Es antigua la manía de llamar traidor a cualquiera que no convalide actos inaceptables, como por ejemplo, las violaciones a la constitución, la sustitución de una dirección política de un partido por un grupo cerrado que toma decisiones sin consultar, sin discutir, o lo que es peor, por un jefe político elevado a la condición de dios.
Ese calificativo sirve para escurrir el bulto, eludir el debate sobre el fondo de los asuntos de la política y de la vida. Y sobre todo sirve para que los verdaderos traidores acusen a otros, como el carterista que grita ¡al ladrón, al ladrón! Pero además, pone de relieve la paranoia de quienes, sabiendo que cometen errores, que se saltan las reglas de juego, que desvían el camino de proyectos originales, temen que cada vez crezca el número de individuos que dejan de acompañarlos.
Por estos días de truculenta Constituyente es muy frecuente escuchar nuevamente en boca de dirigentes del oficialismo la palabra traidor. Ante la falta de voluntad pares discutir abierta y ampliamente su enrevesada Iniciativa vuelven a insistir con sustituir argumentos por descalificaciones .Y entonces surge otro calificativo , el de saltador de talanquera . Ese da para un tratado completo .
En lo personal creo que el parámetro perfecto para determinar si alguien ha traicionado o no un proyecto es el documento base que le sirve de sustento . En el caso de Venezuela, tenemos una Carta Magna nacida de un amplio proceso de consultas y debates . Y de paso es la primera en haber sido sometida al veredicto del pueblo, que la aprobó en referendo el 15 de diciembre de 1999.
Esa Constitución de 1999 unifica la inmensa mayoría de las voluntades en Venezuela..Opositores, chavistas, no alineados, independientes, políticos, no políticos, dicen defenderla. Y si vamos a los liderazgos de gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática, ambos dicen actuar en su nombre, apegados a su contenido. Es decir, se trata de una Carta Magna legitimada, luego de que en 2002 el breve gobierno de facto de Pedro Carmona la defenestrara, y en 2007, el propio Hugo Chávez y su partido intentaran modificarla sustancialmente, cosa que fue rechazada en referendo popular .
Ahora de nuevo el liderazgo psuvista, con Nicolás Maduro a la cabeza, quiere cambiar la Constitución. No conforme con venir actuando al margen de ella convocan una Asamblea Nacional Constituyente de espaldas al espíritu de participación protagónica que caracterizó la experiencia de 1999, cuando se realizó un amplio debate nacional sobre la nueva Carta Magna, luego de que se le preguntara al soberano si quería o no una Constituyente y si aceptaba las bases propuestas.
No quieren, o mejor dicho, temen preguntarle al soberano si desean o no una Asamblea Constituyente. Ignoran el principio constitucional del voto universal, directo y secreto, y de paso municipalizan la elección de los candidatos con el propósito de igualar en nùmero de constituyentes a las grandes ciudades del país con pequeñas poblaciones. Por ejemplo, municipios del Estado Amazonas con poblaciones que no pasan de 3 mil habitantes, tendrán igual o más representantes que Caracas, Maracaibo, Valencia o Barqusimeto. Toda una ingeniería destinada a lograr que una fuerza con un porcentaje entre el 20 y el 25 por ciento de apoyo se asegure una amplia mayoría.
Desde el Presidente Maduro hasta voceros medios psuvistas han negado la posibilidad de consultar al soberano. Algunos hasta llegaron a afirmar que no es obligatorio someter a referendo el resultado del trabajo de esa Constituyente pret a porter. Ya en los últimos días, ante la evidencia de que está en marcha la usurpación de una competencia exclusiva del soberano, el propio Jefe de Estado anunció que la Asamblea Constituyente sì someterá a consulta sus decisiones. Pero, vaya detalle, eso aun no aparece en las llamadas bases comiciales. Días antes, había dicho que " la Constituyente puede hacer lo que le dé la gana " ... Y si escuchamos todo lo que ha dicho Diosdado Cabello, el panorama que le espera a los derechos conquistados por nuestro pueblo es sencillamente aterrador. Hasta el amigo Isaías Rodríguez habla de aniquilar a la oposición...
Entonces, volviendo al tema de la traición, si nos remitimos a los hechos, quienes quieren cambiar la Constitución a lo "Juan Charrasqueado" están acusando de traidor a todo aquel que, desde las filas del chavismo,,o desde la disidencia interna, reaccione contra ese despropósito y alce la voz contra la represión y las políticas del gobierno madurista. Aquí cachicamo le está diciendo "conchùo" a quien no lo es. La traición, entonces, está por los lados de quienes ahora le temen al pueblo y pretenden modificar la Constitución apelando a todo tipo de estratagemas para no someterse a su voluntad. Los traidores a la Carta Magna se sienten traicionados por quienes no quieren acompañarlos en su aventura . La Constitución, hoy casi moribunda, es la verdadera talanquera . Ellos son quienes la saltan. Y al colocar la palabra traición en su boca quedan en evidencia, como el cachicamo frente al espejo.

http://www.notiminuto.com/noticia/traidores-traicionados/

El fin del régimen de Maduro está muy cerca y hay algo que hace el hecho mucho más esperanzador; a muy pocos les dolerá, ni mucho menos lo extrañarán.

Este convencimiento no viene acompañado de la misma seguridad en cuanto al que será nuestro porvenir inmediato. Si aprendimos como sociedad que en lo ocurrido no hubo nada fortuito, que nuestros males, y sus causas, comenzaron hace muchos años y sobre todo, que ante ellos fuimos cuando menos indiferentes, tendremos de seguro la oportunidad de sentar las bases para una Venezuela con futuro para todos.

Cuando las cosas cambien, que de seguro van a cambiar, es indispensable recuperar la institucionalidad y la dignidad de las funciones ciudadanas, públicas y privadas. Será ineludible reconocer la deuda inmensa que en cuanto a la educación, salud y seguridad personal se ha venido incrementando para con todos nosotros y especialmente, la impostergable necesidad de recupera el estado de derecho que debe regirnos en el día a día.

Reconvertirnos en un país eficiente en lo productivo es indispensable, pero nunca menos lo será el que también ese país sea mandatoriamente justo en cuanto a las oportunidades reales de desarrollo personal y grupal a las que tengamos acceso los venezolanos.

Lograrlo demanda un esfuerzo de nuestra dirigencia política y el compromiso de todos en torno a la obligación de encontrar juntos formas de convivencia que permitan reconocernos en la diversidad, valorándola como una de nuestras mayores virtudes. Para ello es indispensable oirnos.

De seguro que los que han perdido familiares y amigos, no solo en la protesta, sino también como producto de las estrecheces vitales a las que hemos estado sometidos, no podrán, ni deben, olvidar por lo que hemos pasado. Tenerlos presentes es inevitable y necesario, reclamar justicia y procurarla es una obligación, pero lo que no podemos permitirnos como sociedad es la venganza traducida en la persecución del otro por sus ideas, raza, religión o preferencias de cualquier otro tipo.

Los delincuentes tendrán que afrontar sus fechorías y no somos la gente común los obligados a juzgarlos legalmente; eso sí, ojalá que no vuelvan a repetirse esos vacíos de memoria colectiva que ha permitido en nuestra historia su regreso a la escena pública, inclusive con pretensiones de dictar cátedra. Todos nos conocemos y somos capaces de decidir quiénes merecen nuestra consideración.

Los demócratas reclamamos respeto a los derechos de todos, por lo que sería negarnos nosotros mismos si repetimos conductas que decimos rechazar. Lo que es malo para nosotros es malo para todos y tolerar las diferencias en un ambiente de convivencia es lo que debe signar nuestro comportamiento futuro.

Queremos algo distinto y tenemos que demostrarlo, permitiendo que una democracia verdadera sea la que rija los destinos de la nación. Si nos lo proponemos, seguro que lo logramos.

Venezuela, país amigo, cordial, generoso, forjador de libertad, refugio del perseguido político, esplendido anfitrión del emigrante, rico, solidario ante la catástrofe sufrida, es hoy un país perdido y a la deriva, asediado en su difícil transitar. Todo en él está en crisis, la devastación es inmensa, huérfano doloroso de la solidaridad efectiva de quienes tanto ayudo, su gente famélica sin encontrar alimentos ni medicina, o víctimas de la brutal represión asesina de la tiranía, cae y fallece en ese deambular incierto y heroico por calles y avenidas buscando afanosas su salvación. Y es que fue asaltada y secuestrada por propios y extraños confabulados para traicionarla y oprimirla, robar sus riquezas, reprimir, humillar, asesinar y secuestrar a su gente y ser refugio y guarida del crimen, el narco terrorismo y hampa organizada.

Hoy Venezuela es un país incierto. Por decisión de la Asamblea Nacional, aparto de la presidencia a Maduro por abandono del poder, por lo que no tenemos presidente legal, además declaro ilegitimo al Tribunal Supremo de Justicia, por estar integrado por “Magistrados” que no cumplen los requisitos establecidos por la ley, hasta el punto que lo preside un ex recluso con graves antecedentes penales, pero igual el CNE, está integrado en su mayoría por rectores que tienen vencido su periodo, afectos sumisos a la tiranía, violando su principal condición de imparcialidad. Ah... pero tampoco tenemos Asamblea Nacional, porque el TSJ, la declaro en desacato y como tal no le acatan sus disposiciones o leyes, aparte le fueron desincorporados tres diputados dejando a la fecha sin representación a Amazonas y para completar los gobernadores y alcaldes y concejales tienen vencidos su periodos al frente de sus entidades. De manera que estamos acéfalos de conducción institucional y en completa inviabilidad como país, esto sin señalar las dramáticas cifras que indican la quiebra económica, la crisis humanitaria, ubicándonos últimos en muchos renglones. Y lamentable es, que teniendo inmensas riquezas, vivimos igual o peor a países subdesarrollados que no las tienen.

En estas circunstancias a la dirigencia política se le agotaron las vías constitucionales a que acudieron (menos a la constituyente), por lógica conducta de la tiranía de negar toda opción que pueda apartarlos del poder; circunstancia advertida por amplios sectores del país, conocido el talante tiránico del régimen al que aún le siguen pidiendo elecciones, petición ya negada, incluso para el mismo 2018. Y la Constituyente Originaria convocada por iniciativa popular, fue obstinadamente rechazada, siendo la solución adecuada y con millones de venezolanos que la apoyarían ansiosos de un gran cambio y solución democrática y constitucional a la crisis.

La tiranía por su parte ante el fuerte rechazo popular (85%), que le imposibilita ir a un fracaso electoral, el acoso internacional, y más por la imperiosa necesidad vital de mantenerse en el poder, opta convocar sin consulta popular una constituyente espuria que les permita cambiar las reglas de juego, suprimir las instituciones que obstruyen su accionar tiránico entreguista de nuestra soberanía y recursos, eliminar la democracia como sistema de gobierno e implantar un régimen militar y comunista eternizante.

Y en este sentido, no es exagerado decirlo, pero a partir del mes de Agosto, si lo permitimos, instalada la espuria Asamblea Nacional Constituyente, harán efectivo lo que Maduro aspira, que no es otra cosa, “por ahora” que gobernar adicional al TSJ, desde esa sumisa y espuria asamblea, órgano supraconstitucional y representativo del poder originario y soberano del pueblo, según los artículos 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y 347: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”.., artículos desvirtuados su significados y esencia según sentencia amañada, inconstitucional y regresiva, N°378 del TSJ, y entonces bajo la excusa de acato al artículo 349 de la constitución, que señala: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.. procederán al desmantelamiento definitivo de lo que queda del sistema democrático, incluida la Asamblea Nacional, la Fiscalía, elecciones, Alcaldías, expropiación de bienes, empresas, banca, etc. en fin, de todo aquello que sea necesario desmontar o liquidar antes de promulgar la constitución que al tirano le convenga, después de 2 o más años de insípidas sesiones, para elaborar una constitución a la cubana, mientras gana tiempo para garantizar su fortalecimiento opresivo del poder y aprobarla en consulta popular, como el tirano lo declaro, pero ya bajo condiciones igualmente fraudulentas, como lo hicieron para convocarla. Estamos así, en situación por demás crítica y peligrosa; la tiranía de lograr su propósito tendrá dentro y fuera del país como justificar, bajo el manto constitucional, y una población en total indefensión, todo lo que le convenga ejecutar, reprimir o establecer alianzas que por su talante tiránico comprometan la existencia de la república en aventuras guerreristas, narcoterroristas, genocidas y de intromisión, en su propósito eternizanté.

Pero aún estamos a tiempo de evitarlo, en nosotros todavía reside la soberanía popular y no en Maduro, que es nuestro empleado, somos todavía depositarios del poder originario constituyente y solo nosotros podemos todavía convocar a una constituyente y no Maduro, y esa soberanía y poder originario esta en todos los venezolanos y en más de 13 millones de electores que aun votamos, amantes de la libertad. Ejerzamos pues ese poder: restituyamos la Asamblea Nacional, con los diputados desincorporados y con esa mayoría de 2/3 tomar ya las decisiones que fortalezcan y posibiliten la opción opositora (liberación de presos, retorno de exilados, nombramiento de un gobierno de transición etc.), canalice y garantice el respaldo de la comunidad internacional en el tránsito hacia el rescate definitivo de la democracia y las instituciones, concitar el apoyo de la Fuerza Armada art. 328. y la impostergable solución de convocar masiva y contundentemente a la auténtica y legal constituyente originaria, libertaria que nos dé una constitución, celosa y firme defensora de los derechos humanos, la libertad, la democracia y sus instituciones, privilegie el poder originario y soberano del pueblo, rescate la ética valores y principios y consagre un nuevo Proyecto de País constitucionalmente descentralizado con autonomía y fortaleza regional y municipal. Constitución que nos permita estar entre los países desarrollados y prósperos del mundo, y en la que todo venezolano se sientan interpretado en sus legítimas aspiraciones, decidido a defenderla, cumplir, hacerla cumplir y respetar.

Que falta? falta conformar una autentica y efectiva unidad, liderada con el único, absoluto y solo propósito de liberarnos a riesgo de todo de la tiranía. Convoquémonos en ese definitivo propósito por Venezuela. Luego de liberados, abran otra vez sus agendas particulares; hoy la agenda es: Venezuela libre, no hay otra. El pueblo soberano ya está en la calle, viene haciendo ejercicio heroico y doloroso del art. 350 y está pendiente y vigilante de lo que sucede y por millones una vez más acudirá decidido a librar esta definitiva y segunda batalla de Carabobo, no está dispuesto a aceptar que un 15% máximo de la población, se imponga al 85% restante, ni a aceptar ser negociada su libertad a sus espaldas, solo falta empezar a ejecutar acciones efectivas y adecuadas acordadas organizadamente para liberarse de este cáncer que aqueja y ha convertido al país en un estado fallido, inviable y tiranizado por un violador de todo el ordenamiento jurídico. País, invadido y tomado por militares y funcionarios extranjeros ejerciendo funciones reservadas a venezolanos y llevando el control de registros propios de la nación. País con pérdida de la soberanía territorial y alimentaria. País sin seguridad de bienes y personas. País con presencia activa de irregulares guerrilleros, narco traficantes, sicariato, vandalismo “colectivos” amparados unos y pagados otros por la dictadura. En fin, impunidad total, suficiente como para exclamar: basta ya!. Prohibido perder la república... Urgente es ganar...

Cuenta la historia reciente que el paso previo al proceso constituyente de 1999, promovido por Hugo Chávez, fue un referendo consultivo. Y que en 1999 se interrogó al soberano sobre reformar el Estado y aprobar las bases comiciales del Ejecutivo. El texto resultante también se aprobó previa consulta. En su artículo 5 se dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. En sus artículos 341 y 345, que las enmiendas y reformas constitucionales deben someterse a referendo popular. Y, por si no bastara con lo anterior, en el artículo 347 indica que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario.

Adicionalmente, el sentido común democrático indica que para suscribir el contrato social que rige la vida colectiva de un país - eso es la Carta Magna, ¿no?-, debe preguntarse la opinión a todos los ciudadanos y no sólo a un grupito de escogidos de acuerdo a su pedigrí político, mediante un proceso arbitrario ideado para corroborar en un simulacro electoral todo lo que previamente fue decidido por una cúpula, cuyo fin único es mantener el poder. Un proceso llevado contra viento y marea. Es decir, contra el parecer de los más diversos sectores de nuestra sociedad, incluyendo a sectores del propio chavismo, de la casi totalidad de la comunidad internacional y no digamos de las encuestas, las cuales registran la opinión contraria del ochenta por ciento de los venezolanos.

Más claro el agua, piensa cualquiera, pero no cualquiera es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Así, según su última decisión, haciendo malabares jurídicos dictaminó que el Presidente Maduro puede sustituir al pueblo en la convocatoria de una constituyente. Demuestra, pues, que la democracia es, entre nosotros, cuestión de mera interpretación. Y corrobora la impresión de que el país es cada vez más la metáfora de una caimanera de fútbol: no se siente la presencia del árbitro, las reglas las define el más fuerte o el dueño del balón, son dúctiles como el chicle y se cambian según las circunstancias y los intereses.

El Nacional, viernes 2 de junio de 2017

Cuando esta desgracia llamada revolución llegó al país, de inmediato comenzó a confiscar la esperanza del pueblo que confió en el líder antes, durante y después de las elecciones, a la vez que reafirmó las dudas de quienes jamás creímos en sus fanfarronerías de prestidigitador pedante de lenguaje altanero y soez con devoción provisional en su discurso seductor de pendejos, resentidos, oportunistas y aprovechadores de todo nivel, ávidos de adulación y de aduladores en una Venezuela que esperaba más de sus hijos en el preciso momento en que las instituciones reiniciaban el camino de la perfectibilidad de la democracia.

Paralelamente al secuestro de la fe empezó la confiscación de la propiedad y de las ganas del sector empresarial en jornadas avivadas y aplaudidas por una alucinada clase trabajadora cegada por la emoción efímera de payasos y magos de circo bien pagados por domadores engordadores de cuentas bancarias que se frotaban las manos en espera de lo que, sabían, en su momento les vendría.

En el 2000, apenas a un año de la tragedia anunciada, un joven empresario maracayero, Eduardo Elías Larrazábal (Q.E.P.D.), lamentable y prematuramente fallecido, convocó a una reunión de las Cámaras de Industriales de los estado Aragua, Carabobo y Lara para expresarle al estrenado gobierno, en presencia de su entonces ministro de Hacienda, José Alejandro Rojas, que si así comenzaban las cosas, así terminarían de mal, ya que en Aragua fueron cerradas, en tan breve lapso, más de 600 empresas.

Y no había que dudarlo, pues la primera medida revolucionaria del gobierno socialista y bolivariano fue eliminar, de un solo plumazo y en el más sepulcral silencio del soberano y sus representantes, la Corporación para el Desarrollo de la Artesanía Pequeña y Mediana Industria (Corpoindustria), que tenía en Maracay y en Aragua el epicentro de la actividad promotora, emprendedora y financiera de quienes querían invertir y trabajar en el desarrollo industrial del país y de su gente, de la república y sus republicanos. Pero todo aquello acabó, todo quedó en el olvido, como dice la gitana canción “Dos Cruces”, porque aquellas promesas de amor en el aire ya se habían perdido.

Hoy vemos cómo la Zona Industrial de San Vicente, que fue la más emblemática de los centros de producción del país, hoy no sólo es un cementerio de galpones, sino un campo de tiro regentado por el hampa común y uniformada las 24 horas del día, con una comunidad secuestrada sin atención médica ni asistencia social ni alimentaria, aunque con algunos valientes que, pese a las dificultades, se mantienen “vacunados” para no perder la esperanza ni lo poco que va quedándoles.

Con esto tenemos suficientes razones y motivos para seguir luchando, para seguir marchando, para seguir en la calle, para seguir mostrando, hablando y escribiendo lo que tenemos que decir, lo que debemos decir y, es más, lo que estamos obligados a decir so pena de caer en la complicidad y la alcahuetería en la cual se encuentran muchos y de la que algunos están saliendo, como la señora fiscal Luisa Ortega Díaz…

69 muertos venezolanos es la cifra fatídica, inhumana, dolorosa por culpa del empleo del cuerpo armado ordenado por un régimen atolondrado, en el cual el hiato Nicolás-Padrino han coincidido con el objeto de crear una situación de luto que atormenta y afecta al cuerpo social venezolano. Los muertos, mártires pero sobre todo héroes de la democracia son y será la inspiración eterna para que los venezolanos demócratas fortalezcamos nuestra resistencia civil para alcanzar la protesta incremental y llegar a la rebelión política. La rebelión que arrojará como hecho político real la reinstalación de la democracia en Venezuela como resultado final del sacrificio de los héroes parte fundamental de la República.

3.000 heridos por las bocas de fuego que muestran cicatrices vivas, sangre de venezolanos, que sueñan con el derecho legítimo a expresar su desacuerdo en el espacio cívico, anclados en la Constitución, en donde la dignidad de la democracia sostiene que la liberta d no puede ser jamás derrotada por las armas, pero las armas en manos de los bárbaros pretenden detenerla. Armas instrumentadas por comandos nefastos, oscuros, cobardes, miembros de un régimen inmoral jefaturado por cretinos que pretenden -mediante el uso de la violencia y la fuerza- instalar una regresión política imposible.

1.351 detenidos que forman parte de esa torrente expresión de rebeldía democrática que señala al cuerpo armado como una institución usurpadora, primitiva, inmoral y confundida capaz de cumplir órdenes de supuestos superiores violadores de la Constitución de Venezuela y los derechos humanos intentando perseguir y reprimir los derechos legítimos que consagra la Carta Magna. Esos represores forman parte de los grupos en los cuales la ideologización primitiva ha alterado las significaciones imaginarias sociales permitiendo conductas vergonzosas propias de regímenes dictatoriales caracterizados por sujetos sanguinarios y cobardes distantes del gentilicio venezolano.

309 nuevos presos políticos que la cobardía de los cuerpos armados mantiene en las mazmorras de las cárceles militares, pero además pretenden enjuiciarlos violando elderecho natural e imponiendo el juicio militarista. Juicio militarista que refleja el pánico del régimen, su insensatez y torpeza que reconoce el mundo habida cuenta los resultados de los venezolanos muertos, heridos, detenidos y presos políticos que muestran al régimen de Nicolás Maduro como uno sanguinario y tiránico que será objeto del más grande juicio histórico en la postmodernidad debido al ejer cicio de la violencia política y violencia armada en una nación que lucha por reinstalar la democracia.

Una nación ensombrecida por el luto de madres que lloran a sus hijos, de familias que rechazan el militarismo cobarde y de una sociedad decidida a producir, a través de la resistencia civil, un cambio político categórico. El luto que ensombrece a la República servirá de espacio y tiempo para que resplandezca la luz de la libertad y se reinstale un modo de vida en el cual la Constitución y las Leyes sea n el paradigma rutinario para el crecimiento, la paz y el desarrollo de una Venezuela avergonzada por la lujuria, el primitivismo y la cobardía del partido político en armas.

De este gran dolor que sufre la República emanará de manera radiante la decisión férrea de la protesta incremental para alcanzar la rebelión. Rebelión ciudadana para desconocer al régimen. Rebelión para incrementar el sentimiento y respeto por la democracia. Rebelión para escribir una nueva página en la historia republicana. Rebelión que deje claro la perversión y locura de los golpistas acunados en una organización armada irresponsable que permitió el engendro de matones, como lo refleja la represión militarista por la cual responderán en los tribunales de la República y en los tribunales internacionales quienes hoy han causado muerte, heridos, detenidos y presos políticos que reclaman su derecho el establecimiento de una virtuosa democracia en el siglo XXI.

Es auténtico

Director CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 31/05/2017

El 16 de mayo de 2017, la Sala Constitucional en su Sentencia 355, recordó que hay un nuevo paradigma de participación ciudadana desde la vigencia de la Constitución de 1999, a través del cual la participación no se condiciona al ejercicio del sufragio o la designación de representantes a cargos públicos de representación popular.

La Sala Constitucional reconoce que el nuevo paradigma privilegia la participación ciudadana como un derecho general en el proceso de desarrollo económico y social, reivindicando el papel de los sujetos sociales en la formulación de políticas y programas de acción pública.

La supuesta intervención efectiva de los ciudadanos en todos los ámbitos del acontecer nacional, que busca esa nueva concepción de participación, contrasta de manera radical con la realidad experimentada por la sociedad venezolana en el caso de la solicitud del referendo revocatorio, en el proceso de legalización de partidos políticos y ahora en la convocatoria unilateral de una Asamblea Constituyente.

Con la Sentencia 355 la Sala Constitucional buscó reconocer por un lado a la comuna como un actor institucional, con carácter muy particular o especial y por el otro, pretendió validar la asamblea de ciudadanos como un instrumento político de participación, todo ello en detrimento del municipio, y del derecho a la libre asociación y participación.

La tarea de impulsar el modelo del poder popular desde la Sala Constitucional, se complementa con la Sentencia dictada el 31 de mayo de 2017, mediante la cual se afirma que no es necesario y menos aún obligante convocar a una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En esa sentencia del 31 de mayo de 2017, la Sala Constitucional asume que la democracia participativa se ejerce en el ordenamiento jurídico venezolano a través del poder popular, en consecuencia, peligrosamente los magistrados de la Sala Constitucional, sostienen que el ejercicio directo de la soberanía popular previstos en el artículo 70 de la Constitución se desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico a través de las leyes del poder popular.

Para la Sala Constitucional el pueblo es titular de la soberanía y su ejercicio efectivo es a través del poder popular que encarna la democracia directa; la Sentencia también afirmó que no es posible pretender que las expresiones de ese poder popular sean elegidas como si se tratara de una “representación” del cuerpo electoral, lo que es común en la democracia representativa.

La Sentencia señala que la democracia participativa, se manifiesta de dos formas, la primera a través de referendos (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y la otra, mediante el ejercicio directo de la soberanía a través del poder popular.

Para la Sala Constitucional democracia participativa es democracia directa y se ejerce, como ya se señaló, vía poder popular y cuando se habla del ejercicio indirecta de la soberanía, la Sentencia reconoce que la misma se ejerce a través de los órganos del Poder Público.

El artículo 71 de la Constitución reconoce como una opción, la utilización del referendo como un mecanismo para consultar asuntos de especial trascendencia nacional, en el caso de la consulta popular para la Constituyente, la Sala Constitucional, ignoró todo lo que ha señalado en relación al privilegio que la Constitución de 1999 otorga a la participación ciudadana y decidió que no era necesario y menos aún una obligación constitucional convocar a una consulta popular para convocar a una Constituyente.

¿Dónde quedó el concepto de derecho general a participar en todos los asuntos públicos en el marco de un nuevo paradigma de participación?.

Para justificar su decisión, la Sala argumentó que en el caso de la convocatoria a una constituyente, hay circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales se refieren a la aguda situación de la crisis política que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun, que ha motivado la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71.

Adicionalmente la Sala Constitucional buscó en el Debate de la Constituyente de 1999 otro argumento y concluyó que en aquél momento no se limitó la Asamblea Constituyente por ser ella expresión directa de la soberanía popular.

La Sala Constitucional, luego de varios argumentos, llegó a la conclusión que por no estar contemplado en ninguna disposición del Capítulo III del Titulo IX, la obligación de un referendo consultivo para convocar a una Asamblea Constituyente, entonces no era necesaria la consulta popular.

Con estas dos sentencias, en primer lugar, el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente abandona su función de ser garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, complementando la ruptura del orden constitucional y el golpe de estado continuado que declaró la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016.

En segundo lugar, las dos sentencias pretenden justificar la existencia del Estado comunal, uno de los objetivos previstos en la agenda de la Constituyente convocada por el Presidente y peligrosamente abre el camino para debilitar el ejercicio del sufragio directo, universal y secreto en beneficio de la validación del sistema electoral diseñado en el modelo comunal.

Un régimen que opera bajo un estado de excepción inconstitucional, que tuvo que buscar romper el hilo constitucional para mantenerse en el poder y negar el protagonismo del pueblo para evitar medirse en un revocatorio y ahora en una constituyente, ha vacíado de legitimidad a la Presidencia.

Estas sentencias impone como desafío a la sociedad venezolana el ejercicio del derecho a invocar la desobediencia civil frente a esa constituyente que proviene de un régimen que además de ilegítimo opera al margen de la constitución; pero también exige, que el ejercicio del 350, se vincule con la obligación prevista en el 333 de la Constitución a los fines de articular las acciones pertinentes, cívicas y pacíficas para exigir de manera efectiva, pública y notoria la restitución del orden constitucional y democrático del país.

Es el momento de hacer sentir la voz del ciudadano desde cada comunidad, de tomar nuestras aceras para unir muchas voces a los reclamos y denuncias de la Conferencia Episcopal, de la Asamblea Nacional, de la propia Unidad y de muchos otros actores, en defensa de la democracia y de la Constitución.

31 de mayo de 2017