Una de las más importantes características de los diecisiete años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada Revolución bolivariana. Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exigen obligatoriamente las Finanzas Públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios públicos, por encima de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ningún control, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos.

En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte y Presidencia del Instituto Nacional de Deporte han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “El saqueo de los recursos presupuestarios”. Diferentes encargados de los puestos burocráticos, han permitido en sus gestiones que los dineros del deporte hayan sido malversados o apropiados indebidamente a favor de una minoría corrupta.

Bajo sus mandatos como gerentes de gobierno permitieron, de la manera más descarada, la firma de un leonino convenio con Cuba para la traída de 10.000 “Entrenadores” al país, que solo ha servido como una fuente inagotable de entrega de divisas al régimen dictatorial de los hermanos Castro.

El trato discriminatorio de los entrenadores deportivos activos, pensionados y jubilados al desconocerles su derecho a la homologación salarial y la aplicación de las normas establecidas en su contratación colectiva. Destaca el hecho de la remuneración en dólares para los cubanos y en bolívares devaluados para los entrenadores criollos.

La eliminación de los procesos de licitaciones para dar paso a la asignación directa de contratos para los servicios de alojamiento, alimentación, dotación de uniformes y transporte. Igualmente, vieron en la asignación de contratos para la construcción y reparación de las instalaciones deportivas una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito. Ejemplo de ello, entre otros, lo constituyen los Juegos Deportivos Nacionales, el Estadio Iberoamericano de Maracay, el Estadio de Softbol en Fuerte Tiuna y los Estadios construidos para la Copa America de Futbol.

Al mejor estilo de la mafia siciliana o la “Cosa Nostra”, transformaron el proceso de tramitación de divisas a Cadivi, en un mecanismo de estafa con la falsificación de expedientes y el cobro de peajes a los dirigentes deportivos para acelerar la entrega de recursos.

No podían, estos corruptos gerentes, dejar por fuera la compra de conciencias o silencios cómplices, y para ello, como unos Antonini Wilson cualesquiera implementaron los maletinzazos cargados de dólares para tales operaciones en el marco de los eventos internacionales.

Establecieron una política de persecución y cerco presupuestario contra las federaciones deportivas, con la finalidad de silenciar cualquier intento de protesta o reclamo. Además, mantienen en el limbo la legalidad del sector deportivo federado al no entregarles las Providencias Administrativas una vez culminado sus procesos electorales. La inseguridad del deporte se profundiza cuando las autoridades niegan o no responden a la presentación de los Programas Operativos Anuales de las federaciones.

Militarizaron, la organización de los Juegos Universitarios y procedieron a la asignación de sedes en base a criterios de identificación ideológica interviniendo de manera descarada la autonomía de FEVEDES,

Los eventos deportivos internacionales, se transformaron en una mina de oro, por las divisas que emplean en su organización y posterior desarrollo, lo que motivó a las autoridades a solicitar cualquier cantidad de eventos. Mientras más grande sea mucho mejor será. No fue gratuita, la solicitud de la sede de los Juegos Panamericanos para Ciudad Bolívar o los Bolivarianos de Playa para el Estado Vargas o la Copa America de Futbol…..pidan que algo queda, era la consigna.

Pero, la joya de la corona fue el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Allí, el corrupto gerente, procedió a eliminar las reuniones del Directorio del IND para así tener plena y absoluta libertad en la administración de los dineros del fondo. En consecuencia, los 325.143.361 millones de bolívares aportados por las empresas al Fondo fueron dilapidados “discrecionalmente” sin que hasta el momento el ministro o quienes lo sucedieron en el cargo hayan presentado las cuentas correspondientes a los organismos contralores del Estado. Lejos, de aplicar los mecanismos que garantizaran la transparencia en el manejo de los recursos del Fondo, el Ejecutivo Nacional, lo transfirió a la Tesorería Nacional, dejando al deporte sin posibilidad alguna de acceder a estos recursos.

Después de ese festín de millones, al final nos conseguimos con la insólita suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 ¡¡¡¡Por falta de recursos presupuestarios!!!!

Todo este andamiaje contó y sigue contando con la complicidad de los organismos Contralores del Estado que se han hecho la vista gorda frente a los desmanes de las corruptelas enquistadas en los organismos gubernamentales y olímpicos del sector deportivo venezolano.

A manera de conclusión, en este expediente rojo, los hechos demuestran fehacientemente la concurrencia de hechos punibles tales como: Peculado de Uso, estafa, extorsión, chantaje, malversación, hurto, blanqueo de capitales, compras con sobreprecio, violación a la Ley de Licitaciones, ilícitos cambiarios, convenios leoninos etc. etc. Situación tipificada por el Código Penal como “El Concurso Real de Delitos”, que tiene lugar cuando el mismo agente o funcionario realiza uno o varios actos encaminados a fines distintos y ocasionan diversas infracciones, independientes las unas de las otras. Queda claro, que para la dirigencia corrupta del sector “Hacer deporte es…Hacer dinero.”

El Deporte merece dejar de ser un antro de corrupción. No solo lo merece, lo demanda. Por eso, se impone que atletas, entrenadores, dirigentes, obreros y empleados del sector, padres y representantes tome el protagonismo de su destino. Nos toca escribir nuestra propia historia. Pacífica y democráticamente, nos incorporamos al llamado ciudadano para buscar una salida a la crisis económica, política y social en la cual estamos inmersos por la manifiesta incapacidad gubernamental. Solo con la salida de un régimen autocrático, corrupto y totalitario se podrá lograr un cambio para el país. Es el tiempo constitucional del revocatorio.

Firmemente, Gente del Deporte le dice al país “Nosotros revocamos” de su cargo al mandatario que ha provocado la peor crisis que hemos vivido alguna vez como nación.

El Deporte Revoca la corrupción.

El Deporte Revoca la incapacidad gubernamental.

El Deporte Revoca la violencia institucional generada por los colectivos armados y los Pranes protegidos por el régimen.

El Deporte Revoca a quien como gobernante ha militarizado el regimen y criminalizado la protesta social.

El Deporte Revoca a los dirigentes de una mal llamada “revolución” que hizo de la actividad deportiva una fuente de enriquecimiento ilícito.

Jesús Elorza, John Muñoz Alberto Centeno

Robert Rodríguez Héctor López José A. Rodríguez

La solución correcta, una aproximación

En la apreciación anterior, número 56, se propuso que el problema de gobernanza del país estaba enfocado por el gobierno como un problema del tercer tipo “la solución equivocada al problema estructurado equivocado o incorrecto”, y para la oposición, del segundo tipo “la solución equivocada al problema estructurado correcto”. Esto último partiendo de la suposición de que la oposición democrática ha identificado el problema de la gobernanza de manera estructuralmente correcto, es decir, identificado y priorizado los diferentes factores intervinientes: crisis económica y modelo económico equivocado (populismo y rentismo petrolero), pérdida del estado de derecho, Constitución contradictoria en sus postulados (Federalismo y descentralización vs presidencialismo exacerbado, entre otras cosas), militares politizados y gobierno ineficiente e ineficaz, con muy baja aceptación por la población general, por mencionar los más importantes. Para un problema así estructurado, la solución no puede ser, únicamente, cambiar al gobierno, aunque pasa por allí indudablemente, pero no es suficiente.

Solo a modo de ilustración, el problema requiere como solución, un programa a seguir en tiempo perentorio en diferentes etapas, por ejemplo: cambio de gobierno y gobierno de transición para implementar las medidas económicas necesarias, incluyendo financiamiento y ayuda internacional, unificación cambiaria y disminución burocrática del Estado, cambiar los magistrado, fiscal y contralor para rescatar el estado de derecho. Muchas de estas medidas serán poco populares y abundaran los detractores de las mismas calificándolas de neoliberales, capitalistas, etc., por lo que el gobierno de transición debe contar con un sólido apoyo político y su presidente no debería tener aspiraciones de reelegirse, lo que le daría más credibilidad y campo de acción para hacer lo que hay hacer. ¿Han pensado los integrantes de la MUD nacional en este escenario? Parece que no.

En consecuencia, la solución requiere, desde ahora, unidad de mando y control, con delegación de funciones y el plan de cambio debidamente estructurado. La unidad de mando implica una dirección con una cabeza visible que lidere todas las acciones necesarias, incluyendo informar adecuadamente, y de manera convincente, al país de lo que hay que hacer, de tal manera que la gente sepa a qué atenerse y que esperar en el futuro inmediato y a mediano plazo, pero con la esperanza de que las cosas si pueden mejorar y se está trabajando, de manera creíble, en eso. No es posible que al día de hoy, existan diferentes “directores o líderes” cada uno con una “solución” (equivocada) y con diferentes prioridades en sus agendas particulares, o las de su partido, para enfrentar a un régimen que siendo ineficaz, ineficiente, corrupto y sin escrúpulos, si tiene unidad de mando y control, con delegación de funciones y tiene claro lo que tiene que hacer: mantenerse en el poder, como sea. Esa es, su única fortaleza.

15 de abril de 2016

Esta semana el régimen hizo gala, nuevamente, de las arbitrariedades y cinismo que lo caracterizan sin ningún tipo de vergüenza de sus protagonistas más emblemáticos quienes, como burdos actores de operetas, insisten en sus discursos de afirmación de que vivimos en la isla de la fantasía.

El lunes, la ya desvergonzada sala constitucional, decidió la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación aprobada por la AN el jueves anterior en segunda discusión, con los argumentos más rebuscados y actuando en contra de su propia jurisprudencia lo que vuelve inconstitucional per se a la misma sala. Pero como parte de la opereta, el gobierno instala una comisión de la verdad integrada por sus afectos y trayendo expresamente al secretario general de UNASUR, no como garante, sino como observador del proceso y asesor, algo así como con voz pero sin voto, para contrarrestar la anulación de la ley de amnistía referida. Al final de la instalación, al secretario de UNASUR esperaba que la oposición (invitada por televisión, según ellos) se uniera a la comisión.

La otra rama del régimen, la electoral, entre miércoles y jueves, finalmente recibe unas firmas, después de tres intentos previos, para revisarlas después del nuevo asueto del 19 de abril o de ahorro de energía – ya es difícil discernir de que se trata – y dará el resultado para el 28 de este mismo mes según voceros de la oposición, luego de que el propio CNE dijera que tardarían 72 horas para revisarlas, es decir para el 22 debería estar listo ¿A quién creemos?

Lo que sorprende no es la actuación del régimen y sus secuaces, a estas alturas completamente previsibles, sino las respuestas tardías, tanto de la AN como de la MUD nacional, que parecen siempre sorprendidas por las decisiones del gobierno y entonces deben reunirse para redactar una respuestas “contundente” que poco afecta la decisión gubernamental tomada.

Al terminar este comentario semanal, la MUD nacional aún debate que hacer el 19 de abril y un partido insiste en unas jornadas, el fin de semana, de recolección de firmas para el revocatorio, sin tener el formato aprobado por el CNE. Creemos que un poco de sindéresis le convendría a la oposición; el país se lo exige.

15 de abril 2016

La alimentación de los escolares es cada día más deficiente

El Programa de Alimentación Escolar nació en 1949 con versiones tan distintas como el vaso de leche escolar o la beca alimenticia y fue relanzado en 1999 para no solo atender a las poblaciones más vulnerables sino como un programa para combatir la deserción escolar primero y luego como un “plan integral” dentro del subsistema de educación básica con componentes culturales y pedagógicos, cubriendo primero los planteles bolivarianos y luego todos los oficiales. Finalmente, se ha extendido a algunas instituciones privadas y subvencionadas, así como a la educación inicial.

A partir de 2015 se le cambio el nombre a Sistema Integral de Abastecimiento y Nutrición Escolar (SIANE) lo que no ha impedido su continuo deterioro.

En este momento en Aragua solo el 35 % de las escuelas (127) que deberían estar siendo cubiertas por el programa, lo están haciendo y esto ocurre en condiciones extremas de precariedad en cuanto a calidad y cantidad de los alimentos que reciben los escolares.

Los menús son muy escasos, la cantidad y variedad de los alimentos y bebidas es muy limitada, la leche desapareció y está siendo sustituida por agua coloreada y azúcar, su suministro diario no está garantizado y dichos menús son consumidos por los escolares en las condiciones muy deficientes en la que se encuentran las instalaciones docentes, sin lugares diseñados para tal fin, ingeridos en el mismo pupitre donde se sientan para recibir las clases y en la mayoría de las veces, sin platos, ni cubiertos.

A la falta de alimentos se une el deplorable estado físico de las instalaciones y la escasa dotación de elementos de apoyo docente y de servicios, situación a la que contribuye de manera muy significativa el vandalismo que azota a todas las unidas educativas en el estado Aragua.

Desde el Colegio de Profesores del Estado Aragua y aprovechando la vocería que nos facilita Aragua en Red queremos reclamar el rescate de este importante programa, fundamental para poder tratar de compensar las desigualdades de los escolares ante el acto educativo, mediante la indispensable contribución que significa el estar convenientemente alimentados.

Presidente del Colegio de Profesores del Estado Aragua

El pasado 7 de Abril, la cátedra libre de Agroambiente y Sociedad de la Facultad de Agronomía de la UCV realizó un nuevo evento. Se trató de una conferencia titulada “Crisis de la soberanía y seguridad alimentaria en Venezuela. Coyuntural o estructural?” El ponente a cargo de la misma fue el Ing. Rodrigo Agudo. Agudo es Ingeniero Químico y se ha desempeñado como consultor en el área agroalimentaria. Es un experto con una larga experiencia en el sector de lácteos, consejero de CONVECAR y asesor de empresas agroalimentarias. A continuación haremos una síntesis de la exposición del Ing. Agudo por considerarla un aporte que es necesario difundir, dada su experticia en el tema.

La tesis central del Ing°. Agudo es que la escasez es estructural, llegó para quedarse. Se extenderá hasta el 2017 debido al precario comportamiento de la producción agrícola.

En la primera parte de la exposición abordó el tema de la soberanía agroalimentaria y se inició con su definición. Existe soberanía agroalimentaria cuando las exportaciones, producto de los excedentes de una producción agrícola competitiva, pueden financiar las importaciones de aquellos rubros que no se pueden producir en el país por razones agroclimáticas. Al analizar las evidencias estadísticas se encontró que todos los países latinoamericanos incrementaron sus exportaciones agroalimentarias, excepto Venezuela que las redujo.

Detrás de la reducción de las exportaciones subyace el debacle de la producción. Tenemos siete años en continua caída de la producción agrícola. De 12 rubros que Fedeagro monitorea 11 decrecieron. Esta situación probablemente continúe en el 2017 dada las expectativas nada halagüeñas que existen sobre el comportamiento de la producción debido a la escasez de semillas; la producción de cereales en particular está en riesgo, si no hay cereales no hay producción avícola ni de cerdos Adicionalmente ello hace prever que el desabastecimiento se mantendrá o se agravará en el tiempo.

Al inicio del gobierno del ex presidente Chávez en el año 1999, las exportaciones agroalimentarias financiaban el 40% de las importaciones agroalimentarias. En el año 2015 las exportaciones financiaban el 0,5%, porque las importaciones crecieron y las exportaciones disminuyeron como parte del proceso de caída de la producción agrícola ya señalado. En conclusión sé perdió la soberanía agroalimentaria.

La segunda parte se centró en el tema de la seguridad alimentaria, la cual fue definida como el acceso de la población a los alimentos básicos; el Ing. Agudo destacó que el consumo per cápita mejoró entre 1999 y el 2012, pero no la calidad de la dieta debido al excesivo peso del consumo de carbohidratos. Sin embargo, cuando analizamos la evolución reciente del consumo per cápita, encontramos que en tres años se perdió todo lo que se logró previamente, lo que evidencia que los logros alcanzados no eran sustentables.

Una de las razones de la caída en el consumo es que el Estado se puso a hacer lo que no debía y dejó de hacer lo que debía. Actualmente el Estado es dueño de más de la mitad de la capacidad instalada en varios rubros y no lo hace bien, generando desabastecimiento en los mismos. En cambio dejó de hacer lo que debía, lo cual se ve reflejado en el deterioro del servicio eléctrico, la potabilización del agua, la vialidad agrícola y los servicios de asistencia social.

En el contexto del modelo que se ha buscado imponer, se produjo un hostigamiento a los actores privados de las diversas etapas de la cadena alimentaria (importadores, industriales, mayoristas, minoristas) que acabó con los inventarios en los diversos niveles de la misma, lo que ha originado el desabastecimiento. Ello ha obligado a las amas de casa a realizar compras para incrementar su reserva estratégica en previsión de un mayor desabastecimiento futuro.

La escasez estructural es parte de un modelo de cambio que se ha querido imponer en las relaciones de propiedad individual, sustituyéndola por la propiedad del pueblo (colectiva) representada por el Estado. Este modelo había fracasado en otros países, pero algunos jerarcas del régimen desarrollaron la tesis de que en Venezuela era factible por su condición petrolera; la abundancia de divisas hacía posible que, recurriendo a las importaciones, se podía hacer el tránsito al nuevo modelo sin lesionar al pueblo.

En la parte final de la conferencia Agudo expuso su propuesta para superar la crisis alimentaria. Hizo la salvedad que esto es muy difícil de cambiar; se requieren dos años para restablecer los equilibrios en la cadena agroalimentaria y es necesario estimular la agricultura en ese lapso para lograrlo. Sin embargo durante ese periodo es imprescindible recurrir a la ayuda externa para obtener recursos para pagar las importaciones. Para ello es necesario restablecer la confianza mediante un gran acuerdo nacional entre el gobierno, el sector productivo privado y la academia. El ejecutivo por sí solo no puede, debe reconocer que el modelo fracasó y debe sentarse a dialogar y promover un gran acuerdo entre los sectores señalados.

La inclinación al dialogo del ejecutivo depende del entorno político. En las actuales circunstancias es muy poco probable que ello ocurra. Sin embargo, si en las elecciones de gobernadores la oposición gana 20 gobernaciones como anuncian las encuestas, la oposición se convertiría en gobierno. En esas circunstancias el gobierno central se verá obligado a sentarse a la mesa con otros actores, para encontrar una salida a la crisis.

En cuanto al monto de la ayuda externa requerida para restablecer los equilibrios económicos, algunos economistas como Ricardo Hausmann la estiman en 55.000 millones de dólares. Agudo piensa que se queda corto pues no incluye los 22.000 millones que se requieren para restablecer los equilibrios en la cadena agroalimentaria. Considerando los dos montos, la ayuda externa requerida se estima en 77.000 millones de dólares; pero es necesario el gran acuerdo nacional señalado, si no, nadie nos presta, pues se trata de compromisos a largo plazo. Es necesario recuperar el comercio con Colombia quien nos puede ayudar a restablecer los equilibrios en la cadena agroalimentaria con importaciones financiadas por la CAF. Ello supone un cambio en nuestras prioridades de alianzas comerciales ya que nuestro socio natural es Colombia, no Brasil.

Ojalá la investigación ordenada por Maduro sobre venezolanos que aparecen en los papeles de Panamá no termine como la Ley Habilitante que solicitó para luchar contra la corrupción: en nada.

Hasta ahora, el trabajo realizado por un grupo de periodistas de más de cien medios de todo el mundo, incluyendo Venezuela, ha destapado una decena de casos de corrupción relacionados con altos funcionarios y contratistas del gobierno como Adrián Velásquez alias Guarapiche, ex seguridad de Chávez y de su esposa Claudia Díaz Guillén, la enfermera presidencial que llegó a tesorera nacional; Pedro Torres Ciliberto, Gonzalo Tirado Yépez y los hermanos Castillo Bozo, protagonistas de la macro estafa bancaria de 2009; el banquero peruano Francisco Pardo y sus cómplices en el régimen cubano en el fraude contra el sistema de identificación venezolano; el importador de equipos militares y alimentos Desiré Obadía Medionies y sus negocios con el general Alcides Rondón y funcionarios de CASA; las cuentas del general Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur; de Eudomario Carruyo ex vicepresidente de finanzas de Pdvsa y director de Citgo y del ex auditor de Pdvsa Jesús Villanueva Rojas, para comenzar.

Según los periodistas venezolanos que adelantan el tema, aún quedarían unos 50 nombres más por develar, entre exfuncionarios, políticos, banqueros y empresarios, enriquecidos grotescamente bajo el régimen chavista.

Casi todos los casos destapados hasta ahora ratifican denuncias sobre el uso de empresas de maletín para lavar fondos, como los $25 mil millones del SITME,o los más de $130 mil millones defraudados a través de Cadivi, o el caso de Banca Privada de Andorra, donde funcionarios, operadores y contratistas relacionados con Pdvsa se apropiaron de más de $2 mil millones.

Los Papeles de Panamá han descubierto que uno de los bufetes que creó las compañías para los funcionarios venezolanos fue precisamente Mossack y Fonseca, sin embargo, en El Gran Saqueo denunciamos otros despachos.

Las revelaciones de los llamados Papeles de Panamá ha sacudido al mundo. Muchos gobiernos han reaccionado iniciando investigaciones. Desde EEUU hasta El Salvador y en varios países de Europa, los organismos fiscales y judiciales están estudiando los casos denunciados para precisar el tipo de delito cometido por los dueños de las empresas registradas a través del bufete panameño. Ya cayó un gobierno, el de Islandia, y el británico se tambalea por una cuenta offshore del padre del primer ministro.

Mientras tanto, en Venezuela, a pesar de las graves denuncias sobre las empresas de maletín y otras irregularidades detalladas en los libros Estado Delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015) que involucran a altos ex funcionarios del gobierno, contratistas y empresarios allegados al régimen, la Fiscalía no había iniciado ninguna investigación.

Recién ahora, a raíz del escándalo global de los Papeles de Panamá, el Ministerio Público declara que está “evaluando” congelar cuentas y detener a mencionados en el caso. Ojalá que no se trate de otro pretexto para criminalizar a dirigentes de la oposición y exonerar, con más impunidad, a los cercanos al régimen.

Los Papeles de Panamá son una gran contribución a la labor de recuperación de los fondos robados al país emprendida desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Destaparon algunos de los rastros a seguir para encontrar los dólares robados a Venezuela. Las investigaciones deben llegar a sus últimas consecuencias, caiga quien caiga.

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@TablanteOficial

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El personal que labora en la Dirección de Administración, del Instituto Nacional de Deporte, comentaban entre sí, los anuncios hechos por Nicolás Maduro, en el acto de condecoración a la atleta Yulimar Rojas por su destacada actuación, al obtener Medalla de Oro en Salto Tiple en el Mundial de Atletismo Bajo Techo.

Incrementar, las becas de los atletas a 50.000 Bs. mensuales y la de los Entrenadores a Bs. 30.000 era un justo reconocimiento a la labor de los deportistas y al trabajo de los docentes deportivos que día a día se esforzaban con su trabajo en elevar las condiciones bio-psico-sociales de sus atletas para hacer posible los logros competitivos.

Sin embargo, a todos los analistas de presupuesto, les llamó la atención, el señalamiento que hizo Maduro de que los referidos incrementos económicos se harían “con recursos provenientes del Fondo Nacional del Deporte”.

No puedo entender, como el Presidente, dice una cosa así. Da la impresión, que desconoce lo establecido en la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física dijo uno de los analistas.

- ¿¿¿Explícate??? Dijeron los demás compañeros.

La ley en suficientemente clara, en lo referente a cómo deben ser manejados los recursos del Fondo:

Art 69. Los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Actividad Física y la Educación Física “serán ejecutados por el Instituto Nacional de Deporte…..”

Art 70. Los proyectos a financiar por el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física “serán determinados por el Directorio del Instituto Nacional de Deporte”

También, el Reglamento parcial número 1 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física es muy claro en esta materia al establecer:

Art 35. El Directorio del Instituto Nacional de Deporte fijará anualmente los lineamientos para la Ejecución de los recursos que conforman el Fondo Nacional….

-Huele a malversación, se atrevió a decir uno de ellos.

-O peculado de uso, dijo otro.

Para mí, es un acto de soberbia combinado con populismo demagógico, señaló el asistente de informática.

Esto no es nada nuevo, explicaba el analista. No se olviden, de la gestión del Ministro Héctor Rodríguez, en el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Allí, el corrupto gerente, procedió a eliminar las reuniones del Directorio del IND, para así tener plena y absoluta libertad en la administración de los dineros del fondo. En consecuencia, los 325.143.361 millones de bolívares aportados por las empresas al Fondo, fueron dilapidados “discrecionalmente” sin que hasta el momento el ministro, o quienes lo sucedieron en el cargo, hayan presentado las cuentas correspondientes ante los organismos contralores del Estado.

En el caso particular de los anuncios de Maduro, cabría preguntarse, si los incrementos económicos fueron aprobados por el Directorio del Instituto Nacional de Deporte o es una decisión personal y discrecional de él. Seguro estoy, continuó explicando el analista, que los representantes del gobierno en el directorio le van a dar el visto bueno a los anuncios, para proteger a su camarada presidente. Pero, cual es la posición del representante de las Federaciones en el directorio, es una buena pregunta…. ¿Se hará cómplice? o ¿Mantendrá una postura en defensa de la transparencia en los manejos de los Fondos Públicos?

Mientras tanto, Maduro parece decirle al país “Este Fondo es mío y hago con él lo que me da la gana”