La experiencia venezolana en estos últimos años tiene mucho que decir sobre el uso sin control de los fondos públicos para hacer de los procesos electorales un instrumento para intentar imponer un nuevo orden social, económico y político, aún en contra de la voluntad de la mayoría de los venezolanos.

El dinero y su relación con la política y en particular con los procesos electorales, es un tema muy sensible que mueve muchos intereses, despierta amenazas y plantea desafíos permanentes al ordenamiento jurídico e institucional de los Estados, que asumen responsablemente la tarea de salvaguardar la confianza de sus ciudadanos en el sistema democrático.

El financiamiento ordinario y electoral, con fondos públicos y/o privados, gestionados como aporte directo o indirecto a los partidos políticos, es uno de los temas que necesariamente deben ser abordados en la agenda política del proceso de cambio en Venezuela, pues representa una herramienta efectiva para restaurar un sistema de partidos políticos que puedan responder a los desafíos que impone la recuperación de la democracia y la sustentabilidad del proceso de cambio político en Venezuela.

En las recientes elecciones generales en España, el tema del financiamiento electoral ha sido debidamente divulgado e informado por los medios de comunicación y cualquier ciudadano, sea o no europeo, a través de la tecnología y las instituciones políticas ha podido acceder a las normas de financiamiento electoral.

Los medios de comunicación han informado a los españoles, por ejemplo que el 80%[2] de los gastos electorales de los grandes partidos, tienen como origen el pago de los contribuyentes a través de subvenciones, que en principio se distribuyen a posteriori, pero que las normas jurídicas permiten su adelanto. El resto, es contribución privada, por lo que se conforma en España un sistema mixto de financiamiento electoral.

La información pública permite identificar las siguientes fuentes de financiamiento de los Partidos Políticos: subvenciones anuales para el financiamiento ordinario y subvenciones electorales a través de las cuales compensan el gasto realizado durante los procesos electorales.

Por su parte, cuando se trata de fondos privados, el origen del financiamiento puede ser: la cuota de los afiliados, las aportaciones de los cargos públicos y/o las donaciones. Toda la dinámica del financiamiento electoral y ordinario de los partidos encuentran en el Tribunal de Cuentas a la institución responsable de su fiscalización.

En las elecciones del Parlamento español el pasado 28 de mayo 2019, la Junta Electoral Central distribuyó los espacios de propaganda electoral gratuito en los medios públicos, atendiendo a tal fin a los resultados electorales en las elecciones parlamentarias previas a éstas.

En tal sentido, por ejemplo, el Partido Popular, que obtuvo el 31,6% de los votos en el 2016 le correspondió 45 minutos de propaganda, separados en 90 spots y 90 cuñas. Mientras que VOX y el Partido Verde, que tenían representación parlamentaria, sólo tuvieron acceso a 10 min, con 20 spot y 20 minutos para cuñas.

En el caso de la subvención de gastos electorales, la norma jurídica estableció para las elecciones del Parlamento Español, las mismas son determinadas de la siguiente manera:

a) Subvención de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.

b) Subvención de 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado.

c) Subvención de 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador.

En España, se establecen límites a gastos electorales, que en el caso de las elecciones parlamentaria españolas eran el resultado de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación.

Adicionalmente el Estado también subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, atendiendo a algunas reglas establecidas.

En el año 1997, bajo el marco de la Constitución de 1961, en Venezuela se abordó el tema del financiamiento electoral, la limitación a los gastos electorales y ordinarios, los mecanismos de control, tanto en las campañas, como para los candidatos, todo ello a través de un proyecto de ley sobre financiamiento de campañas electorales, candidatos y partidos políticos, que no logró capitalizar el compromiso del Congreso de la República y en consecuencia no se concretó en ley formal. Quien escribe fue testigo directo que el tema si bien generaba mucho interés, no logró el suficiente acuerdo político para que prosperara en aquellos momentos.

El proyecto de ley fue un trabajo realizado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, bajo la coordinación del Dr. Humberto Njaim, entonces Comisionado de la COPRE.

En el marco de la vigencia de la Constitución de 1961, el financiamiento electoral a través de la propaganda electoral estaba prevista en el ordenamiento jurídico y a finales de la década de los 90s, se introduce en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la figura del financiamiento ordinario de los partidos políticos.

Es así como en la Ley Orgánica del Sufragio del 17 de septiembre de 1970, expresamente se permitió el financiamiento de propaganda electoral por parte del Consejo Supremo Electoral, en el año electoral y garantizando una distribución entre los partidos que participaron en las últimas elecciones parlamentarias, obteniendo más del 5% de los votos válidos.

Y en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política del 30 de diciembre 1997, el texto presenta el título VII en el cual desarrolla la campaña electoral, su financiamiento, la publicidad y la propaganda electoral. En aquel texto sigue estando la norma sobre el financiamiento de la propaganda electoral, y aparece expresamente mencionado el financiamiento ordinario de los partidos políticos. En ambos casos el criterio de ese financiamiento será proporcional a los resultados de las últimas elecciones para la Cámara de Diputados.

Con la Constitución de 1999 queda eliminado el financiamiento público, y la dinámica electoral fue asfixiando las capacidades humanas y financieras de los partidos políticos, logrando incluso debilitar la confianza en el proceso electoral.

En aquel momento se planteaba la necesidad de fortalecer a los partidos políticos, como actores claves para la sostenibilidad democrática. Hoy, más de 20 años después, el financiamiento de partidos y de procesos electorales se convierte en un tema de la agenda de propuestas que deben ser asumidas tan pronto cese la usurpación de funciones de Nicolás Maduro.

No es un tema sencillo, pues requiere de una reforma constitucional, pero primero debemos recuperar la libertad, para que haya política y luego la capacidad de diseñar un sistema mixto de financiamiento para garantizar que haya política y con controles que garantice la calidad de esa política.

[1]GUERRERO Aguirre, Francisco. Financiamiento electoral: la experiencia de la OEA. Opinión. Excelsior.com.mx. 01 de octubre 2017. Online en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/1...

[2] El Diario. Los Partidos también se juegan dinero el 28 A: reciben 21.000 por escaño y 80 céntimos por voto. 25 de abril de 2019. Online en. https://www.eldiario.es/politica/PSOE-PP-subvenciones-Ciudadanos-aportaciones_0_892061514.html

27 de mayo de 2019

PolitiKa UCAB

https://politikaucab.net/2019/05/27/un-tema-sensible-e-importante-para-e...

DEFENDER NUESTRA CONSTITUCION

El acato a los mandatos de la Constitución vigente de 1999 es una obligación legal, moral y política de las instituciones públicas y de los ciudadanos. De ello depende que el Pacto Social que prefigura la Constitución se concrete en un sistema político democrático que asegure el ejercicio de la libertad, el desarrollo económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.

La respuesta más eficiente ante los abusos y arbitrariedades de las autoridades que violan de manera deliberada la Constitución tiene que ser la defensa permanente de ella por parte de los ciudadanos, a tenor con sus obligaciones prescritas en el artículo 333.

Para hacer eficiente la defensa de la Constitución es preciso que los ciudadanos conozcan sus principios, fundamentos y contenidos básicos, no en un sentido de memorización sino por su conexión viva y cotidiana con la realidad social, familiar e individual.

En el marco de una estrategia de Pedagogía Social, en FundaEmpleo procuramos “desmitificar” la Constitución y correr el velo que la muestra como un texto solo para iniciados y expertos en leyes; buscamos leer, entender y explicar la constitución por su función ordenadora y reguladora de la vida social, del día a día de las relaciones de las personas entre sí, y de sus conexiones con los poderes públicos que deben estar al servicio de las personas y ciudadanos.

Las cuatro Cartillas Constitucionales han sido producidas con tal propósito, y esperamos puedan servir como material formativo y de apoyo didáctico para las organizaciones sociales y los ciudadanos que a diario están relacionados, de una u otra manera, con la aplicación y defensa de la Constitución.

fundaempleovzla@gmail.com

Nota

Revia las cartillas en los archivos anexos

El general Padrino López, ministro de la Defensa, el almirante Remigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional, y el general Richard López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional, promovieron y asistieron a una “marcha de la lealtad a Maduro Moros”, realizada en el Fuerte Conopoima, en el estado Guárico. ¿Qué entenderá este trío por lealtad?

Lealtad, según el Diccionario de la Lengua Española, es “cumplir lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”. Ahora bien, es público y notorio que Maduro y sus secuaces usurparon el poder, asesinaron a manifestantes que le solicitaban la renuncia y también a presos comunes, torturaron a hombres y mujeres, civiles y militares, tienen relaciones con el narcotráfico y el terrorismo internacional, expropiaron sin compensación al sector privado ocasionando escasez de todo tipo, quebraron las empresas del Estado, se lucraron con dineros públicos y ocasionaron hiperinflación.

A pesar de que no ignoran estos hechos, el trío mencionado prefirió ser desleal a la Constitución y a otras leyes para mantener y aumentar prebendas No les importa que sus compatriotas sufran, mientras ellos estén en Jauja.

Los militares tienen una elevada responsabilidad por los atropellos del régimen, sin embargo no son los únicos culpables. En toda dictadura muchos civiles han tenido una participación relevante y hasta fundamental. ¿Qué pasaría si los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia actuaran apegados a la Constitución? Maduro se sostiene precariamente porque tanto en la Fuerza Armada, como en el TSJ abundan los corruptos.

¿Cuál es el papel de los militares? ¿Es el mismo en tiempos de democracia que en dictadura? A los civiles no debe quedarnos duda de que en democracia no deben interferir en las decisiones políticas, aunque sean erradas, ya que cualquier corrección le compete al electorado. Cuando han ocurrido sublevaciones militares, la mayoría fracasadas, los políticos las han atribuido a simples ambiciones personales, quizá para intentar disimular sus errores y a veces abusos. Por su parte, los uniformados las exculpan en base a una interpretación, equivocada, de su “destino manifiesto”, que los impulsa a actuar para enderezar entuertos causados por los civiles, lo cual no les corresponde en gobiernos democráticos, por muy malos que sean.

En tiempos de dictadura la Fuerza Armada sí tiene gran parte de responsabilidad sobre lo que ocurre. Esta responsabilidad recae en el Alto Mando Militar el cual no puede hacerse el desentendido cuando se viola la Constitución, ni al presenciar cómo muchos oficiales piden la baja para no ser cómplices, murmuran en los cuarteles o conspiran y son descubiertos y encarcelados. El Alto Mando no tiene necesidad de sacar los tanques a la calle, sino informarle al dictador que la Fuerza Armada respeta la Constitución y no avala la usurpación.

Cuando el Alto Mando es cómplice del dictador, el resto de la oficialidad tiene el dilema de pedir la baja o de conspirar para derrocar al régimen. Pedir la baja les ocasiona la pérdida de su carrera y, además, si los institucionalistas se retiran solo quedarían los sumisos. Si deciden permanecer en las filas, pueden ser tildados de cómplices necesarios de los atropellos. En caso de que decidan conspirar, el riesgo de ser descubiertos es elevado y si se materializa la insurrección la probabilidad de fracaso es alta. Cabe recordar que en nuestra historia contemporánea, solo el movimiento del 18 de octubre de 1945, tuvo éxito, sin la participación del Alto Mando. Allí coincidieron la voluntad de triunfar de la oficialidad joven y que el presidente Medina no quiso resistir mucho tiempo.

Hoy, la situación tiene una característica diferente, ya que hay una protesta generalizada en contra de Maduro. Si una guarnición decide apegarse a la Constitución y desconocer al usurpador, muy probablemente no sería atacada y, más bien, se podría producir una reacción en cadena. Solo se requiere que la oficialidad democrática haga a un lado al trío Padrino, Ceballos y López y actúe para poner fin a la usurpación y solventar los problemas que agobian a los venezolanos. ¿Difícil? Sí, pero posible y deseable.

Como (había) en botica:

Acudir a Oslo no era la opción que preferíamos, pero las circunstancias obligan a intentar una solución que sea factible y honorable. Seguir criticándola no es realista y tampoco suma. El Presidente (e) Guaidó declaró: “La negociación es aquella que nos lleve al cese de la usurpación, transición y elecciones libre”.

Bravo por Leopoldo López Gil, distinguido profesional venezolano que ocupará una curul en el Parlamento Europeo.

Las designaciones por la Asamblea Nacional de las directivas ad hoc de Pdvsa, Citgo, Pequiven y Monómeros Colombo-Venezolanos son acertadas. Conocemos a la mayoría de sus integrantes, que son ciudadanos con méritos profesionales y defensores de principios y valores.

El régimen permite que los presos comunes tengan armas y drogas y luego los masacran. Treinta presos asesinados y numerosos heridos claman justicia.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Abraham Lowenthal -un conocedor de América Latina y sus entrecejos- no es optimista respecto de la posibilidad de acordar una salida de la crisis entre el chavismo y la oposición que derive en elecciones libres y sin plazos preconcebidos. Según el experto, ni unos ni otros han demostrado capacidad política para lo que considera es la mejor salida para Venezuela. “Ninguno ha buscado una negociación seria”, dice.

El Caribe no es un mar que pueda calificarse como tranquilo, pese a ser la postal del lugar paradisíaco donde descansar. Y no lo es solamente por los huracanes tropicales que ahí se desatan. También la política despierta fuertes turbulencias que cada ciertos años se convierten en tifones devastadores y hoy uno de ellos tiene su raíz en Venezuela.

Abraham Lowenthal es uno de los politólogos que más sabe de esas difíciles aguas, dada su dilatada trayectoria en asuntos relativos a la política en América Latina y los procesos de transición de diversos regímenes, lo que lo ha llevado a convertirse en profesor emérito de la Universidad de Southern California y autor o compilador de 18 libros y centenas de publicaciones, que han influido fuertemente en el diálogo político de la región. Además, fundó y dirigió el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center y el Inter-American Dialogue, los que son de los más influyentes think tanks de Washington sobre América Latina.

Su primer gran éxito editorial fue en 1972, con su ya clásico libro La Intervención Dominicana, en la que revisa críticamente la política exterior de Estados Unidos durante la década del 60', en especial la invasión de 1965. Lowenthal enfatiza que las decisiones de Washington fueron determinadas por premisas y analogías falsas, basadas en el caso cubano. En un ensayo publicado en 2015 en El País, Lowenthal hace una evaluación retrospectiva de la intervención de 1965, enfatizando sus costos, tanto para la República Dominicana, como para la izquierda latinoamericana y la relación de la región con Estados Unidos.

Para entender su perspectiva, también es importante conocer su última aventura intelectual, la que -junto a Sergio Bitar- lo llevó a publicar Transiciones democráticas: Enseñanzas de líderes políticos en 2016, en la que recoge las experiencias de diversos líderes, como Frederik de Klerk y Thabo Mbeki de Sudáfrica, Felipe González de España o Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, en Chile. Muchas de sus ideas parecen provenir de esta experiencia.

Con esa batería, Lowenthal va a contracorriente de las opiniones canónicas de los intelectuales que observan el proceso venezolano como si fueran hinchas en un partido de fútbol, De tal modo, este profesor -fuerte detractor del régimen que hoy detenta el poder y sostiene a Nicolás Maduro- aboga por una transición negociada, en que ambos bandos se reconozcan y pacten una forma particular de llegar a una elección libre, sin plazos predeterminados, pero en un horizonte cercano. Es decir, renunciando ambas partes a la retórica de la suma cero.

En lo concreto, Lowenthal piensa que si bien es correcto seguir el camino del reconocimiento internacional de Juan Guaidó y la mantención de la presión internacional hacia Maduro para establecer un gobierno interino y realizar elecciones libres, se debe evitar un quiebre evidente entre las fuerzas armadas y el gobierno de Maduro. Esto, porque lo que vive Venezuela es inestable y riesgoso, con muchas posibilidades de error y de deterioro de la ya trágica situación.

Sin embargo, no se muestra muy optimista respecto de la posibilidad de un diálogo que abra una transición pactada, y en esta entrevista ahonda en por qué.

¿Cuáles son el mejor y el peor escenario esperable para lo que está pasando hoy en Venezuela?

Se puede estar pensando todo el día en cuál es el peor escenario. Hay varios que son malos o pésimos, y unos pueden ser peores que otros. Por eso prefiero partir por el mejor escenario. Y a mi modo de ver, este sería un proceso de transición negociada entre líderes de la oposición política venezolana y de la sociedad civil, por un lado, y representantes del gobierno de Nicolás Maduro por el otro. Esto, bajo la condición de que uno de los objetivos indiscutibles de la negociación sea lograr un acuerdo para establecer nuevas elecciones presidenciales, con apego a las reglas del juego democrático, limpio y transparente, y con la participación de observadores internacionales como nacionales en el proceso.

¿En qué plazo es razonable un llamado a elecciones que cumpla con esas condiciones y garantías?

Hay quienes creen, especialmente en la Unión Europea, que hay que tener elecciones rápidas para cambiar el sistema. Yo no pondría el énfasis ahí, sino en llegar a un acuerdo que pueda ser conducido y que cuente con participación internacional, proceso que no necesariamente puede ser inmediato.

Puede ser con un proceso de gobierno interino, pero negociado y con importante participación de la oposición y del gobierno de Maduro. Según entiendo, en caso de no haber presidente, la constitución venezolana obliga a realizar elecciones rápidas. Pero, como es una situación poco usual, imagino que es posible acordar elecciones en un tiempo más extendido para tener un gobierno de transición que comience a resolver varios problemas que deben ser corregidos antes de un cambio de régimen, de modo que sea todo más o menos pacífico, evitando una guerra civil.

¿Es posible pensar en un tercer presidente que no necesariamente sea Juan Guaidó ni Nicolás Maduro para liderar este proceso? ¿Puede ser alguna persona del régimen de Chávez que dé garantías a la oposición?

Sí. Lo importante en una transición negociada es que no sea alguna entidad extranjera o una instancia unilateral la que decida quién va a ser el presidente del país. Por el contrario, esto debe ser el resultado de negociaciones entre venezolanos. ¿Qué me dice mi olfato sobre quién podría ser? La verdad es que no tengo idea. Pero, es casi seguro no debe ser alguien que tenga un puesto en el actual gobierno de Maduro, como tampoco quien actualmente se autoproclamó presidente hace algunos días. Pero, eso depende de las negociaciones precisamente. En esas instancias se puede llegar a acuerdos interinos, más o menos extensos en el tiempo, que protejan los intereses legítimos de algunos de los actores más importantes en el actual gobierno.

Dado el libro que escribimos Sergio Bitar y yo, en el que estudiamos varias transiciones desde gobiernos autoritarios en nueve países, entrevistando a 13 líderes de América Latina, África, Europa y Asia, pienso en la importancia de llegar a acuerdos basados en concesiones difíciles. Por ejemplo, la oposición en Chile aceptó que Augusto Pinochet quedara como jefe del Ejército y senador vitalicio.

En Polonia, Solidaridad ganó mucho apoyo popular y hubo negociaciones en la Mesa Redonda, en la que llegaron a un acuerdo para tener unas elecciones con procedimientos complicados, que llevaron a un gobierno de Solidaridad que entonces ofreció al Partido Comunista polaco quedarse con el Ministerio de las Fuerzas Amadas, permitiendo que estas jugaran un relevante papel estabilizador de la transición.

Entonces, cosas así pueden salir en sesiones de negociación. Y no creo que sea recomendable proponer formulas específicas enfocadas en resultados de negociación, sino, subrayar que es el tipo de proceso el que hace más viable resolver el problema para el futuro. Así, es contraproducente que en un momento dado algún grupo de actores nacionales o un grupo de actores internacionales definan "así va a ser Venezuela". Esto, porque no tiene legitimidad ni fuerza política, me parece.

¿Ve algún ánimo en el régimen de Maduro de sentarse a negociar o solamente están comprando tiempo?

Es muy difícil saberlo desde aquí, en California. Y quizás tampoco sea fácil saberlo allá. Pero la lógica indica que dentro del gobierno, en las fuerzas armadas y en el chavismo debe haber ya bastantes quienes entienden que su proyecto no está funcionando y que no tiene un futuro auspicioso. Todas las condiciones están empeorando y su posición para protegerse ellos y sus valores e ideales, por lo que deben estar entendiendo que una negociación va a ser mejor ahora que después.

Seguramente hay en las fuerzas armadas una fuerte resistencia a ponerse en la situación de matar mucha gente, tratando de proteger al gobierno del pueblo movilizado en la calle. Esto se ha podido manejar durante estos años, con costos de varias vidas, pero, si la movilización del pueblo crece sustantivamente entonces las condiciones para manejarlo sin mucha violencia son mucho más difíciles. Y para cualquier fuerza armada eso es algo que se quiere evitar, porque daña a la larga a la propia institución al poner al ejército contra el pueblo.

Y la verdad es que según la información disponible ya no hay mucho apoyo popular para el gobierno de Maduro. Aunque, tampoco hay mucho apoyo para cualquiera de los partidos de oposición. Pero sí que hay apoyo para salir de esta situación.

Están en un callejón sin salida, entonces es mejor buscar la manera de salir de manera pactada, siempre que se abra un proceso más sutil en el que se resguarden sus propias vidas, y que no hay un proceso de revancha.

En suma, lo mejor sería armar un proceso con el objetivo establecido por ambos lados de buscar un cambio de salida de la situación actual. Creo que la presión internacional, dirigida a este fin, podría ser lo adecuado. Pero no es la más probable de las salidas, sino, la mejor de las salidas.

¿Vladimir Padrino, el ministro militar más influyente del régimen, es alguien quien podría eventualmente liderar el proceso por el lado del chavismo?

Posiblemente es así. Padrino es alguien que ha tenido una carrera militar muy destacada, antes y durante el chavismo, y ha tenido mucha influencia en las fuerzas armadas. Se ha portado muy leal al chavismo durante muchos años. Entonces, debe tener prestigio dentro del sector chavista, y también mucho apoyo profesional al interior de las fuerzas armadas. Pero, no podría decirlo a ciencia cierta, pues es muy difícil contemplar eso desde esta distancia.

¿Y Juan Guaidó por el lado de la oposición?

La verdad es que sé muy poco de él. Llegó a mi conocimiento hace pocos días, y creo que es la situación general entre quienes en el exterior seguimos la política en Venezuela. Es alguien que no tenía tanto perfil internacional. Entonces ¿cómo es que él llegó a esta situación? No sé qué papel jugaron los actores internacionales. Obviamente hubo un proceso de consulta con los gobiernos del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos, el de Canadá. Eso se estima en base a la rapidez con que varios países reaccionaron a la proclamación del presidente encargado.

Y aunque no se lo suficiente de él, sí he visto sus pronunciamientos públicos, y tiene su nivel de fuerza, su temperamento y una forma de presentarse que es interesante. Viene una nueva cara, y en su primera semana le ha ido bastante bien, dado su reconocimiento tanto nacional como internacional, y eso obviamente lo hace un actor importante.

Sin embargo, uno de los problemas de Venezuela ha sido que la gente de los distintos grupos de oposición han estado luchando entre sí y no han tenido mucho éxito en unificarse.

Y bueno ¿cuáles son los peores escenarios? ¿hay posibilidades de guerra civil, una dictadura más dura o una intervención militar de EE.UU?

Existen varios escenarios pésimos. No sé cuál es el peor. Pero, yo creo que, en general, eso son procesos más violentos, con muchas muertes y caos, y es peor si involucra una participación militar internacional que no termina con la cosa en 24 horas, sino, que contribuye a un proceso largo de lucha y con más represión.

Hay tensiones internas que pueden llevar a un contexto para una intervención internacional, pero yo creo que eso aumenta los riesgos de que una situación malísima empeore aún más, tanto en términos económicos como en términos de seguridad y de legitimidad.

¿Qué le dice su olfato? ¿qué es más probable, un buen escenario o uno malo?

Los riesgos de que la situación empeore son bastante altos. En parte por eso es que pienso que un proceso de transición negociada, en que los intereses de las fuerzas armadas como institución sean protegidas, hace menos riesgoso todo para los venezolanos, que un proceso de intentar derrocar al gobierno de Maduro por la movilización popular o por la sublevación de algunos militares que no tienen el control de las fuerzas armadas o la invasión internacional.

Una de las dificultades es que ni el gobierno de Maduro ni la oposición política han mostrado mucha capacidad de abrir un proceso de negociación. Hasta ahora los llamados al diálogo, no han sido negociaciones. Han sido solamente una oportunidad para cada lado de mostrar y declarar su posición.

Yo no soy de ninguna manera simpatizante de Maduro, pero ha habido en la oposición un decir que el gobierno no quiere negociar sino ganar tiempo. Y no puedo contradecir esto, pero, sí puedo decir que tampoco la oposición ha buscado realmente una negociación seria. La primera vez que comenzó a hablarse del diálogo, la oposición insistió en que se televisara, lo que hace completamente obvio que no buscaban negociar. Eso indica que no entendían lo que es una negociación, pues esta debe ser privada y secreta, buscando espacios para establecer confianzas e intercambiar ideas.

Esto requiere de una madurez y habilidades políticas por parte de la alta jerarquía militar, la oposición democrática y la comunidad internacional. Pero, ninguna de esas condiciones deseables están aseguradas, pero deben perseguirse todo lo posible.

Las transiciones que tienen éxito cuentan con líderes con mucho talento político. Aylwin en Chile, De Klerk y Nelson Mandela en Sudáfrica, Felipe González en España. Todas gentes que entendían cómo hacer política.

¿Cómo juega Estados Unidos en este escenario?

En los casos mencionados siempre el sector internacional jugó un papel importante y generalmente positivo. Y ahora, hay un papel activo de los gobiernos estadounidense, brasileño y los del Grupo de Lima, con la excepción de México. Pero, no tengo mucha confianza respecto de la capacidad de un manejo diplomático sutil y profesional por parte de Donald Trump, tal vez el menos capacitado para manejar la situación sutil y pacientemente, en comparación con cualquier otro gobierno de Estados Unidos que haya visto en mi vida.

Entonces, eso me tiene preocupado. Puede que en el gobierno de Trump sepan cómo aumentar la presión y lo están mostrando, saben hacerlo. Pero, al final tienen que buscar que esta presión pueda expresarse en una salida positiva. Hay diplomáticos estadounidenses que han mostrado esta capacidad, pero muchos ya salieron del gobierno, pues el Departamento de Estado ha sido debilitado increíblemente por Trump.

30/01/2019

Interferencia

https://interferencia.cl/articulos/lowenthal-derrocar-maduro-es-mas-peli...

Guaidó ha designado un equipo con la finalidad de tomar control de los negocios de PDVSA en el exterior. Dicho equipo ya ha tomado control de Citgo y está actuando para defender los intereses de PDVSA y Venezuela en el exterior, recomendándole al presidente Guaidó las decisiones más convenientes en este sentido, como el pago del bono Venezuela 2020, que recientemente se llevó a cabo. El equipo también ha contactado a las empresas que producen petróleo en Venezuela dándole las garantías necesarias, para que reactiven la producción en el menor tiempo posible, una vez que el usurpador abandone Miraflores. También se está trabajando en el desarrollo de una propuesta para la renegociación y reestructuración de la deuda externa. Todo ello constituye un paso importante hacia la recuperación económica, por la importancia de la industria petrolera en la economía venezolana.

Según el economista Orlando Ochoa el plan de recuperación económica, a acometer por un gobierno de transición, debe enfatizar la recuperación petrolera ya que éste es el sector clave del país que aporta el 95% de las divisas y es la principal fuente de ingresos fiscales. A su juicio el sector petrolero aportará las divisas necesarias, mientras que el sector privado logre su recuperación y vuelva a exportar y suplir a Venezuela en las diversas áreas.

En este contexto las acciones del presidente Guaidó parecen orientarse en forma prioritaria en la línea apuntada por Ochoa, dando inicio a la recuperación del negocio petrolero y marcha atrás a la desastrosa gestión de Chávez y Maduro. Gestión que ha provocado el colapso de la producción de petróleo y sus derivados, que se refleja en la crisis económica que padecemos y en las largas colas que tenemos que hacer para abastecernos de gasolina.

Una de las primeras decisiones del presidente Guaido fue nombrar un equipo que asumiera esta tarea, el cual está siendo dirigido por Alejandro Grisanti, economista especialista en finanzas y Director de la empresa consultora Ecoanalítica. A Grisanti lo acompañan ocho expertos petroleros. El equipo ha orientado sus acciones en varias direcciones, todas dirigidas a tomar el control de las propiedades de PDVSA en el exterior. Esto está basado en el reconocimiento que hacen, cerca de 50 países, a Guaidó como el presidente de Venezuela y el representante legítimo de nuestro país.

Por un lado han tomado el control de CITGO y nombrado su directiva. CITGO es la joya de la corona de las propiedades de PDVSA en el exterior. CITGO según, el portal de negocios Bloomberg, tiene tres refinerías en Texas, Louisiana e Illinois, las cuales representan el 4 por ciento de la capacidad de producción de gasolina y diesel de los Estados Unidos. La gasolina y el diesel que producen se venden en más de 5.000 estaciones de gasolina distribuidas a lo largo de la parte oriental de los Estados Unidos.

Una segunda línea en la toma de decisiones, del equipo designado por Guaidó, se ha orientado al tema de la deuda externa y atender los reclamos contra PDVSA por las expropiaciones llevadas a cabo por el prócer de Sabaneta y su heredero. Existen reclamos en los tribunales de los Estados Unidos, que de ser exitosos pueden llevar a la pérdida de CITGO. En declaraciones al diario El País Grisanti señaló que sugirió al Presidente Guaidó el pago de los intereses del bono Venezuela 2020, el cual tenía como garantía a CITGO. Por otro lado los pagos a PDVSA por parte de empresas norteamericanas se están depositando en cuentas de la petrolera estatal en Estados Unidos. Grisanti señaló que están inventariando las cuentas y los depósitos a fin de tomar control de las mismas.

Grisanti, en las declaraciones ya citadas, señaló que se han establecido contactos informales con las empresas petroleras extranjeras que operan en Venezuela bajo el esquema de asociación con PDVSA. Las empresas les han informado que podrían desde un comienzo aumentar la producción. Se les ha informado que el gobierno de Guaidó está dispuesto a respetar sus derechos de propiedad y buscar soluciones para reactivar la producción. Según el economista la recuperación de la industria petrolera será rápida y no llevará más de tres años restaurarla a los niveles previos al gobierno de Maduro.

Uno de los temas más escabrosos que enfrentará el futuro gobierno de transición es el de la deuda externa, la cual es monumental y desordenada. Según Grisanti es necesario una auditoría previa que determine la legitimidad y el verdadero valor de la deuda. Un gobierno de transición debe ir hacia un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. A fin de comenzar a trabajar en una propuesta en este sentido se ha contratado a una empresa con experiencia en el tema.

El camino a recorrer por el equipo de Guaidó es escabroso e incierto, por las múltiples demandas y reclamos que se están dando en los tribunales estadounidenses contra las propiedades de PDVSA, como consecuencia de las arbitrariedades cometidas por el chavismo en el poder. Sin embargo, revela un esfuerzo llevado a cabo por un equipo competente, que de ser exitoso representaría un paso importante en la senda de la recuperación del negocio petrolero y de la recuperación económica, por la importancia de este sector en la economía venezolana.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

Hace 20 años, en 1999, Hugo Chávez presentó a la Asamblea Nacional Constituyente entre varios Decreto, uno que calificaba la emergencia legislativa y a través del cual, en la práctica, logró suspender las funciones del Congreso de la República, entonces bicameral.

Para el Dr. Allan Brewer Carías, para ese momento constituyentista, aquella decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, violentó las bases comiciales y los propios tratados vigentes; pero pudo más la fuerza del populismo que el peso del argumento jurídico y aquel agosto de 1999 la sociedad venezolana experimentó el cierre técnico del Congreso de la República.

Recordemos que en agosto de 1999 la Asamblea Constituyente mediante Decretos de emergencia asumió el control político de todos los Poderes Públicos del Estado Venezolano; precisamente, el Congreso de la República se resistió y entonces, aquella constituyente llegó a dictar otro Decreto, mediante el cual asumía todas las funciones del Congreso de la República, cuando éste, en el marco de sus funciones reguladas, se negare, retardare o intentare incumplir con su tarea bajo el mandato de la constituyente.

Aquel Congreso no pudo sesionar nuevamente, sino hasta finales de 1999 cuando ya había una propuesta de reforma constitucional en proceso de discusión en la calle; pero tampoco, logró a través de sus diputados y senadores, convocar a sus electores en defensa del Poder Legislativo y de la voluntad expresada por el voto de los electores a la hora de elegir a los diputados y senadores de aquel Congreso.

En consecuencia, aquella Asamblea Nacional Constituyente, logró cerrar técnicamente al Congreso, impidiendo el ejercicio de sus funciones, sin llegar a disolverlo formalmente, pero sí anulándolo como actor político.

En ese momento, el chavismo reconocía el valor político que podía tener el Parlamento, y a través de Aristóbulo Istúriz, advertía que el Congreso como foro político podía convertirse en una “trinchera” para enfrentar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, y en consecuencia, los medios de comunicación registraron a Istúriz diciendo que eso no podía permitirse.

Pues 20 años después, el Parlamento venezolano, ahora unicameral, ha demostrado ser una verdadera “trinchera” para la defensa irrenunciable de la vigencia del orden constitucional y democrático de Venezuela.

Desde que en el 2015 el chavismo perdió por primera vez el control de la Asamblea Nacional, el régimen que siempre ha despreciado la democracia, ha utilizado, o debemos decir, ha manipulado todos los mecanismos legales posibles para intentar someter a la Asamblea Nacional, ignorando el principio de separación de poderes y por supuesto, la voluntad legítima de los electores.

En ese intento sistemático, la Asamblea Nacional se ha resistido a lo largo de estos años, a someterse a la voluntad política de una supuesta constituyente, como en su momento expresamente lo hicieron los otros poderes públicos del Estado.

No estamos en 1999, y como prueba de ello, es que la supuesta constituyente no ha podido utilizar la misma formula de 1999 para anular las funciones de esta Asamblea Nacional, y tampoco pudo el Tribunal Supremo de Justicia, cuando intentó arrebatarle sus funciones.

No hay que perder de vista que en febrero 2019[1], Nicolás Maduro llamó a la supuesta constituyente a movilizar a sus seguidores en cabildos abiertos -calificados de bolivarianos, como era de esperarse- y cuya finalidad era consultar la decisión de adelantar las elecciones parlamentarias; propuesta que nuevamente hace pública en mayo 2019.

Es importante reiterar que no estamos en 1999, en consecuencia, el régimen usurpador, no tiene la capacidad financiera y menos aún, el respaldo de la mayoría chavista, para derrochar propaganda mediática capaz de crear una percepción sobre su capacidad para movilizar seguidores, como ocurría en el pasado, en ocasión de conformar consejos comunales, comunas, e incluso cuando se trataba de las actividades de la escuela de formación del poder popular.

Por otro lado, hay que recordar una y otra vez que a diferencia de 1999, esta constituyente de 2019, carece de fuerza política y jurídica, pues desde su elección, ha estado fuera del marco constitucional y democrático. Y ahora que se ha autoextendido su vigencia de manera unilateral, menos creíble resulta su propia existencia, principalmente para la mayoría de los seguidores del chavismo.

Entonces, ¿puede una supuesta constituyente adelantar unas elecciones parlamentarias, como aspiraba en febrero 2019 el usurpador Nicolás Maduro?.

La respuesta categórica es NO y en ese sentido, el diputado Juan Miguel Matheus[2] ha expresado 3 razones por las cuales no es viable esa aspiración del usurpador Maduro, a saber: 1.- El período legislativo para el cual fueron electos vence el 4 de enero 2021; 2.- No se ha dado el único supuesto constitucional para la disolución del Parlamento; 3.- No existe un presidente legítimo con autoridad para proceder a la disolución.

Nuevamente, 20 años después, el argumento jurídico se enfrenta a la razón política, pero ahora, en el 2019 hay un ingrediente adicional que marca una diferencia cualitativa significativa frente a los hechos de 1999, que no puede ser subestimado y menos aún ignorado, esa diferencia está representada en la fuerza, coraje y determinación de la sociedad civil venezolana de restaurar el orden constitucional y democrático en Venezuela.

La indiferencia de la sociedad civil en 1999, que sin duda alguna facilitó el cierre técnico del Congreso de la República, quedó atrás, hoy no existe. En consecuencia, los artículos 333 y el 350, vuelven a convertirse en dos razones constitucionales y legítimas para que la sociedad civil, con coraje y valentía, determinación y compromiso, conserven la expresión de la soberanía a través de una nueva jornada de cabildo abierto a los fines de respaldar y acompañar a la Asamblea Nacional en la resistencia al régimen usurpador.

El objetivo de estas nuevas jornadas de cabildo abierto, debería ser, además de movilizar, expresar el respaldo al valor político de la Asamblea Nacional, apoyar a los diputados democráticos y reiterar la vigencia del artículo 350 si el régimen usurpador intenta adelantar las elecciones de manera fraudulenta.

Pero además resulta una oportunidad para enviar un nuevo mensaje a la Fuerza Armada Nacional para que asuma el respeto a la Constitución y contribuyan con el cese de la usurpación; demostrándoles, a través del mensaje nuestra capacidad organizarnos y de conservar los históricos cabildos abiertos como espacios al servicio de la restauración de la democracia y del orden constitucional.

¿En riesgo la Asamblea Nacional?, depende de nosotros como sociedad civil, respaldarla es un deber de quienes están en Venezuela y de aquellos que son parte de la diáspora venezolana.

Artículo escrito para El Pitazo. Publicado 25 de mayo 2019.

Con voz propia

“Una radiografía de Venezuela nos avergüenza ante el mundo”, según informe de EEUU sobre derechos humanos producido en 1997. Se había “progresado” porque antes, en manejo de la deuda externa éramos tomados como el país más tonto. Para corolario se denunciaba incursión del narco régimen.

De estos calificativos hablaba el 01/03/1988 un ministro de la Democracia, con pasantías por subversión y la llamada revolución socialista. Citamos al Manuel Quijada de Las Grandes Entrevistas que realizaba en revista Elite el joven de (entonces) abundante cabellera y bigotudo: Vladimir Villegas.

Era Presidente de la República Jaime Lusinchi (1984-1989), el único médico que ejerció el cargo después de José María Vargas.

En su mando la alta deuda externa era cuantificada en más de $ 30 mil millones. “Venezuela pagara todo lo que debe, hasta el último centavo”, prometió.

Ahora el destacado economista Ricardo Hausmann, designado por el Presidente interino Juan Guaidó representante ante Banco Interamericano de Desarrollo, evalúa la generada crisis humana sin antecedentes.

“Venezuela tiene una deuda gigantesca. Se deben 160 mil millones de dólares. Tenemos más de 40 litigios porque el gobierno usurpador no pagó. El país está en una crisis económica grave. Debemos empezar a exportar petróleo de buena manera para recuperarlo y garantizar el agua, la luz eléctrica y otras necesidades básicas para vivir. Venezuela es un país súper quebrado y se debe recuperar”.

Informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reveló que 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria, 1,9 millones requieren asistencia nutricional, entre ellas 1,3 millones de niños menores de cinco años.

Las enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión y la malaria han resurgido, con 2,8 millones de personas en necesidad de asistencia médica, incluidos 1,1 millones de niños.

OEA y ONU catalogan la emigración más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental.

En general del país se van 5.000 personas al día. Y ONU espera que esa cifra aumente a más de 5 millones para finales de 2019.

Venezuela está en una de las depresiones más profundas de la historia. Azote de la hiperinflación disparado Índice de Miseria (suma de desempleo e inflación) en 2018. El índice de pobreza de ingresos se ha incrementado dramáticamente en los últimos cinco años.

China y Rusia son influyentes en la diáspora. China es esencialmente económico; tiene deudas que quiere que le paguen. En contraste, Rusia no. Puede estar en un juego geopolítico, muy atractivo para Putin.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) promovidos por el régimen, están sujetos a controversias por denuncias de corrupción, de uso político, retrasos y aumentos de precios. El jefe de control de los CLAP Freddy Bernal, afirmó que «es normal» que exista desviación «debido a la guerra económica».

Luisa Ortega Díaz indicó tener investigaciones en las que aparece que Maduro es dueño de empresa en México contratada para distribuir CLAP.

Agréguese denuncia del Mayor General Hugo Carvajal quien afirma que CNE con el “concurso” del tcnel Carlos Quintero Cuevas cometió el fraude de 2018. “Guaidó y AN deben tomar acciones contra involucrados, todos merecen cárcel”.

Se plantea aumentar precio de gasolina que puede conllevar al cambio político. En 1989 tal ajuste produjo el Caracazo, que dejó 300 muertes.

Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró 17.547 a nivel nacional, cuya represión causó 63 asesinatos. El narco régimen para distraer incapacidad, trata al país tonto referido al inicio. Desafía la rebelión pautada en Carta Magna (Art. 350)

Al MARGEN. A Isaías Rodríguez su amigo usurpador de quien hizo suya la causa, le revertió el poder plenipotenciario que le había otorgado, le sacó a patadas y lo mandó…a “seguir su camino” con el calificativo de cobarde, traidor. Qué pena.

jordanalberto18@yahoo.com