Pregunta:

El opositor venezolano Henrique Capriles, quien se postuló sin éxito dos veces contra el presidente Nicolás Maduro, ha dicho que apoyará las elecciones parlamentarias programadas para diciembre, una ruptura con el presidente de la Asamblea Nacional y el líder de la oposición Juan Guaidó, quien ha prometido boicotear la votación citando la preocupación de que el gobierno de Maduro la amañe a su favor. El anuncio de Capriles se produjo días después de que el gobierno de Maduro dijera que perdonaría a más de 100 opositores políticos encarcelados y exiliados. ¿Qué resultará de la ruptura de Capriles con la facción de la oposición liderada por Guaidó? ¿Cuáles son las razones detrás de la decisión de Maduro de perdonar a los rivales políticos? ¿Debe la oposición participar en la votación legislativa, y tiene posibilidades de victoria si permanece dividida?

Respuestas:

Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos: "Los venezolanos se enfrentan una vez más al dilema de si participar en las elecciones. Una elección democrática requiere que sea justa, libre y competitiva. Ninguno de estos estándares se cumple en el caso de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Si añadimos los efectos de la escasez de gasolina, la hiperinflación y el Covid-19 en la organización y administración de las elecciones, la situación se vuelve aún más grave. La cuestión crítica es que participar en un proceso electoral que todo el mundo sabe que no cumplirá con los estándares mínimos para unas elecciones democráticas significa ser útil al régimen de Maduro, y la oposición no puede permitírselo. Cuando se trata de liberar a los prisioneros políticos, todos debemos apoyar las discusiones de Capriles y otros en su nombre. Sin embargo, debemos trazar una línea en el tema de las elecciones. Venezuela no está en condiciones de celebrar elecciones democráticas, y aunque las intenciones de Capriles de cambiar el juego y provocar un cambio en la dinámica para salir de la inercia política actual son encomiables, esas condiciones aún deben cumplirse. Deberíamos esperar a ver cómo jugará las cartas para darle la vuelta a esto, pero puede ser un juego peligroso que podría devolver al país a la inercia política de la que intentaba salir. De hecho, si Capriles falla en cambiar el juego, Maduro consolidará su permanencia en el poder, debilitando las fuerzas democráticas en la restauración de la democracia para Venezuela".

Alejandro Velasco, profesor asociado de la Universidad de Nueva York: "Una nueva división de la oposición no debería sorprender a nadie: desde que el chavismo ha estado en el poder, la falta de unidad ha asediado a la fraccionada y diversa coalición anti-chavista de Venezuela. Más sorprendente es que haya tardado tanto. La estrategia de Guaidó siempre fue de alto riesgo y de tiempo limitado, basada en resultados rápidos y fundada en suposiciones erróneas sobre las fortalezas y debilidades de Maduro. A medida que la estrategia de Guaidó se volvía cada vez más rancia, errática y desesperada, era cuestión de tiempo antes de que su apoyo interno se escindiera. Sin embargo, esta última ruptura es notable porque supone una lucha existencial en la oposición. La legitimidad jurídica de Guaidó descansa en su liderazgo de la Asamblea Nacional, cuyo mandato expira en enero. Pero la legitimidad moral de la oposición descansa en su adhesión a los valores democráticos. Al indicar que tiene la intención de seguir siendo presidente interino indefinidamente, Guaidó se arriesga a sacrificar tanto la legitimidad legal como la moral. El movimiento de Capriles debe entenderse desde esta perspectiva: como un intento de reclamar la legitimidad democrática contra el régimen autoritario. Pero es un movimiento cargado de riesgos, y se enfrenta a dos desafíos clave. Uno es redefinir la "victoria" para que signifique no sólo el derrocamiento de Maduro, sino también sentar las bases para hacerlo democráticamente. La oposición probablemente perderá las elecciones. Pero verlas como un paso en una lucha más larga puede articular el apoyo a futuras licitaciones y reforzar sus credenciales democráticas, una estrategia que llevó a Capriles a estar a dos puntos de la presidencia en 2013 y a la oposición a ganar el control del parlamento en 2015. El segundo desafío es mantener la línea contra Maduro. Como muchos autócratas, Maduro ansía tanto poder como una apariencia de legitimidad. Perdonar a los rivales le indica, especialmente a la Unión Europea, que está dispuesto a hacer algunas concesiones en la búsqueda de cierta legitimidad a través de las elecciones. Pero Capriles debe presionar por más y estar preparado para retirarse si Maduro se niega. De lo contrario, la oposición se quedará sin huevos ni cesta, y los venezolanos no tendrán a quién recurrir.

Jesús Seguías, presidente de la encuestadora venezolana DatinCorp: "Lo que la oposición debe hacer es discutir la ruta definitiva que los venezolanos (no sólo la oposición) deben tomar para superar la mega crisis que están sacudiendo a la nación. Cuando lo hagan, analizando el escenario de manera objetiva y sin 'realismo mágico', tendrán que descartar la ruta insurreccional y militar como inviable. Entonces, descubrirán que la ruta electoral imperfecta es la más "perfecta" de todas, es menos costosa y más segura. Los venezolanos deben superar la estrategia de la confrontación inútil y comenzar a ensayar una nueva dimensión de la política basada en el consenso y la tolerancia democrática. No hay otro camino. Sin duda, esta ruptura de la oposición es la consecuencia lógica del fracaso de la ruta insurreccional y militar que la oposición estableció hace siete años. Hoy en día, la oposición no está en ninguna parte. Y el país es un caos total peor. Algunos líderes se atrevieron a romper las reglas y decidieron explorar nuevos caminos. Ese es el nuevo escenario al que pertenece Capriles, mientras que el resto sigue aferrado a lo imposible. Maduro actúa con gran pragmatismo ante la enorme crisis que enfrenta (y sin posibilidades reales de éxito). Necesita liberar el juego que fue bloqueado por las severas sanciones de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos. Maduro quiere ganarse la simpatía o la neutralidad de Europa y aislar a la administración Trump. Necesita legitimar un nuevo parlamento, sacando a Guaidó y Leopoldo López del juego."

María Vélez de Berliner, directora gerente de RTG-Red Team Group, Inc..: "El perdón de Maduro no es más que un esfuerzo para seguir socavando a la oposición. Capriles demostró dos veces que tenía la capacidad de desbancar a Maduro si esas elecciones no fueran fraudulentas. Queda por ver si Capriles y sus seguidores podrían tener éxito en las elecciones parlamentarias de diciembre. Sin embargo, la deserción de Capriles y María Corina Machado del "gobierno en espera" creado por la oposición de Guaidó confirma la división histórica de la oposición de Venezuela, que Guaidó no logró superar. Su fracaso deja claro que Guaidó carece de la capacidad y el apoyo del país para unirse y liderar a Venezuela en las condiciones extremas en las que se encuentra actualmente; condiciones que permanecerán durante años porque Maduro cuenta con un amplio apoyo entre aquellos a los que él y su régimen favorecen. Además, los partidarios de Maduro no dejarán el poder en silencio o en paz. La oposición venezolana ya aprendió que la abstención electoral no es una estrategia ganadora. Pero la oposición dividida no tiene ninguna posibilidad contra las trampas fraudulentas de Maduro y sus acólitos. La oposición necesita cerrar filas alrededor de Capriles contra Maduro, incluso si Capriles pierde. Perdiendo, la oposición corroborará aún más el fraude del régimen de Maduro y comenzará a avanzar hacia las elecciones presidenciales, cuando lleguen. Si Guaidó pensó que Capriles, Machado, su mentor Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros que arriesgaron su vida para deponer a Chávez y a Maduro iban a dejarlo saltar al frente de la línea de sucesión presidencial, estaba tristemente mal informado. Esa desinformación contribuyó, junto con la fractura de la oposición, a mantener a Maduro en el poder en detrimento de los sufridos venezolanos y la consternación de los partidarios de la oposición".

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Sep 14, 2020

THE DIALOGUE

LATIN AMERICA ADVISOR

https://www.thedialogue.org/analysis/what-will-a-split-in-the-opposition...

La creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo – OPEP fue sin duda producto del talento y la tenacidad del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Minas e Hidrocarburos del presidente Rómulo Betancourt (1959-1964). Sus destrezas diplomáticas le allanaron el camino para convencer a sus renuentes colegas del Golfo Pérsico-Arábigo, particularmente al saudí Abdullah Tariki, de la necesidad de fundar un “compacto petrolero,” en Bagdad, Iraq, el 14 de setiembre de 1960. Pérez Alfonzo concibió que, si la Texas Railroad Commission regulaba en su estado la producción petrolera para sostener los precios y proteger la viabilidad económica de su industria, los países exportadores (los fundadores Arabia Saudí, Irán, Iraq, Kuwait y Venezuela) podían hacer lo mismo.

Fue además una iniciativa inteligente del estudioso y honesto abogado caraqueño para tratar de ordenar el vertiginoso ingreso al mercado de los productores de más bajo costo del Medio Oriente. Venezuela era el primer exportador mundial de petróleo (desde 1928); pero sus costos de producción eran – son – bastante más altos que los de los países exportadores del Golfo.

La OPEP alcanzó su posición de dominio en el mercado mundial en la década de los años 70 del siglo XX, cuando llegó a abastecer dos tercios (2/3) del consumo petrolero mundial. Las alzas extraordinarias de precios nominales y reales de aquel decenio (Guerra del Yom Kippur en 1973 y derrocamiento del Sha de Irán en 1978), provocaron una contracción de la demanda, una expansión enorme de los suministros no OPEP (que no ha cesado), un incremento de otras fuentes de energía y una disminución del 50% (1986 – y más tarde un estancamiento) en su producción de crudo.

La OPEP hoy suministra menos del 30% de la demanda petrolera mundial, con una clara tendencia decreciente. En 2019, antes de la pandemia del coronavirus, la demanda global subió a casi 100 millones de barriles diarios (99,67 MMBD) y la OPEP suplió 29,34 MMBD de crudo (inclusive menos que en los picos de 1973 y 1979). ¡De hecho, la OPEP está estancada en su nivel de producción desde hace casi cinco décadas! Casi todo el incremento de la demanda petrolera desde los años 80, ha sido captado por los exportadores no miembros de la organización. En un mercado de libre competencia, los Estados Unidos pudo rebasar el año pasado los 13 MMBD, convirtiéndose en el mayor productor de petróleo del mundo. Arabia Saudí y Rusia, principalmente, han capturado el incremento de la demanda en las últimas dos décadas.

La OPEP ha sido criticada por no haber nunca formulado una estrategia a largo plazo. Hace una década hicieron un intento, sin consecuencias. No siempre fue culpable de las alzas desmedidas de precios nominales y reales; los operadores del mercado y los eventos geopolíticos generaron las condiciones para incrementos desmesurados del 400% en las cotizaciones en los años 70 (dos veces) y en el período 2003-2014, los cuales fueron un bumerang contra su propia viabilidad a largo plazo.

La OPEP corrigió el rumbo en 1986, luego de una cruenta guerra de precios. Bajó las cotizaciones de referencia y fijó un nivel razonable (cesta de crudos) de US$ 18 por barril. Desde entonces, la demanda mundial empezó a crecer de nuevo. Otro tanto hicieron en los años 2000, cuando la organización permitió que los precios del petróleo crudo básicamente flotasen con el mercado, ajustando los niveles de cuotas para equilibrar la oferta y la demanda. Esto ha sido más sensato y la OPEP hoy actúa como una especie de banco central, elevando o restringiendo la liquidez petrolera, según las necesidades del mercado. Un veterano profesional y antiguo colega en la OPEP, Mohammad Barkindo, ejerce con idoneidad la secretaría general de la organización.

La fenomenal escalada de precios del período 2003-2014, cuando el West Texas Intermediate alcanzó $ 147 por barril en junio de 2008, nuevamente gestó su propia contracción cuando los valores del crudo colapsaron de nuevo en 2014-15. En febrero de 2019, una nueva guerra de precios provocó otra caída abrupta de las cotizaciones. En cada bonanza, se siembra la semilla de la próxima caída y el nuevo precio de equilibrio propende a llegar al costo marginal de los productores de costos marginales bajos, es decir, los del Golfo Pérsico-Arábigo, cuyos costos de extracción en efectivo (cash costs) todavía se ubican por debajo de los $ 5 por barril.

Al comenzar la tercera década del siglo XXI, la OPEP enfrenta desafíos mayores para su influencia y relevancia en el mercado: la transición energética hacia una economía verde, la conciencia ambientalista de la sociedad civil mundial, el calentamiento global, el cambio climático, las nuevas tecnologías e infraestructuras inteligentes, las estrategias estatales y corporativas de conservación y reemplazo de combustibles fósiles, el desarrollo sustentable, las nuevas metas del milenio de la ONU, el abaratamiento de las energías renovables (solar y eólica), los vehículos eléctricos, la III y la IV Revolución Industrial, etc. Un 70% del consumo mundial de petróleo se destina al sector transporte (aéreo, marítimo y terrestre) y los costos de las tecnologías para los vehículos eléctricos e híbridos tiene varios años reduciéndose sostenidamente.

En paralelo, ya no existe la vieja percepción de escasez de hidrocarburos, sino que la revolución del petróleo y el gas de lutitas, junto con avances tecnológicos como la exploración sísmica tridimensional, la perforación de pozos horizontales, la extracción hidráulica de yacimientos antes inaccesibles o en aguas ultra-profundas, el Big Data y los nuevos descubrimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales en áreas existentes y nuevas, han determinado una abundancia de suministros económicamente viables a largo plazo.

Las grandes empresas petroleras del mundo han incursionado y se preparan para la era pos-petrolera, invirtiendo no sólo en tecnologías para la mitigación y secuestro de las emisiones tóxicas de efecto invernadero, sino incursionando en fuentes renovables de energía. Ellas ya apuntan a la transición de compañías petroleras a corporaciones energéticas. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático, suscrito por más de 190 países pertenecientes a la ONU, junto con sus nuevas Metas del Milenio (2030), han sido acogidas como propias por gobiernos y corporaciones.

Sin bien la OPEP ya no tiene la fuerza ni la voluntad para fijar o promover altos precios del petróleo (demostradamente contraproducentes a largo plazo), si debe formular una estrategia común para enfrentar con éxito los retos de la descarbonización de la economía mundial. La transición energética es irreversible. Hay un espacio muy competido que durará unas dos décadas más para que los países exportadores moneticen sus reservas de hidrocarburos. El gas natural expande su presencia en los mercados como combustible fósil más limpio. La competencia resultante en el mundo pos-Covid 19 hará que los precios se mantengan en niveles relativamente bajos. En este escenario, la economía nacional y la industria petrolera venezolana confrontan enormes desafíos para recuperar su viabilidad económica y productiva a corto y a largo plazo.

@lxgrisanti

El pasado 15 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Democracia, establecido por la ONU hace un buen tiempo. Sin querer ser irónicos, ni mucho menos, viendo lo que ocurre en la mayor parte del planeta y, aquí mismo, en nuestro propio país, la primera duda que le asalta a casi cualquier persona, es si hay alguna razón para celebrar, cuando un simple vistazo sobre el mapamundi nos indica que el sistema democrático se encuentra en medio de grandes dificultades, conforme lo señalan los diversos informes que le ponen el termómetro político a los países.

La política en el espacio digital

Edward Snowden, a quien seguramente usted recordará, fue quien en el año 2103 divulgó documentos secretos que pusieron en aprietos a la Agencia Norteamericana de Seguridad Nacional (NSA), empañando, además, la utopía digital imaginada décadas atrás, cuando la internet daba sus primeros pasos y se hablaba de la ciber democracia como un espejo de la experiencia política ateniense. Sin embargo, estos últimos tiempos han erosionado, en buena medida, el sueño de los tecnócratas que la crearon, como lo muestran los cambios que viene sufriendo actualmente la política, consecuencia del desarrollo y difusión de un menú de tecnologías “disruptivas” (inteligencia artificial, machine learning, deep learning, automatización de procesos robóticos, redes neuronales, big data).

Expresado en términos muy generales, estas tecnologías permiten registrar lo que es cada persona, en términos de sus preferencias individuales, deseos y pensamientos, expresados en datos que antes solo eran accesibles a los propios individuos, pero que ahora están abiertos a observadores externos, quienes los recogen y clasifican, analizándolos a partir de las neurociencias, la psicología cognitiva, las biotecnologías, permitiendo, así, numerosas formas de manipulación, con implicaciones políticas serias, evidentes, por solo citar un ejemplo, en los procesos electorales. Se está provocando la fragmentación política del espacio público, su polarización y la emergencia de posiciones cada vez más extremistas en diversos formatos de populismo. Por otro lado, hace posible la división de la población en grupos de intereses específicos al punto de que cada quien recibe un mensaje personalizado ocasionando que el debate público común se descomponga en miles de debates privados. En otras palabras, se despolitiza la política.

La “Algocracia”

A partir de lo señalado anteriormente, cobra razón la apreciación del sociólogo Manuel Castells, cuando afirma que los medios de comunicación no son el cuarto poder, sino que «constituyen el espacio donde se crea el poder». La llamada post verdad es muy gráfica en este sentido. Pone de manifiesto cómo se juega con los hechos, se los desconoce, se los cambia o se los versiona, dañando seriamente el tejido de la democracia y demostrando que no hay forma más eficaz de ejercer el poder que disponiendo de la capacidad para determinar cuál es la realidad.

El escrutinio de los ciudadanos se ha vuelto, así pues, tarea posible en cualquier ámbito, con cualquier propósito. La vida de cada quien deja en todo momento una huella digital, a partir de la cual se engorda la información de gobiernos y corporaciones privadas, en cada caso con sus particulares objetivos. Vivimos en tiempos del “dataísmo”, sostienen los entendidos, y uno de ellos, Evgenzy Morosov, deja ver la amenaza de la sustitución de la democracia por un gobierno algorítmico. La privacidad, éste es su argumento central, es el factor político fundamental para mantener vivo el espíritu de la democracia.

La “Algocracia”, según la denominan, hace referencia al traslado de nuestra capacidad de gobernarnos a unos algoritmos opacos, que no son neutros ni social, ni política ni ideológicamente, accediendo de manera arbitraria e ilegítima a nuestro cerebro, “influyendo en nuestra vida como consumidores, como ciudadanos, como electores”, añade el citado Morozov.

Al filtrar los referidos documentos, Snowden colocó sobre la mesa planetaria un asunto esencial, como es el de determinar el significado democrático de la intimidad en el mundo contemporáneo a partir de la tensión entre los derechos ciudadanos y el interés colectivo, entre la privacidad y el bien común.

El “Estado Niñera”

Hoy en día la gran cuestión es, entonces, decidir si nuestras vidas deben estar controladas por poderosas plataformas digitales o logramos articular los beneficios de la robotización, automatización y digitalización con aquellos principios que constituyen la médula de la organización democrática de las sociedades. El modo como configuremos la gobernanza de estas tecnologías va a ser decisivo para el futuro de la democracia. Puede implicar su destrucción o, por el contrario, su fortalecimiento, haciéndola más inclusiva y deliberativa.

Dentro de este marco hay que destacar la importancia que ha ido cobrando la contribución conjunta de las ciencias sociales y humanas con las llamadas “ciencias duras” a fin de descifrar y calibrar los efectos de los desarrollos tecno científicos que están teniendo lugar. Y, por otro lado, destacar la fuerza que ha adquirido a nivel mundial la necesidad de acordar políticas públicas relativas al control, gestión y propiedad de datos masivos, así como la democratización de su uso y conocimiento, a fin de que la observación de las personas no opere como coartada para la adopción de estrategias autoritarias, bajo el argumento de que lo que se pretende es el bienestar de las personas y el resguardo del orden social. Se ha hablado, por ello del "estado-niñera", en el que el gobierno no sólo puede vigilar todo lo que hacemos, sino que puede corregir nuestras conductas, prohibiéndonos u obligándonos por nuestro propio bien. En fin, no se trata tanto de la distopia imaginada en el Gran Hermano, de George Orwell, sino de la descrita en el Mundo Feliz, de Aldous Huxley.

La suerte no está echada

Afortunadamente se están multiplicando numerosas iniciativas que, confrontando poderosos intereses, están teniendo lugar en todas partes, tanto para procurar el acceso universal a internet, como para aprovechar sus potencialidades con fines democráticos. En este camino se encuentran transitando la ONU y diversas organizaciones internacionales, así como distintos gobiernos y, por supuesto, numerosas instituciones de la sociedad civil, buscando que la digitalización de la política sea para fortalecer el espacio público, acomodando los códigos democráticos a los tiempos que corren. Progresivamente el asunto va siendo un componente crucial con respecto a la gobernanza mundial y se habla de la creación de un nuevo contrato social que rija entre ciudadanos, Estados y el sector privado porque se ha llegado a un punto de no retorno en el que todo lo digital es político. Hay que definir las responsabilidades de los dueños de los datos "No debemos mirar a la tecnología como consumidores sino como ciudadanos, lo digital es político", según lo sostiene Jamie Susskind, profesor de la Universidad de Harvard.

Queda, así, expresado en pocas palabras, uno de los principales debates que nos plantea el Siglo XXI y a pesar de que hoy en día el horizonte luce nublado, la suerte aún no está echada.

El Nacional 18 de septiembre de 2020

Desde 2014 en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Así lo denunció el 16 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en un extenso informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual señaló además que estos delitos habrían sido perpetrados bajo órdenes o contribución de Nicolás Maduro y del ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, así como por los distintos titulares que ha tenido el Ministerio de Interior en los últimos seis años: los generales Miguel Rodríguez Torres, Gustavo González López y Néstor Reverol Torres, y la almiranta Carmen Meléndez.

La instancia presidida por la abogada portuguesa Marta Valiñas denunció que se tienen «motivos razonables» para creer que en el período examinado se cometieron crímenes de lesa humanidad. Además se constató que en el país se han producido de «manera sistemática y generalizada» asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desapariciones forzadas, y que los mismos formaron parte de «una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno».

La Misión llegó a estas conclusiones luego de investigar 223 casos, de los cuales 48 fueron estudiados de manera exhaustiva; y además recibió información sobre otros 2.891.

De la cabeza a los pies

Aunque la Misión afirma en su informe que no pretende «determinar las modalidades de responsabilidad penal» en las que han podido incurrir autoridades venezolanas, sí deja en claro que hay motivos para procesar a decenas, incluso cientos de funcionarios, por vulnerar las disposiciones previstas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

En el texto se afirma que:

«Las autoridades estatales –tanto a nivel presidencial como ministerial– tenían y ejercían su poder y supervisión sobre las siguientes fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares: la Policía Nacional Bolivariana (incluidas las PNB/FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las fuerzas de policía municipales y estatales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Fuerza Armada Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los miembros de esas fuerzas y organismos de seguridad fueron los autores de las violaciones y los crímenes documentados en este informe».

Luego, se agrega lo siguiente:

«La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión».

El señalamiento refuerza las denuncias que diversas organizaciones de derechos humanos y seis países (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, con el apoyo posterior de Francia) han presentado ante la CPI por delitos de lesa humanidad. Estas denuncias, junto a la investigación de la propia Fiscalía, permitieron la apertura de un examen preliminar en el año 2018 y que ahora se encuentran en la fase 2, es decir, aquella en la que se determina la comisión o no delitos de competencia de la Corte, lo que en el caso venezolano serían delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2019 la Fiscalía anunció que se tendrían noticias de este examen a lo largo de 2020, y en mayo indicó que se han «producido avances significativos» pero sin dar más detalles al respecto.

Cómplice necesario

Los investigadores de la ONU no solo cuestionaron la actuación del Gobierno y de los cuerpos y organismos de seguridad y defensa, sino también de la justicia, tanto a nivel del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como de los fiscales y jueces, quienes han jugado un importante papel en las detenciones arbitrarias, los primeros al presentar pruebas insuficientes o fabricadas, los segundos al permitir que continúen los enjuiciamientos.

«Uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independencia del Poder Judicial», se denuncia en el reporte, que apunta al TSJ, sobre todo a su Sala Constitucional, pues ha «dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes del Estado» y ha estimulado la impunidad al no llevarse a cabo «investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas» en los casos de violaciones de derechos humanos.

Como prueba de lo anterior se recuerdan las 127 sentencias registradas por el informe (hoy son 140) que el máximo juzgado había dictado contra la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, mediante las cuales ha anulado todas sus decisiones, le ha arrebatado funciones y ha perseguido y tolerado el encarcelamiento de una treintena de sus miembros.

Ante ese panorama no es de extrañar que la instancia internacional también señale a magistrados, jueces y fiscales de perpetrar «por acción u omisión» graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

«Esto es especialmente claro en el caso del enjuiciamiento penal de opositores políticos, casos que han demostrado violaciones recurrentes de las garantías procesales. Además, los casos investigados por la Misión muestran que el Estado ha recurrido cada vez más a los tribunales militares para juzgar a los disidentes políticos».

Otro elemento a destacar es que el informe destaca las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en este caso, calificadas como delitos de lesa humanidad, que no solo se limitan a la oposición política, sino también al ciudadano común que en algún momento se encuentra en el lugar y momento equivocados y es sujeto a vejaciones, malos tratos, y en algunos casos hasta es torturado o ejecutado extrajudicialmente.

El informe también describe cómo dichos operativos, además de realizar las conductas antes descritas, llevan a cabo actos de intimidación y acoso contra los familiares de las víctimas (generalmente mujeres) que se atreven a denunciar esos abusos, lo que pone de manifiesto la existencia de toda una estructura estatal no solo para las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra la oposición, sino también como medio de control social contra la población en determinadas zonas populares.

La Misión, además de poner nombre y apellido a los responsables de estas atrocidades, las denomina como delitos de lesa humanidad, y expone una maquinaria represiva más allá de la ejercida en contra de la oposición política con una justicia cómplice que se ha unido a la persecución de disidentes.

Ante lo expuesto se espera, en primer lugar, que el informe sirva para renovar y ampliar el mandato de la Misión, que se acaba este año, a fin de que recabe más información sobre las atrocidades que no tuvo tiempo de examinar más detalladamente; y en segundo lugar, para que la Fiscalía de la CPI avance en la presentación del caso venezolano ante la Corte y lleve ante esa instancia a los responsables de la tragedia cotidiana de Venezuela.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El hecho de que los órganos internaciones le pongan nombre a lo que en Venezuela se ignora y se desprecia es una buena medida del grado de degradación de un Estado en el que se han ejecutado las terribles acciones narradas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos.

Cuando las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos ven finalmente el nombre de los responsables de las atrocidades que han sufrido, algo de justicia obtienen. Ya solo por ello, el trabajo de esta instancia es un acto reivindicativo, que no solo hace público el grado de impunidad al que se ha llegado en el país sino que también acerca un poco más a todos los venezolanos a algo que todavía les sigue siendo ajeno: la justicia.

Septiembre 18, 2020

https://www.accesoalajusticia.org/informe-de-la-mision-de-determinacion-...

El pandémico coronavirus que azota al mundo, también ha estado causando inconvenientes en el desarrollo del deporte mundial, hasta tal punto que fueron suspendidos los Juegos Olímpicos a celebrarse este año en Japón, cosa que no ocurría desde la II Guerra Mundial. Por supuesto, la razón es que el deporte atrae mucho público y se tienen que evitar las aglomeraciones humanas para evitar el contagio del Covid 19. Ante esta situación, algunos deportes han logrado reiniciar sus actividades con algunas medidas y reglamentaciones especiales. Uno de esos deportes ha sido el tenis profesional.

La Asociación de Tenis Profesional, ATP, comenzó organizando torneos en los Estados Unidos hasta llegar al Grand Slam norteamericano, el US Open, con los espectáculos de los partidos sin fanáticos presentes. A continuación se están desarrollando en Italia torneos previos al Grand Slam Francés, el Roland Garros, que se disputa en París sobre canchas de lo que denominan arcilla o tierra batida, el cual está programado para iniciar el 27 de este mes de septiembre.

El tenis mundial, en la categoría masculino, durante los pasados quince años ha estado dominado por un trio de jugadores que se han repartido, casi equitativamente, todos los premios de la Asociación de Tenis Profesional (ATP). Sin embargo, uno de los mayores dominios ha sido el del tenista español Rafael Nadal en uno de los cuatro Grand Slam, el Roland Garros. Rafa, como es conocido popularmente este espectacular deportista en el ambiente tenístico, ha ganado este trofeo en las doce ocasiones en que ha llegado a la final de este torneo. Nadal ganó el Roland Garros por primera vez en el año 2005, cuando contaba con 19 años y dos días de edad, mientras que el más reciente lo obtuvo en el 2019 a la edad de 33 años.

Nació en Manacor, Mallorca, Islas Baleares de España, el 3 de junio de 1986, en una familia con antecedentes deportivos. Un tío suyo, Miguel Ángel Nadal, fue futbolista profesional. Otro tío, Toni Nadal, fue jugador de tenis y quien lo inició en el deporte prácticamente desde los 3 años de edad. Desde su edad infantil practicó futbol, baloncesto y tenis, pero a la edad de 12 años se dedicó exclusivamente al tenis y comenzó a hacer carrera en este deporte, guiado por su tío Toni. Una de las primeras demostraciones del potencial de Rafa como tenista en arcilla ocurrió en mayo del 2001, en Mallorca, cuando en un juego de exhibición que se iba a realizar entre Pat Cash y Boris Becker, el alemán se lesionó y fue sustituido por el joven Nadal. Éste derrotó al excampeón de Wimbledon antes de cumplir sus 15 años de edad.

Resumiendo la carrera deportiva de Rafael Nadal podemos señalar lo siguiente:

-Es uno de los mejores en la historia del tenis, pero es el mejor en tierra batida o arcilla, al punto que lo llaman “El Rey de la Arcilla”.

-Es segundo en títulos de Grand Slam conquistados con 19, de los cuales doce corresponden al Roland Garros.

-Con el equipo de España ha ganado medalla de oro individual en los Juegos Olímpicos (JO) de Pekín 2008 y en dobles en los JO de Río de Janeiro 2016. Desde 2004 forma parte del equipo de Copa Davis logrando la victoria en cinco oportunidades.

-El oro olímpico le permitió obtener el Golden Slam del Tenis, que consiste en ganar los cuatro Grand Slam de la ATP más la dorada de los JO.

-En 2010 obtuvo el Clay Slam o Slam de Tierra batida al ganar los tres Masters 1000 y el Roland Garros; y en 2013 ganó el Summer Slam al triunfar en los dos Masters 1000 de Montreal y Cincinati, además del Abierto de los Estados Unidos.

-Es el primero en títulos de Masters 1000 con 35.

-Es cuarto con más títulos ATP con 84.

Aparentemente, Rafael Nadal todavía tiene oportunidades para incrementar sus triunfos en el tenis mundial. A pesar del coronavirus, el Roland Garros lo tiene a la vuelta de la esquina para seguir mejorando su palmarés deportivo.

En este informe se muestra la evolución reciente y proyectada de los principales agregados macroeconómicos que caracterizan a la economía venezolana, en el contexto de un escenario para el cual no se prevén cambios significativos en la formulación y ejecución de la actual política económica. En la presente edición, además, se han incorporado nuevas secciones donde se tratan separadamente los temas referidos al sector financiero, el mercado de trabajo y el nivel y distribución del ingreso.

Profesores – Investigadores

Agregados Macroeconómicos:

Luis Zambrano Sequín (coordinador), María Antonia Moreno y Santiago Sosa

Sector Financiero:

Daniel Lahoud

Mercado Laboral:

Demetrio Marotta

Nivel y Distribución del Ingreso:

María Gabriela Ponce

Asistente de Investigación:

Mikel Barroso

Resumen

Con la publicación de este Informe de Coyuntura, el IIES de la UCAB mantiene el compromiso de presentar la evolución de la economía venezolana. En este número, con la información que ha estado a nuestra disposición, se actualiza el diagnóstico de la actual situación macroeconómica del país y se presentan algunas proyecciones de lo que visualizamos como tendencias más probables de no modificarse de manera sustancial el contexto político e institucional que hoy prevalece.

La visión global sobre el desempeño reciente de la economía venezolana que se desprende de esta nueva edición destaca la continuación del desplome de la producción nacional, ahora exacerbado por el impacto de la pandemia del COVID19. La aguda restricción de recursos externos y la persistencia de una política económica que se enfrenta infructuosamente al dilema de financiar el déficit fiscal y de mantener bajo control la hiperinflación, constituyen obstáculos fundamentales a los que se deben enfrentar los distintos sectores productivos de bienes y servicios. Tasas reales de interés negativas, dualidad de medios de pago y una intermediación financiera reducida al extremo constituyen enormes trabas para la inversión; los bajos ingresos reales de la población y la contracción al extremo del gasto público real son también impedimentos para la reactivación de la demanda agregada. Los estragos de la inflación sobre los salarios, la pérdida progresiva de servicios públicos en salud y educación y de asistencia social y la informalidad son factores determinantes de la explicación del deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, ahora con niveles abismales de pobreza y de creciente pobreza extrema. También se destaca la posición del país con los peores indicadores de desempeño económico e institucional en el contexto regional y mundial. Estos resultados negativos son muestra de la necesidad de cambios en la dirección de la política económica dada la imperiosa necesidad de revertirlos y enrumbar al país en una senda de crecimiento y bienestar social.

Consultar el informe completo en:

https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Informe-de-Coyuntura-V8.pdf

Una decena de garantías ofrecidas por el gobierno apuntan a generar confianza ante la comunidad internacional sobre el proceso electoral 2020. El OEV las contrasta y hace sus apuntes: electores desconocen el sistema automatizado de votación, el ventajismo ya empezó a manifestarse en medios públicos y organismos desaconsejan la tinta indeleble en pandemia.

La observación electoral independiente está siendo un elemento de primer orden en el contexto electoral de Venezuela. Los tiempos y los debidos procesos, sin embargo, parecieran jugar en contra en el caso de los organismos internacionales convocados a las elecciones parlamentarias 2020.

La Unión Europea asomó a través de una portavoz, el 11 de septiembre, que “el tiempo ya es demasiado corto” para desplegar una Misión de Observación Electoral si la autoridad venezolana no retrasa la votación más allá del 6 de diciembre. Nicolás Maduro ya había dicho tres días antes que “llueva, truene o relampaguee estas elecciones tienen que hacerse de todas todas”.

Por lo general, y como se ha visto frente a otros procesos del mundo, la UE requiere alrededor de seis meses para su organización. Europa no observa un proceso electoral en Venezuela desde la elección presidencial de diciembre de 2006, cuando validaron el resultado electoral al tiempo que cuestionaron “problemas persistentes” de ventajismo a favor de la tendencia gubernamental.

Portavoces de la Organización de Naciones Unidas han precisado en el pasado que la observación electoral de la ONU requiere el mandato del Consejo de Seguridad o la Asamblea General. En el primer caso, el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que haría falta el voto afirmativo de nueve de sus 15 miembros, sin que ninguno de los cinco permanentes se oponga; en el segundo, conforme al artículo 18 de la misma carta, debe mediar el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes (de 193, en total).

La ONU no ha observado ningún proceso electoral nacional, aunque Venezuela le ha extendido antes la invitación, por ejemplo, para las cuestionadas presidenciales de 2018.

Existen otras figuras intermedias, como por ejemplo las veedurías técnicas de expertos, que también pueden estar sobre el escenario.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, envió el 1 de septiembre una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la cual los invitan “como observador y acompañante internacional” de las elecciones parlamentarias 2020. Venezuela lo hace con la seguridad -se lee- de que una serie de garantías acordadas serán consideradas como parte de las medidas de generación de confianza.

Garantías ofrecidas

En la carta se afirma que el Estado “ha convenido un marco de garantías para una participación electoral equilibrada, incluyente y democrática apegadas con el orden jurídico vigente”. De su lectura es posible listar las siguientes:

Una serie de auditorías previstas en todas las etapas del proceso electoral, profundizando en las referidas a los procesos de seguridad y confiabilidad del sistema automatizado de votación.

Una serie de ajustes al cronograma electoral que permitan promover la participación y la más amplia difusión de las ofertas electorales. Se da garantía del “estricto equilibrio en el acceso y la cobertura objetiva de la campaña y de estas ofertas electorales tanto en los medios de comunicación públicos como privados y procurándose lo mismo en las plataformas de redes sociales”.

Garantizan que cada partido político recibirá todos los elementos técnicos y logísticos necesarios para verificar la “pulcritud del proceso”, incluyendo la publicación del “resultado electoral, como siempre, centro por centro y mesa por mesa”.

Especial énfasis en “garantizar y facilitar de manera plena la libre movilidad territorial por cualquier medio de todos los involucrados en el proceso de elección”.

Se mantiene el protocolo de auditoría ciudadana establecido desde 2006.

En apego a la Constitución, se afirma que “no se utilizarán los recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral”.

Sobre los electores integrantes de juntas y mesas, que ya fueron seleccionados, se promete que “serán convocados masiva y públicamente” y que, en caso de ausencia, “serán reemplazados de manera equilibrada”.

El gobierno acordó que los “puntos partidistas desplegados en las calles solo durarán hasta el cierre de la campaña electoral”.

Se lee que “se solicitará al Consejo Nacional Electoral la inclusión de la tinta indeleble”.

Se habla del establecimiento de una comisión “concertada y equilibrada” para monitorear el proceso y abordar los impasses e inconvenientes que puedan surgir. La Cancillería dice que estas garantías son resultado de un “intenso proceso de diálogo”.

El OEV presenta seis apuntes relacionados con aspectos específicos de la carta:

1. Sobre la observación electoral

Unas buenas elecciones requieren niveles razonables de confiabilidad. Y, para alcanzarlos, la observación electoral independiente ha llegado a ser, con el paso de los años, parte necesaria de los protocolos de los procesos electorales en el mundo entero.

En muchos países, los ciudadanos conforman equipos de observación electoral capacitados para evaluar exhaustivamente, con base técnica y sin sesgo político, distintas fases de los procesos electorales, para luego informarlos a la gente y así contribuir a una participación más consciente y responsable.

La observación electoral puede ser nacional, realizada por organizaciones propias del país debidamente acreditadas por la autoridad electoral; e internacional, hecha por misiones desplegadas en el país por parte de organizaciones internacionales públicas (como la ONU o la UE) o fundaciones privadas (como el Centro Carter, que tuvo actividad en Venezuela en la década pasada) invitadas por la autoridad electoral.

Para que se hable propiamente una observación electoral existen metodologías, protocolos, especializaciones y capacidad demostrada en procedimientos y técnicas electorales por parte de estas organizaciones.

La observación de procesos electorales se orienta a identificar y prevenir errores o distorsiones que puedan afectar su naturaleza y resultados. Es tarea irrenunciable de las organizaciones de observación electoral evaluar los procesos electorales, denunciar violaciones e irregularidades que ocurran en su marcha y exigir respeto al derecho al sufragio de todos.

En Venezuela, el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales diferencia “la observación nacional electoral y el acompañamiento internacional electoral”, estableciendo que ambas tienen como propósito presenciar, de manera imparcial e independiente, la transparencia de los procesos electorales.

En la práctica, acompañamiento no es observación.

Los llamados acompañamientos internacionales terminan siendo más restrictivos, en tanto las misiones suelen llegar al país pocos días antes de las votaciones, sin hacer observación del resto del proceso electoral.

En comicios anteriores la autoridad electoral venezolana ha resuelto invitar a determinados ciudadanos provenientes de otros países que se han destacado por su conocimiento, trayectoria y reconocida labor en materia electoral para que sirvan como acompañantes. Difícilmente estas personalidades tienen margen para desplegar procedimientos y técnicas de observación electoral independiente.

En un escenario de equilibrio y respeto a la norma, la observación electoral, nacional e internacional, se complementan.

La observación electoral nacional cuenta con la fortaleza de que conoce el escenario nacional y despliega equipos en todos los estados del país. En el caso del OEV, ha desplegado desde 300 y hasta 700 observadores electorales y ha hecho observación electoral de tres elecciones presidenciales (2012, 2013 y 2018), dos elecciones de gobernadores (2012 y 2017), tres elecciones municipales y/o de concejos municipales (2013, 2017 y 2018), una elección parlamentaria (2015), además de otros procesos como el intento de convocatoria de un referendo revocatorio presidencial (2016), la consulta del 16-J (2017) y la validación de partidos políticos (2018).

Los organismos que hacen observación electoral internacional, entre tanto, tienen equipos permanentes de trabajo sobre los asuntos electorales, llevados de manera profesional, con técnicas y procedimientos electorales. Igualmente, la observación electoral internacional encuentra alta capacidad para difundir los mensajes de los resultados de esa observación.

La sinergia entre estos dos tipos de observación electoral resulta muy positiva para las elecciones, los sistemas electorales y la salud democrática de cualquier país.

En la actual coyuntura, las medidas que impone el contexto de pandemia también deben ser consideradas, desde luego, en la observación electoral de todo proceso.

En el cronograma de este proceso electoral 2020 no se contempla actividad alguna, por lo menos no de manera explícita, referida a la observación electoral nacional ni a la observación internacional. En el cronograma 2015, su actividad número 83 sí estuvo referida al “Programa de acompañamiento internacional electoral”. Entonces participamos cinco organizaciones nacionales junto a por lo menos tres internacionales.

2. Sobre las auditorías

El cronograma electoral del proceso parlamentario 2020 contempla 15 auditorías. A mediados de septiembre se han realizado dos, de acuerdo con la planificación establecida. Se ha informado que estas han tenido participación de representantes de los partidos políticos, pero se ignora si ha sido incorporada la observación electoral independiente, como en procesos anteriores.

En la carta de la Cancillería se afirma que se profundizará en las auditorías referidas a los procesos de seguridad y confiabilidad del sistema automatizado de votación. Sin embargo, luego del incendio de marzo de 2020 en Mariches que causó la destrucción de buena parte de las máquinas electorales, la opinión pública mantiene grandes interrogantes sobre el sistema automatizado de votación que se utilizará el 6 de diciembre.

En nota de prensa, el 1 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que había sido presentada en directorio la “nueva solución tecnológica electoral” que será utilizada en las parlamentarias. A grandes rasgos, se indicó que “fortalece nuestro sistema electoral”, que se podrá ejercer el derecho al voto “de manera segura y confiable” y que, de este modo, “se mantiene la confiabilidad y la transparencia del proceso electoral”, el cual es “verificable y auditable en cada unas de sus fases”.

Los venezolanos, sin embargo, están en el derecho de conocer de manera precisa y detallada sobre el proveedor de los equipos, las licitaciones, el software y el hardware, si se votará directamente en la pantalla o en una boleta electrónica, entre otras tantas dudas que persisten, a la fecha, en relación con el sistema automatizado de votación.

Siendo la primera vez que se usará este sistema, el escrutinio público de los distintos actores políticos y de la sociedad civil mediante estas auditorías cobra una importancia mucho mayor.

3. Sobre el equilibrio en medios

Por lo menos dos reuniones virtuales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 3 de agosto (1 hora y 35 minutos) y el 17 de agosto (2 horas y 16 minutos); otra videoconferencia pública con el movimiento de la alianza electoral oficialista Somos Venezuela, el 28 de agosto (1 hora y 17 minutos); el acto de presentación del comando de campaña de la coalición gubernamental Gran Polo Patriótico, el 8 de septiembre (2 horas y 16 minutos), y la juramentación de candidatos de la llamada Unidad Revolucionaria en Caracas, el 10 de septiembre (45 minutos) han sido cinco actos mediáticos recientes, de carácter partidista y electoral, que van configurando un patrón de acceso desigual a la promoción de ofertas electorales que contraviene lo ofrecido por el canciller Arreaza en su carta a la UE y la ONU.

Estos actos han sido transmitidos por el canal del Estado y retransmitidos por estaciones de radio públicas y, en algunos casos, por televisoras privadas, sin que medie en estos casos la figura de cadenas nacionales o transmisiones conjuntas de radio y televisión. Sobre el tema, el exgobernador y ex candidato presidencial Henrique Capriles criticó que “ahora simulan que no hay cadena, pero obligan a todos los canales a pegarse a la señal del canal 8; eso es inaceptable”, dijo en entrevista con Efecto Cocuyo el 8 de septiembre.

Tanto el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establecen que el Poder Electoral debe garantizar la igualdad e imparcialidad de los procesos electorales y que el proceso electoral se rige, entre otros, por principios de imparcialidad, equidad e igualdad.

La campaña electoral, según cronograma, no empieza sino hasta el 19 de noviembre; a la fecha, todavía no ha sido publicado el reglamento que la regirá. La autoridad electoral debe vigilar y exhortar a evitar los ventajismos en el acceso a difusión de candidaturas antes del inicio formal del lapso de campaña, que en este proceso parlamentario será de escasos 15 días.

Asimismo, sobre la garantía ofrecida de la no utilización de los recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral, esta es una obligación no solo durante el lapso específico de la campaña, sino que debe ser extensiva a todo el curso del proceso electoral.

4. Sobre la publicación de resultados

La publicación de resultados electorales centro por centro y mesa por mesa fue incumplida en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, lo cual sumó nuevas dudas a un proceso electoral que arrastró inobservancias de la norma desde su convocatoria y diseño y hasta la auditabilidad de esa votación.

El OEV ya ha advertido que en el cronograma 2020 figura como una actividad la “Publicación de resultados electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela (www.cne.gob.ve)”, con una duración de 30 días siguientes a la proclamación. Pero en el cronograma 2015 fueron separadas como dos actividades distintas la “Publicación de resultados electorales en www.cne.gob.ve” (2 días, 6 y 7 de diciembre de 2015) y la “Publicación de resultados electorales en la Gaceta Electoral” (dentro de los 30 días siguientes a la proclamación).

5. Sobre los puntos partidistas

El OEV ha definido los puntos partidistas como la presencia de una fuerza política en los alrededores de los centros de votación en un tiempo prolongado durante la jornada electoral. No necesariamente tienen una estructura muy elaborada, pueden estar constituidos por pocos militantes con listas para registrar votantes, como grandes toldos con computadoras y artefactos para escanear el Carnet de la Patria (este último solo en caso de los “puntos rojos”).

Tienen como objetivo rastrear, movilizar o informar al electorado acerca de cómo votar por una de las opciones específicas. Y es, así mismo, una manera de llevar el control al momento sobre quiénes han votado y quiénes no.

El oficialismo ha convertido en regla y no en excepción el despliegue de los llamados “puntos rojos” durante jornadas de votación anteriores. En las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, durante su observación electoral el OEV documentó que en ocho de cada diez centros observados se evidenció la presencia de puntos partidistas a favor del oficialismo, mientras que solo en uno de cada diez se reportaron puntos partidistas opositores.

La solicitud del Carnet de la Patria, el registro de votantes y la orientación al voto hacia el candidato a la reelección fueron las principales actividades realizadas entonces en estos puntos oficialistas.

El OEV saluda el anuncio del gobierno de no desplegar sus “puntos rojos” durante la o las jornadas de votación de las parlamentarias 2020; una acción que, en procesos anteriores, ha añadido otra cuota de ventajismo y coacción a los comicios. Esperamos que ese ofrecimiento se materialice.

6. Sobre la inclusión de la tinta indeleble

En tiempo de pandemia, cada elección en el mundo implica la garantía de nuevas condiciones sanitarias que reduzcan los riesgos de contagio.

En su manual “Safeguarding Health and Elections”, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) dice que si se usa tinta indeleble para marcar a los votantes que emitieron sus votos, los árbitros deberían animar a los votantes a desinfectar sus manos usando algún método recomendado y secándolos completamente antes de aplicar la tinta en los dedos y las uñas.

En este caso, los votantes deben también permitir que la tinta se seque antes de desinfectar sus manos nuevamente para obtener mejores resultados. Las autoridades, dicen, deben considerar los productos de tinta que vienen en envases autoaplicables, como botellas, para evitar la necesidad de contacto entre trabajadores electorales y votantes.

La OEA, por su lado, llama a evaluar antes los riesgos. En su “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia” dicen que los órganos electorales debieran consultar a fabricantes, así como con expertos y autoridades de salud, los riesgos que supone la tinta indeleble. “Se puede explorar con ellos alternativas o modalidades que reduzcan las posibilidades de contagio o que evite que la persona deba apoyar su dedo directamente en la tinta”.

A diferencia de procesos anteriores, en el de las parlamentarias 2020 no figura auditoría de tinta indeleble en el cronograma.

En Venezuela se usó tinta indeleble en elecciones desde 1964 hasta 2015. Se dejó de emplear para la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, luego de que la Universidad Central de Venezuela, fabricante del producto, cuestionara la naturaleza democrática de ese proceso. Tampoco fueron entintados los dedos de los votantes durante las más recientes elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017, en las cuestionadas presidenciales de mayo de 2018 ni en las elecciones de concejales de finales de ese mismo año.

En resumen, se espera que en breve la ONU y la UE ofrezcan una contestación formal en términos más concretos a la carta de la Cancillería. El reciente adelanto extraoficial de la UE no niega de plano la posibilidad de enviar expertos, sino que sugiere que lo mejor es posponer la votación. “Se deben cumplir las condiciones mínimas para elecciones creíbles, inclusivas y transparentes” para el despliegue de una misión, dijo la portavoz. En todo caso, se prevé que cualquier observación electoral será, en gran medida, a través de la modalidad virtual.

Ni el chavismo ni la oposición que participa lograron perfecta unidad en sus alianzas

El Consejo Nacional Electoral anunció el 5 de septiembre que recibió “más de 3.300 postulaciones por parte de las organizaciones con fines políticos” y que igualmente fueron presentados los nombres de “más de 14.400 candidatos y candidatas” como opciones para que los venezolanos elijan el 6 de diciembre a los diputados a la Asamblea Nacional.

La actividad “Presentación de postulaciones” quedó fijada en el Cronograma Electoral entre el 10 y el 19 de agosto, pero el CNE la prorrogó 16 días más, hasta el 4 de septiembre. No fue informado de manera amplia ni oportuna en cuáles lapsos fueron reprogramadas actividades subsiguientes como la presentación y decisión de posibles recursos en contra de la admisión o rechazo de las postulaciones.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece (artículo 65) que los interesados “podrán interponer recurso contra postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco días continuos siguientes a la publicación de la decisión en la cartelera electoral del respectivo organismo electoral”. Luego, (artículo 68) recibido el recurso contra postulaciones, la instancia sustanciadora del Consejo Nacional Electoral se pronunciará sobre su admisibilidad dentro de los cinco días continuos siguientes a su recepción.

El 9 de septiembre se efectuó en Caracas el acto de escogencia de posición en el instrumento de votación de los partidos políticos nacionales; por redes se conoció que el 11 de septiembre, en las oficinas regionales se cumplió el mismo procedimiento para los partidos políticos regionales.

Sin embargo, la primera versión del Cronograma Electoral (que no actualiza los ajustes necesarios derivados de las dos prórrogas dadas a la presentación de postulaciones), estableció que el lapso para la actividad “Acto de escogencia posición en la boleta electoral electrónica” era del 7 al 9 de septiembre.

¿Quiénes y cómo van a la cita electoral?

Tanto el oficialismo como los sectores de oposición que participan conformaron distintas alianzas que, a continuación, describimos:

Alianza Democrática: la conforman Acción Democrática (AD), con la mesa directiva ad hoc impuesta por el TSJ en junio de 2020, que encabeza Bernabé Gutiérrez; el ala del partido socialcristiano Copei que tiene como secretario general a Juan Carlos Alvarado, nombrado por el TSJ en diciembre de 2019; El Cambio, plataforma del ex candidato presidencial Javier Bertucci; Avanzada Progresista, cuyo líder es el ex candidato presidencial y ex gobernador de Lara Henri Falcón; y Cambiemos, la formación política de Timoteo Zambrano.

En rueda de prensa indicaron que inscribieron candidatos en todos los estados y en las 87 circunscripciones. Alianza Democrática no tiene tarjeta propia, pero Bertucci informó que lograron los mismos candidatos para ser votados en las tarjetas de estos cinco partidos.

Alianza Venezuela Unida: la encabeza el diputado de la Asamblea Nacional Luis Parra, vinculado a Primero Justicia (PJ), quien declaró a los medios el 4 de septiembre luego de presentar sus postulaciones. Lo acompañan legisladores que lo apoyaron el 5 de enero en la constitución de su junta directiva, entre ellos José Gregorio Noriega, a quien el TSJ entregó la conducción del partido Voluntad Popular (VP) en julio de 2020.

La tarjeta de Primero Justicia no aparece luego de la escogencia de posición en el instrumento de votación. El 4 de septiembre, último día de postulaciones, la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia Nº 0128, decidió suspender la medida cautelar de tutela constitucional contenida en el numeral 2 del dispositivo tercero de su sentencia N° 0072, de fecha 16 de junio de 2020.

La referida sentencia fue la que intervino judicialmente la dirección nacional de PJ. El dispositivo suspendido fue el que acordaba el nombramiento de una junta directiva ad hoc presidida por el diputado José Brito, como coordinador nacional.

Se conoció que esta alianza se expresa en la boleta con las tarjetas de Venezuela Unida (con un diseño azul, que se asemeja a la anulada tarjeta de la MUD), Primero Venezuela (en tipografía aurinegra, colores de Primero Justicia) y la tarjeta naranja de Voluntad Popular, que está bajo control de la directiva ad hoc nombrada por el TSJ en julio de 2020.

Venezuela Unida y Primero Venezuela no estaban en la lista de las 30 organizaciones políticas nacionales vigentes para estas elecciones, en la más reciente actualización al 3 de julio que ha sido publicada en la web del CNE.

Alternativa Popular Revolucionaria: deslindado del Gran Polo Patriótico, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) divulgó un comunicado el 11 de agosto en el cual anunciaron la constitución de la APR junto a Patria Para Todos (PPT, intervenido judicialmente 10 días después, el 21 de agosto), Izquierda Unida (IU), Corriente Marxista Lucha de Clases, Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa) y Somos Lina, entre otras organizaciones regionales. En una carta, el 7 de septiembre, actualizan sobre la intervención del Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT), “cuya corriente principal que fue despojada de su tarjeta electoral se incorporó a la APR”.

Se definen como una alianza antiimperialista y verdaderamente socialista, dirigida a proporcionar un nuevo referente de izquierda para los venezolanos. Hablan, entre otros aspectos, del rescate de las “conquistas que fueron alcanzadas con Chávez -y que han sido desmontadas por este gobierno-”.

La Alternativa Popular Revolucionaria no tiene tarjeta propia. Cuando sus impulsores presentaron postulaciones en el CNE, el 26 de agosto, voceros informaron que inscribieron candidatos a través de la tarjeta del PCV, que figura en la tercera fila de la boleta.

Gran Polo Patriótico: la alianza oficialista está conformada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto a otras ocho formaciones aliadas: Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro, ambos con las juntas directivas nombradas por el TSJ en agosto de 2020; Movimiento Político Alianza para el Cambio (MPAPC), Unidad Popular Venezolana (UPV), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Por la Democracia Social (Podemos) y el Movimiento Somos Venezuela.

Cada partido de estos nueve tiene su tarjeta y son las primeras que se leen en la boleta, porque la escogencia se hace tomando como referencia el número de votos lista obtenidos por las organizaciones con fines electorales en la última elección de cuerpos deliberantes. Para la más reciente cita de este tipo, la mayoría opositora declinó participar. Las nueve formaciones postularon a los mismos candidatos, en una propuesta unitaria nacional.

Destacan aquí como candidatos a diputados los nombres de ocho ministros del gabinete de Nicolás Maduro que recién se desincorporaron del Ejecutivo para ir a la contienda electoral; el ex gobernador del Táchira José Vielma, que encabeza la lista por Carabobo; Nicolás Maduro Guerra, primero en la lista por el estado La Guaira; y el ex gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, que encabeza la lista por Lara, informó VTV.

Entre los candidatos por la nueva lista de adjudicación nacional de 48 diputados están los nombres de Diosdado Cabello, Cilia Flores, Iris Varela, Ilenia Medina, Didalco Bolívar, Fernando Soto Rojas y Mario Silva, entre otros dirigentes políticos del chavismo, presentados en acto el 8 de septiembre y reseñados en nota del canal del Estado.

La Fuerza del Cambio: abajo y a la izquierda quedó esta tarjeta, presentada para la elección presidencial de 2012 como una herramienta del entonces candidato opositor Henrique Capriles para acreditar testigos en las mesas. En 2018 un grupo de alcaldes de oposición reactivó esta tarjeta para la defensa de sus concejales en la elección de concejos municipales de ese año.

Capriles, uno de los fundadores de Primero Justicia, confirmó que a través de esta tarjeta, y en vista de que se terminaba el lapso de postulaciones y está en ejecución un cronograma, reservaron los espacios para no quedar por fuera. Aún condiciona que su propuesta llegue efectivamente hasta el 6 diciembre, “porque estamos peleando condiciones”, dijo el 8 de septiembre a Efecto Cocuyo. “No hay candidatos en este momento presentados, lo que hicimos fue llenar los espacios con gente de militancia que no va a ser los candidatos definitivos que se presenten”.

El propio Capriles no puede ser candidato, porque en 2017 la Contraloría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta el año 2032.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (artículo 63) establece que las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. La sustitución de un candidato constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto no sea un candidato previamente admitido, deberá cumplir con los requisitos de ley.

El Reglamento General de esta misma ley establece (artículo 162) que ninguna Junta Electoral tramitará sustitución o modificación de postulaciones bajo la modalidad nominal que se presente 10 días continuos antes del proceso de votación. Solo se permitirán modificaciones o sustituciones en las postulaciones a cuerpo deliberantes bajo la modalidad lista, hasta 30 días antes de la elección.

Según la primera versión del Cronograma Electoral (que no actualiza los ajustes necesarios derivados de las dos prórrogas dadas a la presentación de postulaciones), el 10 de septiembre fue la fecha tope para que las modificaciones y sustituciones se reflejen en la boleta electoral.

El lapso para las actividades de sustitución y modificación de postulaciones que no se reflejarán en boleta es del 11 de septiembre al 6 de noviembre para las candidaturas por lista y del 11 de septiembre al 26 de noviembre para las candidaturas nominales, según el cronograma.

Soluciones, Redes y aliados: Claudio Fermín, líder de Soluciones para Venezuela (SPV), forma parte de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, la misma que pactó acuerdos electorales con el gobierno sin la participación de la mayoría opositora. El ex candidato presidencial, sin embargo, no fue en alianza con sus pares. Crónica Uno informó que Soluciones inscribió sus candidatos propios y que irá en alianza con Redes, partido fundado por Juan Barreto, y otros sectores sindicales y campesinos, así como con “militantes decepcionados del chavismo y de la oposición”, dijeron voceros.

Redes fue invalidado por el CNE luego de la renovación de partidos de 2017; en consecuencia, los candidatos se postularon con la tarjeta de Soluciones.

Solos: otros partidos políticos con tarjetas habilitadas por el CNE anunciaron públicamente la presentación de postulaciones al margen de alianzas. Lo hizo el Movimiento al Socialismo (MAS), que también hace parte de la llamada Mesa de Diálogo Nacional; y Prociudadanos, de Leocenis García.

En el instrumento de votación también están las tarjetas de Unidad Político Popular 89 (UPP-89), Nueva Visión para mi País (Nuvipa), Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) y Unión y Progreso, nueva tarjeta presentada por exdirigentes de Copei, como informó nota de TalCual.

En total, son 26 tarjetas electorales de igual número de organizaciones políticas nacionales las que han sido dispuestas en la boleta nacional. Junto al caso de Primero Justicia, otro vigente pero ausente en esta boleta es Un Nuevo Tiempo. En el instrumento de votación tampoco aparecen Alianza Del Lápiz, Partido Unión y Entendimiento (Puente, de Hiram Gaviria), Generación Independiente (Gente) y Acción Ciudadana en Positivo (ACEP).

En los últimos meses el TSJ decidió nombrar nuevas directivas que quedaron facultadas para utilizar cuatro de estas 26 tarjetas electorales (las de AD, Copei, PPT y Tupamaro), un partido (UPV) introdujo un amparo similar que a la fecha no ha tenido sentencia, y en un caso más (Nuvipa) la organización denunció que cambiaron el representante habilitado ante el CNE.

Entre tanto, en el llamado “Pacto unitario por la libertad y elecciones libres” Juan Guaidó y 37 partidos políticos de oposición se comprometen a “realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”. Enumeran, entre sus líneas de acción, la de “rechazar el fraude convocado por la dictadura para el 6 de diciembre y dedicar esfuerzos para su deslegitimación, dentro y fuera de Venezuela”, se lee en el documento presentado el 7 de septiembre.

Garantía de condiciones sanitarias, punto inobjetable en la agenda

Por lo menos 56 países del mundo han decidido posponer elecciones debido a esta pandemia de COVID-19. En el momento actual, al 15 de septiembre, Venezuela hace parte de otro grupo, de al menos 60 países, que han decidido celebrar elecciones nacionales o subnacionales según lo planeado originalmente, a pesar de las preocupaciones relacionadas con el nuevo coronavirus, según la documentación del IDEA.

De ese segundo grupo, al menos 41 países ya han celebrado elecciones nacionales o referéndums. La novísima experiencia de un proceso electoral en pandemia ha arrojado tanto buenos ejemplos de control de la epidemia como malos ejemplos de rebrotes posteriores, esto de acuerdo al país.

Al respecto, el OEV ha señalado que la garantía de condiciones sanitarias a lo largo del proceso electoral en curso debe ser un punto inobjetable en la agenda. En todo escenario, debe ser prioridad proteger la salud y la vida de los distintos actores que participan en la dinámica electoral.

En este mes de septiembre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela publicó su Informe 2 sobre el “Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias”.

La Academia afirma que, en Venezuela, la epidemia de la COVID-19 “aún se encuentra en su fase expansiva con un potencial de crecimiento exponencial alto y no existen las condiciones mínimas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para una flexibilización total”.

“Para la implementación de estrategias de flexibilización parcial se requiere de un sistema de rastreo y vigilancia sustentado en diagnósticos amplios y regulares para evitar un aumento de las tasas de contagio y, con ello, la intensificación de la epidemia”, concluye el informe. En tal sentido, la Academia reitera la necesidad de ampliar sustancialmente y descentralizar la capacidad diagnóstica.

La Academia asegura que “los casos que reportan diariamente las autoridades continúan sin reflejar el tamaño real de la epidemia en Venezuela”. Afirma también que el subregistro “se ha incrementado, debido a que la propagación del virus es más rápida que la tasa de aumento de la capacidad diagnóstica”. Al indicar que existe una “trayectoria ascendente de la epidemia”, advierten en este documento que, de no reducirse significativamente estas tasas de contagio, Venezuela “podría alcanzar” números incluso más altos que los actuales en los últimos tres meses del año.

Propuesta de aplicar la vacuna a candidatos

“Sería una buena idea ponerle la vacuna rusa a los 14 mil 400 candidatos y candidatas que se han inscrito, de más de 107 partidos, de todos los sectores de oposición y chavistas, para que hagan su campaña electoral con mayor seguridad”, dijo Nicolás Maduro el 8 de septiembre. “Es una propuesta para su evaluación técnica, científica, política e institucional”, explicó el jefe de Estado durante una alocución.

La pandemia en curso ha generado importantes desafíos sociales, políticos y legales. A medida que los Estados de todo el mundo adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, la ONU considera fundamental que sigan defendiendo el Estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso.

El secretario general de la ONU, António Guterres, insta a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia sea legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria.

En una nota a propósito del Día Internacional de la Democracia, la ONU cita cuatro preocupaciones observadas, una de las cuales está relacionada con el tema electoral:

Distintas medidas para controlar la circulación de información y reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se está reduciendo el espacio cívico;

El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la persecución de opositores políticos, periodistas, personal médico y de salud, activistas y otros por supuesta difusión de “noticias falsas”;

La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en línea;

El aplazamiento de las elecciones, que plantea graves problemas constitucionales en algunos casos y puede provocar un aumento de las tensiones.

Boletín 49

Primera quincena, septiembre de 2020

https://oevenezolano.org/2020/09/boletin-49-observacion-electoral-fundam...