Los venezolanos se enfrentan a un gobierno sumamente cruel e inhumano, que da reiteradas muestras de que le importa en absoluto sus penurias. El hambre que se extiende a sectores cada vez más numerosos, las muertes y angustias atribuibles a la ausencia de medicamentos y/o de equipamiento de hospitales, el altísimo índice de criminalidad que sesga vidas inocentes y los padecimientos ocasionados a la población por la escasez generalizada, les resbala. No es con ellos, señalan, volteando de un lado para otro en busca de culpables, pues por (auto)definición, son “abnegados revolucionarios” defendiendo las conquistas del pueblo ante la arremetida de fuerzas oscuras de la “derecha”. Y así, con el mayor cinismo los más, creyéndose sus embustes los menos, siguen impertérritos con sus políticas empobrecedoras y de progresivo exterminio de la población.

Esta insensibilidad se transforma en burla abierta del sufrimiento de sus coterráneos cuando repiten una y otra vez, como excusa, la suprema estupidez de que el gobierno enfrenta una “guerra económica”. El último desalmado en mofarse así del pueblo es el embajador ante la OEA, Bernardo Álvarez, al negarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a aceptar la ayuda de gobiernos y organismos extranjeros, aduciendo que es irresponsable hablar de una crisis humanitaria en el país, porque lo que existe es ¡la guerra económica! No hay emergencia sanitaria, no hay desabastecimiento, no hay presos políticos encarcelados de manera fraudulenta, no existe violación de los derechos humanos y no se acepta ninguna ayuda foránea porque, por antonomasia, tales padecimientos no existen en una revolución. No se despilfarraron los mayores ingresos que registra la historia del país, no se hipotecó el futuro de los venezolanos con deudas gigantescas y subastando recursos del subsuelo a cambio de unos churupos para estirar la arruga, no se quebraron las empresas públicas por robo y negligencia, ni se dejó deteriorar los servicios públicos por desidia (y robo). Así que, en nombre de la única “verdad” admisible, a seguir arruinando al país, “la Historia nos absolverá” y ¡”pa’atrás ni pa’ coger impulso”!

Causa suma indignación tanto cinismo e indolencia para con el sufrimiento de la gente. Y aunque ya casi nadie cree en la idiotez de la guerra económica, ello no es consuelo. Preocupa que no emerja una opción clara, contundente, que haga saber a los venezolanos que esta situación no es una fatalidad, que puede mejorar significativamente y en un plazo menos distante de lo que muchos creen, con unas políticas coherentes y un equipo calificado de gobierno. Es menester proponer de manera decidida las tres condiciones básicas, ineludibles, para atajar de inmediato la caída del nivel de vida de los venezolanos y abrirle posibilidades de recuperar su futuro que, por fuerza, implicarían un gobierno de transición. Estas tres condiciones son:

1) la concertación, lo más pronto posible de un generoso financiamiento internacional, en el orden de los $30 a 40 millardos;

2) la privatización de empresas públicas que son un desaguadero de dinero y sin la cual no es posible sanear las cuentas fiscales; y

3) el desmontaje de los controles y regulaciones que aplastan a las actividades económicas.

Las primeras dos son imprescindibles para unificar el tipo de cambio y liberar el acceso a la divisa. Sin ello, no podrá superarse el estrangulamiento externo que impide importar insumos, repuestos y equipos para la actividad productiva, base para lograr el abastecimiento interno y la generación de empleos bien remunerados. La tercera es imprescindible para liberar las fuerzas productivas, y promover la competencia y la racionalización de las actividades económicas. Las tres, junto a un programa de estabilización macroeconómica, son pilares de un programa para abatir la inflación.

Sabemos que la oligarquía en el poder se opondrá con uña y dientes a desmontar los controles, privatizar empresas que vacían las arcas públicas y negociar empréstitos internacionales que exigen poner orden en la casa, porque con ello se desmontarían las bases de sus muy lucrativas actividades corruptas, de expoliación de la riqueza social. Pero si bien se les ha caído la máscara de redentores para justificar esta postura, siguen contando con el chantaje ideológico enraizado en la cultura política nacional, que les permite estigmatizar estas medidas.

Así, todo asomo de negociación con el FMI, único ente en capacidad de otorgar el financiamiento requerido, y la privatización de empresas públicas que desangran las finanzas del Estado, son repudiadas por Maduro por “neoliberales”. Apela, con ello, a toda una carga valorativa que hemos cultivado los venezolanos bajo gobiernos populistas adecos y copeyanos, y bajo el actual régimen fascista de Chávez-Maduro, en la que ambas medidas se asocian a un deterioro de las condiciones de vida de la población a causa de la "entrega del país a intereses privados, nacionales y foráneos". A papá Estado, por más corrupto e ineficaz que sea, se le tiene que permitir que intervenga en todo y gaste a mano suelta porque, por antonomasia, es el único que representa los intereses del pueblo.

Ya hemos explicado en un artículo anterior,[1] que el verdadero ajuste draconiano, empobrecedor, es el que nos viene imponiendo Maduro desde hace dos años. Por el contrario, disponer de un financiamiento internacional capaz de destrabar las cuentas externas, no puede sino ser expansivo, pues permitirá la importación de insumos, repuestos y equipos para la producción doméstica y la generación de empleo, así como los bienes de consumo que requiere la población. Por supuesto que tal financiamiento se condiciona a que el país haga los ajustes macroeconómicos que aseguren su reembolso en el tiempo. Y ello se centra en el saneamiento de las cuentas públicas que implica, como elemento central, que el estado se desembarace de empresas quebradas que requieren transferencias permanentes para subsistir. Así se liberarán los recursos para compensar a los sectores vulnerables que pudiesen verse afectados por un programa de transición.

¿Cómo es posible que los voceros democráticos no sean capaces de defender estas ideas de manera abierta, para lo cual sobran argumentos y datos empíricos? ¿Cómo no defender que contar con unos 30 – 35 millardos de dólares de un organismo financiero internacional en calidad de préstamo es algo que beneficia a los venezolanos con abastecimiento, producción y empleo? ¿Hasta cuándo el chantaje ideológico del populismo – fascismo?

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

[1] http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2016/03/el-ajuste-de-ma...

Muy molesto, se encontraba en su oficina, el Presidente de la Asociación de Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal (EPSIC) del sector eléctrico.

-Camarada, ¿qué le pasa?, le preguntó su secretario.

Es que, hoy me acabo de enterar de la maniobra administrativa que el Ministro de Energía Jesse Chacón, jugó en contra nuestra.

- Camarada, no entiendo, ese señor renunció hace tiempo y ahora creo que es embajador en un país europeo. Explíqueme lo que usted quiere decir.

Así es, camarada secretario. El personaje en cuestión, renunció al ministerio y se fue con su cara muy lavada a disfrutar de su teta diplomática y nos dejó en la estacada. Recuerdas, que en el 2003, nos fue aprobada por el ministro Jesse Chacón en el punto y cuenta interno Nº DVNFEUR 074-13 de fecha 14 de noviembre de 2013, en el cual describe la positiva transición que está viviendo Venezuela hacia un sistema socialista, resaltando la necesidad de impulsar la transformación del sistema económico mediante el apoyo a la creación de las empresas de propiedad social indirecta comunal (EPSIC).

-Claro, que lo recuerdo. Allí, se nos asignaba una boloña de billetes para las “empresas comunales” que íbamos a formar. Pero, también recuerdo que eso nunca se materializó.

Claro, allí es donde está la trampa. Después de un largo proceso de evaluación se logró completar los expedientes para la conformación de 16 EPSIC, y se decide aprobar la transferencia de los recursos financieros previstos en el presupuesto de 2013, en la partida presupuestaria 407.12.01.01 (transferencia de capital a consejos comunales) por un monto de Bs. 11.872.098,00 que serían destinados para la constitución e inicio de actividades de dichas empresas de capital social.

- Esta bien, pero esos billetes nunca llegaron….¿Qué pasó?

Bueno, comenzaron a decir que todo estaba en trámites administrativos y pasado el tiempo, nunca le vimos el queso a la tostada….nos dejaron “Colgados de la brocha”

- ¿Cómo así?

Cáete para atrás. El 27 de noviembre de 2013, mediante punto de cuenta Nº 014-2013 emitido por el director del despacho del ministro, Víctor Mora, se le solicita al ministro Jesse Chacón la anulación del punto de cuenta Nº DVNFEUR 074-13, y este aprueba dicha anulación, presuntamente sin una justificación sólida que explique los motivos por los cuales se toma la decisión antes mencionada.

- A lo mejor fue por la crisis del servicio eléctrico. No te olvides que el camarada Jesse había prometido resolver el asunto en 100 días y a lo mejor utilizó esos recursos en atender el problema.

No vale, nos vieron las caras de pendejos y “El honesto camarada” desvío los recursos para otro lado.

-Coño, el tipo ¿se metió a guisador?

Sin lugar a dudas. Déjame echarte el cuento completo. El 04 de diciembre de 2013, mediante punto de cuenta Nº 015-2013, el Ministro Jesse Chacón autoriza la transferencia de recursos a ASOELEC por la cantidad de Bs. 11.872.098,00, con el fin de atender la dotación de materiales y equipos deportivos para las escuelas de esgrima a nivel nacional (Bs. 5.852.812,14) y atención a los programas sociales de la asociación civil de los trabajadores del MPPEE (Bs. 6.019.285,86). Este mismo día, la oficina de Planificación, Presupuesto y Organización del MPPEE emite oficio dirigido a la ciudadana María Elisa Domínguez Velasco, jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto solicitando el traspaso de créditos presupuestarios, de la partida 407.12.02.01 “Transferencia de capital a concejos comunales” a la partida 407.01.02.02 “Donaciones corrientes a instituciones sin fines de lucro”, acción que se materializa el 27 de diciembre de 2013 con su publicación en la Gaceta Oficial Nº 40.323, en el decreto Nº 710.

- Y que tiene que ver una cosa con la otra. Esgrima no pega con sistemas eléctricos… ¿se volvió loco el camarada Jesse? …¿qué le pasó a ese tipo?

Al personaje, se le alborotaron los sentimientos paternales.

-Verga ahora si quede en el aire…explícate.

Simple y llanamente, el ministro guisador, desvió los recurso de manera ilícita hacia las actividades deportivas de la esgrima por el hecho de que ¡¡¡Su hija!!! es practicante de ese deporte…..o sea, el tipo quedo como un Papa Noel con espada. Pero, “su desinteresada colaboración” la hizo con recursos del Estado destinados para el desarrollo de empresas comunales en el sector eléctrico….ese traslado de partidas es un ilícito calificado como Malversación Genérica o Peculado de Uso.

-Camarada, esa es una grave acusación. ¿Tiene prueba de ello?

De bola que sí. Allí están los Puntos de Cuenta y la Gaceta Oficial del 27 de Diciembre del 2013. Es más, la propia Federación Venezolana de Esgrima emitió un comunicado el pasado 6 de Abril del presente año 2016, en donde certifica “Las donaciones” hechas por Corpoelec siendo ministro el guisador Jesse. A confesión de parte relevo de pruebas.

- Increíble camarada, con esa carita de yo no fui, Jesse nos dio un “Eléctrico Touché”….vamos a denunciarlo.

Estamos convencidos de que tantos disparates juntos en boca de personeros oficiales, encabezados por su jefe aparente, además de una prueba de incapacidad para gobernar, a estas alturas totalmente innecesaria, encierra la malévola intención de distraer la atención por parte de quienes realmente mueven la tramoya. En relación a esto último, las opiniones están muy divididas.

Lo indiscutiblemente cierto es que el oficialismo sigue comprando tiempo con el objeto de permanecer en el poder, mientras trata de minimizar los costos de su pérdida, que aunque inevitable, dependiendo de las circunstancias, pudiese ubicarse en un rango que va desde catastrófica hasta “políticamente manejable”.

La inmediatez de la salida de Maduro se ha disipado como posibilidad y ahora, golpes y contragolpes giran alrededor de hasta cuándo será posible que las argucias leguleyas retarden la misma y con cuales consecuencias para el partido en el gobierno. Aguantar el 2016 pareciera ser una victoria para los muy variopinto afectos al gobierno.

La oposición partidista tampoco las tiene todas consigo y los cálculos particulares están coartando la efectividad de sus actividades, que si bien calificamos de hasta ahora acertada en lo legislativo, carece de otras manifestaciones que la proyecten como una alternativa cohesionada alrededor de un proyecto de país, el cual tampoco está siendo discutido más allá de las consignas difusas.

Mientras tanto, el grueso de la gente, de un lado y del otro, si es que todavía se puede hablar de solo dos bandos, se muestra insatisfecha, cansada e indudablemente decepcionada con el clima de polarización que pareciera satisfacer a los llamados a representarnos.

La situación para la mayoría abrumadora de los ciudadanos es insostenible, no hay sueldo que permita afrontar los costos de vida, por insuficiente en monto y por incapaz de comprar lo que no hay. Mientras esta situación empeora aceleradamente, solo oímos descalificaciones, propuestas desvergonzadas y acusaciones recíprocas, notándose la ausencia de una intención de recoger el sentimiento mayoritario de la población en el sentido de encontrar, entre todos, la vía que conduzca a la recuperación del país.

Ante la imposibilidad de que nos pongamos de acuerdo en cuál de los poderes públicos es el más, legítimo, mientras sigamos sosteniendo que “los míos” son los buenos y que “a los otros” hay que borrarlos del mapa, no habrá solución pacífica que pueda llegar a instaurarse.

Llegó el momento de darle “un palo democrático a la lámpara”. Convoquemos por consenso ciudadano una constituyente originaria y permitamos que la opinión de todos, medida en términos que realmente permita la representación real de la gama de matices del pensamiento presente en nuestra sociedad, revise el contrato social que mal nos rige, enderece los entuertos, introduzca las modificaciones que se han demostrado necesarias, preserve los avances logrados y sobre todo, nos permita comenzar la reconstrucción nacional indispensable.

La constituyente incluye todo (revocatorio de todos los poderes, enmiendas, reformas y demás hierbas constitucionales) y por encima de cualquier otra cosa, nos evita llegar a la confrontación fratricida. Será la oportunidad del reencuentro en torno a la discusión civilizada que impida la polarización disociadora, y a diferencia de las anteriores, lejos de pretender mantener el control de los poderes, permitirá que los mismos nunca puedan volver a ser entregados de manera irrestricta.

9 de abril de 2016

(Opinión personal del autor que expresamente declara hacerla sin comprometer a nadie más).

¿Dónde estamos parados?

Clásicamente se consideran las políticas públicas como las acciones para resolver un problema que afecta a una colectividad pública o a la sociedad en general. Pueden, también, buscar mejorar sus condiciones de vida o minimizar algunas condiciones que afectan su calidad de vida por lo que el problema normalmente es multifactorial, es decir, existen diferentes factores o variables que inciden o participan en la situación que se pretende solucionar, mejorar o minimizar, por lo que es necesario identificar cada uno de estos factores y luego definirlos en uno solo, para obtener lo que se denomina estructurar el problema correcto y desde allí diseñar la solución correcta en la política pública que es necesario implementar para resolver el problema. La eficacia y eficiencia de esa política pública depende de cumplir lo más exactamente posible con este procedimiento.

Partiendo de esta conceptualización se presentan tres tipos de situaciones clásicas y más comunes de lo que la gente cree:

1. La solución correcta al problema estructuralmente correcto;
2. La solución equivocada al problema estructuralmente correcto y;
3. La solución equivocada al problema estructuralmente incorrecto o equivocado.

Aventurando un poco en la actual situación de crisis del país, podríamos identificar algunos factores importantes –pueden ser más, indudablemente- que generan la crisis: gobierno incompetente, modelo económico fracasado e inviable (rentismo petrolero), Constitución contradictoria (federalismo y descentralización con marcado presidencialismo, entre otras cosas), oposición política divergente y anclada en concepciones pasadas y una sociedad desinformada, desorientada y dependiente de las acciones del Estado para muchas de sus actividades diarias, pero también, con la intuición mayoritaria de que las cosas no están bien y deben cambiar.

Si nos atenemos al concepto del Diccionario de la Lengua Española, la “gobernanza” se define como: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. De este concepto se puede aproximar a estructurar el problema del país como un problema de carencia de gobernanza que siendo el “Arte o manera de gobernar…” sin duda es un problema, cuya solución es esencialmente político, aunque nos compete a todos.

Entonces ¿En cuál de las tres situaciones descritas anteriormente estamos? Siendo que los actores políticos principales del país son el gobierno y la MUD las perspectivas no son buenas. El gobierno, o régimen actual, ha dado pruebas suficientes de estar en el tercer tipo: la solución equivocada al problema estructurado incorrecto. Es decir, desconoce cuál es el problema porque el problema lo originó el mismo y en consecuencia él es el problema, pero que no lo reconoce, esencialmente, porque sería admitir el fracaso ideológico que representa.

Por parte de la MUD, suponiendo que conoce estructuralmente el problema correcto, la solución es equivocada al pretender solucionarlo cambiando al gobierno solamente, por lo que estaría en la segunda situación: La solución equivocada al problema estructuralmente correcto. Es equivocada porque no ha dado muestra de unidad –que es fundamental- en torno a la solución a largo plazo que incluye cambiar el modelo económico y modificar sustancialmente la Constitución, entre otras cosas.

Pero no hay que desmotivarse, por lo menos ya sabemos dónde estamos parados.

09 de abril de 2016

Verdades sobre la dotación de insumos en los hospitales de Aragua y la amenaza a los trabajadores de la salud

El Presidente de Corposalud afirmó el 30 de marzo del año en curso, que: “están distribuyendo 482 mil unidades de material quirúrgico con lo que se garantiza el suministro hasta diciembre”, siendo la verdad, lo que es público y notorio, es que no hay material médico-quirúrgico en el Hospital Central de Maracay, ni en los otros establecimientos de salud del Estado. Tanto que todo paciente que quiera ser intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, debe comprar de su bolsillo el equipo quirúrgico, los medicamentos, la fluidoterapia, realizar exámenes de laboratorio en instituciones privadas, hasta aportar la papelería para que le hagan la historia clínica, requisito indispensable para ser operado. Lo cierto es que hay desesperación en los pacientes, y quejas en los cirujanos de diversas especialidades por no poder operar por haber solo dos (02) pabellones disponibles, de nueve, ambientes que llevan dos años siendo reparados y aún siguen prometiendo que pronto las concluirán. En este primer trimestre la escasez casi absoluta es lo dominante.

Salud privatizada en Aragua

Tanto que se quejaban de la privatización de la salud en el pasado, la verdad es que ahora la salud en Aragua está más privatizada que nunca, al tener los ciudadanos que comprar todos los insumos en nuestros hospitales. En Economía de la Salud, esto es simple gasto privado, así se hagan en instituciones públicas.

En Aragua vivimos los tiempos más oscuros, la página más negra de toda la historia de la salud, pública y privada.

Mientras las autoridades hablan del incremento de actividades quirúrgicas y médicas, haciendo propaganda con resultados inexistentes, la verdad es que todos estamos afectados por la falta de medicamentos en las farmacias. Tanto que los profesionales de la salud hablan del aumento en las recaídas por patologías crónicas, y de otros que han fallecido por falta de medicinas y de equipos.

Además, las autoridades de salud no hablan del incremento de las muertes maternas, ni lo que ha pasado con la mortalidad infantil, la post-neonatal, ni que se han atendido en este primer trimestre 246 casos de Malaria con una defunción, ciertamente importados, mientras en el año 2.015 hubo cerca de 500 casos, siendo nuestro histórico de 40-50 casos anuales. Pero recordamos los aragüeños que estas autoridades nos dijeron que solo hubo 80 casos Chykungunya el año pasado, mientras todos conocemos numerosos afectados por esa viremia entre familiares y nuestros conocidos.

Pero lo más grave no es el incumplimiento de la autoridad, es la amenaza nada velada a los trabajadores de la salud

Además de garantizar el suministro hasta diciembre, el Pte. de CorpoSalud Aragua, hace una grave acotación: “…si los ciudadanos van a un ambulatorio u otro recinto de salud y no consiguen jeringas o cualquier otro material deben denunciarlo ante el director municipal de Salud, pues puede ocurrir que le estén negando el material, haya falla en la distribución o se los están robando”. Es decir, dicen que han dotado, pero no es cierto, por lo menos hasta el momento, por lo cual con la anterior afirmación proyecta la responsabilidad a otros, hacia los trabajadores, quienes estarían robando o negando los insumos a los pacientes. Mayor irresponsabilidad no tiene parangón.

Por aquello de que la historia la escriben los ganadores, y más cuando en ejercicio hegemónico del Poder abusan de los medios de comunicación, bueno sería refrescar algunos factores de la crisis de abril del 2002. Ya veremos cómo los Castro comunistas especularán con la acción que califican de golpe estado y de la cual responsabilizan solo a la “derecha”. Obviando los 20 parlamentarios oficialistas que estaban comprometidos en legitimarla, comentemos sólo dos casos emblemáticos.

Catorce años se cumplen este 11 de abril del vacío de poder que de acuerdo a sentencia del que fue autónomo Tribunal Supremo de Justicia, produjo la renuncia que el Alto Mando Militar le solicitó al señor Presidente, “la cual aceptó”.

“La mayoría del país recibió complacida la formación de un nuevo gobierno presidido por Pedro Carmona Estanga”, editorializó el oficialista diario Ultimas Noticias, con la firma del director Eleazar Díaz Rangel, quien lo definió como “de transición democrática y unidad nacional”. Enfatiza en su editorial a “Un país que ha estado lleno de pugnacidades, que se ha caracterizado por la confrontación en todos los campos, que ha estado dividido, lleno de angustias e incertidumbres, necesita cuanto antes recorrer el camino del diálogo y de la reconciliación”.

Quien lo secundó en el golpe del 4 de febrero de 1992, Francisco Arias Cárdenas, acusó al dimitente Hugo Chávez de ser “una ignominia, asesino manchado con sangre de venezolanos, de mente enferma al ordenar criminal operación de franco-tiradores de Puente Llaguno.

Aquí surgió el “Bastión de la resistencia popular y de la victoria revolucionaria”, tal calificó el presidente renunciante al General Raúl Isaías Baduel, comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, que lo trajo de vuelta a Miraflores. Él le acompañó en el juramento del Samán de Güere, “con anhelo de una democracia, sólida y profunda, con separación, equilibrio, autonomía y contrapesos de poderes”.

Dicha operación la denominaron Restitución de la dignidad nacional y en Manifiesto de los ciudadanos de uniformes y sin uniforme, hacía constar el propósito de la protección y plena vigencia de la Constitución.

Entre los puntos figuraban convocar referéndum; eliminar lucha entre militares; ser ejemplo internacional de democracia; renunciar a actos que provoquen baños de sangre; acceso a medios de información. Por defensa de esos postulados padeció 8 años de cárcel.

Notaria fue la ausencia aquel 11 de abril del Canciller Nicolás Maduro y el vicepresidente Diosdado Cabello.

“Se rajaron”, declaró a la prensa el hoy difunto Luis Tascón. Dijo que el primero y su pareja (aún no estaban casados) salieron del país (se afirmaba que lo hicieron a Cúcuta) y Cabello marchó al litoral para también emigrar.

-Se fue a un apartamento de Rafael Sarría y arribó a Miraflores el día 13 prácticamente obligado por gente de la Casa Militar.

Recordemos que ese 11 de abril se realizó la multitudinaria marcha en defensa de PDVSA, ahora convertida en gigantesco centro de corrupción. Creada por Carlos Andrés Pérez luego de la nacionalización de la industria, llegó a ser la tercera petrolera del mundo y clasificada por la revista internacional Fortune como la número 35 entre las 500 más grandes.

El destino político de los protagonistas de este testimonio está a la vista y el de PDSA en quiebra. La incapacidad gubernamental ha retornado al vacío de poder y por eso acudieron a la primera “calixtenia” (Calixtenes Ortega) para hacer subalterno al supremo poder de justicia.

Al MARGEN. ¿Por qué Primero Justicia no reactiva la solicitud de investigación contra Darío Vivas por asesinato de un expendedor de arepas, cuando iba a las areperas?

jordanalberto18@yahoo.com.

Con voz propia

Con sobradas razones hemos acentuado la calificación de la realidad actual que vive Venezuela como del imperio de los sin ley, de los “pranes”, de los “malandros”, algunos de cuello blanco y otros de llamativos tatuajes y símbolos externos de poder y supercherías.

Pero en las colas, que hoy forman parte de nuestra vida -a tal punto que hasta las hacemos cuando no hacen falta ya que las extrañamos- nos encontramos en todo momento con hombres y mujeres que dan ejemplo de virtudes ciudadanas, en medio de la desesperanza que nos agobia ante la impotencia, la incertidumbre y la inseguridad

Gracias a esos venezolanos que creen en Venezuela y que esperan una solución pacífica y concertada, el país sobrevive a las carencias y a la precaria calidad de vida que nos agobia.

Yo creo que no hemos analizado en toda su profundidad lo que significa vivir al margen de la ley y que todavía se respeten normas de convivencia y civilidad.

El ciudadano común no logra explicarse lo que ha pasado, es condescendiente con los errores del pasado y cree que podemos salir del atolladero sin recurrir a la violencia.

A pesar de tantos golpes, de tener los hijos regados por el mundo, de carecer de lo más elemental para vivir con cierta dignidad, el ciudadano común –no bachaquero- respeta su puesto en la cola, es considerado con la tercera y cuarta edad y es paciente ante los atropellos permanentes de quien tiene y ejerce algún poder.

La ley brilla por su ausencia, la Constitución ha quedado para los discursos de ocasión y para que el Tribunal Supremo de Justicia la ajuste a los requerimientos del gobierno, pero la gente sigue esperando justicia, a pesar de que se hayan producido brotes de linchamientos ante la ausencia de la autoridad, cuyo rostro no se conoce y solo se le menciona como fórmula simbólica, ya que cuando está visible no actúa por temor a ejercer un oficio relegado al olvido y expuestos sus representantes al peligro inminente de ser víctimas de ataques por quienes, en verdad, ostentan el poder.

Sin ley, pero con innumerables leyes, decretos, providencias, reglamentos, resoluciones e instructivos, nos movemos entre un sinnúmero de organismos que se mencionan por sus siglas con temor o sin saber a ciencia cierta cuál es su verdadera función, convertido el país –como dice Francisco Faraco– en una verdadera sopa de letras en la cual el Sebin, el Cicpc, Corpoelec, Cavim, Cencoex, Seniat, DEM, Onidex, TSJ para citar solo algunos, invaden, aterrorizan nuestra existencia y nos acechan en cualquier esquina para solicitarnos permisos, licencias, planillas, comprobantes, autorizaciones, siendo el máximo peligro que tengamos todo en orden, ya que ello implicaría una profunda sospecha de ilegalidad y corrupción, ya que nadie puede tener a mano todo lo requerido, como me ocurrió a mí, en una ocasión, en la cual ante el INTT, después de haberme tomado la molestia de reunir toda la documentación requerida en una visita previa, despachados todos los que me precedían en la cola por faltarle una firma o la copia de un documento, el funcionario no podía salir de su asombro al verse obligado a resolver de una sola vez mi solicitud presentada con todos los recaudos.

Los venezolanos no podemos conformarnos con vivir en un mundo sin ley efectiva vigente y aplicable y con grandes esfuerzos por mantener un aliento de paz.

Hace falta que tomemos conciencia de que, sin violencia, pero con firmeza, tenemos que luchar por un país que se desenvuelva dentro del marco de las normas ético-jurídicas, sin que nos llene de horror la cita de un artículo o de un inciso, parágrafo o aparte que no conocemos y que amenaza con meternos presos y en el que el derecho, de verdad, sirva como camino para llegar a una sociedad más justa.

El único consuelo es que a pesar del estado de anomia permanente y persistente en el que se desenvuelve nuestra vida, asediados por la violencia, hemos logrado subsistir y el pueblo venezolano, noble y bueno al extremo, cree todavía en la justicia, no solo la divina, sino la que aspiramos se debe imponer por el camino del derecho, ignorado inclusive por el propio Tribunal Supremo de Justicia.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 6 de abril 2016