, Luisa Ortega Díaz, otrora Fiscal General de Venezuela, acusó a Saab de ser testaferro de Maduro. ArmandoInfo también reveló que Álvaro Pulido había cambiado de identidad –su nombre verdadero es Germán Rubio– con miras a borrar sus nexos con el narcotráfico. “Las actividades de Saab y Pulido no han pasado inadvertidas en Colombia; la Fiscalía General de la Nación las está investigando porque algunas de sus operaciones se desarrollaron en territorio colombiano”, dice Andrés Hernández, director ejecutivo de la oficina de Transparencia Internacional en Bogotá.

“En Venezuela abundan los casos de corrupción de grandes proporciones. De ellos, unos cincuenta están siendo investigados por la Justicia de otros Estados porque su impacto trasciende las fronteras venezolanas. De entre todos esos delitos sobresalen los atribuidos a Saab y Pulido por el volumen de los montos en juego –se habla de miles de millones de dólares–, por el rango de sus presuntos cómplices, por las evidencias del perjuicio que los fraudes mencionados le causaron a los venezolanos de a pie y por los indicios de que una gran red internacional de empresas estuvo implicada en los mismos”, comenta, por su parte, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la dependencia de Transparencia Internacional en Caracas. A sus ojos, la posibilidad de que personas cercanas al chavismo sean procesadas por corrupción fuera de Venezuela inquieta a Maduro.

El sociólogo Héctor Briceño, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), con sede en Caracas, comparte la opinión de De Freitas sólo parcialmente. “La cúpula del Gobierno está formada por una serie de círculos concéntricos. En torno al núcleo de poder hay varios anillos integrados por grupos de interés. Pero el respaldo de estos grupos de interés es prescindible. Cuando un aliado del chavismo es buscado y detenido por organismos internacionales o sancionado por autoridades estadounidenses, Maduro puede remplazarlo. Lo mismo aplica cuando un grupo de interés se muestra desleal. Por ejemplo, los principales conspiradores detrás de la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril eran testaferros de la élite chavista y grupos económicos que la habían apoyado hasta ese momento”, arguye Briceño.

“Eso nos lleva a concluir que la presión ejercida por Washington sobre los socios del chavismo sí surte efectos tangibles. Pero, insisto, los testaferros son sustituibles. Algo similar puede verse a otra escala: cuando ciertas empresas de un país se niegan a hacer negocios con la Revolución Bolivariana, aparecen otras dispuestas a hacerlo. Esa es la nueva realidad político-económica internacional: hay sistemas financieros, económicos y comerciales alternativos, no occidentales, donde el establishment chavista puede obtener lo que necesita para subsistir”, añade el experto del CENDES, actualmente de paso por la Universidad de Rostock. Si Estados Unidos les pone el guante, Saab y Pulido pueden terminar siendo condenados a hasta veinte años de prisión por los crímenes que se les imputa. Si ese escenario se consuma, sus vacantes en Caracas seguramente serán ocupadas por otros.

19 de septiembre 2019

DW

https://www.dw.com/es/venezuela-cuál-es-el-efecto-de-la-presión-de-washington-sobre-los-boliburgueses/a-50496178

La crisis venezolana conducirá, eventualmente, a un significativo cambio político. El actual orden desaparecerá y un nuevo orden surgirá. Este cambio, como sucede con los procesos históricos, tendrá un carácter contingente y no dará forma, necesariamente, a un orden social determinado.

Es cierto que la mayoría de los venezolanos rechaza el conflicto político, el control económico o la corrupción e ineficiencia estatales, pero de ello no se deriva que esa mayoría coincida, automáticamente, en los principios que deberán sustentar un nuevo orden social. En realidad, una gama de posibilidades, que van desde la restauración de antiguas dinámicas políticas hasta la reinvención de nuestras instituciones, se abre ante los venezolanos. Cuál de ellas predominará dependerá de una «constelación» de factores: la manera en la que el régimen socialista acabe, las decisiones que los agentes transformadores adopten, la nueva estructura de poder que se conforme, la influencia que la movilización social y la opinión pública alcancen, entre otros (Urbaneja, 2018). En esta encrucijada histórica tendrán especial relevancia las ideas que, sobre la economía y la política, posean quienes deban adoptar decisiones en los altos niveles del Estado y de la sociedad.

En este breve ensayo presento un esquema conceptual y un conjunto de ideas que, tal vez, sean de utilidad en el debate que, sobre un nuevo orden social, los venezolanos debemos sostener. Al estar inmersos en la lucha por recuperar la libertad y la democracia, ese debate ha tenido poca relevancia. Podría argumentarse que tal hecho resulta conveniente pues una prematura discusión pública sobre la forma del porvenir haría aflorar, desde ahora, antagonismos entre sectores que hoy están alineados frente a la tiranía socialista.

Pienso, por el contrario, que hay que dedicar tiempo, en el exigente presente que hoy vivimos, a debatir sobre los principios ordenadores de la sociedad que tendremos que reconstruir. De no ser así podrá ocurrir que, ante el previsible fin del orden socialista, actores que debaten poco pero que actúan resuelta y estratégicamente vayan tomando control de procesos decisorios clave y acaben así configurando un orden social alejado de las esperanzas de libertad, bienestar y justicia que muchos hoy tenemos. No sería la primera vez que, en la historia latinoamericana, algo así aconteciese.

I

Sobre instituciones

Las instituciones son, de acuerdo a una concepción ampliamente compartida, las reglas que limitan ciertas conductas y promueven o habilitan otras. Las instituciones se manifiestan así en patrones estables y predecibles de comportamiento, simplificándonos la realidad en la que debemos actuar y disminuyéndonos a todos el costo asociado a la incertidumbre en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas. Sin instituciones, entendidas de esta manera, una sociedad humana es simplemente imposible.

La presencia de las instituciones en cualquier sociedad es amplia y diversa. Pueden tener una expresión formal, como una ley o una política pública, pero también pueden manifestarse de manera informal en numerosas normas sociales. El conjunto de instituciones que existe en una sociedad, en un momento dado, es en realidad un complejo producto histórico y está lejos de conformar un sistema coherente. Las instituciones de una sociedad se solapan entre sí, se refuerzan mutuamente, compiten entre ellas, se contradicen. Decía Tocqueville, por ejemplo, que «las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres; las costumbres forman el único poder resistente y duradero del pueblo» (Gomá, 2016). Por esta y otras razones no es sino arrogancia suponer que un grupo pueda construir un orden institucional perfectamente funcional.

Algunas instituciones pueden favorecer el interés general (varios autores las denominan «inclusivas», aunque quizás baste con calificarlas como justas). Otras instituciones, por el contrario, benefician a algunos sectores en perjuicio de otros y se les ha dado en llamar instituciones «extractivas» (Acemoglu y Robinson, 2012). Estas últimas son denominadas así en alusión a la conducta orientada a extraer rentas, esto es, beneficios particulares derivados de la capacidad para influir en centros decisorios estatales. Me parece mejor, sin embargo, hablar de instituciones «excluyentes» como concepto general y considerar a las instituciones «extractivas» como la expresión de aquéllas en la dinámica económica.

En el ámbito económico el respeto a los derechos de propiedad, la libertad de contratos o la promoción de la competencia, por ejemplo, son instituciones «inclusivas» que no solo protegen la libertad individual sino que, además, han demostrado su capacidad para incentivar las conductas que explican el desarrollo, es decir, el emprendimiento, la productividad, la innovación. En ese mismo ámbito son reglas «excluyentes» las políticas proteccionistas, los privilegios fiscales o la creación de monopolios, reglas que benefician a determinados grupos o sectores y perjudican, directa o indirectamente, al resto de los ciudadanos. En la esfera política, de modo equivalente, los derechos al voto, a la participación o a ser electos a cargos de representación pública son instituciones «inclusivas» mientras el voto censitario, las limitaciones a la libertad de expresión o ciertas formas de cabildeo son instituciones «excluyentes».

En términos muy esquemáticos podemos caracterizar a los sistemas políticos y económicos con base en el predominio en ellos de instituciones «inclusivas» o «excluyentes». Así, la democracia es un sistema político basado en instituciones «inclusivas» y el autoritarismo un sistema político constituido por instituciones «excluyentes». De modo semejante, una economía competitiva o la competencia, a secas, es un sistema económico que opera en el marco de instituciones «inclusivas» mientras el rentismo lo hace en el de instituciones «excluyentes».

II

Cuatro modelos «puros»

Para fines analíticos resulta interesante, a partir de las nociones presentadas, imaginar cuatro órdenes económico-políticos «puros»:

1. La coexistencia de un sistema político plural y una economía basada en la competencia son dos de los rasgos que definirían, por ejemplo, a la economía social de mercado (Casanova, 2016).

2. El pluralismo, asociado a una dinámica en la cual el poder político y el poder económico, en búsqueda de beneficios grupales, se potencian mutuamente, caracterizaría a una democracia rentista (modelo que se correspondería, en parte, con el hoy llamado «crony» capitalism).

3. El autoritarismo orientado a garantizar la existencia de una economía de mercado libre y competitivo daría forma a una suerte de «liberalismo» autoritario. Vale advertir que las comillas son importantes pues el liberalismo, en un sentido amplio, incluye las libertades políticas.

4. El autoritarismo y un Estado intervencionista constituirían las bases de regímenes patrimonialistas, un tipo de orden que tendría en el socialismo burocrático y dictatorial una de sus manifestaciones extremas.

Hay buenos argumentos para afirmar que, teóricamente, dos de estos órdenes tienden a ser estables y otros dos, no (Acemoglu y Robinson, 2012). El pluralismo, en la medida en que dificulta la concentración del poder político, obstaculiza también que éste sea utilizado por los actores económicos para eludir la competencia mediante el logro de privilegios; visto de otro modo: la competencia impide la concentración del poder económico y disminuye el riesgo de que grupos de interés influyan en el proceso político. En tal sentido, la economía social de mercado supone el mutuo reforzamiento entre competencia y pluralismo y la activación de un «círculo virtuoso» de desarrollo. Tal modelo es doblemente opuesto al patrimonialismo.

En efecto, la concentración del poder político y su ejercicio autoritario por parte de una élite le permite a ésta influir en el proceso económico y otorgarse a sí misma ⎯y a grupos aliados⎯ privilegios generadores de rentas; la concentración de poder económico que esta dinámica supone hace más fuerte la posición de la élite que ejerce el poder político. Estamos así ante un régimen patrimonialista en el cual quienes detentan el poder no sólo utilizan activos bajo su mando en su favor sino también las instituciones y políticas públicas que puedan crear. Autoritarismo y rentismo se potencian uno al otro, generando un «círculo vicioso» de atraso y corrupción.

Los otros dos modelos resultan incoherentes en algún sentido y, por tanto, tienden a evolucionar hacia alguna de las dos formas estables descritas. En la democracia rentista el pluralismo político hace difícil que sólo unos pocos grupos consigan sesgar a su favor las instituciones y las políticas públicas, sin desencadenar reacciones negativas por parte de otros grupos o de la ciudadanía en general. Esta situación se resuelve bien sea por el avance hacia la competencia (lo cual lleva al sistema hacia la economía social de mercado) o por la pérdida del pluralismo (empujando al régimen hacia el patrimonialismo). La inestabilidad de la democracia rentista podría atenuarse durante algún tiempo si ocurriese, como en el caso venezolano, que la abundancia de recursos fiscales provenientes de una fuente diferente a los impuestos permitiese la democratización, por así decirlo, de la captura de renta.

En el caso del liberalismo autoritario, la concentración del poder político genera fuertes incentivos para alterar la dinámica de la competencia en favor de algunos grupos poderosos. La estabilización de este orden pasa por su evolución hacia un esquema pluralista (esto es, mutando hacia una economía social de mercado) o, alternativamente, hacia la destrucción de la competencia (lo que implica su transformación en un régimen patrimonialista).

Se trata, insisto, de una clasificación conceptual muy simple. Aunque puede ser útil como herramienta heurística, generadora de conjeturas razonables para explicar situaciones reales. En la práctica, lo más probable es que nos encontremos con casos híbridos, en los cuales algunos o todos los modelos están presentes en diversos grados, interactuando de distintas formas.

No está demás decir que este ensayo es un alegato en favor de una economía social de mercado, basada en la competencia y el pluralismo. Este es un modelo que, en mi opinión, lograría enrumbarnos hacia el desarrollo integral, con libertad e inclusión social. Sobre ello he escrito en otras ocasiones, por ejemplo: «Una visión de centro para la reconstrucción».

III

El desafío de la reconstrucción

La reconstrucción de la sociedad venezolana será compleja. El colapso del sistema económico, la destrucción de las instituciones democráticas y liberales, las apremiantes demandas sociales, la persistencia de ciertos modelos mentales, el reacomodo en las estructuras de poder y de las relaciones internacionales, entre otros factores, conformarán un enmarañado marco para el proceso decisorio. La creación de un orden institucional capaz de garantizar la libertad, el bienestar y la justicia será un gran desafío a la inteligencia colectiva de los venezolanos.

Una parte importante de los problemas a resolver es evidente, en un sentido general. Se trata de reconstruir instituciones que cualquier sociedad moderna da hoy por sentadas, como también lo hacía la venezolana hasta hace dos décadas. Entre ellas, el Estado de derecho como sistema de reglas, el sistema electoral, la administración de justicia, el monopolio estatal del uso de la fuerza, la autonomía del Banco Central o la unidad del Tesoro. En estos asuntos contamos con una Constitución que, a pesar de los cuestionamientos que puedan hacérsele, define los parámetros básicos para esta parte de la tarea reconstructora.

Pero esa tarea abarca muchos otros temas. Los Poderes Públicos, en particular el Ejecutivo Nacional, deberán responder a una formidable cantidad y variedad de problemas. Un listado incompleto pero ilustrativo de tales problemas incluye: el levantamiento de controles de todo tipo, la concreción de un nuevo paradigma de política social, el diseño de adecuadas políticas industrial y agrícola, la creación de una moderna regulación para el sistema financiero, el desarrollo de eficaces políticas educativas y de salud, la implementación de un sistema sostenible de seguridad social, la ejecución de planes para recuperar y mejorar las infraestructuras, la privatización de numerosas empresas estatales, la definición de una política tributaria justa, la renegociación de la deuda externa y la reinvención de la Administración Pública. En todos estos asuntos deberán diseñarse reglas frente a las cuales la Constitución, por su propia naturaleza, solo puede ofrecer lineamientos generales.

Es alto el riesgo de que en la toma de decisiones se incurra en desviaciones que, incluso sin proponérselo los agentes sociales, conduzcan a la restauración del modelo democrático rentista. Las altas expectativas de diversos sectores con respecto a la rápida mejora de sus condiciones de vida serán una fuente constante de presión sobre los decisores, obligándoles a conciliar posiciones y establecer prioridades en un incierto manejo de intereses y tiempos. Si a ello se agrega que los restos del régimen revolucionario configurarán, seguramente, una oposición desleal, el contexto de acción del gobierno de reconstrucción se entrevé aún más complicado.

No sería sorprendente, entonces, que, ante la necesidad de alcanzar éxitos tempranos, predomine una perspectiva cortoplacista. No sería raro tampoco que uno de los vicios del presidencialismo, la discrecionalidad ejecutiva, se intensifique en un contexto en el cual el análisis y la concertación impondrían lapsos que los decisores considerarían inmanejables. En este entorno es previsible, además, la aparición de nuevos centros extra-institucionales de poder y el desarrollo, por parte de diversos grupos, de estrategias de cabildeo para defender y promover sus intereses. De hecho, es probable que eso ya esté sucediendo. Debe tomarse nota, como referencia, que estos fenómenos ⎯cortoplacismo, discrecionalidad, «decretismo»⎯ estuvieron presentes, por razones semejantes a las mencionadas, en varias experiencias poscomunistas, a fines del siglo pasado. Aprender de ellas es fundamental.

La reconstrucción requiere contar con ciertos principios, reglas y mecanismos capaces de: crear una estrategia de desarrollo y adecuados planes de acción, minimizar los riesgos de una nueva captura del Estado, garantizar la transparencia y la participación democráticas y promover el necesario aprendizaje social sobre la experiencia vivida. Al respecto, la noción de gobernanza puede resultar útil.

IV

La gobernanza de la reconstrucción

La noción de gobernanza ha sido utilizada de diversas formas por distintos autores. Aquí la entenderé como el «arte» de concertar y respetar principios, reglas y mecanismos que sirvan para que gobiernos, sociedad civil, empresa privada y ciudadanos en general puedan tomar decisiones sobre asuntos públicos clave, de manera democrática, transparente y responsable. En este sentido, la gobernanza de la reconstrucción deberá incluir, al menos: a) la definición de los principios y reglas a seguir en la creación del nuevo orden institucional; b) el diseño de una estrategia nacional de desarrollo, y c) la creación de un sistema de diálogo democrático.

Entro ahora, para finalizar, en terreno propiamente normativo, proponiendo algunas ideas para conformar la gobernanza de la reconstrucción venezolana.

1. Principios ordenadores

Un nuevo orden social debe tener como uno de sus principios cardinales el logro y mantenimiento del apoyo popular a un genuino sistema de libertades. Sostengo que tal sistema de libertades tiene que ser popular o no será.

En consonancia con ese principio, la regla general que debe guiar la toma de decisiones debe consistir en crear, en todos los casos posibles, oportunidades para todos sin conceder privilegios a nadie. Ello significa, fundamentalmente, depurar nuestro sistema jurídico para garantizar la existencia de leyes auténticas –generales y abstractas– y la supresión de leyes espurias, meros instrumentos al servicio de grupos o sectores específicos.

2. Estrategia nacional de desarrollo

La reconstrucción venezolana requerirá el diseño y ejecución de planes en diferentes esferas y planos. Estos planes tienen que ser concebidos como expresiones de una estrategia de desarrollo más amplia, que defina las grandes metas y los ejes de acción de la transformación que la nación deberá experimentar. Esa estrategia, en conjunto con los principios y reglas antes comentados, permitirá evaluar la pertinencia de los diferentes planes particulares así como sus procesos de ejecución.

El llamado Plan País, dado a conocer hace unos meses, es un significativo avance pues supone el acuerdo entre especialistas y políticos con respecto a un conjunto de medidas y políticas para enfrentar la emergencia humanitaria, estabilizar la economía y comenzar algunos cambios estructurales (Asamblea Nacional, 2019). La ampliación y profundización de ese plan continúa, pero está pendiente, sin embargo, el diseño de la referida estrategia de desarrollo. Esa estrategia no puede ser la simple sumatoria de los numerosos planes particulares, si se quieren evitar la incoherencia del proceso de reconstrucción y la generación de resquicios a través de los cuales diferentes grupos de intereses puedan penetrarlo.

3. Sistema de diálogo democrático

El logro de un gran acuerdo político y social en torno a los principios del nuevo orden y a la estrategia de desarrollo será imprescindible. Dicho acuerdo, en consonancia con el sistema de libertades que se aspira a crear, deberá basarse en un diálogo capaz de convocar a la mayor parte de los sectores del país. Aquí sólo me referiré, brevemente, a cuatro iniciativas para materializar dicho diálogo:

1. Crear, considerando la experiencia de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) y otras iniciativas internacionales, la Comisión Nacional para la Reconstrucción Venezolana. Tal organización se dedicaría a estudiar, proponer y concertar proyectos de gran alcance y estaría integrada por un grupo plural de prestigiosos venezolanos.

2. Desarrollar los mecanismos digitales para organizar el debate público en torno a proyectos de leyes y propuestas de políticas públicas y, de resultar aprobadas, para evaluar su desempeño.

3. Convocar a Asambleas de Ciudadanos para debatir sobre cada proyecto de ley o propuesta de política pública; estas Asambleas estarían conformadas por, digamos, cien ciudadanos seleccionados al azar del Registro Electoral Permanente y sesionarían durante varios días con el debido apoyo financiero y técnico. Estas instancias no tendrían, desde luego, carácter vinculante, pero serían un mecanismo para hacer transparente y para validar importantes decisiones estatales.

4. Solicitar regularmente a centros de investigación y organizaciones civiles, evaluaciones económicas, sociales y jurídicas de proyectos de leyes y de propuestas de políticas públicas.

V

Una sociedad inteligente

Estos planteamientos, pienso, podrían ser compartidos por diversos actores políticos moderados, ubicados a lo largo del espectro doctrinario. En este sentido, el nuevo orden social implicaría la reconstrucción del centro político, es decir, esa «zona» de valores y principios compartidos por los actores políticos y sociales relevantes.

Nuestro reto es crear una sociedad inteligente, una sociedad capaz de comprender sus problemas, evaluar sus opciones y decidir colectivamente por la mejor de ellas. Es vital entender que la reconstrucción abrirá para Venezuela una oportunidad histórica. Podría ser un tiempo de cambios profundos y benéficos, impulsados por la esperanza y el esfuerzo de muchos venezolanos, dentro y fuera del país, apoyados por ciudadanos de otros lugares «compelidos a participar de esa extraordinaria experiencia del siglo XXI que puede ser la reconstrucción de Venezuela» (Torres, 2019).

El saldo de esos años de movilización creadora podría ser, entonces, un nuevo orden institucional dentro del cual los venezolanos podamos, libre y responsablemente, desarrollar nuestras capacidades para vivir de acuerdo con nuestros particulares proyectos de vida.

Bibliografía

Acemoglu, Daron and James Robinson. Why nations fail: the origins of power, prosperity and power. New York, USA: Crown Publishing Group, 2012.

Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo político para rescatar a Venezuela del colapso económico [en línea] Punto de Corte, 31 de enero de 2019. Disponible en: http://puntodecorte.com/tag/acuerdo-politico-para-rescatar-a-venezuela-del-colapso-economico/ [Consulta: 10/04/19]

Casanova, Roberto. Libertad, emprendimiento y solidaridad. 10 lecciones sobre economía social de mercado. Madrid, España: Unión Editorial, 2017.

Elster, Jon; Claus Offe, and Ulrich K. Preuss. Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.

Gomá L., Javier. Libre y con compromiso [en línea] El País, 22 de febrero de 2016. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/02/19/opinion/1455892924_603940.html [Consulta: 12/05/19]

Hayek, Friedrich. Derecho, legislación y libertad (volumen 1). Madrid, España: Unión Editorial, 1985.

Tang, Shiping. A general theory of institutional change. New York: USA, Routledge, 2011.

Torres, Gerver. El andamiaje emocional de la reconstrucción [en línea] Prodavinci, 23 de marzo de 2019. Disponible en: https://prodavinci.com/el-andamiaje-emocional-de-la-reconstruccion/ [Consulta: 11/04/19]

Urbaneja, Diego Bautista. “Para una historia de la toma de decisiones en Venezuela”. En: Fernando Spirito (coord.), Decisiones de Gobierno en Venezuela: apuntes para su comprensión histórica y de políticas públicas. Caracas, Venezuela: Editorial Alfa, 2018, pp. 45-63.

https://prodavinci.com/las-reglas-de-la-reconstruccion/

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, aunada a las señales de advertencia de una posible desaceleración de la economía mundial, han aumentado considerablemente las posibilidades de que el mundo entre en una recesión. Si bien casi todos los países se verán afectados, la prolongada debilidad económica y la fragilidad de sus instituciones políticas significan que una posible crisis golpeará de manera desproporcionada a América Latina.

Las economías más grandes del mundo deben trabajar juntas para coordinar políticas antes de que estalle la tormenta. El conflicto entre Donald Trump y China debe resolverse, olvidarse o posponerse para evitar acentuar innecesariamente una crisis.

Esto es lo que enfrenta la región.

La economía venezolana se derrumbó mucho antes de que aparecieran las señales de alarma de una posible recesión en Estados Unidos, pero el descenso en los precios del petróleo puede empeorar la situación. Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país. Esa cifra podría aumentar a seis millones si las condiciones económicas empeoran.

Una crisis internacional también podría agravar la crisis económica actual de Argentina y conducir a otra moratoria, como en 2001. La inflación se ha disparado al 54 por ciento, las tasas de interés son aún más elevadas y el peso se ha depreciado un 30 por ciento desde que las elecciones primarias del mes pasado casi han garantizado la victoria de la fórmula peronista en las elecciones presidenciales de octubre. El precio de la soya —su principal producto de exportación— ha bajado a la mitad de su nivel máximo de mediados de 2012. El apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los mercados puede resultar mucho más complicado de asegurar en ese escenario.

Los países del Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, Honduras y El Salvador—, siguen asolados por la violencia, la inestabilidad política, la corrupción y la debilidad institucional. Su modesto crecimiento económico depende en gran medida de las exportaciones de productos básicos y las remesas de las personas que migran a Estados Unidos. Aunada a las deportaciones y las políticas migratorias chovinistas e inhumanas del presidente Trump, una recesión en Estados Unidos implicaría despidos, regresos forzados y una caída en las remesas. A su vez, esto podría traducirse en un aumento de la migración y la violencia.

Brasil y México completan este cuento sobre penurias económicas que podrían verse exacerbadas por una recesión económica y afectar la estabilidad política. Los nuevos presidentes de los dos países son polos opuestos en cuanto a su ideología, pero curiosamente se parecen en su radical falta de respeto a la verdad y a las instituciones.

Brasil no se ha recuperado desde la recesión que se alargó de 2016 a 2018. El FMI le pronostica menos de un uno por ciento de crecimiento para este año. La desaceleración de China, el mayor socio comercial del país, afectará significativamente el desempeño de Brasil. El país ha destituido a dos presidentes en los últimos treinta años, encarcelado a un expresidente y actualmente se encuentra investigando a otro más. Las adversidades políticas que Brasil ha experimentado en los últimos años y la antipatía del presidente Jair Bolsonaro hacia las instituciones democráticas y el Estado de derecho podrían generar graves problemas políticos.

El presidente brasileño ha optado por pelearse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Grupo de los Siete (G7) —la reunión de las siete economías más grandes del mundo— y la comunidad internacional por los incendios que están devastando a la Amazonía, su gobierno está sumido en escándalos y su popularidad se ha desplomado. No es todo, las instituciones democráticas están amenazadas: el hijo de Bolsonaro, Carlos, declaró la semana pasada que los cambios que Brasil necesita no pueden lograrse por la vía democrática. Una recesión mundial podría causar estragos en la frágil democracia del país.

México, por su parte, está tambaleándose al borde de una recesión —el crecimiento fue nulo durante el primer semestre del año— y es el país que más afectado se vería por los problemas económicos que pueda enfrentar Estados Unidos. Al igual que el mandatario brasileño, el presidente Andrés Manuel López Obrador no respeta las instituciones y tiene una vena autoritaria.

Pero, a diferencia de Bolsonaro, López Obrador sigue siendo bastante popular y está implementando programas sociales ambiciosos que podrían beneficiar su posición en las encuestas, a pesar de la incompetencia de su gobierno y su mal desempeño. Es muy probable que una recesión en Estados Unidos provoque que estos programas fracasen, pues dependen del aumento de los ingresos gubernamentales, que únicamente pueden obtenerse del crecimiento económico y del aumento de los precios del petróleo. No es probable que suceda ninguna de esas dos cosas.

Una encuesta de 2018 de Gallup mostró que una tercera parte de todos los latinoamericanos emigrarían si se les diera la opción, el porcentaje más alto en años y el más elevado en el mundo. El crecimiento económico endeble, la pobreza y la desigualdad, la inestabilidad política, la delincuencia y la violencia son problemas endémicos en casi todas las naciones al sur del río Bravo. Además, a excepción de un breve periodo entre 2006 y 2013 —sin considerar la Gran Recesión de 2009—, América Latina siempre ha estado plagada por la delincuencia y el lento crecimiento económico.

Sin embargo, una crisis económica mundial en estos momentos empeoraría la situación. La recesión de 2009 afectó a la región después de unos años de fuerte crecimiento impulsado por las materias primas, lo cual permitió que las políticas sociales eficaces contaran con un financiamiento responsable. La violencia, aunque mayor que en otros lugares, estaba relativamente bajo control. La corrupción era generalizada, mas no tan evidente como lo es ahora. La región salió en gran medida ilesa de esa recesión. Las circunstancias actuales son muy diferentes.

El G7 debe implementar esfuerzos para aminorar las consecuencias de una posible crisis y, en caso de que sea inevitable, asegurarse de que sea breve. No hay mucha flexibilidad en lo que respecta a la política monetaria; a excepción de Estados Unidos, las tasas de interés no pueden disminuirse más, y hasta en Washington el margen de maniobra es limitado. En el ámbito fiscal, tal vez haya más posibilidad de aplicar estrategias contracíclicas, aunque el miedo y los prejuicios ideológicos suelen obstaculizar estas medidas.

América Latina no es la única que está en problemas. Europa tiene el brexit, Xi Jinping tiene a Hong Kong y Estados Unidos tiene a Trump. No obstante, las políticas siempre son posibles, aunque sea solo marginalmente. El hecho más importante que los gobernantes de los países ricos deben tener en cuenta es que, aunque las instituciones de sus países pueden resistir un nuevo embate de una crisis económica, no todos los países están en la misma situación. Hay motivos políticos de peso para elegir las políticas económicas correctas.

NYTimes

https://www.nytimes.com/es/2019/09/17/espanol/opinion/castaneda-crisis-e...

El pánico del régimen -casi locura- montó un circo en la Casa Amarilla con consecuencias políticas internacionales y nacionales que pudieran acelerar el fin del madurismo militarista. Por ignaros, esta tiranía confunde la política con la propaganda y la desinformación, desestimando al ciudadano-demócrata venezolano que el lunes 16 en la mañana antes de la trampa en la Casa Amarilla, pronunció el más claro mensaje al régimen criminal, cuando ante los representantes del Magisterio, maestros y profesores, llamaron a ¡Huelga general Ya! Ese mandato espontáneo salido del corazón del Magisterio es la expresión ciudadana más asertiva después de esperar la definición de una Transición Política que no ha sabido ejecutar quien es responsable de cumplir con la Ley del Estatuto.

El pánico del régimen muestra que ya no es más poder y la ineptitud de los operadores partidistas -distantes de la ejecución de la Transición Política-, han creado después del burdo y falaz evento comunicacional de la trampa de la Casa Amarilla, la posibilidad que comience el ciudadano a comprender la ejecución de su iniciativa como poder ciudadano.

Poder ciudadano para activar y crecer como ¡Huelga General Ya! ¡Huelga General Ya! apartando al régimen y sus acólitos cobardes y comprados y a los ineptos partidistas que desde el 5 de enero del año en curso no han podido ejecutar las acciones políticas consecuentes con el Ambiente Político Real Violento.

El régimen madurista militarista y sus acólitos comprados -que no representan a nadie y menos a nadie en política- han dejado al descubierto su desprecio por la ética y sí un compromiso oportunista con un régimen de arbitrarios y ladrones aturdidos que se muestran en franca retirada. Después del grito ¡Huelga General Ya! del lunes por la mañana por parte de los educadores, en el acto-trampa de la Casa Amarilla, lo del lunes en la noche muestra que esos actores no representan a nadie y mucho menos a la oposición democrática…que son el 87% de los venezolanos demócratas y que esos actores sí son los mercenarios indeseables y despreciables de la politiquería revolucionaria.

El acto de la Casa Amarilla muestra en realidad un Ambiente Político Real Confuso, obsceno y dudoso como lo son todos sus participantes, bien conocidos en las cloacas politiqueras del partidismo y oportunismo. Son parte de la escoria política que ha producido lo peor de la partidocracia y de esta desgracia y vergüenza del golpismo militarista ideologizado, donde los galones sirven para robar más y arrastrarse por prebendas: léase, hombres armados, simples mercenarios que responden a mafias diferenciadas.

Esas mafias que desde el lunes en la noche en la Casa Amarilla cantan victoria, están de espalda a la Miseria Exponencial y a la Calamidad Política Social que hoy arropa a los venezolanos, están de espalda a la economía dolarizada que bloquea el derecho elemental a la alimentación de los venezolanos. Esas mafias no podrán modificar la economía, ni el gobierno, ni las necesidades fundamentales de los servicios y ya el ciudadano centro y foco de un sistema fracturado esta en cuenta, que se requiere un cambio por la vía de la Huelga General. Huelga General que dará paso a la Transición Política para reconstruir con mucho esfuerzo la República y la democracia.

Las mafias de la Trampa de la Casa Amarilla y sus acompañantes han aumentado la inestabilidad con su hecho y su maniobra artera y simplista, la confusión es mayor y la indignación del venezolano es extrema. El hecho de la Casa Amarilla con la cual el régimen creía que desviaría la realidad dolorosa del país, ha creado una reacción general y mayor sobre sus actores .Se volvieron a equivocar, no saben o no pueden leer al ciudadano venezolano, no reconocen la gran masa estudiantil y profesoral y sobre todo… a los trabajadores y los más pobres que están convencidos que Venezuela tiene derecho a la democracia y no merece esta maniobra fétida y simplista.

El régimen ha quedado retratado como un grupo cobarde, incierto e incapaz, que ha maniobrado equivocadamente y no entiende la importancia de la geopolítica, mucho menos de la política doméstica, y no puede entender lo que se entiende por Estudios Estratégicos. Siguen confundiendo fuerza con poder y política con la invasión perversa comunicacional mostrando su torpeza y politiquería que desde el amanecer del lunes 16, había sido sacudida por ciudadanos maestros y profesores responsables y representación del gentilicio venezolano que habían decretado desde el Centro de Caracas :¡La Huelga General Ya!. El mensaje fue claro, cierto y determinante para los comediantes de la Casa Amarilla y para el responsable de ejecutar la Ley del Estatuto que no la ha entendido o no ha sido capaz de desarrollarla para ejecutar la Transición Política en Venezuela.

Es auténtico,

Director de CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 20 de septiembre de 2019

El que la Asamblea Nacional aprobara continuar en la ruta política y que Juan Guaidó siga siendo el Presidente encargado hasta que ocurra el cese de la usurpación, denota una clara intención de la voluntad política unánime de los miembros del parlamento en dejar sentado que la crisis venezolana no se superará hasta tanto Maduro no salga del poder.

Esto no es un capricho, ni mucho menos una veleidad política, es una decisión basada en un razonamiento que entiende que las causas de la crisis humanitaria, económica y social, están enraizadas en un modelo político perverso que destruye todo lo que hacía viable a nuestro país para imponer un esquema societario que ha fracasado en todos los países que intentaron imponerlo.

En una primera etapa, la paz y la reconstrucción de Venezuela pasan por la constitución de un gobierno de transición lo más amplio posible, que prepare las condiciones necesarias para realizar, oportunamente, elecciones libres que permitan la designación de un gabinete, conforme a lo establecido en nuestra carta magna, que rija por 6 años los destinos del país.

Ese gobierno interino, además de asegurar que esas elecciones cumplan con todos los requisitos exigidos por las leyes, tendrá que adoptar medidas de urgencia para aliviar y resolver la crisis humanitaria, asegurar la aprobación, por parte de la AN, de las leyes requeridas para que puedan fluir los recursos financieros y las inversiones requeridas para iniciar el proceso de reconstrucción y enfrentar la desmembración del país que está ocurriendo por la presencia y actividades delictivas llevadas a cabo por las FARC, el ELN y diversas bandas delincuenciales, que pululan por diversos lugares de la geografía nacional.

Lamentablemente, todo eso sería imposible de continuar la situación actual. Por ello es indispensable que todos aquellos que crean que la democracia es el régimen político que el país necesita, deben obligatoriamente unirse y apoyar la lucha que lleva a cabo la Asamblea Nacional y el Presidente encargado Juan Guaidó.

Editorial

20 septiembre, 2019

https://www.analitica.com/el-editorial/el-cese-de-la-usurpacion-no-es-un...