«El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al Gobierno». Este señalamiento fue hecho por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, en su segundo informe sobre el país publicado en 2021. A ´pesar de la dureza de la acusación, el Poder Judicial, en particular el área penal, continúa sirviendo como instrumento para perseguir y silenciar a las voces disidentes en el país.

Prueba de lo anterior es la demanda por «difamación agravada continuada» que el gobernador de Carabobo, el chavista Rafael Lacava, interpuso contra los activistas de derechos humanos, Marino Alvarado y Alfredo Infante, luego de que estos solicitaran al Ministerio Público (MP) que investigara al funcionario por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la entidad y que habrían sido cometidas por agentes de la policía estadal, la cual está bajo su mando.

«Lo que hemos hecho (…) es lo que nos corresponde: Hay unas graves violaciones a los derechos humanos y [hemos exigido] que se investigue a los autores materiales y a las cadenas de mando. Esta es la consecuencia [en alusión a la demanda] de ser exigentes en materia de Derechos Humanos, es el riego que corremos los defensores de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando».

Así se quejó Alvarado, quien es coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un mensaje publicado a través de la cuenta de Twitter de la organización.

El pasado 14 de marzo, ambos activistas presentaron un informe, en el cual denunciaban que en 2021 se registraron en el país 1.414 ajusticiamientos, de los cuales 347 (25,54%) presuntamente habrían sido cometidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), mientras que 426 (30%) por policía estadales, siendo la de Carabobo la más señalada, con 132 casos. Ante estos datos los defensores instaron al MP y a la Defensoría del Pueblo a iniciar las respectivas averiguaciones y no limitarse solo a los autores materiales, sino investigar también incluir a sus superiores.

No es la primera vez

La acción de los defensores no quedó sin respuesta, sin embargo, no en la forma en la que seguramente estos esperaban: el gobernador Lacava, en lugar de iniciar una investigación administrativa motu proprio o incluso presentar elementos que prueben que no está relacionado con los abusos antes mencionados, acudió a los tribunales para presentar una querella contra los activistas por «exponerlo al desprecio o al odio público». El 16 de mayo los defensores recibieron una boleta del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Carabobo, fechada tres días antes, en la cual los insta a designar a sus abogados para enfrentar el respectivo proceso.

Esta no es la primera vez que Provea afronta un proceso judicial por ejercer su labor de defensa de las garantías fundamentales. En agosto de 2012 el MP denunció a esta organización y a la agrupación Sociedad Homo et Natura por apoyar y difundir información sobre una protesta que realizaron representantes de comunidades yukpa frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en julio de ese año. En este caso la Fiscalía acusó a las organizaciones de violar disposiciones de la Ley Orgánica de Niños y Adolescentes (Lopnna), pues en la manifestación participaron niños indígenas.

Así como en el caso anterior, en el presentado por el gobernador Lacava, no solo se vuelve a apuntar contra reconocidos miembros del movimiento de derechos humanos en Venezuela, sino que también se recurre a la justicia penal para criminalizarlos, esta vez mediante el empleo de la figura prevista en el artículo 442 del Código Penal, alegando que las denuncias formuladas contienen mensajes lesivos a su «honor o reputación».

Pero esto tampoco es nuevo. En las últimas dos décadas funcionarios de distinta jerarquía han iniciado decenas de juicios privados contra abogados, defensores, periodistas y políticos. Uno de los casos más antiguos, y posiblemente el que allanó el camino para esa estrategia, fue el que en 2003 inició el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), el fallecido Willian Lara, contra el constitucionalista Tulio Álvarez.

El jurista, en un artículo publicado en el desaparecido diario Así es la Noticia, recordó un informe de la Superintendencia de Seguros que denunciaba irregularidades en la Caja de Ahorros del Parlamento, lo cual provocó la ira del legislador oficialista. En 2009 la justicia condenó a Álvarez, a quien, aunque no terminó tras las rejas, se le impuso prohibición de salida del país. En 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que esa decisión supuso una violación a la libertad de expresión del abogado.

Esto se lee al respecto en el fallo del tribunal continental:

«Si bien el señor Álvarez se manifestó de forma crítica, eso no implica que su discurso quede desprotegido bajo la óptica del derecho a la libertad de expresión. Esta clase de discurso también debe ser protegido pese a ser incómodo y emplear un lenguaje incisivo, máxime cuando en una sociedad democrática las críticas hacia los funcionarios públicos no son solamente válidas sino necesarias».

Además, la corte reiteró su criterio de que

«sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad».

En 2004, el entonces ministro de Comunicación, Jesse Chacón, se querelló contra la periodista Alicia La Rota pues esta publicó una información en la que aseguraba que el funcionario compró un cuadro de Armando Reverón por más de 100.000 dólares. Pese a que la comunicadora rectificó, el funcionario no se dio por satisfecho y siguió con el juicio.

En 2016, el exministro de Agricultura, Carlos Osorio, presentó una demanda contra los entonces diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, al señalarlo de estar incurso en hechos de corrupción. La jueza Tercera de Primera Instancia en lo Civil de Carabobo, Omaira Escalona, falló a favor del exfuncionario al prohibir a los diputados declarar, publicar y difundir información en los medios y redes sociales que «atenten contra el honor y reputación» de Osorio. Además, les ordenó indemnizarlo con 900 millones de bolívares.

Cabello, el gran demandante

Sin embargo, quien ha hecho de los juicios por difamación su arma predilecta para lidiar con sus oponentes ha sido el diputado Diosdado Cabello. En 2013, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) demandó al editor del diario Tal Cual, el fallecido Teodoro Petkoff, y a los demás miembros de la directiva del matutino, por un artículo de opinión escrito por el exministro de Ciencia, Carlos Genatios, en el que aseguraba –incorrectamente– que el oficialista había declarado que «si no les gusta la inseguridad, váyanse». Tras tres años de proceso, durante el cual se le obligó a Petkoff a presentarse periódicamente a los tribunales y se le impidió salir del país, la jueza declaró el sobreseimiento del mismo.

Dos años después, Cabello inició una batalla legal contra El Nacional. También lo hizo contra otros medios, lo que generó que sus directores huyeran del país para poder salvarse de la cárcel. ¿El delito? Replicar unas publicaciones de los diarios Miami Herald y ABC en las cuales se hacían señalamientos contra el legislador. En 2018 el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas declaró con lugar la demanda y le ordenó al diario pagarle a Cabello mil millones de bolívares (para ese entonces cerca de 12.700 dólares) como indemnización.

No obstante, en 2021 la Sala de Casación Civil del TSJ, atendiendo una petición de los abogados del diputado, revisó el monto de la sanción y la fijó en 237.000 petros (equivalentes a poco más de 13,25 millones de dólares), debido al «gravísimo» daño que sufrió el parlamentario en su honor. Ante el impago de la multa, la justicia le arrebató al matutino su sede y se la entregó al parlamentario demandante.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Con la demanda de Lacava contra Marino Alvarado y Alfredo Infante el oficialismo reitera el uso de la justicia penal para perseguir y silenciar a las voces disidentes y críticas. La rapidez con la que el tribunal carabobeño aceptó esta solicitud y comenzó a tramitarla es otra prueba más de la alineación del Poder Judicial con el Gobierno, una situación que pone en minusvalía y riesgo a los ciudadanos, en particular aquellos que osan alzar su voz y exigir sus derechos. La querella contra estos dos reconocidos activistas de derechos humanos confirma los riesgos y peligros que corren estos por ejercer su labor. Asimismo, parece indicar que el espacio cívico no hace más que achicarse día a día en Venezuela: no hay que olvidar que este proceso se da justo cuando la AN anuncia que reactivará las discusiones del cuestionado proyecto de Ley de Cooperación Internacional, repudiado por 500 ONG y 250 personas.

19 de mayo 2022

https://accesoalajusticia.org/chavismo-vuelve-recurrir-justicia-penal-pa...

A mediados de la década del 90 nos sorprendía un nuevo sonido que llegaba desde los EEUU de la mano de bandas como Nirvana y Pearl Jam. Por la misma época surgía – al son del “grunge” – un renovado mensaje del National Institutes of Health (NIH) de ese país, que decía que la biodiversidad debía retomar su protagonismo como fuente de nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer y el SIDA, y que Latinoamérica jugaría un rol fundamental en el proceso.
Fue por esos tiempos que, poco después de graduarme de biólogo, un día me encontré remontando el Río Tambopata en la Amazonía Peruana. Viajaba hacia el “Tambopata Research Center” para realizar una pasantía – mi primera – en un proyecto de conservación de guacamayos. Pero en realidad buscaba una excusa para internarme durante algunas semanas en la selva amazónica, contactarme con comunidades nativas de la zona, y aprender sobre el tema.
En aquel momento, varios medicamentos de importancia para la humanidad ya provenían de plantas terrestres y hongos, entre los cuales se destacan la vincristina y la vinblastina, la ciclosporina, la penicilina, y el paclitaxel, sólo por mencionar algunos. La naturaleza es una fábrica de moléculas complejas y únicas, y el hombre aún no ha podido imitarla en cuanto a su complejidad. En otras palabras, la maravillosa diversidad biológica que habita nuestro planeta se traduce en diversidad química, que a su vez también puede transformarse en medicamentos para el hombre.
Sin embargo, transcurrieron más de dos décadas de aquel viaje y ha cambiado poco desde entonces. Salvo algunos casos aislados como la artemisinina o la galantamina, son muy pocas las nuevas moléculas provenientes de hongos, plantas terrestres, microorganismos u organismos marinos que han llegado al mercado farmacéutico en este período.
A pesar del potencial que presenta la biodiversidad, menos del uno por ciento ha sido estudiada en forma exhaustiva, siendo este porcentaje mucho menor en los países del continente sudamericano incluyendo la Argentina. De hecho, aún no existe un solo medicamento en el mercado farmacéutico del mundo que provenga de nuestra valiosa biodiversidad.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), alrededor del 60% de las especies que habitan el planeta se encuentran en Latinoamérica. Argentina posee una variedad de ecosistemas entre los cuales se encuentran la selva paranaense, el bosque andino-patagónico, los Andes, las yungas y el monte chaqueño: un verdadero reservorio de moléculas por descubrir.
Aun así, la búsqueda de compuestos activos en la biodiversidad – conocida por el término de bioprospección – ha disminuido en los últimos años, no sólo en nuestro país sino en el mundo. Parte de ello se debe al avance de los productos biológicos que se obtienen partir de la biotecnología, y de las tecnologías de síntesis química combinatoria, capaces de generar moléculas novedosas en el laboratorio.
Pero también existen causas intrínsecas a la bioprospección que hacen de esta actividad una tarea dificultosa. Ello incluye limitaciones regulatorias, dificultades en el acceso físico a los recursos genéticos, escasa vinculación entre equipos de I+D multidisciplinarios, análisis de riesgos tecnológicos y financieros complejos, y tiempos de desarrollo demasiado largos y con pocas garantías de éxito.
A ello debemos sumar la aparición en escena de las plataformas automatizadas, capaces de analizar miles de muestras en poco tiempo (en inglés “high throughput screening platforms” o HTSPs). Aunque suene paradójico, el adelanto tecnológico en este caso constituye un detrimento de la bioprospección, ya que es prácticamente imposible el acceso a estas plataformas sin la disponibilidad de cientos o incluso miles de muestras para analizar, algo que solo se puede lograr a través de bibliotecas de extractos o de compuestos aislados.
Por todo ello, el paradigma clásico de bioprospección parecería ser poco eficiente. Necesitamos construir un modelo de acceso a los recursos genéticos (RRGG) que sea sencillo, innovador, sustentable, justo y equitativo. Esto significa que las HTSPs tengan acceso a los recursos genéticos en forma rápida y a escala, y que tengan garantía de reabastecimiento de material durante todo el proceso de desarrollo de un medicamento. Ello también significa incorporar mecanismos de trazabilidad, aprovechando que ya están disponibles las tecnologías que garantizan la identidad genética de las muestras y de su origen geográfico, garantizando así el reparto justo y equitativo de los beneficios potenciales con las poblaciones locales.
Además, las HTSPs, deberían tener acceso a los puntos geográficos o ecosistemas de interés en forma virtual – por ejemplo, a través del metaverso – y seleccionar las especies para investigar con sólo tocar una pantalla. Si en la actualidad podemos visitar un supermercado en forma virtual ¿por qué no sería posible, por ejemplo, recorrer el monte chaqueño o la plataforma marina en el metaverso y seleccionar las especies que queremos analizar?
Finalmente, es fundamental que los países o regiones que proveen el RRGG participen en forma activa en el proceso, por ejemplo, en el aislamiento e identificación química de los principios activos de las especies y muestras más prometedoras, incrementando así el valor agregado en origen.
Por eso, no se trata de crear un nuevo modelo de bioprospección, sino de transformar el existente aplicando las nuevas tecnologías, marcos normativos y herramientas de gestión. Dicho en otras palabras, no se trata de hacer una revolución, sino más bien de “hacer una evolución”.
¡Feliz Día Internacional de la Diversidad Biológica!
22 de mayo de 2022
Bioeconomía
https://www.bioeconomia.info/2022/05/22/hagamos-la-evolucion-do-the-evol...

Ahora que ha cobrado nueva actualidad el tema de las sanciones a Venezuela, parece oportuno escribir estas notas con el objetivo de ubicar a nuestros lectores en un tema que resulta más complejo del que se filtra en la opinión pública y que, de alguna manera, coloca la discusión en los términos simples de flexibilizarlas o mantenerlas. Creemos que puede ser de utilidad ofrecerles una información de sus orígenes, sus causas y su ubicación en una perspectiva internacional, a la vez que ello pueda influir y contribuir a encontrar coincidencias entre los actores políticos que las adversan o las apoyan.

Hasta donde hemos comprendido la discusión sobre las que han sido impuestas al gobierno de Venezuela por varios países, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, está soportada, principalmente, por la tesis de que son una causa relevante de la crítica situación que vive el país y también por la interrogante de si han cumplido o no sus objetivos. En este sentido, un repaso de dicha materia resulta pertinente.

Sanciones dirigidas a individualidades.

Recordemos que las primeras sanciones de los Estados Unidos[1] tenían un objetivo dirigido a personas, tal que la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, aprobada por el Congreso de ese país y refrendada por el Presidente Obama impuso “sanciones a las fuerzas de seguridad venezolanas que reprimieron las protestas estudiantiles de ese año”, lo cual se materializó en el 2015 al congelar los activos de 8 individuos y ordenar la revocatoria de sus visas americanas.[2] Otra fuente nos dice que aquel país “había aplicado sanciones a un total aproximado de 159 sujetos venezolanos o relacionados con Venezuela”[3]. Postulamos, entonces, en que estas sanciones no podrían ser flexibilizadas o eliminadas, dado que las causas de su imposición no han desaparecido y porque tampoco tienen un efecto general sobre la sociedad venezolana. Luego la controversia debe centrarse en las sanciones denominadas sectoriales.

Sanciones sectoriales y sus efectos en Venezuela.

Como sabemos, aquel tipo de sanciones evolucionó a las llamadas “sectoriales” que son las que afectan a entidades venezolanas públicas y privadas, especialmente a PDVSA y el Banco Central de Venezuela, lo que si permite debatir el tema, dados sus supuestos efectos en Venezuela. Ahora bien, un registro de varias opiniones emitidas sobre esta materia no conduce a una versión concluyente.

Por ejemplo: “Existe relativo consenso sobre el hecho de que la economía venezolana atravesaba una crisis de inmensas proporciones mucho antes del inicio de las primeras sanciones no individuales”, aun cuando “Existe mucho menos consenso sobre el grado de atribución que puede otorgársele a las sanciones en el desempeño económico y social de Venezuela en el período posterior a agosto 2017” En el mismo ensayo se cita que “… Weisbrot y Sachs (WS) (2019) [13], les atribuyen a las sanciones total responsabilidad en el deterioro económico y social de Venezuela post-2017” mientras que “Hausmann y Muci (2019), Bahar et al (2019), y Morales (2019) [14] argumentan en contra de las conclusiones de WS…” (ANOVA, 2021).

Aun cuando esas discrepancias persisten el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos [4] registra la siguiente conclusión: “27. La economía de Venezuela, en particular su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos, ya estaba en crisis antes de imponer sanciones sectoriales. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos clave comenzaron a disminuir drásticamente mucho antes de agosto de 2017. [10]

En efecto unas cifras nuestras corroboran esta conclusión: “De 2013 a 2017 el PIB se redujo un 41,5 %, el PIB privado un 57.6%, el público un 8,4% y el PIB petrolero un 29,4%”. La manufactura un 67,6%, el comercio y los servicios 87,1% y la construcción 126,1%[5]. De todas ellas lo más significativo es el declive consistente de la producción petrolera, la cual de los 2.800 MBD, producidos en 1999 se redujo a cerca de 2.000 en 2017 según cifras de la OPEP.[6]

Ahora bien, siendo que los datos y las opiniones sobre ese periodo parecen ser ampliamente concluyentes, la discusión pasaría a evaluar los años restantes, en cuyo caso cabe la posibilidad de que, en efecto, estas hayan impactado en alguna medida la situación económica y social de Venezuela como país. Por ejemplo el mismo Alto Comisionado en su informe de 2019:”…aseveró que las “sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria” (El Fakih, N, 2020), por lo que la discusión se hace cada vez más compleja e interminable, dadas las distintas metodologías utilizadas por distintos autores como lo demuestra el informe ANOVA, 2021.

Nosotros agregamos a tal punto de vista que el reciente cambio de políticas económicas que, presumiblemente, está llevando a cabo el gobierno venezolano, presupone la aceptación de que el sistema anterior, fundamentado en un severo control estatal sobre la economía y en el uso del expediente expropiatorio, condujo a los resultados de los últimos años, con lo cual es muy difícil discernir entre la “causa gobierno” y la “causa sanciones”. De ser así, como afirmamos, fundamentarse en este aspecto, no solo no permite conclusiones asertivas, sino que dificulta hallar coincidencias entre las distintas posiciones.

Es claro que el uso de la sanción “económica” es un medio de presión o coacción, pero también lo es que esas medidas tienen un fin esencialmente político, por lo que es conveniente ubicarlas en el contexto de su utilización en el plano mundial, una faceta que puede facilitar una mayor convergencia entre las partes involucradas.

Las sanciones son parte de un sistema integral.

El hecho de que las sanciones deban ser consideradas como parte de una estrategia global de la diplomacia internacional ayuda, a quienes leen estas notas, a focalizar el debate. En ese sentido: “…, las sanciones se ubican, entonces, como una tercera vía entre la acción militar -demasiado costosa y agresiva-, y la protesta diplomática demasiado benévola e inefectiva” (El Fakih, N. 2020)

En el caso que revisamos, el de Venezuela, no puede caber duda de sus ventajas sobre los otros dos, el uno por haberse agotado innumerables veces[7] y el otro por indeseable y elevadísimo costo, como bien dice el autor citado. Luego, proponemos coincidir en que el “sistema de sanciones” es la mejor opción que posee el mundo civilizado para resolver conflictos y que, abandonarlo, por ejemplo, no solo presupone la eficacia de los otros dos, sino que dejaría de contribuir a reforzar las negociaciones y las iniciativas diplomáticas que persiguen el mismo objetivo. Un último aspecto debe llamar nuestra atención para completar el escrutinio del motivo que nos ocupa y que atañe a la evaluación del cumplimiento de sus objetivos.

¿Han cumplido las sanciones sus objetivos?

Antes de aspirar a responder esta interrogante repasemos, brevemente, como ha evolucionado la respuesta en el ámbito internacional. Dos estudios nos ilustran. El primero de ellos dice: “… uno de los trabajos empíricos… que evaluó 83 casos de sanciones económicas impuestas durante aproximadamente 70 años, Hufbauer y Schott (1985) evidenciaron que su proporción de éxito se ubicó en un 40%.13 Aunque hay quienes consideran éste un porcentaje bajo, 14 parte de la doctrina concluye que es un récord tremendamente positivo si se analizan los potenciales costos y resultados de las otras opciones disponibles, incluyendo el uso de la fuerza militar” El segundo también exhibe la misma complejidad: “…Más recientemente, un estudio empírico actualizado que abarca 174 casos de sanciones en 86 años…concluye que, a pesar de las críticas, el uso de las sanciones se ha triplicado en las últimas décadas.” (El Fakih, N. 2020)

Como observarse, esta materia está sujeta a grandes controversias y a resultados relativamente ambiguos, de los cuales se pueden alcanzar algunas guías que orienten el propósito que perseguimos. En primer lugar, no existe un método que produzca un veredicto final de si han dado o no resultados. El caso de Irán o Rusia da pistas en esa dirección. En segundo lugar, no existe un caso extremo, tipo “blanco y negro”, en el que se pueda comprobar una relación automática e inmediata, esto es no existe una conexión lineal entre “sanciones impuestas y cambios logrados”. En tercer lugar que, como se puede comprobar, el sistema de sanciones no se dirige, en general, a un objetivo específico, sino más bien a fines genéricos, de tal forma que precisar su grado de cumplimiento es verdaderamente intrincado.

Dadas esas dificultades y la experiencia de muchos años la comunidad internacional “…ha evolucionado de las llamadas “sanciones integrales” a “sanciones inteligentes, selectivas o específicas”, (El Fakih, N. 2020).las cuales tratan, por un lado, de medir sus efectos en las localidades donde se aplican y, por otro lado, ayudan a conectar la imposición con sus objetivos.

El proceso en Venezuela.

Ya hemos descrito el tipo de sanciones que han sido impuestas al gobierno, las cuales evolucionaron de las individuales a las sectoriales más recientemente. En el cuadro que sigue se resumen las últimas aplicadas por los Estados Unidos: (Fuente (El Fakih, N. 2020).

Instrumento

Número

Fecha

Emisor

Orden Ejecutiva

13692

08 de marzo de 2015

Presidente Barack Obama

Orden Ejecutiva

13808

24 de agosto de 2017

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13827

19 de marzo de 2018

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13835

21 de mayo de 2018

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13850

1 de noviembre de 2018

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13857

25 de enero de 2019

Presidente Donald J. Trump

Orden Ejecutiva

13884

05 de agosto de 2019

Presidente Donald J. Trump

Finalmente, en el mismo año 2019 el Congreso de ese país aprobó lo que se dio en llamar la “Ley Verdad”, lo que revela una política que va más allá del poder ejecutivo y tiene el respaldo de ambos partidos, con lo que el tratamiento de su flexibilización o mantenimiento se hace todavía más complejo en la medida que afecta toda la estructura política y diplomática de su política exterior.

Los razonamientos que hemos expuesto y la información suministrada persiguen, como indicamos al inicio de estas notas, varios objetivos. El primero, colocar en la opinión pública y, en especial a la orden de los lectores un material de alta y delicada repercusión en la vida de nuestro país, tal que sirva para que una mayor cantidad de venezolanos comprenda mejor el tipo de problema en el que estamos insertos y puedan formarse su propia opinión sobre las posiciones que están en juego en la opinión pública.

El segundo, un intento de romper la dicotomía entre “mantenerlas o reducirlas” que asoma como el vértice de la discusión y tercero, como consecuencia de ello, experimentar con un método “parí passu” que guie una ruta de decisiones, una especia de trayectoria de negociaciones que vincule un plan de concesiones políticas con especificas concesiones económicas, sin proponerse hacer todo de un todo. Por ejemplo, si atamos cierta flexibilización en el plano económico con un cambio significativo en materia electoral, como podría ser un CNE verdaderamente representativo y la culminación plena del Registro Electoral. Otra alternativa, profundizar más en la apertura económica con una reconducción del nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia y así y así dar pasos sostenidos.

El tercero, procurar un acercamiento entre las dos posiciones venezolanas, bajo la premisa de que un entendimiento entre ellas seria de amplísima utilidad para las decisiones que habría de tomar la comunidad internacional, en especial la de nuestros principales aliados, los Estados Unidos, la Unión Europea y los países latinoamericanos que han seguido de cerca este proceso y aspiran a una solución autentica y consistentemente democrática para Venezuela.

Obviamente, antes de llegar a una conclusión el asunto del cumplimiento de sus objetivos no puede ser obviado pues, aunque resulta difícil emitir una opinión más certera, lo cierto es que su objetivo principal, el retornar a Venezuela a una senda plena del ordenamiento democrático no se ha cumplido, siendo que los tres poderes públicos que aun sustenta el gobierno se mantienen iguales. Sin embargo, aun aceptando ese juicio y, precisamente por no haberlo logrado, conviene abrirse a otras opciones que si pudieran conseguirlo, entre ellas aceptar la tesis que de que mantenerlas, de por sí, no obtiene resultados.

A la hora de tomar posición por una u otra opción, debemos preguntarnos, ¿si tenemos un sustituto valido de esa “fuerza externa” que son las sanciones, para lograr la presión suficiente que altere la conducta política y los actos que se le critican al gobierno actual?, y luego ¿si existe una mediana posibilidad de construir una “fuerza interna” de similar calibre que pueda sustituirlas?, porque mientras no la tengamos estaremos, queramos o no, irremediablemente atados a mantener las sanciones.

Finalmente, como se habrá comprendido, perseguimos el objetivo mayor de involucrar a la sociedad civil venezolana en esta difícil controversia y estimularla a tomar posición, mas allá de los partidos políticos y de los pronunciamientos personales. Quizás, una nueva alianza entre la sociedad civil organizada[8] y los partidos políticos podría tener el suficiente peso específico como para sustituirlas o aminorar su influencia en restaurar el ordenamiento democrático y una nueva era de prosperidad económica que llegue a todos los venezolanos.

[1] Posteriormente la Unión Europea, Canadá, Suiza y otros países se unieron a este esquema.

[2] Ver: “Aproximación al Régimen de Sanciones internacionales y al caso de Venezuela” Nizar El Fakih. Banco Interamericano de Desarrollo. Diciembre 2020.

[3] “Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia”. ANOVA.2021.

[4] Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas derechos humanos e informes de la Oficina de la Alto Comisionado y el Secretario General. Consejo de Derechos Humanos.

[5] Datos del BCV.

[6] En el tema petrolero no se puede olvidar el doble efecto que tuvo en la reducción de la producción la política de Independencia Energética de los Estados Unidos y las decisiones del gobierno de la época de diversificar el mercado, especialmente dejando de vender a ese país. La venta de las refinerías en Europa y Estados Unidos reflejan esa política.

[7] Hacemos referencia a los distintos esfuerzos de negociaciones entre el Gobierno y la Oposición propiciados por organismos internacionales, en especial por el Gobierno de Noruega.

[8][8] Llamamos sociedad civil organizada al cumulo de instituciones gremiales, colegios profesionales, asociaciones de vecinos, instituciones educativas, asociaciones de padres y representantes, debidamente elegidos y representativos de sus comunidades.

En la década pasada proliferaron los eventos que cambiaron al mundo. Algunos fueron imposibles de ignorar, pero hubo otros, más graduales, que pasaron casi desapercibidos. Entre ellos el más importante: la crisis global de la democracia.
En todos los continentes las democracias se han debilitado y las dictaduras están en auge, albergando al 70% de la población mundial, es decir cinco mil 400 millones de personas. Según estudios del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, una década antes ese porcentaje de personas que vivían en dictaduras era el 49%. Desde 1978 no había un número tan bajo de países en proceso de democratización.
Hay dos razones por las cuales este retroceso de la democracia ni causó mayores alarmas ni provocó reacciones significativas. La primera es que estaban pasando muchas otras cosas urgentes y concretas que hacían difícil a los defensores de la democracia competir con éxito por la atención de los lideres, los medios de comunicación y de la opinión pública. La pandemia o la crisis financiera mundial son tan solo dos ejemplos de una larga lista de eventos que no dejaron espacio para crisis menos inmediatas. La segunda razón es que la mayoría de los ataques a la democracia fueron deliberadamente opacos, difíciles de percibir y, mucho menos, capaces de activar a la gente.
Consideremos la primera causa de esta desatención mundial a lo que Larry Diamond, un respetado profesor de la Universidad de Stanford, llamó “la recesión democrática”. ¿Como movilizar a la población para defender a la democracia cuando la pandemia estaba causando la muerte de millones de personas en todo el mundo? Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS) tan solo entre el 2020 y 2021 murieron 15 millones de personas a causa del COVID 19 y sus variantes.
En la década pasada también arreciaron los efectos del calentamiento global. Se hicieron más frecuentes, letales y costosos los incendios forestales, las olas de calor extremo, inundaciones, huracanes, tifones, el deshielo de los polos y mucho más.
Tampoco faltaron los problemas económicos. Entre el 2007 y el 2009 se desató una profunda crisis financiera que comenzó en Estados Unidos, causó graves daños a la economía, contagió a otros países y dejo secuelas políticas cuyas consecuencias perduran. Quizás la más importante de estas es la agudización de la desigualdad económica.
Este problema se agravó en la década pasada y sigue siendo la fuente de conflictos políticos e inestabilidad social. Uno de los países donde más se ha acentuado es China, que es hoy una de las sociedades más desiguales del mundo. Pero, la atención mundial a la economía China no fue por su creciente desigualdad sino por su rápido crecimiento económico. Entre el 2010 y el 2020 el gigante asiático más que duplicó el tamaño de su economía y, dependiendo como se calcule, es hoy la primera o segunda economía más grande del mundo. En ese mismo periodo el régimen chino profundizó su autoritarismo. En 2018, el presidente Xi Jinping, se las arregló para para eliminar la norma de la constitución que, desde 1982, limitaba la presidencia a dos periodos de cinco años. Gracias a esta reforma constitucional Xi puede ser presidente por tiempo ilimitado.
La década pasada también fue la del Brexit, el inesperado y traumático retiro del Reino Unido de la Comunidad Europea. También fue el periodo en el cual se produjo un explosivo aumento de la influencia económica, política y social de redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter o TikTok. Y de las múltiples guerras de Putin: los militares rusos combatieron en Georgia, Crimea, Abjasia, Osetia del Sur, Siria y Ucrania. En esos diez años también vimos el ascenso de Donald Trump, su conquista del Partido Republicano y de la presidencia de Estados Unidos.
Muchos de estos eventos fueron moldeados e impulsados por el acelerado aumento de los usuarios de teléfonos inteligentes, los ubicuos Smart Phones. Hoy más de seis mil quinientos millones de personas (el 84% de la población mundial) poseen un teléfono inteligente.
Mientras todo esto -y mucho más- distraía nuestra atención, un grupo de lideres autoritarios se apropió de un gran número de las democracias del mundo.
Las estadísticas, reportes y evidencias del deterioro de la democracia en el mundo son sorprendentes y preocupantes. Pero más sorprendente aun es la falta de respuestas y la inacción ante los embates de las fuerzas antidemocráticas.
Ocurre porque muchos de los asaltos a las democracias ahora están ocurriendo de una manera tan sigilosa que en la práctica los hacen casi invisibles. Un problema que no se ha detectado nunca será solucionado. Las democracias del mundo están enfrentando un peligroso y aun no suficientemente reconocido problema. Necesitamos identificarlo, publicitarlo y enfrentarlo.

Twitter @moisesnaim.

El silencio autoimpuesto en buena parte de los medios de comunicación de Venezuela es el resultado de una política diseñada e implementada desde el poder por el Estado venezolano. En enero del 2007 Andrés Izarra ex ministro de Comunicación e Información del gobierno de Hugo Chávez y, en ese momento presidente de Telesur, declaró: “El socialismo necesita una hegemonía comunicacional. La hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución”.

Nicolás Maduro en sus 8 años en el poder, ha continuado e incluso profundizado la política de hegemonía comunicacional iniciada por Chávez. Doce años después de las declaraciones de Izarra, en junio del 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, dejo constancia en su informe que el gobierno venezolano “ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia visión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios independientes”.

Reputados investigadores venezolanos de las ciencias de la comunicación reconocen que, hoy en día, el gobierno venezolano ha logrado imponer su hegemonía comunicacional en el país. La instrumentación de esta política se ha traducido en cierres de periódicos y emisoras de radios cuyo número se ha reducido sustantivamente. De 140 periódicos en el 2002 hoy sobreviven 20. Entre el año 2009 y el 2020 cerraron 180 emisoras de radio por instrucciones del gobierno. Según datos del Instituto de Prensa y Sociedad y la ONG Espacio Público.

En el campo televisivo el cierre de Radio Caracas TV marcó un hito. Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV, destaca que de los 22 canales de televisión a nivel nacional, 13 de ellos pertenecen al sector público y son utilizados fundamentalmente con fines ideológicos y propagandísticos. A ello habría agregar, según Andrés Cañizales, periodista, investigador y director de Medianálisis, que el control que ejerce CONATEL sobre la televisión nacional ha llevado a que en las televisoras privadas impere la autocensura y que en ellas haya desaparecido la labor informativa casi por completo. El periodismo independiente ha migrado hacia el espacio digital, pero éste tiene un impacto limitado en la población debido a su limitada penetración en los sectores populares y al atraso tecnológico del servicio de internet en el país. A esto habría que añadir la escalada en la censura digital adelantada por el gobierno. De acuerdo al reporte “Sin derechos en Internet” de VSF, durante el 2021 fueron bloqueados 68 dominios de Internet, de estos la gran mayoría corresponden a medios de comunicación.

La reducción y colonización estatal del espacio público ha sido avalada y complementada con el desarrollo progresivo de un entramado de normas que bajo un manto de “aparente” legalidad y justicia, busca impedir y coartar la libertad de prensa y expresión en el país. Ello incluye la Ley Resorte promulgada en el 2004, La Ley de Reforma del Código penal promulgada en el 2005, La Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones promulgada en el 2010. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la tolerancia, promulgada en el 2017.

Los efectos de la hegemonía comunicacional en Venezuela se ven reflejados en los resultados que para el año 2021 arrojan el “Índice de Reporteros sin Fronteras” y el “Índice Chapultepec de la libertad de Expresión y de Prensa de la SIP”, donde Venezuela aparece junto a Nicaragua y Cuba con los índices más bajos respecto a la libertad de expresión y prensa dentro de América Latina.

Nota: este escrito es una versión corta del artículo de Ramón Cardozo titulado “Venezuela: en búsqueda de la hegemonía comunicacional” publicado recientemente en su columna regular en el Portal de la agencia alemana de noticias DW en español.

Profesor UCV.

Al conocerse los resultados de las elecciones del Comité Olímpico Venezolano para la Junta Directiva periodo 2022-2026, el asombro y la incredulidad de atletas, entrenadores, padres y representantes que a diario hacen presencia en las distintas instalaciones del país no se hizo esperar.

La gran mayoría, expresaba en un personal soliloquio y repetían sin cesar: “No puedo creerlo, no puedo creerlo” y enseguida se preguntaban ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo ganar una plancha no inscrita? Esto es algo increíble.

Todos recordaban los particulares pormenores, por no decir hechos traumáticos, ocurridos en diciembre del año pasado con la impugnación de las asambleas, la intervención del TSJ, la designación de una Comisión Electoral ad hoc por el máximo tribunal de la república, la eliminación de esa comisión por acuerdo entre las partes enfrentadas (Eduardo Álvarez-Pedro Infante), el nombramiento de una nueva comisión, la inscripción de la Plancha encabezada por Eduardo y otra encabezada por Franklin Cardillo, el atropello a la Presidente de la Comisión Electoral, al no dejarla entrar a las instalaciones del COV, para la entrega formal del Informe sobre las impugnaciones hechas contra 13 Federaciones, la presentación del Padrón Electoral conformado definitivamente por solo 42 federaciones, la eliminación de la plancha de Eduardo por haber presentado el apoyo de federaciones no reconocidas por la Comisión Electoral, la solicitud de intervención del Comité Olímpico Internacional, la carta del COI amenazando con la suspensión del país, las denuncias contra Eduardo ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría por los delitos de Peculado Doloso Propio, Evasión de Procedimiento Licitatorio y Malversación Agravada, acompañada de la solicitud de que se le fuera acordada Medida Cautelar de Prohibición de Salida del País, la reunión convocada por la Delcy Rodríguez vicepresidente del país y el acuerdo enviado por las federaciones al COI.

Ahora bien, desde el mismo momento en que se celebró la reunión convocada por la vicepresidente, comenzaron a correr los rumores sobre un supuesto acuerdo entre las partes (Eduardo- Pedro Infante) sobre la integración de una plancha única y el reparto de la “Torta Olímpica” en el sentido de distribuirse los 22 cargos a elegir de forma paritaria, es decir, 11 pa mí y 11 pa ti y así terminaban todos felices y contentos.

A partir de ese momento, las partes (Eduardo-Infante) comenzaron a presentar sus fichas para el reparto. Pero la arrogancia de los poderosos los llevó a pasar por alto que el proceso para modificación de planchas había finalizado, el martes 12 de mayo, y que por lo tanto, esa pretensión de modificación estaba fuera de lapso, lo que revestía a esa pretensión de total ilegitimidad. Considerándose guapos y apoyaos no les pararon bola a las reglamentaciones del proceso y se presentaron con una nueva plancha, no inscrita ante la Comisión Electoral¸ el día de las elecciones y las federaciones, como corderos silentes y cómplices, refrendaron con sus votos esa aberrante e ilegal elección, permitiendo de manera censurable la continuidad de la “Monarquía Olímpica Gubernamental”

A la hora del brindis, federativos y representantes gubernamentales, con su pedazo de la torta en la mano y el vaso de whisky, gritaban “Muerto el Rey, Viva la Reina” porque ahora la presidente es una mujer.

No sería extraño pensar que, las denuncias ante el Ministerio Publico y la Contraloría General de la República, pasen a ser engavetadas o desestimadas para así mantener la protección del militante revolucionario, que tanto aporte le dio al régimen en la imposición y desarrollo del Totalitarismo en el sector deportivo.

Queda por ver la posición del COI ante estos hechos, pero no hay que hacerse falsas ilusiones. La doble moral de esa organización la lleva a hacerse la vista gorda ante la intervención de regímenes totalitarios en el movimiento olímpico. Ejemplo de ello Cuba, China, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Venezuela desde el año 2006.

.

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE

Entre los derechos civiles y políticos del hombre podemos destacar: el atinente a la vida, al honor, a la libertad, a la integridad personal. El derecho a la vida es el más importante, todos tenemos el de vivir libres y con seguridad, nadie puede ni debe privarnos de la existencia. Las violaciones a los Derechos Humanos se refieren a las acciones u omisiones del Estado y/o sus agentes que atentan, desconocen y afectan negativamente los contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional considera que las principales causas de vulneración de los derechos son: el subdesarrollo, la pobreza extrema, la desigual distribución de los recursos, la marginación, la violencia étnica y civil y los conflictos armados. Por esas razones, sumadas a la predisposición de causar daño, se transgreden, quebrantan y violan las leyes o preceptos y se causa daño y perjuicio a las personas y a las cosas.

En la historia de nuestro país observamos transgresiones serias a los Derechos Humanos, pero nunca había ocurrido con tanta persistencia y sostenida como lo ocurrido en estas dos ultimas décadas. Al lado de la vulneración de expresarnos libremente, está la persecución, encarcelamiento, tortura y hasta el asesinato a la disidencia, a quienes discrepan y sostienen puntos de vista diferentes a los del régimen.

Cuando se hace difícil, muy difícil, adquirir los alimentos de la manutención diaria, bien por carecer de recursos económicos o simplemente porque no se consiguen en el mercado, todo ello provocado por las funestas políticas de este régimen, se está atentando contra el derecho a la vida y también contra el de la libertad , porque ésta última se supone que es amplia y suficiente, solamente limitada por lo dispuesto en las leyes y la dedicación exclusiva a buscar cómo subsistir nos abstrae del disfrute pleno de libertad. También este régimen vulnera el honor cuando no cumple su deber de acuerdo a la moral e irrespeta el de las personas y desconoce la dignidad de los seres humanos.

Estamos pues en presencia de un régimen totalitario que ha destrozado el país, transformando lo bueno en malo y lo malo en peor y violador pertinaz de los Derechos Humanos.

Actualmente este régimen está siendo investigado por delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, creada en 1998 según el Estatuto de Roma y dotada de competencia para conocer y juzgar a los responsables de crímenes graves para la comunidad internacional. También la Dra Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha presentado informes donde consta la dolorosa y lamentable situación en que nos encontramos, estuvo en Caracas y personalmente la vivió. Estos informes han sido actualizados con más violaciones y desconocimiento de principios civilizados para una buena convivencia.

Karim Khan, Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, trabaja en la actualidad en un proceso de investigación sobre la vigencia o no de los Derechos Humanos en nuestro país y todo indica que llegará a la verdad. Esperemos los resultados de su investigación que los expresará en su respectivo informe, seguramente serán condenatorios, son inminentes los hechos que no admiten pruebas en contrario. El régimen se prepara desde ya para desacreditar al Fiscal Jefe, porque sabe de sus graves desafueros serán seriamente cuestionados y penados. Amanecerá y veremos.

18 de mayo 2022

JOE BIDEN Y VENEZUELA

Los Estados Unidos de Norte América (EE.UU.) es la primera potencia mundial y como todos los países del mundo, se mueve en el concierto de las relaciones internacionales en función de sus interés y muy lamentablemente no obedece a principios de ninguna índole. Debemos sospechar que "no da puntada sin dedal". Todo lo calcula y tiene previstas las consecuencias de sus acciones. Los EE.UU. no dan pasos que no favorezcan sus propósitos y objetivos.

Si ha sido, hasta ahora, muy solidario con la oposición venezolana, especialmente con Guaidó, es porque le interesa sobremanera tener en Venezuela un país con un gobierno amigo con el que se pueda entender política y económicamente, máxime cuando somos aún un país con infinitas riquezas naturales y que ocupa en la geopolítica mundial un lugar privilegiado desde el punto de vista estratégico con su más alto significado.

Últimamente el gobierno de los EE.UU., tal vez partiendo del hecho cierto que con la estrategia de sanciones no ha logrado derrocar a Maduro y después de tantos años tampoco en Cuba ha logrado lo que tiene propuesto, ha decidido NEGOCIAR con el régimen totalitario que tenemos con el propósito de encontrar una salida electoral a la crisis que afrontamos y que sea favorable para todos.

Como toda negociación supone concesiones de las partes, los EE.UU. ha informado algunas de las suyas, nos corresponde esperar para saber las de Maduro. El gobierno norte americano se compromete a dejar sin efectos algunas de las sanciones económicas y Maduro, creo, sospecho, a garantizar cuanto antes elecciones generales transparentes y democráticas y si es posible con un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Los EE.UU. en la actualidad lidia con una gran crisis inflacionaria provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania y ello lleva a ese gobierno a establecer prioridades que pueden relegar el caso venezolano a un segundo plano y además desde el Norte se ve con profunda preocupación que la oposición nacional se mantenga dispersa ante la profunda crisis que confrontamos.

Sé que con el propósito de incomodar a Maduro, muchos están de acuerdo en que se mantengan las sanciones y si es posible se profundicen, pero ellas también afectan a todos los venezolanos, a la producción en general y a los empresarios privados. Es necesario comprender que el mundo es diverso, complejo y a veces hasta cruel y con esas circunstancias debemos convivir.

Muchos venezolanos, a lo mejor la mayoría, llevados por la ira y repudio al régimen, apuestan a que continúe la estrategia de sanciones y lo hace por desahogo sin mayor análisis de consecuencias . Si yo supiera que con las sanciones este régimen sale en meses, bienvenida las sanciones, pero hasta ahora los resultados prácticos no apuntan en ese sentido.

No creo que los EE.UU. vea ahora con buenos ojos a Maduro, simplemente se sentó a negociar con él para explorar un acuerdo que para ser factible las partes deben aceptar. El gobierno norte americano dio el primer paso en la necesidad de que cada parte ceda, ahora le corresponde al régimen totalitario dar el suyo, esperemos para ver en qué consiste su cesión. Necesariamente debemos esperar para ver si la negociación en marcha tiene sentido favorable y se corresponde con el clamor popular.

19 de mayo 2022