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Opinión

Corina Knoll, Shawn Hubler, Miriam Jordan

El audio filtrado de líderes latinos que usan un lenguaje racista también expuso su ambición de acumular más poder. Sin embargo, en el distrito más latino de la ciudad, han apoyado a candidatos negros.

Aunque en algún momento llegó a ser un sinónimo de la cultura negra, el sur de Los Ángeles ha experimentado un cambio demográfico dramático.

Ahora hay misas católicas en español en el teatro donde Duke Ellington solía presentarse. En los pasillos de la escuela secundaria Thomas Jefferson, cuyos famosos exalumnos negros incluyen a Alvin Ailey y Dexter Gordon, aproximadamente nueve de cada 10 estudiantes son hispanos. En la histórica Central Avenue, la música ranchera resuena en las tiendas de comestibles.

Pero en el Noveno Distrito de la ciudad, que abarca el tramo de Los Ángeles que alguna vez se conoció como South Central, hay un elemento que no ha cambiado: los votantes han elegido candidatos negros para integrar el Concejo Municipal durante casi seis décadas, incluido su actual concejal, Curren Price.

En una grabación filtrada que ha trastornado la escena política de Los Ángeles este mes, se escuchó a cuatro líderes latinos discutiendo sobre cómo rediseñar los distritos políticos para su beneficio, usando términos racistas y palabras despectivas que fueron ampliamente condenadas. El audio también expuso las frustraciones de que no haya más latinos en cargos electos, en un momento en que representan la mitad de la población de la ciudad.

Décadas de acuerdos y decisiones políticas han dado como resultado la composición actual del Concejo Municipal, donde los líderes blancos y negros ocupan más escaños de lo que podrían sugerir los datos demográficos. La divulgación de la grabación también ha abierto un debate sobre cuánto importan las políticas de bloques raciales de generaciones anteriores.

La participación electoral en el Noveno Distrito es baja y algunos residentes dijeron que prestan poca atención a la política de la ciudad, a pesar de sus preocupaciones cotidianas por los delitos y la falta de vivienda. Mientras llevaba a casa a su hijo de 8 años que había salido de la escuela en el sur de Los Ángeles, María Robles, de 30 años, se preguntaba qué harán los políticos locales para resolver los problemas.

“No voto, simplemente no lo hago”, dijo. “No creo que ningún político esté representando a los latinos. No nos defienden”.

Sin embargo, en los círculos políticos de la ciudad, la brecha entre la población latina y su nivel de influencia ha sido un viejo problema. En ninguna parte es más evidente que en el Noveno Distrito, donde el 80 por ciento de los residentes son latinos.

“La gente se siente incómoda hablando de esto, pero los latinos en Los Ángeles están subrepresentados”, dijo Fernando Guerra, director del Centro para el Estudio de Los Ángeles en la Universidad Loyola Marymount. Guerra realiza encuestas y grupos de discusión con residentes de la ciudad, y dijo que “cuando hablamos con los latinos en esas comunidades, les gustaría tener representación latina”.

En la década de 1980, aumentó la cantidad de inmigrantes latinos que se mudaron al sur de Los Ángeles, huyendo de las guerras civiles centroamericanas y la perturbación económica de México. Al mismo tiempo, los trabajos de manufactura estaban desapareciendo, la violencia de las pandillas y las drogas proliferaba, y la clase media negra se estaba mudando a otros lugares. Para 1990, según los datos del censo analizados por SocialExplorer.com, por primera vez más de la mitad de los residentes de la zona eran latinos.

A menudo, la representación política va a la zaga del cambio demográfico, y Los Ángeles no ha sido la excepción. En algunos casos, los líderes latinos llegaron a acuerdos de beneficio mutuo para preservar los límites del distrito que protegían a sus colegas negros. En otros, el movimiento laboral mayoritariamente latino de Los Ángeles ha respaldado a los líderes negros confiables y establecidos por encima de los contrincantes latinos que no habían ocupado cargos públicos. Los miembros del sindicato brindan el apoyo voluntario y económico necesario para atraer votantes a las elecciones locales en las que, de otro modo, la participación podría ser mediocre en una ciudad grande y transitoria.

Ahora los residentes latinos constituyen el grupo étnico más grande en 10 de los 15 distritos municipales de la ciudad, según datos de las autoridades. Pero su participación en la población votante elegible es menor que su participación en la población general, una brecha que reduce su poder electoral.

Incluso antes de que Nury Martinez, una demócrata latina, renunciara como presidenta del Concejo Municipal y dejara su escaño en el Concejo la semana pasada debido al alboroto por la grabación de audio, solo cuatro de los quince escaños del Concejo estaban ocupados por latinos.

La conversación filtrada ha tenido el efecto de reducir el poder de los latinos, al menos temporalmente. El martes, Martinez fue remplazada como presidenta por Paul Krekorian, un armenio estadounidense. Los otros dos miembros que se escuchan en la grabación, Gil Cedillo y Kevin de León, han sido despojados de sus tareas de comité y no han asistido a las reuniones durante una semana.

El Noveno Distrito era considerado un escaño latino en la década de 1950, cuando Edward R. Roybal se convirtió en el primer concejal latino de la ciudad desde fines del siglo XIX. Cuando Roybal fue al Congreso en 1962, se nombró a Gilbert W. Lindsay, un organizador comunitario negro con fuertes lazos laborales, para remplazarlo. Lindsay se convirtió en uno de los políticos más poderosos de la ciudad, rigió durante tres décadas y se autodenominó como “el Emperador del Gran Noveno”. Sus tres sucesores en el Concejo han sido negros.

Cuando Price, un demócrata a favor de los trabajadores y exlegislador estatal, se postuló por primera vez para el escaño del Noveno Distrito en 2013, el millón de dólares que recaudó en contribuciones directas a la campaña se complementó con unos 700.000 dólares que los grupos laborales gastaron de forma independiente para apoyarlo.

Los líderes laborales han respaldado a Price, para consternación de los retadores que pensaron que había llegado el momento de la representación latina.

“Le dije a la gente que me iba a postular y me miraron como si tuviera covid”, dijo Jorge Nuño, de 45 años, activista local y propietario de una pequeña empresa que creció en el Noveno Distrito y perdió ante Price en la elecciones de 2017. “Me dijeron: ‘No, hombre, no lo hagas, los sindicatos van a quedarse con Curren’”.

Dulce Vasquez, de 36 años, administradora universitaria y demócrata progresista que lo desafió este año, recibió más de 500.000 dólares en apoyo total, pero fue solo alrededor de un tercio de lo que consiguió Price, y no pudo competir con los bancos telefónicos del sindicato y los activistas que lo respaldaban.

Price también recibió el respaldo de sus cuatro colegas latinos en el Concejo en su campaña contra Vásquez. Ganó abrumadoramente su tercer mandato en junio.

Sin embargo, al caminar por las comunidades, Nuño y Vasquez dijeron que encontraron una sed genuina de conexión cultural entre los votantes latinos. “La gente quiere ver un liderazgo que se parezca a ellos”, dijo Nuño. “Quieren a alguien que, por ejemplo, pueda ir a sus salas de estar y tomar pan con café”.

Ambos predijeron que los líderes sindicales respaldarán a un candidato latino cuando Price, de 71 años, deje el cargo. El veterano político está entrando en su mandato final de cuatro años bajo las reglas de límites de mandato de la ciudad. En otra grabación filtrada, Ron Herrera, quien desde entonces renunció como titular de la Federación del Trabajo, se refirió a esa posibilidad. Cuando se le preguntó acerca de encontrar un candidato latino para suceder a Price, dijo: “Tenemos a alguien”.

Price, un abogado educado en Stanford y oriundo de Los Ángeles que también trabajó en el Concejo Municipal de Inglewood, dijo que el cuarto de millón de personas que viven en el Noveno Distrito lo han mantenido en el cargo porque comprende sus problemas básicos.

La semana pasada, afuera de su oficina en Central Avenue, un mercado de agricultores ofrecía fresas, tarros de miel, cartones de huevos y consejos sobre el compostaje. El concejal dijo que expandir el mercado fue idea suya para traer productos y brindarles a las personas un lugar para reunirse y encontrar información sobre cupones de alimentos y recursos comunitarios.

Al otro lado de la calle, todos los días, hay un mercado informal donde los comerciantes latinos venden mazorcas de maíz, bolsas de duros, ropa y juguetes alrededor del estacionamiento de una tienda departamental de descuento. Mientras paseaba por esa zona, Price los miró y dijo que también eran bienvenidos.

Señaló carteles que presentan detalles en inglés y español sobre puntos de referencia del apogeo del área como un centro próspero para la comunidad negra: el Teatro Lincoln en la calle 23, apodado el “Apolo de la Costa Oeste” en referencia al famoso lugar de entretenimiento negro en Harlem. La Asociación de Ahorros y Préstamos de Liberty, una empresa de propiedad negra que ofrecía hipotecas a los residentes locales cuando los prestamistas blancos no lo hacían.

“No es solo para los negros”, dijo Price sobre los hitos históricos. “También es para que la gente morena entienda nuestra historia”.

La joya de la corona fue el Hotel Dunbar, donde grandes artistas como Louis Armstrong, Lena Horne y Ellington se hospedaron cuando atraían multitudes de personas afroestadounidenses a sus presentaciones en Los Ángeles, pero no se les permitía quedarse en hoteles para blancos. Dunbar sirve ahora como vivienda asequible para personas mayores.

Sin embargo, José Andrade, un músico de mariachi, se quejó de que el ayuntamiento no había respondido a las solicitudes para instalar topes de velocidad en las calles residenciales para impedir las carreras callejeras. “Estos muchachos corren como si estuvieran en la autopista”, dijo, “y nadie está haciendo nada al respecto”.

Nacido en El Salvador, Andrade dijo que emigró con su esposa, Iris, a Los Ángeles en 1983 y se establecieron en el Noveno Distrito porque no podían pagar los alquileres en otros lugares de la ciudad.

“Había pandillas en cada esquina”, dijo sobre esos días, mientras paseaba por los pasillos de una tienda de comestibles en Central Avenue y hablaba sobre la música mexicana. “Vivías con miedo de que te asaltaran o te robaran”.

Las familias negras pudientes empacaron sus pertenencias y se mudaron a San Bernardino o Antelope Valley, donde las casas eran más grandes y las calles más seguras. Llegaron más inmigrantes, atraídos por los precios más bajos de las viviendas en la localidad. La economía comenzó a mejorar, impulsada por el auge tecnológico de California. Y, por diversas razones, las tasas de criminalidad cayeron.

Para el año 2000, Andrade había comprado una casa de tres dormitorios por 170.000 dólares que alguna vez estuvo ocupada por una familia negra. Plantó árboles de limón, aguacate y mango y construyó dos apartamentos en la parte de atrás, que alquila a inmigrantes. Tres de sus cuatro hijos adultos han dejado el vecindario para ir a la universidad y dedicarse a sus carreras profesionales.

Andrade se convirtió en ciudadano estadounidense hace unos años y dijo que no votó por Price porque no confiaba en el concejal.

Price reconoció que satisfacer las necesidades de su distrito ha sido un trabajo inacabado. De alrededor de 100.000 votantes registrados en el distrito, solo unos 12.500 votaron en las primarias de febrero en las que fue elegido.

“Muchas veces, la gente dice: ‘Oye, tengo que asistir a mi tercer trabajo, no tengo tiempo para ir a una reunión, o no tengo tiempo para presentar una queja porque, de todos modos, nada va a pasar’”, dijo Price.

Elmer Roldán, un guatemalteco estadounidense, se instaló en el vecindario en 1989. Dijo que durante mucho tiempo los residentes del Noveno Distrito han deseado más parques y tiendas de comestibles, y que sentía que la zona de la ciudad cerca de la Universidad del Sur de California recibía muchos recursos y atención.

Sin embargo, Roldán comentó que la raza de su concejal no tiene nada que ver con el estado del vecindario. Dijo que los residentes latinos deberían asociarse con las personas negras “que tienen más cosas en común con nosotros, tanto política como económicamente”.

“Los latinos no creen que no están recibiendo ayuda porque Curren Price sea negro”, dijo Roldan, quien votó por Price. “Sienten que los políticos, sin importar quiénes sean, no responden a las necesidades del vecindario”.

“No creo que tener un integrante latino del Concejo cambie estas condiciones”, agregó.

Mientras Price volvía caminando a su oficina, los electores que le hicieron señas tenían mucho que decir. Una mujer que vendía pozole y mojarras fritas afuera de una tienda que ofrece clases de zumba le informó que una luz urbana se había apagado cerca y estaba preocupada por la seguridad. Otro estaba preocupado por un farol de otra cuadra y quería que se instalara un semáforo.

Le hablaban en español. Una vocera, que caminaba con Price, le tradujo lo que decían los vecinos.

Corina Knoll es la jefa de la corresponsalía en Los Ángeles. Fue reportera en la sección Metro y antes trabajó más de una década en The Los Angeles Times, donde colaboró con dos Premios Pulitzer y participó en la investigación sobre cómo una lista secreta de oficiales problemáticos de un alguacil de condado obstruyó la justicia. @corinaknoll

Shawn Hubler es corresponsal en California con sede en Sacramento. Antes de unirse al Times en 2020, pasó casi dos décadas cubriendo el estado para Los Angeles Times como reportera itinerante, columnista y escritora de revista. Compartió tres premios Pulitzer con el equipo Metro del periódico. @ShawnHubler

Miriam Jordan es corresponsal en la sección Nacional. Cubre el impacto de la migración en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India.

20 de octubre 2022

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2022/10/20/espanol/politica-latinos-los-angel...

 11 min


Redacción BBC News Mundo

Cuando surgió un video falso sobre la cantidad de rusos cruzando la frontera a Finlandia, en septiembre, la Guardia Fronteriza finlandesa rápidamente advirtió que era apócrifo.

En septiembre pasado, pocas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin llamara a 300.000 reservistas militares para luchar en Ucrania, un video que mostraba largas colas de autos en la frontera entre Finlandia y Rusia comenzó a circular en las redes sociales.

La Guardia Fronteriza de Finlandia se apresuró a señalar que era falso.

"Algunos de los videos fueron filmados antes y ahora se sacaron de contexto", informó a través de Twitter.

El tuit fue rápidamente reproducido en la parte superior de la página en vivo sobre la guerra en Ucrania que publica el sitio web de noticias de la emisora nacional Yle.

La respuesta de la Guardia Fronteriza y de Yle destaca un elemento crucial del éxito de Finlandia contra la desinformación: la confianza pública en las autoridades y los medios.

Una sociedad de alta confianza

Finlandia es una sociedad de alta confianza. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 71% de la población finlandesa confía en el gobierno, en comparación con el promedio de la OCDE del 41%.

Y no es solo el gobierno: el parlamento, el servicio civil, la policía y los medios de comunicación disfrutan de altos niveles de confianza.

Eso no significa que los finlandeses crean todo lo que leen en los periódicos y nunca busquen información en las redes sociales. Pero cuando lo hacen, la mayoría tiene la capacidad de evaluar críticamente la información. Esto hecho ha sido respaldado por estudios.

Los más preparados

En un estudio anual del Open Society Institute, el país escandinavo encabeza una tabla global que mide la resiliencia a la desinformación.

En el llamado Índice de Alfabetización Mediática, que mide la capacidad de discernir entre noticias verdaderas y falsas, con puntuaciones que van del 0 al 100, Finlandia sacó un 75, la calificación más alta.

En comparación, la vulnerabilidad de algunas de las principales potencias occidentales al llamado "fake news" es mucho mayor.

En Europa, Alemania y Reino Unido sacaron 61 en alfabetización mediática. Mientras que España 58, Francia 57 e Italia 48.

Del otro lado del Atlántico, en América del Norte, Canadá sacó 68 y Estados Unidos 60. (América Latina no fue incluida en el índice).

La baja puntuación de EE.UU. genera preocupación entre quienes creen que la desinformación podría jugar un papel clave en los próximos comicios legislativos de medio término, que se disputarán en noviembre.

A pesar de que existe un mayor enfoque en abordar las afirmaciones falsas y engañosas en las redes sociales, incluso de parte de los propios gigantes tecnológicos, la desinformación aún se filtra por las grietas.

Las lecciones de Finlandia

¿Cómo ha logrado Finlandia combatir la epidemia de noticias falsas que se esparce online y qué puede enseñarle al resto del mundo?

La piedra angular de su estrategia para no dejarse engañar por la desinformación está en su sistema escolar.

El pensamiento crítico y la alfabetización mediática han sido parte del plan de estudios finlandés durante mucho tiempo.

El plan se actualizó en 2016 para enseñar a los niños las habilidades que necesitaban para detectar el tipo de información fabricada que se difundió ampliamente ese año en las redes sociales durante la campaña electoral de EE.UU.

"Enseñamos pensamiento crítico en varias materias. Por ejemplo, en las clases de Matemáticas observamos cómo se pueden manipular las estadísticas", explicó a BBC News Marika Kerola, profesora en la ciudad norteña de Oulu.

"En Arte, un proyecto típico sería que los niños crearan sus propias versiones de un anuncio de shampoo. Puede ser una imagen que muestre que el cabello no es tan brillante o radiante como se prometía en la botella", señaló.

En las clases de idiomas, comparan la misma historia escrita como un texto basado en los hechos y como propaganda, dijo.

En Historia, comparan, por ejemplo, los carteles de la época de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi y en EE.UU.

Instituciones

Otra línea central de defensa contra las noticias falsas es la Agencia Nacional de Suministros de Emergencia del gobierno.

"En pocas palabras, Finlandia tiene un modelo de seguridad integral financiado con fondos públicos", dice Markus Kokko, jefe de comunicaciones del Centro Europeo de Excelencia para Contrarrestar las Amenazas Híbridas.

"El gobierno trabaja con empresas privadas y los medios de comunicación para desarrollar la resiliencia de la sociedad ante las amenazas y preparar a las personas para todo tipo de perturbaciones", explica.

Además de una agencia del gobierno central, Finlandia tiene varias ONG y organizaciones voluntarias que luchan contra las noticias falsas. El servicio de verificación de hechos Faktabaari es probablemente el más conocido de ellos.

El enfoque de Finlandia se centra en adelantarse a la ola de desinformación y su experiencia sugiere que la moderación proactiva en tiempo real, que aborda las publicaciones falsas antes de que tengan la oportunidad de propagarse, marca una diferencia.

En ese sentido, habrá que esperar para ver si las medidas anunciadas por varios gigantes tecnológicos para evitar la diseminación de noticias falsas durante los comicios legislativos en EE.UU. funcionan.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, dos de las redes sociales que más se utilizaron para esparcir desinformación en elecciones pasadas, anunció que tiene más de 40 equipos trabajando en las elecciones, además de asociaciones con 10 organizaciones de verificación de hechos en EE.UU.

No obstante, los expertos reconocen que todas estas medidas son apenas curitas sobre una herida que es mucho más difícil de curar.

No existe una solución rápida para restaurar y reparar la fe en las instituciones, que es una de las mayores fortalezas de Finlandia.

*Este artículo es una adaptación de este reportaje en BBC News, producido por la corresponsal en Finlandia Erika Benke y la corresponsal de desinformación Marianna Spring.

21 de octubre de 2022

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63334939

 4 min


Acceso a la Justicia

La Constitución en la cúspide, las leyes en el medio y luego los reglamentos y demás actos administrativos del Ejecutivo, por ejemplo, las resoluciones. Desde que el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen (1881-1973) planteó la idea de que el sistema jurídico opera según un modelo jerárquico, esta idea ha sido acogida en la inmensa mayoría del mundo, incluyendo a Venezuela. No obstante, cada vez con más frecuencia las autoridades nacionales se saltan este modelo a fin de regular derechos fundamentales con instrumentos no adecuados para tal fin, una situación que afecta aún más al ya mancillado Estado de derecho.

La resolución conjunta que los ministerios de la Defensa e Interior, Justicia y Paz anunciaron el pasado 7 de septiembre de 2022, contentiva de las Normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación, registro y seguimiento de los Puntos de Control de los órganos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el último caso conocido en el que la actual administración ha obviado la llamada pirámide de Kelsen, y a través de un acto administrativo ha pretendido regular los derechos constitucionales al libre tránsito y a la libertad individual.

El texto pretende dar sustento legal a las llamadas alcabalas, ahora llamadas «puntos de control». En este sentido, en su artículo 4 establece que las mismas pueden ser «fijas o móviles», que se instalarán en aquellas áreas donde «la ocurrencia delictiva y de hechos que constituyan faltas» así lo requiera y que en ellas participarán policías y militares.

Por su parte, en el artículo 7 se establece que estos dispositivos tendrán por misión «evitar la perpetración de hechos punibles», así como «la supervisión y control de la documentación emitida por el órgano competente para el tránsito», dar información a la ciudadanía y «realizar revisiones y detenciones ante la comisión de hechos punibles».

Las disposiciones anteriores dejan en claro que los puntos de control suponen una restricción al libre tránsito e incluso pueden llevar a la privación de libertad de una persona. Aunque en la resolución se citan como base legal las leyes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; de Coordinación de Seguridad Ciudadana; de Seguridad de la Nación; y el Código Penal, lo cierto es que ninguno de estos textos prevé expresamente esta figura.

La Constitución, en sus artículos 137 y 187 deja en claro que es competencia de la Asamblea Nacional (AN) legislar en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales. En otras palabras, solamente el Parlamento mediante una ley podría establecer la figura de los puntos de control y facultarlos para restringir los derechos al libre tránsito o alguna otra libertad de los habitantes del país.

No es algo nuevo

Las alcabalas son una de las herramientas más utilizadas en Venezuela por los cuerpos policiales para luchar contra el crimen, pero han sido empleadas en no pocas ocasiones para cometer actos de corrupción y extorsión y fechorías aún más graves, como ocurrió en 2005 y en 2006 en el caso del ajusticiamiento de un grupo de estudiantes en el barrio Kennedy y el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Faddoul.

Estos hechos llevaron a las autoridades a intentar fijarle algunas reglas a estos dispositivos. Así lo hizo en mayo de 2006 el Ministerio del Interior con su resolución 189, mediante la cual fijó las condiciones para el «establecimiento de Alcabalas y Puntos Policiales de Control Móvil en áreas urbanas, en las vías, lugares o establecimientos públicos en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de proteger la seguridad ciudadana».

Por ejemplo, este texto fijó que los puntos de control debían estar debidamente identificados, así como los funcionarios que en él participaran, y que no podían ubicarse en zonas oscuras, sin el debido alumbrado público o estar encapuchados.

En 2017 esta primera normativa fue derogada por otra, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.304 del 20/12/2017, que también ha quedado sin efecto.

No todo es malo

La resolución conjunta de los ministerios de la Defensa y del Interior mantiene, en su artículo 13 la prohibición de que los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) instalen puntos de control.

Esto es positivo pues ambos cuerpos figuran en distintos reportes de organizaciones nacionales e internacionales como responsables de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos: el CICPC destaca por ser junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el más señalado de estar implicado en ajusticiamientos, mientras que al Sebin la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela lo responsabiliza de ejecutar detenciones arbitrarias y torturas.

Ahora bien, entre las novedades de la resolución comentada sobresale el artículo 20, en el cual establece que las personas «en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales», podrán hacer grabaciones de audio y de video de los procedimientos policiales en las alcabalas.

Asimismo, la norma señala que «ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido».

Adicionalmente, el artículo 20 indica expresamente que

«la retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, esto es, ante la comisión flagrante de un delito o por orden judicial, y demás legislación vigente aplicable que así lo establezca».

Por último, queda terminantemente prohibido por parte de los funcionarios y funcionarias policiales y militares el cobro de dádivas, contribuciones y «apoyos económicos» a las personas que transitan libremente por el territorio nacional. Llama la atención que se utilice el eufemismo «apoyo económico» a lo que no es más que un delito y que debió calificarse de acuerdo con los supuestos de la Ley contra la Corrupción. Esta expresión, además de errada jurídicamente, le resta valor a la gravedad de lo que ocurre en las alcabalas, y queriendo hacerlo pasar como un avance, es más bien el reconocimiento de una realidad, pero sin calificarla de manera correcta.

Sin embargo, estos aspectos positivos quedan deslucidos o viciados por el hecho de que el Ejecutivo, en este caso, los ministerios de la Defensa y del Interior no están facultados por una ley para la creación y regulación de las alcabalas o puntos de control.

Una resolución administrativa es un acto subordinado o sublegal que inexorablemente debe respetar normas superiores como la Constitución, las leyes y decretos leyes, y no puede establecer reglas o comportamientos que deben ser desarrollados por el legislador, como aquellos limitantes de los derechos humanos, tal cual son los puntos de control que limitan la libertad de tránsito.

Más vicios

Como si el hecho de que la resolución regula una figura no prevista en ningún texto legal no fuera suficiente, también hay que recordar que la misma fue anunciada antes de que fuera publicada oficialmente.

El texto fue informado por los ministerios que la dictaron el 7 de septiembre, pero no fue sino hasta el 21 del mismo mes que apareció publicada en la Gaceta Oficial n.º 42.458, aunque con fecha del día 8. Esta es una práctica recurrente que refuerza la inseguridad jurídica que existe en el país y que prueba la opacidad con la que las actuales autoridades toman sus decisiones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Pese a que esta resolución contiene aspectos positivos, como el permiso para grabar a los funcionarios que ejecuten alguna revisión o arresto en una alcabala y la prohibición a estos agentes de despojar a los ciudadanos de sus teléfonos o equipos de grabación, el hecho de que el texto regule una figura no prevista expresamente en ninguna ley la vicia.

Las autoridades parecen insistir en su senda de alterar los principios básicos del derecho, lo cual no hace más que contribuir a la inseguridad jurídica que ya padecen los ciudadanos.

20 de octubre 2022

https://accesoalajusticia.org/resolucion-conjunta-sobre-alcabalas-polici...

 6 min


​José E. Rodríguez Rojas

La venezolanidad desde los inicios de la nación ha implicado tensiones. La clase social que sentó las bases del proyecto independentista veía a los negros, indígenas y mulatos como seres inferiores. Inclusos los blancos sin fortuna, como el padre de Francisco de Miranda, entraban en esa categoría. La hostilidad de los promotores de la independencia hacia Francisco Miranda por su origen plebeyo es un reflejo de ello. Estas tensiones tendieron a diluirse con el paso del tiempo pero un sector del chavismo ha intentado revivir las mismas, presentando a los conquistadores españoles y sus descendientes como genocidas y modificando las facciones de Bolívar.

La construcción de la nacionalidad siempre ha estado llena de tensiones y conflictos. La nacionalidad estadunidense se concibió durante muchos años como blanca, anglosajona y protestante sin considerar el papel de los negros. El reciente conflicto de los mapuches con el Estado chileno es otro buen ejemplo, al igual que el conflicto que han mantenido los catalanes en España. En Venezuela la construcción de la venezolanidad ha estado llena de tensiones desde los inicios de la creación de la nación.

El movimiento independentista que dio origen a la nación llamada Venezuela fue impulsado en sus inicios por los mantuanos los cuales eran los propietarios de grandes haciendas y esclavos de su época. Los mantuanos o criollos se concebían como blancos de sangre pura y consideraban que había posiciones en la sociedad colonial que solo podían ser desempeñados por ellos. Una de esas posiciones era la de ser miembro y portar uniforme de la milicia de Caracas. Cuando el padre de Miranda, un inmigrante canario, es designado como miembro de la milicia los mantuanos se enfurecieron por tal designación, pues consideraban a los isleños como pardos o mulatos y por lo tanto seres racialmente inferiores e indignos de tal distinción. Cuando el padre de Miranda se desplazaba con su uniforme por las calles de Caracas los oligarcas lo amenazaron con prisión. Al final el padre de Miranda se salió con la suya pues fue autorizado a portar el uniforme por las autoridades españolas.

Sin embargo los criollos no olvidarían la afrenta y el odio de los criollos contra el padre de Miranda se mantendría en el tiempo. Cuando pasados los años Francisco de Miranda, ya convertido en un militar experimentado, intenta invadir Venezuela en 1806 para impulsar un movimiento independista, los criollos rechazan la invasión y se regocijan cuando el militar venezolano es derrotado, tildándolo de traidor y ateo. Posteriormente en el año 1810 cuando los mantuanos agrupados en el Cabildo de Caracas dan los primeros pasos para promover la independencia de Venezuela su hostilidad hacia el general se mantiene intacta, influida por la afrenta que el padre le hizo a los criollos en años previos. En este contexto Simón Bolívar, quien en sus inicios había mantenido buenas relaciones con el Precursor, al final detiene a Miranda y lo entrega a los españoles. Ésta fue una acción innoble, un acto de perfidia en la visión de Andrés Bello, un castigo inmerecido para alguien que había trabajado tanto por la causa americana Todavía los historiadores debaten las razones que llevaron a Bolívar a cometer tan vil acción, tal polémica es difícil que sea objetiva por el culto al libertador que ha predominado en esta disciplina, pero este periodo fue una etapa oscura de Bolívar en la cual se dejó llevar por las emociones, por lo que una razón no desdeñable es que fue influida por la animosidad de los criollos hacia el Precursor y su padre por su origen plebeyo.

El segundo evento en nuestra historia que nos revela la existencia de estas tensiones fue el fusilamiento de Piar. Varios oficiales del ejército libertador cuestionaban la autoridad de Bolívar. A fin de poner un ejemplo y cimentar su autoridad Bolívar ordena el arresto de Piar y su juicio, después de lo cual Piar es encontrado culpable y fusilado. ¿Porque se escogió a Piar para tal propósito y no a otro de los oficiales que cuestionaban la autoridad del libertador? Una tesis bastante creíble es que no era blanco y mantuano, al contrario era de color y gozaba del aprecio de la tropa que lo veía como uno de los suyos, lo cual molestaba a Bolívar. Todavía se discute sobe este oscuro episodio de nuestra historia, pero el culto al libertador que impera en la visión de nuestro pasado impide una discusión ecuánime del tema.

Estas tensiones tendieron a diluirse con el tiempo en la medida que la violencia de la guerra de independencia y la posterior guerra federal destruyó la estructura de clase de la colonia y contribuyó a profundizar el mestizaje tanto de la población como de las elites venezolanas. Sin embargo un sector del chavismo ha tratado de revivir esas tensiones al calificar a los conquistadores españoles y sus descendientes como genocidas. En esta perspectiva los aborígenes como Guaicaipuro son presentados como víctimas y referencia de la venezolanidad y parte de lo que la propaganda gubernamental llama la resistencia indígena. Se ha llevado a cabo una revisión de la historia que ha llegado al extremo de presentar a Bolívar con rasgos afros, como un zambo, que es la imagen que se incorporó a los nuevos billetes.

Ello pone sobre el tapete de nuevo el tema racial, que había perdido importancia en nuestra historia como nación, aunque esta vez surge como un racismo al revés. Ello desdibuja nuestra historia dejando de lado que uno de los rasgos positivos de la misma fue la desaparición del tema racial como un elemento relevante en nuestras vidas, sin sopesar las injusticias que se cometieron en las fases iniciales de nuestra historia como pueblo, cuando fue un elemento clave en la actuación de las elites que impulsaron la independencia.

Profesor UCV

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Humberto García Larralde

La economía está lejos de ser la ciencia neutral, en cuanto a sus impactos y/o condicionantes sociales y políticos, que pretenden algunos teóricos de la ortodoxia. Conscientes de eso, muchos economistas intentamos ser explícitos en cuanto a las implicaciones o inclinaciones de las propuestas de política que formulamos. Muy a pesar de tales empeños, es difícil que en nuestros análisis no se cuele uno que otro sesgo ideológico o preferencia, sin que nos demos cuenta. En todo caso, el apego a la realidad y estar atentos para identificar a tiempo las reacciones ante las medidas de política instrumentadas o anunciadas, constituye un antídoto de rigor para atajar sus efectos imprevistos, no deseados.

Lo anterior viene a cuenta para entender la súbita crisis que enfrenta la recién estrenada Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, nombrada hace apenas mes y medio por el Partido Conservador para suceder a Boris Johnson. Ganó la postulación prometiendo bajar los impuestos para generar el crecimiento que políticas tradicionales le habían negado a la economía inglesa, pero sin menoscabar los programas sociales ni dejar de ofrecer ayuda a los británicos para enfrentar el alza de sus facturas de luz y gas. Su contendor principal dentro del partido, el ducho y realista Rishi Sunak, ex ministro de finanzas de Johnson, había previsto subir los impuestos, a fin de mantener los equilibrios, en momentos en que el fisco se veía comprometido con gastos de asistencia y se acentuaba la inflación.

Pero más tentadoras resultaron las ilusiones de que podía solventarse la brecha fiscal y echar las bases de un mayor crecimiento y bienestar futuro, reduciendo la carga impositiva a las empresas, proyectadas por la Truss. La explicación de tal paradoja, artículo de fe de la llamada “economía de oferta” (Supplyside economics), era que menores impuestos aumentarían el ahorro (de los ricos) y, con ello, la inversión productiva. Este impulso se derramaría (“trickle-down”) sobre toda la economía, generando empleo. La mayor oferta de bienes aplacaría las presiones inflacionarias del mayor déficit público. Y, con el tiempo, aumentaría la recaudación fiscal. En el ínterin el endeudamiento financiaría la brecha resultante. La confianza en que tan sólido programa proveería los recursos con los cuales reembolsar estos préstamos, los hacía viables. ¡La cuadratura del círculo que beneficiaría a todos, sin mayores costos!

Como se recordará, este planteamiento estuvo en la base del auge de los enfoques neoliberales de finales del siglo pasado. Tuvieron sus orígenes en los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que abogaban por disminuir el rol del Estado, central a las políticas keynesianas de gestión de la demanda agregada, para que actuaran, sin intervención, las fuerzas del mercado. Ello se enmarcó en lo que se denominó la “revolución monetarista” que desplazó a los postulados keynesianos en la conducción de la política económica. Habrían de prevalecer las leyes “naturales” de la economía, garantes de una supuesta “neutralidad” de las políticas.

Pero las políticas monetarias restrictivas que se instrumentaron para contener la inflación (había alcanzado los dos dígitos), hicieron inefectivo el incentivo de la baja impositiva. Asimismo, el incremento del gasto militar de Reagan dificultó la contención del alza en los precios. En el Reino Unido, inconsistencias parecidas resintieron la actividad financiera de la City. Así que, en su más notoria puesta en acción, la economía de oferta mostró claramente sus limitaciones. Resultó que no era ninguna panacea y que sus medidas no debían ignorar el contexto ya que podría llevar a contradecir políticas.

Más de dos décadas después, el desgaste de los gobiernos conservadores, luego de doce años en el poder, animó de nuevo la apelación a estas ilusiones. Resurgieron insufladas por la creencia de que, habiendo roto las amarras con Europa con el Brexit, el Reino Unido se había liberado de las trabas y las políticas tradicionales que, creían algunos, explicaban su pobre desempeño económico. Era la oportunidad para lanzar un ambicioso programa de crecimiento que rompiera con esas ataduras. La oferta del “mini-budget” de la Primera Ministra de bajar los impuestos a los más ricos y no efectuar el incremento en las tasas impositivas previstas por el exministro Sunak, subsidiando el precio de la energía y sin sacrificar gastos en los programas sociales, desnudó una reducción de los ingresos fiscales y un ensanchamiento resultante del déficit, haciendo menester un fuerte endeudamiento para financiarlo. No se tomó en cuenta, empero, que el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de las principales economías estaban aprobando aumentos sustanciales en las tasas de interés para aplacar la inflación.

A pesar de que el Reino Unido había escogido disminuir su peso económico amputando, años antes con el Brexit, sus más importantes mercados, el nuevo gobierno, en reminiscencia de su pasada influencia imperial, creyó que ello no obstaría para hacer prevalecer su voluntad. Los mercados financieros, como sabemos, pensaron diferente. Hubo una corrida contra la libra que puso en peligro fondos de pensiones y otros. El FMI, en unas declaraciones inusuales, manifestó su preocupación por el impacto distributivo de estas políticas. Ante tanta presión, el gobierno se vio obligado a recular, sacrificando al ahora exministro Kwarteng y recogiendo velas con las anunciadas rebajas impositivas. Todavía no está claro si la Primera Ministra Truss podrá sobrevivir a la tormenta que su obsesión doctrinaria desató.

Luego de los estragos de la pandemia a nivel mundial, muchos confiaban en un nuevo consenso en torno a un papel más proactivo del Estado en apoyo a la salud y en previsión de otras calamidades, como las desatadas por el cambio climático y sobre el costo de los alimentos y de la energía, asociados a la invasión rusa de Ucrania. Cómo financiar esta mayor presencia tampoco exigiría mucha imaginación, si nos atenemos a las enormes fortunas amasadas, sobre todo en EE.UU., por el 1% más rico de la población. Pero los sesgos ideológicos son tercos. Son demasiado poderosos los intereses en juego. Trump (previo a la pandemia) había rebajado los impuestos a los más ricos pero, en vez del ansiado “trickle down” (derrame), disparó la inequidad en la distribución del ingreso. En España una absurda concepción de autonomía en el ámbito fiscal permite a distintos gobiernos autonómicos competir en la baja de impuestos para atraer inversiones, cuando el gobierno central anuncia la subida de éstos a los más ricos para poder financiar los programas sociales. Por supuesto que el examen del gasto, su idoneidad, impacto macroeconómico, efecto distributivo y sostenibilidad intertemporal es el otro elemento, obligado, de esta discusión, no exenta, tampoco, de sesgos ideológicos.

Los venezolanos, junto a la población de los países que fueron comunistas –sobrevive Cuba—estamos entre las peores víctimas del efecto destructivo de la ideología en la conducción de la economía. Pero, a diferencia de aquellos y a despecho de su retórica, en nuestro país la intromisión ideológica poco tuvo que ver, en realidad, con la idea de “construir el socialismo”. Obedeció, antes que nada, a los delirios mesiánicos de quien, creyéndose un segundo Libertador, se empeñó en destruir las instituciones y en ponerle la mano a las enormes rentas que deparaba la venta internacional del crudo, para consolidar una poderosa cofradía de mafiosos, sobre todo de militares traidores, que aseguraran su dominio. La tradición intervencionista del Estado venezolano, alimentado por enormes rentas petroleras asignadas con creciente discreción, facilitaron esta tan nefasta revolución populista de Chávez. Ahora que, sobre sus cenizas, el régimen busca enderezar los entuertos que le permitan sobrevivir, siguen asomándose, como por acto reflejo, las imposturas ideológicas heredadas para justificar los intereses que impiden que las fuerzas económicas puedan ejercer el efecto deseado en la recuperación de la economía.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

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Gustavo Coronel

Dudo que la historia del ser humano registre tanta insensatez como la que observamos hoy en el planeta. Desde los asuntos más importantes hasta los más frívolos, todo parece contagiado por la ignorancia, la pequeñez y la mediocridad.

El serio peligro de la extinción del ser humano se ha presentado de nuevo; esta vez de la mano de Vladimir Putin, un demente acomplejado que carece por completo de la visión global que debería tener un jefe de Estado. Sus pretensiones territoriales sobre la vecina república de Ucrania pueden llevarlo, dados sus fracasos militares convencionales, a emplear armas nucleares, con todo lo que ello significa para el futuro de la humanidad. A nivel regional y de países individuales el panorama es desolador. Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo, la bandera de la democracia y de la libertad, se encuentra hoy rota en dos grandes fragmentos separados por estúpidas ideologías. Toda la nación parece haberse adherido a los extremos, dejando a un lado la proverbial sensatez de sus antecesores. En la TV se pintan a diario dos países totalmente diferentes: el Estados Unidos de Fox News y el Estados Unidos de CNN. Quien se opone a Trump es comunista. Quien se opone a Biden es fascista. La mitad del país dice que Hunter Biden es un ladrón y la otra mitad dice que la ladrona es Ivanka Trump. Unos leen todo lo que se publica sobre Kanye West (quien se jacta de no haber leído jamás un libro), mientras otros leen todo sobre las hermanas Kardashian, quienes basan su notoriedad en el tamaño de sus traseros. Quien admita el aborto en casos de violaciones o de peligro inminente para la madre es comunista. Los seguidores de Black Lives Matter quieren destruir las estatuas de la confederación, a pesar de que ello es parte de la historia. Los adoradores de la supremacía blanca dicen que el incremento de la negritud representa un proyecto macabro y premeditado para cambiar la composición racial de la nación, lo que llaman la teoría de reemplazo de los blancos. El melodrama de Piqué y Shakira (acusada de evasión de impuestos), el de Jennifer López y sus múltiples esposos y queridos monopolizan la atención de los televidentes. Una verdadera orgía de embrutecimiento.

Hoy se identifica a un republicano porque rechaza vacunarse o a un demócrata porque nunca se corta el pelo. La seguridad social -se dice- es un mito demócrata, mientras que los republicanos aspiran a mantener la supremacía blanca en el país.

La inmigración, dicen Trump y la república de Fox News, está representada por pedófilos y rateros, quizás sin darse cuenta que sus ascendientes fueron inmigrantes (aunque no del mismo origen) y que el problema de esta gran estampida de sitios pobres a sitios menos pobres es muy complejo y no se soluciona con una pared. La educación universitaria gratis es necesaria, dice la extrema izquierda que habla por CNN, aunque sabemos que el tesoro estadounidense no aguantaría tamaño subsidio y que lo gratis termina siendo lo más costoso para la nación. La población negra se queja de la discriminación, pero sus organizaciones, sus programas de TV, etc. no tienen un blanco ni para remedio. El asunto de los géneros ha llegado a lo absurdo y cursi, con el uso del idioma inclusivo y el remplazo de la aceptación de diferencias (que sería lo sensato) con el intento de glorificación de las diferencias (totalmente insensato).

Quienes nos aferramos al centro, adoptando algunas posturas definidas como de izquierda y algunas posturas definidas como de derecha, somos objeto de ataque por los dos lados. Nos tildan de comunistas o de fascistas, según sea el interlocutor. Como decía el poeta William Butler Yeats, en su momento (mi traducción): El Halcón ya no escucha al halconero/todo se desintegra, el centro ya no aguanta/la anarquía se desata sobre el mundo… la ceremonia de la inocencia ha desaparecido/ los mejores carecen de convicción alguna/mientras que los peores están contagiados de una apasionada intensidad”.

En ningún tema esencial, de vida o muerte para todos, es más trágica esta polarización que en el caso del cambio climático. En la Conferencia de París de 2016 y en posteriores conferencias, la inmensa mayoría de los países del planeta se han adherido a una tesis científica sobre la influencia del hombre y su uso de combustibles fósiles sobre el clima del planeta. El hombre ha actuado como agente geológico importante, aumentando las emisiones de carbono hasta el punto que el planeta está en peligro inminente de traspasar de forma irreversible los límites de temperatura que garantizan nuestra vida normal en el planeta. Ya vemos las trágicas consecuencias de ese proceso, sin que el ser humano haya podido ponerse de acuerdo en actuar con la rapidez necesaria para corregir esta profunda deformación.

Al contrario, el mundo sigue empeñado en sus problemas de absurda frivolidad. En Venezuela Maduro, se consolida y borra la huella de su antecesor, causando una pugna entre quienes lo siguen a él y las viudas del anterior. En Perú, un hombre ridículo es presidente; en Nicaragua, un psicópata está al mando; en Cuba, el pueblo ha sido esclavizado por décadas. En la región no se vislumbra un solo estadista.

Los grupos que abogan por restituir la calidad del Homo sapiens son débiles. Nos ahogan las zarzuelas de estupideces que prevalecen hoy sobre lo que Harry le dijo a Charles o si Megan le torció la boca a Camila. Algunos me dirán: señor, la frivolidad tiene su lugar en esta vida y estarán en lo cierto, pero yo respondo: sí, pero no hasta el extremo de colocarla como piedra angular de la existencia.

Hay escapes. Pero lo triste es que uno deba escaparse de la realidad circundante para encontrar felicidad, cuando ella debería estar al alcance de la mano de la gran mayoría de los seres humanos. El camino que recorremos nos lleva a la más severa involución.

14 de octubre 2022

Confirmado

http://confirmado.com.ve/opinan/una-orgia-de-insensatez-aflige-el-planeta/

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Acceso a la Justicia

Menos de un mes después de proponer unir las elecciones regionales y municipales con las parlamentarias en 2025, Nicolás Maduro ha vuelto a referirse al calendario electoral de manera tal que ha sembrado dudas sobre este y la transparencia y equidad del sistema comicial. Así, el líder del Gobierno dejó caer la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales, pautadas para 2024, se produzcan antes.

«Estamos en el año 2022 (…) vienen los años 2023 y 2024. ¿Cuándo es que hay elecciones (presidenciales)? Héctor Rodríguez (gobernador de Miranda), ¿cuándo hay elecciones? 2024, ¡o antes! Lo cierto es que nosotros estamos preparados para que cuando haya elecciones ir a una gran victoria popular, revolucionaria. Cuando sea, dónde sea y cómo sea. Si tú quieres, yo también quiero, si tú no quieres, yo quiero».

Esto declaró Maduro el pasado 7 de octubre, en un acto que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró en La Guaira.

El pronunciamiento del líder del oficialismo representa una nueva violación de los artículos 136 y 292 de la Constitución de 1999, los cuales establecen el principio de separación entre las distintas ramas del Poder Público e indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo que tiene la potestad de «la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos», respectivamente.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) indica claramente que el CNE es quien tiene la facultad de convocar y fijar la fecha de los eventos para escoger a los distintos representantes para los cargos de elección popular.

Con una reforma

En 2009, el oficialismo modificó la legislación electoral y suprimió la disposición que establecía, de manera casi pétrea, el momento en el que debían celebrarse los distintos comicios. La derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política señalaba en su artículo 152 que las elecciones debían fijarse «un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente».

La modificación abrió las puertas para que las sucesivas votaciones se produjeran en momentos distintos al tradicional mes de diciembre. Así ocurrió con las legislativas de 2010, que tuvieron lugar el 27 de septiembre; las presidenciales de 2012 y 2018 que ocurrieron el 7 de octubre y el 20 de mayo, y más recientemente, las regionales del 21 de noviembre de 2021.

Sin embargo, ninguno de los procesos antes mencionados dio pie a que el período de transición entre un mandato constitucional y otro pudiera ser de más de un año. No obstante, las palabras de Maduro abren las posibilidades de que esto ocurra, lo cual iría contra toda la lógica administrativa.

Asimismo, habría que aclarar que un eventual adelanto de los comicios presidenciales para el año 2024 o incluso 2023 no supondría una reducción del sexenio del jefe del Estado previsto en el artículo 230 de la carta magna. Así, lo ha dejado en claro en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en varios fallos ha reiterado que el período presidencial es de seis años y que concluye e inicia el 10 de enero, tal y como manda el artículo 231 del texto fundamental.

Cualquier cambio en relación con la duración o inicio del mandato del presidente de la República requeriría una enmienda constitucional, que de acuerdo con la propia jurisprudencia del máximo juzgado no aplicaría para el actual período.

Maniobrando para ganar

Un eventual adelanto de la fecha de la elección es un claro acto de ventajismo a favor de Maduro, lo que constituye un elemento de fraude electoral que podría gestarse en las venideras presidenciales.

Jugar con la fecha de las elecciones es parte de las maniobras del oficialismo para ganar elecciones, como lo demuestra el informe elaborado por Acceso a la Justicia, titulado Elecciones en autocracia. El caso venezolano 2017-2021. En dicha investigación se advierte que el oficialismo ha utilizado esta estrategia para favorecer sus opciones.

Por su parte, es escandaloso el silencio que guarda el CNE ante estos pronunciamientos de Maduro, lo que supone flagrantes intromisiones en sus competencias constitucionales. El mutismo del árbitro no hace más que reforzar las sobradas dudas que existen en un importante porcentaje de la población en relación con su independencia, autonomía y, sobre todo, su capacidad de organizar comicios limpios, transparentes y competitivos.

No en balde, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que siguió las pasadas «megaelecciones» regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, en su informe criticó la actuación (o inacción) del árbitro a la hora de ponerle coto a los abusos del oficialismo durante la campaña y la propia jornada de votación.

Asimismo, instó a las autoridades a reforzar la independencia del organismo, en especial en materia «sancionadora».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Como ya señalamos semanas atrás, el hecho de que Maduro se inmiscuya en las competencias del CNE y que este último sea incapaz de ponerlo en su lugar no hace más que reforzar las dudas que hay entre los ciudadanos sobre la transparencia, confiabilidad y equidad del sistema electoral venezolano. La eventual materialización de esta propuesta no solo podría el broche de oro a un sexenio que comenzó viciado y no siendo reconocido por cincuenta países del mundo, debido a los vicios que empañaron las últimas presidenciales; sino que además dejarían en claro que las autoridades no han aprendido la lección ni tienen intenciones verdaderas de rectificar.

18 de octubre de 2022

https://accesoalajusticia.org/gobierno-maduro-plantea-adelantar-eleccion...

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