El 17 de diciembre de 2010 un buhonero que vendía frutas en las calles de Túnez, de nombre Mohamed Bouazizi, fue despojado de su mercancía, en la que tenía invertido todo su capital y de la que dependía para llevar el alimento a su familia. Mohamed Bouazizi, tras varios intentos desesperados primero por negociar, y luego de ruego a la policía, se inmoló, prendiéndose fuego frente a la comisaría. La noticia corrió de inmediato por las redes sociales y, durante su agonía, miles de tunecinos, que se identificaban con la desesperación y el hambre que llevó a Mohamed a atentar contra su propia vida al privársele de su único medio de subsistencia, comenzaron a salir a las calles para protestar contra el régimen por las condiciones del país. Mohamed Bouazizi falleció el 4 de enero de 2011. Diez días después, el presidente Ben Ali renunció dando paso a una transición democrática después de 23 años liderando un régimen autoritario.

Las protestas y la caída del régimen tunecino un mes después generaron un efecto dominó en el resto de los países árabes que produjo, como resultado, un estallido sin precedentes de protestas que exijan reformas en Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. Durante este proceso cayeron líderes autoritarios que ostentaban el poder desde hacía mucho tiempo, como Hosni Mubarak en Egipto, derrocado por sus propias fuerzas armadas el 11 de febrero tras semanas de una cruenta represión. Gadafi, en Libia, quien ordenó al uso de su propia fuerza aérea para reprimir a los manifestantes, lo que hizo que la OTAN decidiera liderar una coalición que expulsó a Gadafi de Trípoli, la capital, para ser luego encontrado huyendo y ejecutado, dando fin a la guerra. En Yemen, el país más pobre del mundo árabe, las protestas contra Ali Abdullah Saleh duraron más de un año, hasta que en febrero de 2012 fue expulsado del poder. En Siria, por el contrario, se produjo otra guerra civil que ha cobrado la vida de más de 250.000 personas y ha desplazado a 11 millones de sus casas.

Pero mientras la llamada Primavera Árabe produjo un solo caso que podríamos calificar como exitoso, aunque aun no consolidado, de democratización, existen otro muchos casos de transiciones exitosas como los de Portugal (1974), Brasil (1985), Chile (1989); Ghana (2000), Indonesia (2004), México (2000), Filipinas (1986), Polonia (1989), Sudáfrica (1994) y España (1977), entre otros.

En las entrevistas realizadas por Bitar y Lowenthal para su obra Transiciones Democráticas (2016), todos los líderes de estos procesos coinciden en que los regímenes autoritarios no toleran ningún cambio en el poder hasta que comienzan a aflorar las diferencias dentro del mismo bloque de poder cuando un sector importante percibe que la pérdida sustancial de apoyo público puede llevarles a consecuencias nefastas o incontrolables, que superan los beneficios de tratar de mantener el poder por la fuerza.

Es aquí en donde la protesta juega su rol principal. Es la protesta, ante la falta de canales institucionales democráticos para expresar la magnitud del rechazo político y dirimir el conflicto, el mecanismo alternativo para evidenciar el rechazo político y convertirlo en presión sobre el aparato gubernamental. Pero para evidenciar la magnitud del rechazo y aumentar las posibilidades de éxito de manera significativa, es necesario sostener una protesta masiva con niveles de participación que alcancen entre tres y cinco por ciento de la población nacional, según el estudio sobre cien años de protesta realizado por Chenoweth y Stephan (2011).

Para lograr estos niveles de masificación es condición sine que non controlar los niveles de violencia. La sustentabilidad y masificación de la protesta es inversamente proporcional a sus niveles de violencia, y esto es algo que el actual régimen conoce muy bien.

La estrategia del régimen para contener la protesta ha sido la de incitar a la violencia mediante el uso de los colectivos armados y la infiltración de personas en las protestas de la oposición a los fines de generar violencia y caos para así justificar la represión de las marchas. De esta forma, en la medida que la violencia se incrementa, aumentará la represión como consecuencia de ello, y la protesta irá menguando al aumentar las barreras físicas, psicológicas y morales a la participación, hasta que solo se atrevan a protestar los grupos más radicalizados y violentos, los cuales, en sentido opuesto a lo que muchos creen, son los más fáciles de reprimir a un menor costo político y de imagen para el gobierno, así como para militares y policías, ya que la violencia será la justificación para la represión.

En tal sentido, el éxito de las actuales protestas dependerá, en buena medida, de la capacidad y habilidad que se tenga para reducir de manera inmediata la escalada de violencia que hemos visto durante los últimos días. Y aunque es cierto que tal violencia viene provocada desde el lado oficialista mediante el uso de colectivos armados, infiltrados y niveles de represión injustificables, los convocantes a la protesta tienen la responsabilidad de liderarla y hacer un uso inteligente de la buena disposición de la gente a darlo todo por el país, haciendo uso de la movilización, como el arma más poderosa que hasta ahora tienen los demócratas, de manera racional, eficiente y con una orientación estratégica claramente definida. Si no se reorienta de manera inmediata la protesta, se corre el riesgo de un nuevo fracaso.

Es por ello que decimos que es necesario escoger entre violencia y resultados. Reorientar la protesta para aumentar sus niveles de incidencia política implica atender de manera prioritaria a dos factores clave: sustentabilidad y masificación, y ambos dependen básicamente de reducir las barreras y costos de participación, lo que a su vez depende de mantener bajos niveles de violencia en el desarrollo de las protestas. Para ello existen algunas previsiones básicas que los lideres de este movimiento democrático deben implementar de manera inmediata:

Primero, repensar la frecuencia de la protesta. No es cierto que la eficiencia de la protesta va vinculada a su frecuencia. La idea de que la frecuencia genera el desgaste del gobierno y de los cuerpos represivos, si bien puede ser cierto, opera en ambos sentidos, y también genera un enrome desgaste físico y emocional del lado de la oposición, lo cual dificulta la sustentabilidad de altos niveles de participación y el control de la violencia. Lo más importante para un movimiento democrático no es que la gente proteste todos los días de manera anárquica, sino que la gente responda de manera inequívoca y masiva cada vez que se le convoca, lo cual no es posible si se le convoca todos los días.

Segundo, es necesario considerar la seguridad de la gente. En tal sentido, el volumen de la concentración es la mayor garantía de seguridad para los protestantes. Por tal motivo deben evitarse las concentraciones pequeñas en múltiples puntos con la idea errada de que la desconcentración dificulta la represión. A mayor cantidad de puntos de protesta o concentración mayor es la posibilidad de que la protesta se anarquice, como sucedió con “El Trancazo”. Al contrario de lo que algunos alegan, grupos pequeños de personas reunidas en un punto para protestar o incorporarse a una marcha son presa fácil de grupos armados que pueden disolver la concentración con mucha facilidad y bajo riesgo para ellos mismos. En sentido opuesto, si la idea es iniciar marchas desde diferentes puntos de una ciudad, las marchas deben iniciarse en muy pocos puntos de concentración, de fácil acceso y que atraigan a mucha gente que se mantenga unida y motive, por su volumen, a que otras personas se incorporen a su paso para terminar concentrándose en un solo punto.

Tercero, es fundamental execrar a los grupos violentos de las manifestaciones democráticas, comenzando por los infiltrados, por lo general fácilmente reconocibles. Asimismo, es necesaria una reordenación de la vanguardia de las marchas, que debe ser ocupada por el liderazgo político asumiendo una actitud ejemplar y de modelaje para el resto de los participantes. Si bien es cierto que las personas que ocupan la vanguardia de las marchas son admiradas por muchos por su valor y coraje, lo cual nadie puede poner en duda, su falta de entrenamiento en procesos de resistencia no-violenta les hace cometer errores fundamentales. Es la vanguardia de la marcha, justamente, la que termina marcando la pauta del comportamiento del resto de la gente, y de ellos depende, principalmente, la actuación del resto de los participantes. Si confrontar exige valor, mucho más valor exige el resistir sin confrontar, y es justamente este tipo de respuesta asimétrica la que hace la represión injustificable y eleva al máximo los costos para el gobierno y para órganos represores como la policía y las fuerzas armadas. Es justamente la conducta de resistencia no violenta la que le generará al régimen y a las fuerzas armadas los mayores problemas para reprimir y la que hará que los que están en la primera fila, de ambos lados, puedan comenzar a mirarse a los ojos y a negociar, muchas veces sin palabras.

Cuarto, el fin de la protestas no puede ser el de ganarle a las fuerzas armadas en su propio terreno, o sea el de la confrontación. La población civil y los sectores democráticos no son ni cuentan con grupos armados, por lo cual el ejercicio de la violencia como respuesta a la represión, coloca a los manifestantes en una batalla asimétrica que solo aplauden los ingenuos y , que lejos de acercarnos al objetivo democrático, nos empuja hacia procesos de radicalización y confrontación muy peligrosos al obligar al sector militar a atrincherarse del mismo lado del régimen, lo cual es el mejor escenario para su sustentación. Las respuestas violentas físicas o simbólicas de parte de los protestantes, solo contribuyen a convertir a fuerzas armadas y pueblo en enemigos sobre el terreno de una batalla convencional cuyos resultados, como en el caso de Serbia, son fácilmente previsibles y es lo que busca estimular el ala más radical del régimen. De lo que trata la protesta no es de inmolarse de manera absurda en las calles del país tratando de cruzar fronteras simbólicas, como si fuera la conquista imaginaria de un territorio enemigo. No se trata de alimentar la fantasía épica fabricada desde el mismo gobierno del Este invadiendo el Oeste, sino de que el Oeste y el Este se encuentren y de demostrar de qué lado está la voluntad de la mayoría, de poner en la calle, frente al régimen, a toda una nación exigiendo sus derechos más sagrados, y entre ellos el de decidir su propio futuro, de manera inequívoca, y ganarse a quienes pueden tomar las decisiones finales que abran la puerta del cambio político que toda la Nación Venezolana exige. No se trata de ganarle a las fuerzas armadas, sino de ganárselas a nuestra Causa.

Benigno Alarcón Deza
Director
Centro de Estudios Políticos
Universidad Católica Andrés Bello

Carta del Director

Si bien es cierto que las protestas por sí solas rara vez generan un cambio de gobierno, en el caso de Venezuela, al igual que ha sucedido en la mayoría de las transiciones, el cambio político no será posible sin protestas. Es un hecho evidente, aunque algunos parecieran pretender desconocerlo, que las protestas de las últimas semanas han tenido una incidencia significativa en la evolución del escenario político venezolano. Hoy los partidos y movimientos que se oponen al gobierno de Maduro han logrado trasladar la batalla del campo institucional, en donde solo se cuenta con el control del Legislativo, desde hace tiempo neutralizado por el resto de las instituciones estatales bajo el control hegemónico del oficialismo, a las calles del país, con un nivel de respuesta inesperado para muchos, que ha colocado el conflicto en niveles de mayor simetría con el gobierno.

Y esta simetría, que significa un careo de tú a tú entre el gobierno y la oposición, que hoy se enfrentan en condiciones de mayor igualdad, ha tenido su expresión en una serie de consecuencias que pueden considerarse como las ganancias de la protesta. Entre ellas vale la pena destacar:

• El derrumbe de los muros territoriales entre oficialismo y oposición. Hoy las manifestaciones de descontento con el gobierno no se centran en el este de Caracas, ni en las zonas de clase media y alta de las diferentes ciudades del país. Las manifestaciones se han generalizado en todos los espacios geográficos y hoy se encuentran con un objetivo: Producir el cambio.
• La toma de la iniciativa por la oposición. Hoy la ofensiva está en manos de los sectores pro-democráticos, mientras el gobierno se mantiene a la defensiva.
• El afianzamiento de la solidaridad internacional con la causa democrática en Venezuela, lo que tuvo su expresión más significativa en la evolución de la votación en la OEA, que hoy ha logrado sumar diecinueve de sus países miembros a la convocatoria de una reunión de cancilleres que colocará al gobierno venezolano en una situación muy difícil.
• Los medios nacionales e internacionales están más centrados que nunca en el proceso venezolano, con una matriz de opinión favorable a los sectores democráticos, mientras la mayoría de la gente percibe que sin cambio de gobierno no hay futuro y parecieran estar dispuestos a hacer lo que sea por lógralo.
• Se han elevado de manera exponencial los costos de represión, tanto para el gobierno nacional como para la Fuerza Armada y cuerpos policiales.
• La generación de fisuras en el oficialismo entre quienes, por miedo a pagar sus crímenes, parecieran estar dispuestos a lo que sea para no salir del poder, aunque ello implique la fantasía de crear una especie de Alepo tropical, y aquellos, más realistas, que comprenden que la mayoría de la tropa nos les seguiría en semejante aventura y preferirán negociar sus condiciones de salida y tener una transición pacífica, con costos menores para todos y con posibilidades de convivencia, como se logró en los casos de España, Sudáfrica o Brasil, entre muchos otros.

Al dejar atrás el falso dilema entre conflicto y diálogo, o entre protesta y elecciones, y comenzar a comprenderse que las estrategias blandas y duras no son excluyentes sino complementarias, la oposición aparece hoy más coordinada, al asumir cada partido y liderazgo el papel con el que se siente más cómodo y un mínimo de coherencia, que ha permitido la masificación y el sostenimiento de la protesta a los niveles que hemos vivido durante las últimas semanas.

En conclusión, retomamos la calle, y ¿ahora qué?

Los procesos de transición, como hemos dicho muchas veces, dependen principalmente del balance entre costos de represión y costos de tolerancia. En otras palabras, las transiciones políticas se producen cuando los costos de tolerar un cambio político se perciben menores que los costos de usar la represión para mantenerse por la fuerza.

Si bien es cierto que los costos de represión vienen escalando de manera exponencial durante las últimas semanas tanto para el gobierno como para las fuerzas armadas y policiales, la protesta tampoco está libre de costos para la oposición y al momento se han registrado, hasta donde conocemos, unas 29 víctimas fatales, a las que deben sumarse innumerables personas heridas o detenidas.

En base a ello podría discutirse, con argumentos circulares que no nos llevarían a ninguna parte, quién gana y quién pierde la actual batalla, para terminar en la conclusión de que gana quien se mantenga firme por más tiempo, lo cual puede ser cierto, pero con costos inmensos para ambas partes.

La respuesta racional al ¿ahora qué? no debe circunscribirse a someter a la gente a una guerra de resistencia con un final incierto, sino en desarrollar la habilidad para, simultáneamente mientras se continuar elevando los costos de represión, reducir los costos de salida de quienes prefieren soluciones negociadas.

Ello requiere el desarrollo de una estrategia inteligente de parte de la oposición que aproveche el elevamiento de los costos de represión, y las fisuras que ello genera en el bloque de gobierno y la fuerza armada, para reducir los costos de tolerancia a un cambio político de quienes estén más interesados en tener un futuro tras un proceso de transición que en evitarlo por la fuerza.

Para ello es necesario permitir la cooperación, o su salida, a ciertos de actores clave, sin los cuales el sistema es insostenible. Esta, aunque puede resultar justificadamente cuestionable por algunos, es la estrategia que ha hecho la diferencia entre países que han logrado transiciones pacíficas y los que se han sumido en una espiral de violencia muy costosa para la población. Este es el precio que países como España, Sudáfrica, Ghana, Brasil y Túnez pagaron por la democracia, la paz y un mejor futuro para todos.

Director Centro de Estudios Políticos Universidad Católica Andrés Bello

(https://politikaucab.files.wordpress.com/2017/04/editado-carta-del-direc...)

Carta del Director

Cuando nos caemos o algo no sale bien, solo tenemos tres alternativas posibles: paralizarnos y no hacer más nada ante la incertidumbre o el miedo de volver a fracasar, dedicarnos a rumiar nuestro fracaso lamentándonos y culpando a otros por lo que salió mal, o tener la humildad para reconocer los errores y el valor y la sabiduría para rectificar y volver a empezar con renovadas energías y una mejor comprensión de la situación. Esta carta tiene la intención de centrarse en la tercera alternativa, o sea en la de aprender y rectificar, que es la única que sirve de algo.

Los resultados de los procesos de negociación transicional, que es de lo que supuestamente trataba este diálogo, dependen más de lo que sucede o puede suceder fuera de la mesa de negociación que de lo que sucede en ella misma. Esto es lo que en el lenguaje técnico de la negociación se conoce como las alternativas al acuerdo.

Recurramos a un ejemplo para tratar de explicar de una forma más didáctica lo que queremos decir. Si dos países tienen un conflicto por la delimitación de sus fronteras, pero uno de ellos tiene un poder militar mucho mayor que el otro, éste último tendrá menos motivaciones para llegar a un acuerdo porque la alternativa de una guerra le resultaría obviamente más favorable, mientras que el país más débil necesitaría desesperadamente de un acuerdo porque la alternativa de una confrontación implicaría una pérdida aún mayor que la de mantener el estatus actual. En una situación como ésta, en la cual a un país no le interesa llegar a ningún acuerdo y el otro no tiene como una alternativa distinta al acuerdo, que obligue al otro a reconsiderar la conveniencia de cooperar, es fácil predecir que el desenlace sería el statu quo.

Este ejemplo, aplicable por analogía a la mesa de diálogo, hace que sea fácil comprender por qué no resultaba posible alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo que permitieran un cambio en el statu quo político. El gobierno siente que tiene los recursos (control sobre las instituciones y el ejercicio de la represión) para mantener el poder, aun por la fuerza si fuese necesario, mientras que la oposición pareciera no estar dispuesta a ejercer sus alternativas ante la negativa del gobierno a cooperar en la construcción de las condiciones para su propia salida.

A todo evento es necesario y responsable reconocer que todo proceso de transición política pacifica ha tenido como uno de sus componentes principales la negociación, pero ello solo es posible cuando ambas partes reconocen que sus alternativas al diálogo son menos atractivas que alcanzar un acuerdo. Es por ello que mientras el gobierno perciba que no necesita negociar su salida, el diálogo será un ejercicio inútil.

Si la oposición pretende entonces construir alguna viabilidad al diálogo, tendría que comenzar por fortalecer sus propias alternativas en caso de que no se alcance un acuerdo y estar dispuesta a ejercerlas, y no solo a utilizarlas como amenazas. En otras palabras, si la oposición habla de retomar el juicio político en la Asamblea, debe tener muy claro, antes de anunciarlo, en qué consiste y a dónde nos lleva ello, cuál es su desenlace y cómo con ello genera para el gobierno un escenario menos atractivo que un potencial acuerdo. Asimismo, si se habla de retomar la calle la oposición está obligada a tener una estrategia coherente para ello que termine produciendo consecuencias tales para el gobierno que le hagan preferir una solución negociada.

Aunque algunos podrían ver en lo planteado la debilidad de que el cálculo estratégico parte de la supuesta racionalidad de los actores involucrados, está demostrado que la mayoría de los actores, incluso aquellos que parecieran actuar de manera más irracional, responden a un cálculo racional. La limitante real está en que la racionalidad no es absoluta, sino que está limitada, básicamente, por tres factores: los objetivos del sujeto, la información disponible para éste y la interpretación que se hace de la información disponible. Es por estas razones que una estrategia efectiva implica, entre otras cosas, comprender la lógica del otro, ser capaz de colocarse en sus zapatos y adelantarse a su racionalidad.

En este sentido, mientras algunos actores en la oposición hablan insistentemente de una salida pacífica, constitucional, democrática, electoral e institucional, estamos obligados a recordar que tal salida no es posible sin cierto nivel de cooperación por parte de quienes ocupan las instituciones del Estado, tal como ha quedado demostrado con la confiscación del derecho constitucional a revocar y con la postergación de las elecciones regionales que debieron haberse celebrado este año. La mala noticia es que nos encontramos ante un gobierno que no actúa bajo una lógica democrática y cuyos costos de salida del poder son extraordinariamente altos. La buena noticia es que no hay tan solo dos actores y la institucionalidad del Estado no es monolítica, sino que está conformada por una complejidad de actores cuyos cálculos costo-beneficio difieren unos de otros, y por lo tanto también su disposición a cooperar o no, dependiendo de las consecuencias.

El cálculo costo-beneficio para quienes hoy ocupan las instituciones del Estado dependerá de las consecuencias que se derivan de cooperar o no con una salida política. Estas consecuencias, a su vez, dependerán de lo que la oposición esté en capacidad de hacer si no se alcanza un acuerdo que permita una salida con la cooperación de ambas partes. Si la oposición no está en capacidad o no tiene la disposición a cumplir sus amenazas, o el gobierno, según sus cálculos, tiene la capacidad para confrontarlas exitosamente, no tendría ningún incentivo real para cooperar. Si, por el contrario, las consecuencias de no cooperar implican un escenario de mayor riesgo para el gobierno que el de un acuerdo negociado, habría una salida pacífica, constitucional, democrática, electoral e institucional posible.

En otras palabras, esta mesa de diálogo, como dijimos hasta el cansancio en muchas oportunidades anteriores, no ha funcionado porque la misma no estaba diseñada para darle viabilidad a un proceso de transición, sino para evitarlo, y porque los acuerdos en escenarios de conflicto dependen más de lo que se esté en capacidad de hacer fuera de la mesa de negociación, que de lo que se haga en ella.

Director Centro de Estudios Políticos Universidad Católica Andrés Bello

9 de diciembre de 2016