En Venezuela no solo está vigente un estado de excepción por conmoción exterior, sino también otro por emergencia económica, que se inició el 9 de abril de 2025 y debería mantenerse en vigor máximo hasta el próximo 6 de febrero de 2026.

En el marco de la semana en la que se conmemoran el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos (9 de diciembre) y el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), resulta especialmente pertinente recordare la situación de los abogados en las Américas, entre los cuales destacan defensores de derechos humanos detenidos en Venezuela.

Infografía de la senda legal que acompaño a la realidad económica venezolana durante el 2025.

El anuncio realizado el 29 de septiembre de 2025 por la vicepresidenta ejecutiva de que el primer mandatario nacional había firmado un decreto de estado de conmoción exterior que «sería activado» en caso de una agresión militar, abrió un debate inmediato sobre su existencia real y sus implicaciones jurídicas.

El Ejecutivo nacional anunció recientemente la designación de «padrinos y madrinas» por estado, una figura no prevista en el ordenamiento jurídico venezolano.

Este hecho no solo revela una vez más la ausencia de transparencia y publicidad de los actos del poder público en Venezuela, sino que también socava la seguridad jurídica y el principio de legalidad que debe regir en todo acto estatal. La falta de acceso oportuno a la publicación oficial impide a la ciudadanía conocer y ejercer control sobre decisiones que afectan directamente su vida cotidiana.

La reciente decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) marca un hito en la larga controversia en torno al papel del fiscal Karim Khan en el caso Venezuela I.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha tenido un papel importante en la manera en que el Estado venezolano se ha relacionado con los sindicatos. Aunque la Constitución de 1999 reconoció en su artículo 95 la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a organizarse de forma autónoma, las decisiones del máximo juzgado han incidido en el alcance de esa autonomía y han consolidado un marco de mayor supervisión estatal.

La autonomía de las cajas de ahorro, particularmente las constituidas por empleados públicos, enfrenta serias amenazas. Lo que en principio deberían ser asociaciones civiles sin fines de lucro, destinadas a fomentar el ahorro y otorgar beneficios a sus trabajadores afiliados, se han convertido en objeto de un férreo control administrativo y judicial.