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Opinión

Fernando Mires

A primera vista es, o por lo menos era, un club exclusivo, hecho para millonarios, o como dicen los ultraizquierdistas de distintas latitudes, la vanguardia del capitalismo mundial. Sin embargo, el denominado G7, a pesar de haber sido visto hasta ahora como una asociación informal de países occidentales altamente desarrollados, ha llegado a ser, sobre todo hoy, en tiempos de guerra, un organismo internacional de coordinación política más que económica.

ACUERDOS Y CONSENSOS

Habiendo desaparecido las naciones comunistas (solo quedan deshechos como Cuba o Corea del Norte) el G7 ha pasado a ser una institución que convoca a los países líderes del espacio político occidental (en cierto sentido: político-cultural) tan distinto al occidente geográfico. Así podemos ver que bajo las condiciones determinadas por la invasión desatada desde Rusia, el G7 ha llegado a ser el núcleo central de la alianza occidental que apoya política y militarmente a Ucrania. Más todavía si se tiene en cuenta que los objetivos de esa guerra, anunciados por el propio Vladimir Putin, van mucho más allá de Ucrania, apuntando hacia la conformación de un bloque mundial cuyo eje dominante deberá ser China, en estrecha alianza con la dictadura rusa y la tiranía clerical de Irán.

Estados Unidos y Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Japón, sin ostentar el título, son por el momento naciones líderes del occidente político. Sin la participación conjunta y activa de ese grupo de autoelegidos, Occidente carecería de representación política estatal para enfrentar problemas mundiales en contra de declarados enemigos anti-democráticos como también frente a dilemas de dimensión global (como el cambio climático y las pandemias, por ejemplo)

De tal manera, si tuviéramos que hacer un catálogo de los temas discutidos por los gobernantes presentes en Hiroshima (19.05.2023) habría que dividirlos en dos grupos. A los primeros podemos llamarlos temas globales. A los segundos -los más candentes, los derivados de la guerra de Rusia a Ucrania y los latentes conflictos geo políticos, económicos y militares entre China y los EE. UU- podríamos denominarlos, temas geo-estratégicos.

Acerca de los primeros, los gobiernos del G7 estuvieron de acuerdo en continuar trabajando hacia un objetivo que, por ahora, parece imposible: la desnuclearización militar del globo. No se trata por cierto de un proyecto de paz mundial -eso sería aún más utópico– sino simplemente de un intento para impedir que gobiernos anti- democráticos como son los de Rusia, Corea, Irán, entre otros, pretendan poner de rodillas al resto del mundo mediante el chantaje nuclear, como lo ha venido intentando Putin durante la invasión a Ucrania. Evidentemente, en ese punto los gobiernos del G7 esperan contar con la colaboración de China, cuyo gobierno, a diferencias del de Rusia, no tiene ninguna vocación suicida, entre otras razones porque el crecimiento económico de China depende de las economías occidentales. En ese mismo orden, los siete gobiernos reunidos en Hiroshima, habiendo extraído las enseñanzas de la reciente pandemia, también se comprometieron a trabajar en conjunto en la formación de un sistema mundial de la salud. Los epidemias y pandemias, fue la fatal lección que dejó el COVID 19, no reconocen barreras políticas, ni culturales, ni mucho menos, geográficas.

Al ítem de los temas globales pertenece también la revolución energética de nuestro tiempo.

Los siete firmantes estuvieron de acuerdo en mantener una política tendiente a la reducción de la energía fósil y su reemplazo por energías verdes, eólicas y solares, entre otras. Un proceso que avanza aceleradamente en América del Norte, en el sudeste asiático y, esto es muy importante, también en China, cuyo gobierno ha avistado la posibilidad de ejercer liderazgo en la producción de tecnologías en el rubro de las energías renovables. Sin embargo, en ese punto, es posible que China se vea obligada a navegar entre dos mares.

Por una parte China dispone de mecanismos para liderar junto con Europa y los EE. UU las transformaciones energéticas que tienen lugar a nivel mundial. Pero, por otra, su gobierno mantiene a nivel geopolítico una estrecha relación con las mal llamadas potencias emergentes, las que en su mayoría viven de la venta de materias primas tradicionales, como gas y petróleo (sobre todo Rusia, Irán, Arabia Saudita y las naciones de Asia Central)

De una manera u otra, la reunión del G7 demostró claramente que, mientras la agresión de Rusia a Ucrania es el problema más inmediato y por eso mismo el más grave, el problema central se llama China. O para formularlo en un dilema: ¿cómo mantener una relación pacífica con un gigante territorial que a la vez es y seguirá siendo un socio comercial, un competidor tecnológico y financiero y un rival (a veces, un enemigo) sistémico, vale decir, político y militar? Un tema, sabemos, en el que no hay acuerdo total entre los Estados Unidos y los demás miembros del G7.

Francia y Alemania, tal vez Italia, no parecen demasiado dispuestos a bajar su nivel de cooperación económica con China si el conflicto entre China y EE. UU llega a incentivarse. La frase brutal de Macron en Pekín, “No hay que dejarse arrastrar por los Estados Unidos” fue compartida por personeros del gobierno y de la oposición alemana, aunque si bien, como es su costumbre, Scholz se limitó a no decir nada. Tal vez con el objetivo de no hacer públicas sus discrepancias los gobiernos asistentes optaron por un “acuerdo de caballeros”: reducir las dependencia con China en áreas llamadas estratégicas (no se mencionó ninguna) a fin de evitar una crisis como la que estuvo a punto de producir en Europa el corte de gas ruso, pero a la vez solicitar al gobierno de Xi Jinping que modere sus pretensiones geopolíticas en el mar de China y que intente bajar las tensiones sobre la soberanía de Taiwan, lo que evidentemente China no hará.

No es demasiado probable, como advierten algunos observadores, que China invada a Taiwan arriesgando una guerra de desarrollo impredecible. Pero por otro lado tampoco le convendría bajar las tensiones, pues ha descubierto que el problema Taiwan puede ser reactivado cada vez que China necesite mostrar sus dientes a EE. UU, más todavía si existe la posibilidad de un retorno de Donald Trump, cuya chinofobia va más allá de la simple rivalidad económica. En todo caso, las tensiones derivadas de Taiwan no las bajará China mientras no termine la guerra en Ucrania (y eso ni Dios sabe cuándo puede ocurrir).

El pedido del G7 a China para que interceda frente a Putin en la guerra a Ucrania, fue solo un acto pro-forma. Todos los habitantes del mundo –quizás con la excepción de Lula- saben que Rusia es un aliado, si no estratégico, por lo menos táctico: una especie de brazo armado del proyecto chino orientado a alcanzar la hegemonía económica mundial. Reiteramos económica, porque acceder a la hegemonía política será muy difícil, pues para ejercerla se requiere de cierta hegemonía político-cultural, y esa hegemonía –por su imposibilidad- es lo que menos parece interesar a los comunistas-capitalistas de China.

OCCIDENTE COMO AMENAZA POLÍTICA Y CULTURAL

Probablemente los dirigentes chinos no han estudiado a Max Weber, a Antonio Gramsci, mucho menos a Hannah Arendt (como tampoco los miembros del G7 han estudiado con intensidad a Confucio y Lao Tsé) y al parecer no han reparado en la estrecha relación que en la zona política occidental se da entre pensamiento, debate y política. En el discurso político chino por ejemplo, no existe la noción de hegemonía política, la que en Occidente es imprescindible. Da la impresión incluso de que dentro del discurso político de China la palabra hegemonía es un sinónimo de dominación o, en el mejor de los casos, de supremacía. En esos dos ámbitos, dominación y supremacía, China podría lograr, por lo menos periódicamente, objetivos económicos y geoestratégicos. Puede ser entonces que los observadores chinos se hubieran sentido desconcertados cuando en la declaración de Hiroshima aparecieron dos puntos muy inusuales en los encuentros inter-estatales. Uno es el que se refiere a la necesidad de mantener control sobre la expansión de la llamada inteligencia artificial. El otro se refiere al apoyo conjunto de los gobiernos del G7 a las libertades sexuales y de género logradas en los países occidentales por movimientos como los articulados bajo la sigla LGTB.

Con respecto al tema de la inteligencia artificial, los gobiernos occidentales han tomado noticias de los alertas que diversos estudios han emitido sobre el problema que surge al sustituir al pensamiento humano –por ser humano, equívoco y contradictorio- por otro tipo de pensamiento superior en precisión, claridad y objetividad, cuya aplicación puede ser muy útil en diversos aspectos de la vida cotidiana, sobre todos en los referentes a tecnología, la ciencia y la producción de bienes y servicios. Pero aplicado más allá de la esfera de la racionalidad instrumental, puede derivar en el deterioro de esa otra esfera del pensamiento constituida por la afectividad, la emocionalidad, y no por último, por la espiritualidad, vale decir, sobre esa capacidad del humano de “pensar más allá del pensamiento” de acuerdo a un pasado revivido, orientado hacia el futuro (Arendt), capacidad que lo lleva a emitir y rectificar juicios en el debate colectivo, fase previa a la decisión que lleva a la acción política.

La extensión de la inteligencia artificial a los espacios de lo privado y de lo público, llevaría al deterioro de lo privado y de lo público a la vez, es decir, a asumir como normal un estilo de pensamiento propio a los regímenes totalitarios. De más está decir que un proyecto de extensión acrítica de la inteligencia artificial contaría con el apoyo entusiasta de gobernantes como Xim Jong Un, Xi Jinping, Vladimir Putin.

No es casualidad que Putin haya declarado que los países que mejor dominen los mecanismos que demanda el desarrollo de la inteligencia artificial, controlarán al mundo. En otras palabras, lo que ha captado el asesino presidente, es la posibilidad de imponer un tipo de pensamiento puramente instrumental, ese que a él mismo impide sentir el más mínimo dolor frente al asesinato en masa de niños, mujeres y ancianos que cada día manda a ejecutar en Ucrania. Para decirlo con cierta sorna: la inteligencia de dictadores como Putin es, de por sí, artificial.

El segundo nuevo punto introducido en la declaración de Hiroshima, el de apoyo a las demandas que claman por la aceptación de las diferencias sexuales, debe haber sorprendido a los jerarcas de los países regidos por dictaduras, sea en China, en Rusia y en la mayoría de los países islámicos. Para sus gobernantes quedaría confirmada la tesis de que Occidente es un espacio decadente y, por cierto, marcado por la degeneración sexual. Por lo demás, la persecución sistemática a que son sometidos los homosexuales en Rusia o en Irán (no en China) cuenta con el apoyo más decidido de las extremas derechas occidentales. De ahí que tanto a esas derechas, como a las sectas putinistas e islamistas, la declaración del G7 -que no solo lleva a la aceptación de las diferencias sexuales sino (¡horror!) a su apoyo- debe haber aparecido como una afrenta a la moralidad y a la tradición que ellos imaginan representar en sus respectivos países. Visto desde ese prisma, la des-occidentalización que debe comenzar en sus naciones, es una obligación moral, e incluso, para los ayatolas y los monjes ortodoxos de Rusia, una misión sagrada.

Así como en las castas dominantes de los países anti-occidentales, existen en los países occidentales grupos no siempre minoritarios que jamás aceptaran la idea de que entre el sexo, como actividad reproductora y el género como identidad social y cultural, debe haber una diferencia. Por eso mismo nunca aceptarán que las constituciones reconozcan la diversidad de la vida en el marco de una igualdad que solo puede ser ante la ley.

Las demandas por más libertades sean de sexo o de género (es decir, las demandas por la libertad de ser) son sentidas por los gobiernos autocráticos como una ofensa a la integridad del poder. Y en cierto modo lo son. Las libertades del ser siempre serán ofensivas -y contaminantes- para las autocracias y otras formas autoritarias de gobierno. Más todavía si esas formas sustraen los cuerpos a quienes se han adjudicado el derecho a controlarlos mediante los “dispositivos del poder” (Foucault) sean estos privados o públicos.

La democracia, se comprueba una vez más, no solo es una forma de gobierno, o no solo es un sistema político, sino sobre todo, un lugar de reproducción de la lucha por la libertad del ser, sea como ciudadano, sea como entidad corporal. Eso significa que alguna vez deberemos reconocer el legado político de esa línea intelectual iniciada por Freud quien estudiando la polimorfía sexual de sus pacientes logró separar a la reproducción de la sexualidad (separación entre sexualidad y género, según la terminología actual). Línea después continuada por Lacan, al entender que no es el objeto el que construye al deseo sino el deseo al objeto y, no por último, por Foucault, quien de modo directamente político planteó –ante el espanto de la patanería pseudointelectual- que no existe la represión corporal pues la represión será siempre corporal, sea ejercida en un cuerpo social, en un cuerpo laboral o en un cuerpo biológico y sexual (bío-poder). En otras palabras –y ese es el hueso de la proposición de Foucault- es imposible una liberación social sin una liberación corporal.

El ser no es solo una noción filosófica. El ser del humano es un cuerpo-ser y un ser-cuerpo. Eso quiere decir que las libertades originarias del liberalismo filosófico han bajado del cielo de las ideas para materializarse en el lugar donde pertenecen: el cuerpo humano. Ahora bien, ese encuentro entre la libertad como idea y la libertad como cuerpo que estamos presenciando en el asomo desordenado, anárquico, a veces exhibicionista y hasta antipolítico de los movimientos orientados a las demandas por la diversidad de género, porta consigo el sello de la revolución democrática occidental. En efecto, las demandas de género se encuentran en continuidad con las demandas liberales del siglo XlX, con las demandas sociales del siglo XX, con las demandas feministas de los siglos XX y XXl. Frente a todas esas demandas han surgido contra-movimientos e incluso contrarrevoluciones, muchas veces triunfantes. Con mayor razón aparecen con furia en países como China, Rusia e Irán, donde nunca ha habido ni siquiera un asomo de revolución democrática.

No son pocas las críticas a la exclusividad del G7, o al hecho de que sus participantes no hayan invitado a Rusia o China a formar parte de la institución. El problema es que si China o Rusia hubieran formado parte del grupo, una declaración a favor de la libertad y de las diferencias como fue la firmada por los gobiernos presentes en Hiroshima, no habría sido posible.

Hay momentos en que Occidente necesita estar a solas consigo. Hay momentos también en los que la democracia debe ser desafiada para entender todo lo que perderíamos si es que alguna vez ella se nos va. Todos sabemos, por ejemplo, lo que significaría para la ciudadanía ucraniana una rusificación forzada o para la población de Taiwan, una des-occidentalización no menos forzada. Las libertades nacieron no solo para gozarlas, también para defenderlas.

27 de mayo 2023

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2023/05/fernando-mires-los-acuerdos-de-...

 12 min


Humberto García Larralde

El elemento determinante de la estrategia económica de Maduro es que no hay estrategia. Discurre a tientas, dando tumbos en lo económico, con la esperanza de que la providencia venga al rescate. Encima se encuentra entrampado, como explicaremos más abajo. No olvidemos que el socialismo que Chávez le legó a Maduro se basa en el reparto, no en la actividad productiva como expuso Carlos Marx. Nada de “liberar las fuerzas productivas”; más bien, su parasitación. Si se definiese a los detentores de este curioso “socialismo” en función de cómo se relacionan con el proceso productivo –la metodología con que Marx elaboró su teoría--, serían terratenientes. Viven (¡y cómo!) de la renta de la tierra, en este caso, de la que se capta por la venta de crudo en los mercados internacionales, así como de exacciones que, al posesionarse a la fuerza y en exclusividad del territorio (Venezuela), les imponen a sus moradores. Invocando un cambio de cara al futuro –el socialismo, en el imaginario marxiano—estos “revolucionarios” han ido consolidando un arreglo más afín al feudalismo. Para completar, la soberanía, que “reside intransferiblemente en el pueblo”, fue usurpada por el eterno con el cuento de que “Chávez es el pueblo”. Como cuando la monarquía. Pero estos émulos trasnochados de pasados señoríos se caen a embuste autocalificándose de “revolucionarios”, denunciando al imperialismo y a la oligarquía, para encubrir su depredación. Y, desde las antípodas del socialismo pregonado por Marx, asumen sus categorías discursivas y los clichés de la mitología comunista, para aparecer del lado “correcto” de la Historia.

Chávez llevó hasta el extremo la cultura rentista del país. Cosechó la convicción, asumida por muchos, de que la percepción de rentas petroleras nos hacía ricos, por lo que nuestros problemas se debían a desaciertos, ineptitudes o corruptelas de quien estuviese en el poder. Pero, a diferencia de AD y Copei, que procuraban erigir una institucionalidad en la cual la renta contribuyese a financiar una batería de incentivos a la actividad productiva para así “sembrar el petróleo”, él y su designado a dedo se avocaron a destruirla –incluida la propia PdVSA, que “ahora era de todos”--, alegando que la “oligarquía” esquilmaba al pueblo. Beneficios (y pérdidas) de actividades mercantiles amparadas por el marco legal de la democracia representativa, si bien sujetas a ciertas intervenciones del Estado, fueron superados por las posibilidades irrestrictas de lucro profesando lealtad incondicional al líder y a la “revolución”, y tocando las teclas adecuadas. Estas nuevas “reglas de juego”, cuyos premios y castigos se basan en criterios políticos que moldean la conducta de los venezolanos, fueron plasmando una institucionalidad “de facto” que terminó por socavar la institucionalidad “de jure” explicitada en la Constitución de 1999.

El desmantelamiento progresivo del Estado de derecho por parte de Chávez fue expresión de una nueva correlación de fuerzas políticas, urdida con prédicas populistas orientadas a cosechar las expectativas frustradas y las esperanzas incumplidas en 40 años de democracia. Lo que prometía ahora era adscribirse a un movimiento que profesaba su lealtad a Chávez. Sus jefes podían, a discreción, abrir puertas y garantizar la impunidad para contrataciones ilegales, sobreprecios, comisiones, extorsiones, apropiaciones indebidas y otras prácticas formalmente vedadas por el ordenamiento jurídico. Fueron sembrándose redes de complicidad a lo largo y ancho del aparato de toma de decisiones, que fraguaron en verdaderas mafias, dedicadas a expoliar la riqueza social en nombre de la “revolución”.

En contraposición a los deberes y el disfrute de derechos atinentes a la observancia de la ley y a la valoración social de facultades o competencias a través del mercado, en el ámbito del trabajo y/o por la comunidad, emergió una idea alterna del “deber ser” social basado en el imaginario que fue construyendo de sí mismo la “revolución bolivariana”. El criterio de verdad y de lo que se considera correcto y justo pasó a depender de su funcionalidad para con los intereses del poder. “Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada” como sentenciara el nuevo padrino de Chávez, Fidel Castro. De manera que el poder político se fue transfigurando en una alianza entre mafias, aunado por las oportunidades de lucro que deparaba el abatimiento del andamiaje de contrapoderes, normas y obligaciones del ordenamiento constitucional. Sin estas restricciones, el Estado deviene en instrumento para ejecutar las preferencias de quienes controlan el poder. Ello cual hace imperativo su conservación, como sea, so pena de perder tales prebendas y enfrentar las penas legales correspondientes.

A diferencia de las dictaduras clásicas, las mafias que se han apoderado de Venezuela disponen de una moralidad que ampara y legitima sus desmanes, construida con base en una falsa realidad que se nutre de las “verdades” de la mitología comunista y de la tergiversación patriotera con que Chávez construyó su ascenso al poder. No existe resguardo moral, ético o legal que restrinja sus apetencias. Su mundo ficticio es refractario a críticas externas, pues los criterios de verdad y de justicia liberal le son ajenos. Se sienten así blindadas moralmente y no tienen por qué considerar argumentos que cuestionen su proceder. Como dolorosamente hemos comprobado, esta ausencia de frenos se ha materializado en la violación extendida de derechos humanos en el país, con un balance de centenares de acribillados en manifestaciones de calle, de presos políticos, muchos de ellos torturados, y de millones de migrantes huyendo de las penurias que han resultado del régimen de expoliación que se fue instalando.

Y he aquí la trampa a que hacíamos referencia. La depredación de las alianzas mafiosas con base en las cuales se sostiene el poder que encabeza Maduro ha agravado hasta tal punto las condiciones de vida de los venezolanos que la conflictividad social amenaza con desbordarse, poniendo en peligro la sustentabilidad del régimen. Asimismo, la economía, disminuida hasta cerca de la cuarta parte de hace una década, no alcanza como botín para satisfacer las apetencias de quienes viven del poder. Si bien la liberalización de precios y de la transacción en divisas ha detenido su caída, los intereses creados y la dinámica consustancial a las instituciones de facto –“reglas de juego”-- que han venido imponiéndose impiden reformas adicionales necesarias para que rindiesen sus frutos plenamente. Ello implicaría restituir derechos y garantías, acabar con las corruptelas y eliminar las prácticas depredadoras, para así poder generar la confianza que fundamentaría la reactivación de la economía.

En un intento por contener la protesta social, Maduro anuncia aumentos salariales, ahora bonos sin incidencia en las prestaciones, para los cuales no cuenta con ingresos para pagarlos. La ruina económica y la destrucción de PdVSA lo han dejado con una base impositiva mínima y el impago de la enorme deuda, contraída alegremente hasta hace poco, junto a las sanciones que le han impuesto a su gobierno, le impiden acceso al financiamiento externo. Recurre, entonces, a la emisión monetaria –el dinero “inorgánico”—para financiar esos aumentos / bonos, lo cual, como ya ha aprendido bien el venezolano, es gasolina para la inflación. Intentar contenerla reduciendo aún más el gasto público, secando el crédito bancario y gastando divisas escasas para estabilizar su precio, lo que hace es agravar la situación de la economía: mayor deterioro de los servicios públicos, sueldos miserables y un ambiente hostil a las empresas por la ausencia de financiamiento, la inseguridad y la sobrevaluación del bolívar.

Maduro aspira a contar con mayores ingresos para superar este atolladero consiguiendo que le levanten las sanciones a la comercialización del petróleo venezolano y que restringen su acceso a dinero fresco afuera. Para ello tiene que acceder a la convocatoria de elecciones confiables, requisito exigido por los gobiernos de EE.UU. y de la U.E. Pero sabe que no puede cumplir, pues, salvo que la oposición se haga un harakiri acudiendo dividida, perdería inexorablemente. El régimen de expoliación, con sus instituciones de facto que amparan la depredación, sería desmantelado para poder restaurar el ordenamiento constitucional y el imperio de la ley. Inadmisible para las alianzas mafiosas que sostienen a Maduro. En la medida en que se le achican sus opciones, arremete contra los eslabones más vulnerables en la cadena de complicidades –aquellos asociados a Tarek El Aissami--, con la ilusión de recuperar espacio de maniobra. ¿Cuántos eslabones más tendrá que desmontar, sin que ello termine desestabilizando su mando? Porque las reformas para restablecer las garantías y poder contar con las inversiones y el financiamiento internacional requerido, no parecen entrar en su agenda.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

 6 min


Eddie A. Ramírez S.

En la guerra, un pelotón puede tomar una determinada posición estratégica. Sin embargo, para mantenerla es imprescindible que otras unidades le suministren apoyo logístico. Esto también es valedero en la política. Un candidato difícilmente puede ganar contando solo con la intención del voto reflejada en encuestas. Mucho menos podrá gobernar sin acuerdos políticos, sobre todo cuando se enfrenta a un régimen inescrupuloso como el que tenemos. Analistas y opinadores más calificados lo han dicho, entre ellos el distinguido Ramón Guillermo Aveledo, pero hay que insistir

Por razones que la razón no entiende, algunos de nuestros candidatos a las primarias pareciera que no lo practican. Proliferan las descalificaciones abiertas y las zancadillas a hurtadillas a los competidores. Por esa vía quizá puedan ganar en las primarias, pero les será cuesta arriba vencer en la presidencial, así como mantenerse en el poder durante el período constitucional.

El régimen hace trampas inhabilitando candidatos y cuando no tenemos testigos en las Mesas electorales; si se siente derrotado, apela al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la intervención de algunos militares de Plan República. También, desestimulando el voto. Los demócratas solo tenemos en nuestras manos evitar la trampa en las Mesas, para lo cual requerimos testigos bien formados y con carácter para enfrentar los abusos, así como convencer a los electores que sí se puede ganar a pesar de los obstáculos.

Desde luego esto no es fácil. Como lo evidencia el trabajo realizado por el Observatorio Electoral Venezolano, entre el 2006 y 2010 el CNE creo 886 nuevos Centros Electorales en parroquias tradicionalmente rojas, versus 418 en las de tendencia opositora. Esta situación se agravó entre el 2010 y el 2015, cuando creó 1470 Centros en zonas rojas y solo 311 en las de influencia opositora. El 83 por ciento de los nuevos Centros son de una sola Mesa electoral. Evidentemente, ello le facilita al oficialismo amedrentar tanto a testigos, como a electores, y a los partidos demócratas se les dificulta tener representantes.

Los totalitarios hacen su trabajo perversamente bien. Los demócratas tenemos que reconocer nuestras fallas y enmendarlas. Un error ha sido crear la expectativa de que siempre hemos sido mayoría y que el régimen manipuló las máquinas. Es lógico que quienes participamos y los que presenciaron las marchas de hasta casi un millón de personas entre el 2002 y el 2004 estuviésemos convencidos de eso. No tomamos en cuenta que la demora del CNE en convocar el referendo revocatorio y las Misiones creadas por Chávez jugaron a su favor. Allí nació el mito de que las máquinas estaban manipuladas. Realmente, nunca ha habido diferencias entre las papeletas emitidas y el resultado arrojado por las máquinas. Hay que reconocer que no hemos tenido testigos en un elevado porcentaje de las Mesas, se dice que en un 30 por ciento, sin desconocer que Chávez tuvo un carisma que atrajo votos de la población menos favorecida. Este no es el caso de Maduro, quien tiene un rechazo general.

Si algunos candidatos se siguen descalificando entre ellos, será difícil que quien gane las primarias tenga el apoyo del resto para la presidencial, sobre todo para que contribuyan aportando testigos de Mesas. Además, para poder gobernar tendrá que contar con el soporte de los otros y llegar a acuerdos con el PSUV y con la Fuerza Armada. Es imprescindible que algunos dejen la arrogancia. Tienen que estar conscientes de que un nuevo gobierno enfrentará la protesta de los desplazados y las demandas de casi el resto de la población.

Será necesario mucha ayuda humanitaria, crear empleos y reactivar la industria petrolera que es prácticamente la única que genera divisas. La recuperación de Pdvsa pasa por contar con el personal existente, cambiando solo la directiva y algunos gerentes generales. Posteriormente, el sector político decidirá si se debe o no mantenerla como empresa del Estado. Desde luego, hay que deslastrarla de filiales y empresas no relacionadas con el negocio de los hidrocarburos y enjuiciar a los corruptos. El sector agroindustrial es relativamente fácil de reactivar y es una importante fuente de empleo en el medio rural. La mayor dificultad estará en las ciudades, en donde las protestas son muy peligrosas.

Ese nuevo gobierno tendrá que tomar medidas difíciles de digerir y la situación económica tardará en mejorar. Esas medidas tienen que ser aplicadas gradualmente. En la industria petrolera hubo varios ejemplos de gradualidad: cuando se nacionalizó, Pdvsa pasó de 14 empresas filiales a solo tres sin afectar las actividades, cuando Pdvsa asumió el Instituto Venezolano de Petroquímica tuvo que salir de parte del personal, lo cual se realizó sin traumas y cuando el ingeniero Julio César Carrozo, gerente de Palmichal, emprendió la recuperación de la cuenca del rio Morón, manejó adecuadamente la situación de los campesinos ubicados en esa zona.

¿Podrán los candidatos a las primarias bajar el tono de las desavenencias y, además, aceptar que para ganar la presidencia y mantenerse durante el período constitucional deben comprometerse con un Plan País y no inventar cada quien su plan? Ojalá no se aplique aquello de que no hay peor sordo que quien no quiere oír. Desde luego, aquí cumplimos las recomendaciones de la Academia de la Lengua Española, por lo que están incluidas las dos valientes candidatas, María Corina Machado y Delsa Solórzano.

Como (había) en botica:

Miguel Alfonzo, candidato del chavismo a rector de la UCV debería usar un lenguaje de altura y no inventar conspiraciones por la suspensión de las elecciones de la semana pasada.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

 4 min


Jesús Elorza G.

Durante todo el mes de mayo, las calles y avenidas de Maracay han sido el escenario principal de las marchas y concentraciones de los Trabajadores de la Salud que de manera sostenida han mantenido sus denuncias y reclamos por la violación de sus derechos laborales. Los traslados inconsultos de los médicos y enfermeras que laboraban en los ministerios de salud y defensa al organismo regional de Corposalud, configuran medidas de despido indirecto y de arbitraria reducción de los salarios que afectaron, de una u otra manera, a más de 2.500 trabajadores del sector.

En el caso concreto del programa “Misión Barrio Adentro”, los médicos, enfermeras, empleados y obreros de manera unificada, llevaron sus reclamos a la Inspectoría del Trabajo en donde introdujeron un pliego con una solicitud de amparo, para todos y cada uno de los trabajadores afectados por las medidas anti obreras de los patronos. Hasta el presente no se conoce aún la respuesta gubernamental frente a este reclamo y los trabajadores se mantienen atentos a los acontecimientos, fortaleciendo su unidad y acción de lucha en sus justos reclamos.

De manera casi simultánea, en el Hospital Militar de Maracay, sesenta médicos residentes fueron transferidos, de forma inconsulta, del Ministerio de la Defensa al ya nombrado organismo regional de Corposalud. Esta arbitraria e ilegal medida fue protestada por el personal afectado. Además, dieron a conocer que, a pesar de haber firmado un contrato en diciembre del año pasado, no les habían cancelado ni un solo mes de trabajo.

Ante la protesta sostenida por los médicos, el gobierno se vio en la obligación de dar marcha atrás en su política de transferencia inconsulta del personal de una dependencia a otra, prometiendo la cancelación de los meses trabajados. Pero, de la manera más draconiana, les anunció a los médicos que a partir del próximo año ¡¡¡las residencias serían autofinanciadas!!! Esta medida colocaría al personal médico en una situación de esclavitud a todas luces inaceptable.

El médico residente es un profesional en formación que ha completado sus estudios universitarios de medicina y que se encuentra en la fase práctica de su formación especializada.

Una vez que se ha completado la carrera universitaria de medicina, el siguiente paso es especializarse en una rama concreta, como pueden ser la pediatría, la dermatología o la cardiología, entre otras. Para ello, es necesario realizar un período de formación especializada, que se conoce como residencia.

Durante este periodo, los médicos residentes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad a situaciones reales en hospitales y centros de salud, y de aprender de forma práctica las habilidades necesarias para ejercer su especialidad. Todo ello bajo la supervisión de médicos especialistas que les guían y les enseñan las técnicas y procedimientos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. La duración del programa de formación depende de la especialidad, que oscila entre dos y cinco años. Durante ese periodo de estudio o especialización, el médico recibe una remuneración o pago por su trabajo.

Ahora, el régimen pretende imponer a los médicos una situación de esclavitud al proponerles que ¡¡¡las próximas residencias serán autofinanciadas!!!, es decir, cada médico residente tendrá que trabajar gratis en el centro de salud asignado para sus estudios de especialización, en jornadas laborales de ocho o más horas diarias y guardias de 12 o 24 horas, cada dos semanas, sin devengar salario alguno.

Este régimen laboral propuesto por el régimen revolucionario del Siglo XXI deja ver a las claras su esencia dictatorial, en la cual el trabajador queda reducido a ser un simple esclavo, sin ningún derecho, lo que sin lugar a duda se traducirá a corto plazo, en que nuestros hospitales se queden sin médicos y los ciudadanos condenados a muerte.

 3 min


Carlos Machado Allison

Hace un par de años un grupo de profesores de la UCV que recordábamos, sin duda con añoranza, aquella iniciativa del Rector Francisco de Venanzi, destinada al intercambio de ideas. Universalia era el nombre y el propósito fortalecer la vida académica y de allí tomamos la idea de crear una página Web y darle el nombre de Nueva Universalia.

En la década de 1960 renacía la UCV tras los años de dictadura y era evidente la necesidad de impulsar la investigación, formar docentes con estudios de postgrado, crear nuevos institutos y fortalecer los mecanismos de intercambio de conocimientos con otras universidades, el IVIC y nuevos centros de investigación. Así crecieron la ASOVAC y FUNDAVAC creadas en 1950. Flotaba en el ambiente la necesidad de vincular a la universidad con instituciones educativas de prestigio internacional y formar profesores al más alto nivel y nació el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, mientras se forjaba la idea de contar con un organismo gubernamental de promoción de la ciencia que luego se llamaría CONICIT.

Quienes orbitábamos alrededor de Universalia sólo teníamos un norte y ese era contribuir a la creación de una comunidad científica. No se le preguntaba a ninguno sobre su ideología o militancia partidista y estaba, regla no escrita, ajena en lo posible a las elecciones internas o nacionales, más no a las políticas. Universalia era sin duda un grupo ingenuo y bastante romántico, pero cumplió en parte su cometido y luego se fue disolviendo gradualmente. En 1977 dimana la idea de crear una organización que agrupara a los investigadores de la UCV y guiados por De Venanzi, nace la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU).

En sus tres siglos de existencia la UCV ha vivido muchas crisis. Las relaciones con los gobiernos nacionales no siempre han sido armónicas porque la libertad de expresión y de cátedra, así como la autonomía les han resultado antipáticas e inconvenientes a varios de los autócratas que ha dirigido a nuestro país. Tampoco ayudó, en la construcción de la necesaria armonía de la universidad con el gobierno y con el sector privado, el uso de la autonomía para que partidos políticos y grupos hicieran de la universidad un laboratorio para medir sus fuerzas. La universidad debe formar los profesionales y los líderes que nuestra sociedad necesita y para ello debe cambiar su estructura para poder contribuir a modificar su entorno.

Hace apenas unas horas, tras largos y lamentables años de intervención política destinada a forzar a la universidad para alinearla con una vetusta ideología, se intentó realizar las postergadas elecciones de autoridades y el evento fracasó.

Podemos observar dos causas, una consecuencia de la otra. La más visible fue una fractura en la logística del proceso y ya explicarán autoridades y comisionados lo que ocurrió, pero la raíz no está en las fallas del proceso electoral, sino en la peregrina concepción populista de la elección, que obligó a la institución a cabalgar sobre la idea de que la universidad es una república y que más de 200.000 personas debían participar en la elección del Rector, los decanos y otras autoridades.

Para animar el aquelarre, no todos los electores tenían el mismo peso, ni tampoco era universal el voto. Apenas como ejemplo, los profesores jubilados podían votar por los candidatos a rector, más no por los aspirantes a decano y así sucesivamente, existían normas sobre por qué tipo de candidato podía votar un empleado administrativo, un obrero, un estudiante o un egresado y cuanto valía ese voto. Mientras tanto, en las universidades no autónomas, el gobierno selecciona al Rector que debe ser afecto al gobierno.

Durante los meses de negociación con un gobierno que no le tiene ningún aprecio a la educación y donde se discutía sobre la calificación del voto, no me habría causado mayor sorpresa si trataban de incluir a los pacientes del hospital, a los padres de los estudiantes, los alcaldes, contratistas, milicianos, indigentes y una representación de los jugadores que utilizan los campos deportivos de la universidad. Mientras tanto en muchas universidades de prestigio, donde domina la meritocracia, se seleccionan a las autoridades bajo criterios y procedimientos más sencillos, transparentes y ajustados a la realidad del siglo XXI. Apenas como ejemplo, el Rector o Presidente puede que no sea profesor de la universidad como ocurre con el actual Presidente de Harvard que previamente ocupó un cargo similar en el MIT y en la universidad de Tufts.

Una vez escribimos que la humanidad está viviendo bajo una revolución tecnológica que en buena medida se ha incubado en las universidades y la aprovechan aquellas sociedades que han entendido y aceptado que el progreso económico y social de sus países depende en buena medida de la existencia de los centros de generan, adaptan y difunden nuevos conocimientos. Esta situación demanda gobiernos que entiendan el papel de la ciencia y al interior de las universidades, autoridades con credenciales académicas y liderazgo, capaces de orientarlas por las rutas que esta nueva revolución impone.

En medio de esta enorme confusión, donde lo único claro es la necesidad de realizar cambios sustantivos dentro de la universidad, estoy obligado, como profesor y sin comprometer a más nadie, a decidir por quién voy a votar. Lo haré el próximo 9 de junio por quienes mejor me identifico y ellos son Humberto Rojas, Aura Marina Boadas, Nelson Chitty y Corina Aristimuño que ojalá rescaten el espíritu de calidad que animaba a Francisco de Venanzi y lleven a la UCV a estar alineada con los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo.

PhD, Profesor Titular

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Benjamín Tripier

Entre la libre circulación del dólar, el cierre de la brecha cambiaria, la liberación del sistema de precios de referencia, la inclinación hacia el mercado de capitales, la disminución en los controles de la economía, y el estímulo al cestaticket por encima del salario, son señales transformacionales que muestran un sentido de dirección económica, por parte de la revolución, que va hacia más hacia el mercado, y sostiene menos los postulados del Plan de la Patria.

Si bien es entendible que lo de permitir la circulación del dólar fue una estrategia reactiva y defensiva, en un momento crítico, también es cierto que la eliminación de la Ley de Ilícitos Cambiarios fue una decisión consciente de que se iba a cambiar el sentido que se llevaba, atacando las bases en las que se había sustentado la revolución: estaban comenzando una nueva etapa que he dado en llamar el neochavismo y que nos iba a llevar, al menos, hasta donde hemos llegado, al día de hoy.

Si la idea inicial era mantenerse en el tiempo con la espada de Damocles de la inseguridad de si esto continuaba o si se retrocedía al Plan de la Patria, entonces sí se trató de un error de cálculo. Porque lo que ocurrió hasta ahora, desde la eliminación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, fue una suma de cortos plazos, siempre esperando una señal de fondo, que confirmara que el camino andado era también el que venía por delante.

Pero no ocurrió. Y vino el primer golpe de realidad con el IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras), que en realidad era un impuesto al dólar, que mostraba la fuerte intención de sostener al bolívar como moneda, cuando estaba (y está) claro que ya había perdido los atributos básicos de servir para transar, de ser referencia de precios, y de ser reserva de valor… lo cual quiere decir, que se pueda ahorrar en bolívares. Porque una moneda es tal, no solo porque las leyes de la República así lo indiquen, sino, principalmente, porque es la preferida a la hora de transar, de invertir y de ahorrar. Y eso no pasa, ni pasará.

No hay que olvidar que el costo de mantener al bolívar como moneda forzosa, se refleja en los tipos de cambio diferenciados (aunque hay que reconocer que con una brecha baja y manejable), en la inflación y en el costo transaccional al tener que pasar desde la moneda real, hasta la moneda nominal, y viceversa, cada vez que se hace una transacción en bolívares basados en las cuentas convenio, y cada vez que se quiere obtener bolívares desde la tenencia de dólares en efectivo.

En definitiva, el costo de mantener esta situación “de hecho” es uno de los contribuyentes más duros a la inflación, y es esencialmente monetario / operacional.

Cuando el gobierno se refirió a la desdolarización la semana pasada, si bien lo hizo en un contexto internacional y teniendo como referencia las iniciativas monetarias de los Brics y lo del Banco del Sur, al hacerlo en una Venezuela estancada y en busca de señales para volver a la actividad, extendió, implícitamente, el concepto a nuestra economía interna, la cual está dolarizada de hecho, aunque aún no de derecho. Y generó confusión, que aumentó la desconfianza.

El camino a la dolarización formal es largo y complejo, y estamos muy, pero muy lejos de lograrlo, más que nada porque tenemos rotas las relaciones con el dueño de la moneda, para quien, además, somos una amenaza, tenemos una deuda externa muy grande (de casi tres veces nuestro magro PBI que está entre 50 mil y 70 mil millones de dólares, según la fuente y el momento que se tome), no tenemos acceso al crédito, ni comercial ni multilateral, y nuestro comercio, base de cualquier proyecto de dolarización formal, está estancado, y, nuevamente dependiendo del petróleo.

Pero, mientras tanto, aquí, dentro de nuestra burbuja, el dólar en efectivo en billetes usados de baja denominación, sin preguntar mucho sobre su procedencia, se ha convertido en la moneda de preferencia para transar desde un caramelo hasta una maquinaria o un apartamento; es la referencia de todos, absolutamente todos, los precios de la economía. Le llamo el “dólar venezolano” porque tiene valor y alcance aquí adentro, entre nosotros; y tal es así, que ha sufrido el impacto de la inflación interna, de tener en la actualidad la capacidad de poder comprar con 800 dólares, lo que, en 2019, se compraba con 100 dólares.

La reacción de permitir solo la libre circulación, nos trajo hasta el tercer trimestre de 2022, momento en el que la misma economía ya requería de pasos más profundos de descompresión, porque, desde 2018 se había comenzado a notar una cierta normalización de las variables económicas, con una incipiente generación de confianza, principalmente sustentada en la zanahoria de flexibilización de controles y circulación del dólar.

Pero no pasó… y se comenzó a crear una sensación de incertidumbre que afectó la confianza. Y el circuito de importación-consumo se afectó; con la formación de inventarios primero, con la interrupción de las importaciones, después; y con el cierre de los locales y la gente sin empleo, como conclusión. Lo cual impactó negativamente sobre la oferta de bienes y servicios; y, a partir de allí, cualquier nivel de demanda, por pequeña en que se haya convertido, volvió a superar, y cada vez más, a los niveles de oferta, despertando los aires dormidos de una espiral inflacionaria, al borde de la cual nos encontramos hoy en día.

Para salir de este estancamiento es necesario confirmar formalmente los pasos dados hasta ahora, y legalizar el uso de otras monedas (entre las que debería estar el dólar), de forma tal que el sistema financiero, banca y mercado de valores, puedan compensar en dólares y así, bancarizar los flujos en efectivo, y bajar sustancialmente los costos de transacción.

El “dehechismo” (permitir las cosas solo “de hecho”) se sustenta principalmente en la confianza de los actores económicos; la cual, a su vez, se pierde en la medida en que las señales se vuelven confusas y ya no están seguros de para dónde es que va la economía.

Político

Si bien el escenario inercial es el que se impone en todos los análisis político electorales, no hay que perder de vista que existen fuerzas que están actuando para producir un cambio. Están las fuerzas de la oposición, que están haciendo un esfuerzo importante para organizarse, y también están las fuerzas del chavismo que buscan un cambio en la dirigencia.

Pero los actores mencionados, no tienen la fuerza necesaria que sí tiene del Departamento de Estado de EE UU, que entiende que no es aceptable que repitan las mismas figuras, pero que sí podrían aceptar una victoria del chavismo, pero con una figura diferente como candidato. Claro que siempre y cuando el proceso electoral, antes, durante y después, cumpla con los requisitos básicos de transparencia, y de procedimientos, siguiendo el informe de la UE, como resultado de la última elección.

Informalmente, en EE UU dicen que, si no cambiaran las cosas, hay una alta probabilidad de que las sanciones se incrementen con el consiguiente impacto sobre la sociedad, la cual cada vez entiende menos por qué es que hay que pagar un precio tan alto por mantener una ideología que cada vez tiene menos seguidores.

Por eso la presión desde la oposición, y desde áreas del chavismo, de buscar una renovación democrática. Y que, si esto no fuera posible, y ante el descontento resultante, al gobierno no le quedaría otra opción que radicalizarse para poder sostener esa posición.

También es muy fácil entender que, si el actual gobierno dejara de serlo, se encontraría en un estado de vulnerabilidad que podría poner en riesgo su patrimonio, su libertad y hasta su vida. Lo cual es una razón suficientemente fuerte como para sostener el escenario inercial, de continuidad.

El anunciado adelanto de elecciones presidenciales para este año 2023 entraría en ese campo de sostener la continuidad, porque les pondría un freno a las pretensiones internas, y agarraría fuera de base a los opositores aun tratando de construir su esquema de primarias. Claro que esa opción, casi aseguraría la continuidad de las sanciones y el endurecimiento de la posición de EE UU frente a Venezuela.

Más que nada porque al entrar EE UU en campaña, ninguno de los dos partidos ofrecería el flanco débil que pudiera significar alivianar la dureza bipartidista que tienen las sanciones. De hecho, imponer más sanciones les pagaría electoralmente más a los demócratas que quedarse callados e ignorar el tema Venezuela.

El actor más importante en Venezuela, además del gobierno del chavismo, es el gobierno de EE UU… el resto, puede ser mucho movimiento, pero incapaz de “mover el amperímetro” político y de toma de decisiones. Esos son los dos actores que hay que mirar con atención y detenimiento… lo que dicen y lo que callan… lo que se ve y lo que no se ve.

Social

Una de las condiciones económicas estructurales que deberían ser revisadas en Venezuela es el paquete de leyes laborales que no reconocen la productividad y el esfuerzo individual como mecanismo de remuneración.

Parecido a las mediciones en las notas en los sistemas públicos de educación, que tienden a proteger al “flojo”, o al que no estudia ni trabaja, según se trate. Y más en el caso de la administración pública que se convierte en un empleo vitalicio.

Pero, así como la dolarización en Venezuela se ha ido dando “de hecho”, en el campo laboral está ocurriendo algo similar, con las últimas medidas de privilegiar los pagos extra salario, y dejar casi congelados los salarios.

Porque los salarios terminan siendo tan bajos que se convierten en una oportunidad de salida para aquellos que no pueden demostrar actividad productiva, que es la que se remunera fuera de la nómina. Si no se trabaja bien, y con sueldo congelado, entonces la retribución complementaria, no será atractiva.

Tenemos que estar atentos, porque la transformación que está ocurriendo silenciosamente, se vuelve vulnerable frente a los defensores de beneficios laborales así no haya negocios y la empresa esté trabajando a muy baja capacidad, y así la persona no trabaje bien y su rendimiento sea muy bajo.

Por lo anterior es que el “dehechismo” en los diferentes ámbitos donde está ocurriendo, no puede seguir extendiéndose, y en algún momento, más pronto que tarde, el gobierno deberá tomar una posición formal sobre el sentido de dirección de la economía.

No olvidar que la economía se conoce como la ciencia de las expectativas… y cuando estas no son buenas o creíbles, pasa lo que nos está pasando, que volvimos a estancarnos y estamos al borde de retornar a niveles altos de inflación con recesión… y eso, ya sabemos que no nos gusta, porque la pasamos mal.

Económico

La deuda externa de Venezuela, representada por bonos soberanos y de Pdvsa, más algunas promissory notes de Pdvsa, alcanza un monto de 60 mil millones de dólares. El default de esa deuda en agosto de 2017, suspendió los pagos de capital e intereses (cupones) desde entonces, entrando en una categoría que los excluye de los mercados formales de deuda.

Aquí consideramos solo el componente de bonos, y no estamos contando otros componentes de deuda externa producto de juicios en contra, del Ciadi u otras demandas independientes, así como tampoco aquellas contraídas con organismos multilaterales.

Y comienza a correr el llamado statute of limitatios que, en las cortes de Nueva York, es a los 6 años del último impago, de principal o de intereses. Por lo que, entre octubre y noviembre comienzan a vencerse los plazos, para perder el derecho a demandar por la cobranza. Y pese a la voluntad manifestada por el gobierno de Venezuela y por Pdvsa de extender unilateralmente el período de prescripción (tolling agreement), al no ser reconocidos por las cortes de Nueva York, cuya circunscripción fue la elegida para la emisión de los bonos, en realidad no tuvieron efecto, y los plazos continúan inalterados.

Lo anterior significa que, una vez prescripto el derecho a demandar, ya resultará difícil pensar en la recuperación del valor del bono. No porque se piense que se pueda cobrar alguna vez, sino porque podría ser parte de un proceso de negociación vía la figura del debt for equity swap que permita ser accionista o adquirir participación en algunos bienes y empresas del estado que se decida pasar a manos privadas. Pagando la participación con los bonos a una tasa superior que la del mercado; que hoy, dependiendo de cada bono y del emisor del que se trate, va desde 3% a 9% del valor nominal del bono. En un proceso de debt for equity se podría llegar hasta 50% de recuperación.

Un ejemplo interesante es el de la privatización de Entel en Argentina en los años 90, donde los socios fueron Telefónica de España como socio tecnológico/ operador, y Citi Bank aportando los bonos de deuda que tenía en cartera. En ese caso, luego de varios años de operación de la empresa ya privatizada, arrojando ganancias y pagando dividendos, los bonos fueron recuperados a 100% y se recuperaron hasta los intereses caídos. La cual, hasta el momento de su privatización había generado pérdidas en forma continua.

Internacional

La guerra aún no declarada formalmente entre Rusia y Ucrania, debe ser apreciada en términos del corto y del largo plazo. Para así poder medir con mayor claridad el impacto que ya está teniendo, y que podrá tener en el futuro sobre nuestro caso venezolano.

A corto plazo, nuestra inserción política en el ámbito de influencia de Rusia, nos coloca en una situación compleja, pues estamos, indiscutiblemente, y geográficamente hablando, en el ámbito geopolítico de EE UU. El elemento energético, como uno de los valores fuertes de Venezuela, pierde fuerza en el corto plazo, pues el mundo se la está arreglando muy bien sin nosotros; y lo poco que estamos produciendo, va hacia EEUU como generador de flujo de caja, y China que recibe sus embarques a cuenta de pagos de deuda.

Ya estamos notando que la relación con Rusia fue perdiendo fluidez, la de China, ya hace tiempo quedó circunscripta a temas específicos, y la de Irán, la tercera pata de nuestros apoyos, también se ha visto disminuida. Es de recordar que con una cierta frecuencia llegaban tanqueros iraníes trayendo combustible para suplir a nuestras estaciones de servicio, y trayendo componentes tanto para la producción petrolera como para las refinerías. Bueno… eso está disminuyendo rápidamente.

De allí la preeminencia del escenario político inercial, debido a la baja en la relevancia internacional que estamos teniendo, especialmente en tiempos de campaña presidencial en EE UU.

Pero cuando hablamos del largo plazo, ya el tema cambia, y el escenario político inercial, ya no se sostiene. Porque para ese momento, cuando sea que el escenario mundial así lo indique, y pueda colocarse en un calendario, ya debe estar clara la división mundial que coloca a Irán, China y Rusia como enemigos (según la última reunión del G7 el enemigo estratégico es China), y la necesidad de combustible, petróleo y gas no asociado, van a ponernos nuevamente en el centro de importancia, porque se repetirá el tema de los ejércitos en operación, que van consumiendo recursos a medida que avanzan. Y nuestros recursos están en la línea de avance en el conflicto global que todo indica será el devenir que se está formando desde ahora. Para la región hay que tener en cuenta la frecuencia de viajes y visitas de la general laura Richardson, jefe del comando sur de EE UU, comom preparando ahora, el campo de acción del futuro.

Las brisas y vientos del corto plazo, son las tormentas y los huracanes del largo plazo.

Recomendación

  • Al gobierno: que legalice el uso del dólar y traspase al sector privado las empresas del Estado. Poniendo énfasis y prioridades, y buscando masa crítica. Lo primero debería ser el sector eléctrico y lanzar una estrategia de “desintoxicación” de las empresas de cara a las sanciones de EE UU, y considerando el ya mencionado debt equity swap por la deuda de bonos soberanos y de Pdvsa. Debería explicitar una estrategia, elaborar los pliegos y preparar un data room, de forma tal de presentar la arquitectura financiera y de resultados que se pretende lograr. Y todo esto, hacerlo a través del Mercado de Valores.
  • A la dirigencia opositora: que se prepare para un adelanto de elecciones, y que abra algún tipo de alternativa a las primarias que hoy se ven seriamente comprometidas. No solo por los plazos generosos que se dieron, sino por la no participación de los candidatos que las encuestas muestran como relevantes. Tal vez, la posibilidad del adelanto de elecciones, pueda inducir a una mayor carga de requisitos para las primarias, así como una opción de adelanto para que ocurran en los siguientes dos meses. De forma tal que, para el momento de votar, se presente el resultante de la primaria (que todo indica que no será muy representativo) más los que se lancen por su cuenta; y la base opositora, que es muy grande y que tiene claro por quien no votar, pues le asigne todo el peso del voto a ese o esa candidata por quien sí quiere votar. Por el momento, el voto más claro se lo llevará la abstención.
  • A la dirigencia empresarial: que promuevan facilidades de negociación entre empresas, buscando esquemas de cooperación, con el propósito de optimizar costos en la cadena logística y de suministros, así como optimizar el perfil de ataque al mercado, considerando cada vez más, estrategias hacia la base de la pirámide. Para cualquier mecanismo de fusiones o adquisiciones, el mercado de capitales es el mecanismo más idóneo, transparente, directo y de menor costo. Lo peor que podemos hacer, es no hacer nada al respecto.
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Beatriz De Majo

Los ires y venires de Gustavo Petro en su proceso de instauración de la Paz Total no están siendo bien leídos por sus votantes. Resulta imposible de entender a cuál estrategia atienden sus tratativas de paz con el conjunto de las fuerzas insurgentes y con los grupos delictivos al margen de la ley, metidos todos en mismo saco, cuando la realidad es que cada uno de ellos, por separado, protagoniza una dinámica bien diferenciada del otro en cuanto a sus actuaciones y también en cuanto a su filosofía de guerra y modelo de gobierno.

Ya el “cese al fuego” adoptado por las partes dentro del proceso negociador que tiene lugar en la Habana ha sido suspendido por las disidencias de las FARC, incumplido por el Clan del Golfo y desconocido por el ELN y los actos de barbarie de la guerrilla son cada día mas sangrientos y crueles con la población civil inocente.

Esta semana la disidencia de las FARC ha tenido la desfachatez de reconocer públicamente, en un repugnante comunicado y sin ninguna reserva, el ajusticiamiento de cuatro menores indígenas escapados de su centro de reclutamiento en el Putumayo escudándose en una reglamentación interna que los faculta para ello, es decir, para matar a mansalva. Sus palabras fueron que dicho crimen hace parte de “ la lucha por la paz”! . Su cinismo llegó al extremo de prometer reparación a las comunidades indígenas, como si cualquier género de reparación pudiera borrar la pérdida de la vida de infantes inocentes.

Otro atentado de bomba monstruoso tuvo lugar el miércoles en Tibú, Norte de Santander, contra una patrulla de la policía, dejando un saldo de 2 policías muertos, cuatro uniformados lesionados y ocho civiles heridos. Frente a ello, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, de nuevo afirmó la voluntad de seguir dialogando con los actores armados, mientras en el Catatumbo la sociedad no puede hacer más que llorar a sus muertos. A todas estas, el hombre de Estado que lleva las riendas del poder gobierna a través de twitts, una trinchera en la que solo actúa él y solo él. En un solo mes, 272 trinos…

La falta de garra del jefe de las Fuerzas Armadas del país – el Presidente Gustavo Petro- se encuentra en el trasfondo de la barbarie desatada, la que aspira, en esta hora y punto, a hacer una demostración de fuerza para reblandecer al otro lado de la ecuación en el proceso negociador.

Los disidentes de las FARC, con Iván Mordisco a la cabeza, señalan falta de seriedad de parte del gobierno e “incumplimientos” que no explicitan pero que hacer pensar a la colectividad en la existencia de negociados directos de la oficialidad con la guerrilla por fuera de las tratativas de La Habana. Esto solo le agrega complejidad y dramatismo a la situación.

No sólo la violencia desatada es atroz. La incompresión de este escenario se ha estado colando en el ánimo de la ciudadanía. La manera del colectivo de responder a la falta de resultados es el desapego, y en el caso de Colombia la violencia renovada luego de promesas continuas de cambio de rumbo y de paz total, penaliza a quien lleva la batuta. No es raro pues, que la popularidad de Gustavo Petro, a escasos 10 meses de gobierno, se esté yendo al foso. 60% de sus compatriotas censuran su manera de gobernar y solo 20% de ellos considera sensata la revolución que intenta llevar a cabo.

Nada indica que pueda haber un cambio de actitud en el mandatario ni un redireccionamiento en la estrategia, porque no se le conoce ninguna. El panorama es malo para Colombia. También para él.

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