Suena que gobierno, oposición y poderes globales, negocian convocar a finales de año unas ya bautizadas “megaelecciones”, sin incluir la Presidencial, para renovar así autoridades estatales y municipales. El “grupo mantequilla” y “palangre organizada”, renunciarían a la insurrección chalatana, -abstención-psicosis- y harían exorcismo a espectros cuyas cabezas giraron largos años sobre el cuello y causaron muertes de un gran movimiento, además de los padres Merrik y Karras.

En las bateas de María Paleta, las lavanderas comentan que el hermoso acuerdo reunifica AD, a Primero Justicia y suelta almas del purgatorio. Con la otra mano, el gobierno da señales de reforma económica aperturista, paso esencial, si se hace bien, para la suerte de las mayorías. Eso hubiera podido comenzar años atrás, de no atravesarse la foto del Che de Korda y delirios como “cese de la usurpación, gobierno de transición, etc…”.

Conocemos la friabilidad (y fiabilidad) de los pronósticos porque suelen clavarse, por lo general, lejos del target, pero las mega se dan como dato cierto, aunque sean error gemelo a llamar a la abstención. Los votos obtenidos por la oposición el 6D, extrapolados, no le darían ni una alcaldía ni menos una gobernación y no hay idea que supere hacer músculo progresivamente, defender las cuatro gobernaciones y ganar otras para, de esas cabezas de playa, avanzar a las alcaldías.

Descansar de la cuarentena
La mega es la etapa superior de la abstención y tiende a resultados parecidos. El PSUV tiene 200 troneras en alcaldías que fracasaron y que la oposición podría ganar. Pero una polarización entre Ariel y Calibán, la revolución y la contra desvencijada, ya sabemos. Es el modelo 2021del exitosísimo Maduro vete Ya pero con piquete al revés. El argumento de que las organizaciones políticas están agotadas suena asombroso.

Después de mayo 2018, volvieron a la acción electoral dos años y siete meses después, dic.2020, fechas trufadas por año y tanto de cuarentenas y confinamientos, para confluir en la campaña virtual de un mes. La razón práctica, no siempre acorde con la política aunque debiera, indica, defender los cuatro estados en manos de la oposición y hacer el esfuerzo por ganar varios más, cosa perfectamente posible en una perspectiva realista, mesurada y no suicida.

La mega luce como otra de las ruedas de camión con las que comulgamos frecuentemente. Escuché con asombro decir a varios amigos, que concurrirían al 6D en listas separadas porque “el sistema electoral” favorecía ese esquema. No había disposición en ese momento para escuchar que ese canto de sirena estaba concebido para favorecer a la mayoría y que aceptarlo traería efectos graves.

La monotonía como virtud
Los sistemas electorales democráticos se fundan en dos valores contradictorios. La nominalidad anglosajona, cuyo principio es que el elector conozca lo más cerca posible al representante, por lo que se establecen circuitos pequeños. Su defecto es que se gana por un voto, y el resto del electorado queda sin representante en esa circunscripción. Y el sistema proporcional, practicado en varios países europeos, cuya base es que cada partido conquiste un número de escaños equivalente a su fuerza en votos.

En este no es prioritaria la relación personal entre electores y elegidos, sino el equilibrio de fuerzas. En el cuso de doscientos años de pruebas prácticas, surgió en Alemania la representación proporcional personalizada, el llamado método mixto alemán, que concilia los dos principios a través de una fórmula standard.

Esta se perfecciona con el protocolo de adjudicación de cargos de D´Hont. El mixto alemán se asumió exitosamente en Venezuela en 1989. Los sistemas electorales y de distribución de bancas serios se orientan por monotonía y no perversidad: y funcionan de acuerdo con correlaciones aritméticas constantes, tantos votos tantos escaños.

Ornitorrincos y peces voladores

Las anomalías empíricas del sistema se corregían con los diputados adicionales por cociente nacional. Pero a la revolución le dio por acoger e inventar fórmulas ventajistas, privilegiando su mayoría con ornitorrincos, peces voladores, homcabaguis (hombre caballo águila) y demás criaturas imaginarias pero útiles. La oposición lo sufrió en 1999, lo disfrutó en 2015 y no quiso alterarlo para hacer las cosas permanentes e institucionales.

Saboreó la golosina hasta 2020, cuando se convirtió en caramelo de cianuro. Hoy debe corregir el entuerto, a menos que quiera recibir otras palizas per secula o hasta que cambie el viento. De nuevo hay que pensar en el largo plazo y dejar lo que Betancourt llamaba “vuelos de gallineta rasante”. Es recomendable consultar los tratados de Stephen Nolan, la biblia en la materia electoral y dejar la creatividad a los poetas.

Desaparecer por ley “las morochas”, la lista nacional y demás cachicornetas que quieren “mejorar” lo que está concebido óptimamente y con una base técnica comprobada y recomprobada. A veces temo que se les ocurra “mejorar” el Teorema de Pitágoras o la fórmula de la velocidad, v=e/t, o pi. En EEUU quisieron a principios del siglo pasado, redondear 3¨1416 en 3´15, para “simplificar los cálculos”. Muy modernos.

@CarlosRaulHer

Las redes sociales reventaron la semana pasada comentando la reunión entre los representantes de Fedecámaras y el régimen de oprobio. Bastante ha predicado este régimen que los empresarios son unos “bandidos explotadores”, “culpables de la crisis económica”, “promotores de las sanciones” y son los “responsables” de nuestros males, solicitando al pueblo apoyo “…para librarte de ellos...”, de esta manera ya se garantizaba la “demonización” del empresariado y de paso se ponía en desventaja al gremio empresarial, fortaleciéndose el régimen a sí mismo ante cualquier eventual negociación que se fuera a dar. Ha sido así durante veinte años y no es distinto ahora. Ni siquiera hace falta que algunos opositores ayuden a la diatriba, pero si lo hacen, tanto mejor para el régimen.

Sí, hay términos, ideas, conceptos, palabras, que tan solo pronunciarlas o evocarlas producen rechazo −elecciones, diálogo, negociación− y en algunos sectores, “unidad” es una palabra que produce un respingo. Estos términos y las acciones que implican son peligrosos anatemas e inmediatamente son “satanizadas”. Nada de raro tienen, entonces, las diatribas contra los empresarios.

Algunos olvidan que desde la infausta fecha en que se inició este régimen en 1999, hasta hoy, del país han desaparecido miles de empresas y se han perdido miles de fuentes de empleo, directas; y la empresa privada, a la cual representa Fedecámaras, ha sufrido una despiadada persecución por parte de todos los entes regulatorios del gobierno. Los organismos empresariales venezolanos, casi todas las cámaras, y desde luego sus llamados organismos cúpula −Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Fedenaga, Fedeagro, etc. – han estado a la vanguardia del padecimiento y de la denuncia de las arbitrariedades del régimen y a la solicitud de libertades económicas para ejercer su actividad.

Pero, tenemos que evaluar y considerar cuales son los medios propios de lucha y resistencia de cada uno de los sectores del país que se oponen a este régimen de oprobio. Por ejemplo, los empresarios no se van a escribir la palabra “paz” en las manos pintadas de blanco, ni van a desfilar desnudos con el cuerpo cubierto de pintura azul, ni se van a enfrentar a la GNB armados de escudos de cartón y máscaras antigás, ni van a salir a tirarle piedras a la policía o a enfrentarse en las calles a los “colectivos” armados del régimen. Su actividad es un tanto más discreta. En nombre de las miles de familias de las que son responsables por su sustento, acudirán, pues es su deber, cada vez que los convoquen, supuestamente a hablar de los problemas del país, tratando de buscar allí una alternativa que les impida bajar las santamarias, pues para eso siempre hay tiempo. Por cierto, bajar las santamarias y antes de esa medida extrema, dejar de invertir, son las armas de las que dispone un empresario; supongo que eso no es lo que prefieren los que los critican por acudir a dialogar.

Los empresarios congregados en Fedecámaras saben bien que la libertad es la esencia de la democracia y es en libertad como se logra el desarrollo del país y la mejor forma de generar riqueza, para ellos y para todos; y es eso −democracia y producción en libertad− algo que está en sus estatutos desde hace más de 50 años, desde la Carta de Mérida de 1962. No hace falta que ningún asesor o analista se los recuerde. Seguro que el actual presidente del Organismo lo tiene bien presente, pues más de una vez lo han dicho, lo han puesto por escrito, se lo han entregado al gobierno en cientos de documentos, lo han declarado en las conclusiones de todas sus asambleas desde 1999, cuando comenzaron las sombras que hoy nos agobian. Rápido olvidan algunos que la casi salida de este régimen en abril de 2002 se debió en parte al paro cívico convocado, entre otros, por la CTV y Fedecámaras.

Pero ya sabemos que hay palabras “malditas”, términos “satanizados” y cualquiera que evoque uno de esos términos, se expone al rechazo agresivo, a que de inmediato se lo califique de “traidor” y “colaboracionista” por los modernos “Savonarola” de las redes sociales, la mayoría de los cuales nunca han pagado una nómina y no tienen la responsabilidad de mantener abiertas empresas que son el sustento de familias venezolanas. Los empresarios, dicen, recostándose de sus sillas y teclados, lo que quieren es “cohabitar” con el régimen y en el mejor de los casos los contemplan con conmiseración por no entender que “…lo que busca el régimen es ganar tiempo”, frase que, como un mantra, se repite desde hace años, sin que nadie haya explicado aun ¿Quién le quita el tiempo al régimen? ¿Quién se lo mide? ¿Quién se lo acorta?

Creo que es un error de juicio o de análisis pensar que la “premura” que pudiera tener el régimen por mostrarse amplio y dialogante en este momento es porque “necesita” tiempo y recursos económicos y financieros. Ciertamente el país, los venezolanos, necesitamos esos recursos para aliviar la ignominia en la que vivimos, pero el régimen, no. El régimen tiene −su cúpula, por supuesto− todo el tiempo que necesita y los recursos para mantenerse; solo la ambición los lleva a buscar más, para seguir dándole palos a la piñata, no es para resolver los problemas del país.

La estructura “clientelar” que creó y mantuvo Chávez, de corte populista, donde los pobres “sintieron” que eran tomados en cuenta, se agotó. Pero este régimen ya aprendió que esa “estructura” la puede sostener con mínimos recursos económicos y máxima represión, lo cual le sale más “barato” y les deja más para ellos. Los recursos claro que los busca, cuantos más, mejor, pero ahora son para mantener, para continuar el Festín de Baltasar, el reparto con sus aliados internos: Uno, el estamento militar, que es su verdadera cara, la verdadera esencia del régimen; dos, la burocracia gubernamental de la que forman parte muchos “fieles” militantes, no militares; y tres, para mantener esa otra estructura, también clientelar, la llamada boliburguesia y los bolichicos, que pasean, deambulan, por el país y sus bodegones, comprando y remodelando casas y haciendo alarde de sus fortunas; fortunas que invierten en “negocios”, no en empresas, no en industrias; algunos de ellos incluso lo hacen en el exterior, hay que decirlo, para regocijo de los países −y sus empresas y comercios− que reciben esas “inversiones”. Solo la “pandemia”, el cuidado y el temor que se tiene de ella en algunos países ha limitado algo ese derroche y trashumancia de nuevos ricos venezolanos que se venía dando desde hace algún tiempo.

Para eso hay recursos, que es lo que al régimen le importa, y para mantener su poder; poco le importa si no hay para resolver los problemas del país, al que se ha agregado la pandemia que comienza a hacer estragos más fuertes. Los empresarios no deben olvidar que ese agotamiento de los recursos y del “modelo” populista es lo que impulsa al régimen a buscar nuevamente el diálogo. Lo que verdaderamente preocupa al régimen, es que percole la duda en esa estructura clientelar que ha creado y que comience a debilitarse y termine resquebrajándose y cada quien comience a buscar su solución individual, sin preocuparse de los demás. Para mantener esa estructura es que el régimen necesita los recursos económicos y financieros y usará todo su poder de “diálogo” para lograrlo. Saben bien los empresarios que, si ahora el régimen acude a ellos, es para seguir exprimiendo al máximo al país.

Por eso los empresarios no deben descuidar el análisis de esta situación y si no los debe detener que se “satanice” el diálogo, lo que debe preocuparlos, para este proceso de negociación o de diálogo −y para todos los que vengan, pues vendrán más−, son tres cosas: Primero, estrechar los lazos con el resto de la sociedad civil, los partidos y la iglesia, pues en esto no hay solución individual, no remontar “vuelo” en solitaria soberbia y recordar siempre que se trata del “nos-otros”, del que tanto han hablado en sus reuniones y documentos; segundo, que no hay soluciones parciales y que solo en libertad y democracia se puede crecer y generar riqueza, sé que esto lo entienden bien, pues está en sus estatutos y entre sus principios desde hace muchos años; y tercero, reeditar esa alianza, que ya funcionó a principios de este siglo, una alianza efectiva entre empresarios y trabajadores, pues solo eso les permitirá fortalecerse y fortalecer el compromiso por una mejor calidad de vida para los trabajadores, por una mejor empresa y por un mejor país.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Por el bien de la causa patriótica y para salir del militarismo chavista que devasta al país, debemos expresar, con el mayor énfasis posible, que el momento que estamos viviendo no es oportuno para el protagonismo de los partidos políticos de oposición. Las razones que respaldan esta aseveración deberían estar claras para todos los venezolanos, pero muy especialmente para los líderes y los militantes de esas organizaciones.

Es indiscutible el desgaste que han sufrido los partidos políticos de oposición en el transcurso de estos 22 años de lucha anti-chavista. Es el resultado de los muchos errores cometidos y de las divisiones internas ocurridas recientemente, que han permitido la ilegítima intervención del régimen para designar autoridades sustitutas en sus directivas. Sería inútil, y se perdería mucho tiempo, tratando de reparar esa anomalía en los actuales momentos. El régimen lo impediría con nuevas medidas, iguales o similares a las ya empleadas. Conviene dejar las cosas como están y centrar la lucha en la salida del régimen chavista mediante la movilización de la mayoría opositora nacional, sin identificaciones partidistas, como se hizo con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el año 2015, dejando la resolución del problema de los partidos para cuando se restablezca la democracia en Venezuela y se reponga la legalidad que ha sido usurpada en todas las instancias.

La creación de un frente amplio promovido por todos los partidos políticos de oposición o en su defecto por los más importantes de ellos, es la única salida con posibilidades de éxito en la actualidad. Ya se debería estar trabajando con ese fin. En muy poco tiempo enfrentaremos eventos que no debemos eludir, como las elecciones de alcaldes y gobernadores y el referendo revocatorio del mandato presidencial. Para movilizar a la mayoría nacional que demanda el cambio político es imperioso usar la tarjeta electoral única de la oposición nacional y escoger los candidatos por consenso. El sistema de selección por elecciones primarias, que sería el método más democrático, es muy complicado, requiere organización, mucho tiempo y cuantiosos recursos. De todo ello carece hoy la oposición. Además, el sistema es vulnerable y puede ser fácilmente boicoteado por el régimen, mediante acciones que todos conocemos. Por tanto, no es recomendable por el momento.

El tiempo avanza. Ya estamos a mediados del segundo mes del año 2021 y no se oye nada por parte del liderazgo opositor que se asimile a la acción que aquí estamos exponiendo. Eso es preocupante, porque se trata de un asunto que pueda ser despachado de manera apresurada y a última hora. O se hace bien y con tiempo, o no se hace. Nos enfrentamos a un régimen tramposo, siempre al acecho, que no pierde tiempo y que está dispuesto a emplear todo tipo de recurso para bloquear y confundir a la oposición, como lo ha venido haciendo a todo lo largo de su demoledora existencia.

Es perfectamente comprensible que a los dirigentes y militantes políticos de oposición les resulte difícil aceptar la propuesta de suspensión temporal de los símbolos y emblemas de sus partidos, porque los sentimientos de pertenencia y lealtad a los mismos y el orgullo de batirse bajo sus consignas y banderas son elementos fundamentales del esprit de corps que caracteriza a todo organismo social creado para la lucha, pero en circunstancias críticas como las actuales debe prevalecer la razón y no la pasión. El pragmatismo y la fría racionalidad deben imperar en este momento. No debemos eludir con nuevas abstenciones las batallas que están por librarse próximamente. Si las afrontamos unidos el resultado sería la culminación exitosa de la larga, sacrificada y cruenta lucha que hemos librado durante 22 largos años contra el militarismo chavista.

Terminamos este escrito con la frase que hemos venido usando en los artículos anteriores, emulando a Catón el Viejo con su carthago delenda est, cada vez que finalizaba un discurso en el Senado romano: esta es la última oportunidad que tienen los líderes de la oposición venezolana para reivindicar sus nombres ante la Nación y la Historia.

11 de enero de 2021

La recuperación de la Asamblea Nacional por parte del chavismo no ha puesto fin a la persecución contra los integrantes del anterior Parlamento electo en 2015. Por el contrario, los resultados de las cuestionadas elecciones legislativas de diciembre de 2020 -que el oficialismo ganó ampliamente con su sistema electoral a la medida- parecen haberle dado más bríos para arreciar en su persecución a la disidencia política.

En las primeras semanas de 2021, Acceso a la Justicia ha registrado amenazas contra miembros del anterior Legislativo provenientes de sus sucesores, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y hasta de la Contraloría General de la República.

La nueva ola de medidas la inició el nuevo Parlamento dominado por el chavismo, el cual decidió conformar una comisión especial para investigar “los crímenes” cometidos por sus antecesores y que está presidida por el diputado José Brito.

Brito saltó a la palestra a finales de 2018, cuando una serie de investigaciones periodísticas revelaron que él, junto a otros legisladores opositores, viajó por varios países, para interceder ante distintas autoridades extranjeras a favor de empresarios vinculados con el oficialismo. Tras estos señalamientos, el parlamentario fue expulsado de Primero Justicia (PJ) y se acercó al Gobierno de Maduro, el cual le entregó temporalmente las riendas del partido opositor y facilitó su reelección en diciembre pasado.

El pasado día 28 de enero, Brito acudió al Ministerio Público para pedirle que dicte una medida de prohibición de salida del país contra algunos de sus otrora compañeros y colaboradores de la oposición a la que él mismo representaba antes de su expulsión de PJ (Alejandro Hernández, Sergio Vergara, Javier Troconis, José Ignacio Hernández, Enrique Sánchez Falcón, Marco Aurelio Quiñones, Jorge Millán, Luis Carlos Padilla, Olivia Lozano, Macario González, Luis Silva, Tobías Bolívar, Eliezer Sirit, José Mendoza, Romel Guzamana, Julio Ygarza, Jony Rahal, Marianela Fernández, Alexis Paparoni, María Gabriela Hernández, Orlando Ávila y Romny Flores).

Asimismo, anunció que citaría a comparecer a otros opositores más, comenzado por Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia, Ángel Palmieri, Luis Florido, Freddy Superlano, Edgar Zambrano, Williams Dávila, Carlos Paparoni, Enrique Márquez, Luis Stefanelli y Elías Matta, para hablar sobre las supuestas negociaciones para condonar la deuda a Paraguay.

Condena exprés

La Contraloría también se ha sumado a la arremetida, al exigirle a los legisladores electos en 2015 que presenten a la brevedad su declaración jurada de patrimonio definitiva, porque de lo contrario se arriesgan a ser inhabilitados por hasta 12 meses del ejercicio de cargos públicos o para presentarse como candidatos a futuras elecciones.

“Hago un llamado a los diputados salientes: procedan a realizar su Declaración Jurada de Patrimonio por el cese de sus funciones como parlamentarios (…) No vayan a decir que no tuvieron oportunidad y que no se les notificó (…) Aún hay un 95% de exparlamentarios que no la han hecho”, dijo Elvis Amoroso, quien, sin embargo, no precisó si había hecho la misma petición a los más de los 500 miembros de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente que dejó de existir en diciembre pasado.

Días después, el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, dejó en claro que considera que la mayoría opositora de la AN electa en 2015 debería terminar tras las rejas. “Aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley. Aquellos que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos de todos los venezolanos, bloquear las operaciones de Pdvsa y regalar Citgo encontrarán en cada juez del Poder Judicial un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar sus acciones”, afirmó durante el acto de Apertura de Actividades Judiciales de este año.

Las palabras del funcionario van a contracorriente de lo dispuesto en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos sobre la presunción de inocencia. También, violan lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala:

“Los jueces deben abstenerse de expresar, y aun de insinuar privadamente, su opinión respecto de los negocios que por la Ley son llamados a fallar. Deben igualmente abstenerse de dar oído a todo alegato que las partes o terceras personas, a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerle fuera del tribunal”.

Y aunque, saltó la iniciativa del nuevo Parlamento de conformar una comisión de diálogo, Moreno advirtió que la misma no supondrá un “borrón y cuenta nueva”. “No puede haber reconciliación sin perdón y no existe el perdón sin justicia. El Poder Judicial juzgará con firmeza y establecerá las responsabilidades a las que haya lugar para todos aquellos que atentan contra la patria”, amenazó.

Con esposas y todo

La última amenaza la profirió la diputada Iris Varela, quien durante una entrevista en televisión preguntó: “¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya y los busque y los detenga?”, refiriéndose a Juan Guaidó y a los demás miembros de la Comisión Delegada de la AN de 2015, a los que acusó de “usurpadores”.

Tras su amenaza verbal, la diputada sacó de su cartera unas esposas, las cuales, dijo siempre lleva consigo para ponérselas a Guaidó, en caso de que se tope con él, sobre quien opinó que está cometiendo delito en flagrancia. “Estas esposas las cargo aquí para ponérselas a Juan Guaidó, donde lo vea se las pongo”, expresó, tras afirmar que “yo soy autoridad de la República”.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Las amenazas contra la AN electa de 2015 revelan que la polarización y crispación en Venezuela lejos de amainar tiende a aumentar, lo cual complica la posibilidad de cualquier acuerdo y salida política negociada a la actual crisis política, social, económica y humanitaria que atraviesa el país.

Asimismo, estos hechos revelan que el control que ejerce el chavismo sobre los demás poderes del Estado es total; y, por ello, ejercer derechos básicos en cualquier democracia como la libertad de expresión y asociación representan un riesgo para los ciudadanos.

11 de febrero 2021

https://accesoalajusticia.org/en-2021-continua-persecucion-contra-miembr...

Si el teórico militar Carl von Clausewitz hubiera visto discutir a dos economistas, quizá hubiera pensado que es la economía y no la política lo que es la guerra por otros medios. Que la disciplina es a las ciencias sociales lo que el boxeo al deporte.

El cliché dice que aquí no chocan cuerpos musculosos como en los deportes de contacto, pero la vehemencia con la que se debate sobre sus distintos postulados puede ser tan contundente como un gancho de izquierdas, que dirían unos.

O de derechas, harían notar los otros.

Preguntado por ello el premio Nobel Milton Friedman en una tertulia televisiva en 1978, aseguró que no era cierta tal discrepancia entre economistas, que como académicos estaban de acuerdo en lo fundamental y las diferencias, en realidad, estaban muy restringidas.

"No estoy de acuerdo", dijo otro economista sentado a su lado. Y se enzarzaron, sin remedio, en una larga discusión.

No parece un lugar para empates esta arena y quizá el apasionamiento académico provenga de sus repercusiones sobre el mundo real: la influencia que ejercen las ideas económicas dominantes sobre los gobiernos y sus políticas.

Las ideas de los economistas "tanto si son acertadas como si son erróneas, son más poderosas de lo que [el hombre común] puede imaginarse. De hecho, poco más gobierna el mundo", dijo precisamente John Maynard Keynes, uno de sus pensadores más influyentes.

Pero antes de gobernarlo, tienen que disputárselo. Librar un combate entre ellas para convertirse en la narrativa dominante, aquello que en algún momento se considerará "el sentido común".

Paradójicamente, el consenso económico no se alcanza por consenso, sino por asalto. Y esa es siempre una victoria que parece llevar dentro la semilla de su propia decadencia.

O así, al menos, lo muestra una reciente investigación de Reda Cherif, Marc Engher y Fuad Hasanov para el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que han analizado las ideas que han predominado en cada momento en las recomendaciones de los académicos a gobiernos de todo el mundo en casi 5.000 investigaciones que viajan desde 1975 hasta la actualidad.

Como si fueran arqueólogos, los investigadores fueron desenterrando y removiendo el polvo de esos viejos documentos para clasificar qué ideas se imponían en cada década y cómo cambiaban las recomendaciones de los expertos.

Fueron testigos de cómo cada idea dominante generaba desequilibrios que daban paso a otras ideas que los corrigieran.

Lo que sigue es la historia del auge y caída de las narrativas económicas de nuestro tiempo, una contienda interminable en la que una nueva corriente se postula en la carrera para modelar el mundo de la pospandemia, advierten los expertos.

Son los defensores de la política industrial.

Agua dulce, agua salada

La batalla entre las distintas corrientes económicas es anciana casi como la disciplina. Puesta a dormir por la historia, la madre de todas las diferencias (capitalismo frente a comunismo) tras la caída de la Unión Soviética, los economistas se disputan el paradigma de gobernar las economías de mercado.

Hace más de una década, el Nobel de Economía Paul Krugman los dividió entre economistas "de agua dulce" (liberales, neoclásicos, ortodoxos y, en general, más cercanos a filosofías de derechas) y de "agua salada" (keynesianos, socialdemócratas, progresistas… más hacia la izquierda).

Las etiquetas hacen referencia a las universidades estadounidenses y su ubicación, que casualmente coincidían con unas u otras ideas si estaban situadas en la costa o en el interior del país, pero son un buen resumen, llevado a su mínima expresión, de la discrepancia entre las corrientes económicas.

Están aquellos que apuestan por una mayor intervención del Estado en la economía para regular los fallos del mercado y quienes desean que el poder público interfiera lo menos posible para no romper lo que consideran que es el equilibrio natural del mismo.

Y por el medio, ya saben: gráficos incomprensibles para los mortales, apuestas por subir los impuestos o bajarlos; recetas para el desempleo o el déficit; grado de regulación, de inflación y todo tipo de matemáticas puntiagudas que van dejando vencedores y caídos en el tiempo.

El viaje de Cherif, Engher y Hasanov comienza precisamente con la caída de un imperio de la ideología económica: el keynesianismo.

Y con su derrota, la llegada de una tendencia que tuvo un gran impacto en Latinoamérica: las políticas del Consenso de Washington.

El Consenso de Washington y Latinoamérica

Las décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial supusieron el gran "triunfo del keynesianismo", escribe el catedrático Francisco Comín en su monumental "Historia económica mundial".

"Se intensificó el papel de los gobiernos para corregir los fallos del mercado, con la consiguiente consolidación del Estado del Bienestar", cuenta.

"Junto al Estado fiscal surgió el Estado empresario", en forma de nacionalizaciones y empresas públicas en todos los sectores económicos (infraestructura, industria básica, minería, banca). Se incrementaron los impuestos y el gasto público subió un 40% en países como Reino Unido.

El objetivo no era un déficit o una deuda bajos, sino "el pleno empleo", analiza Comín.

Pero a finales de la década de los 70 algo cambió. Las palabras "privatización" y "liberalización" comenzaron a aparecer en los estudios y recomendaciones de los economistas, apunta la investigación del FMI.

Como el inicio de una tormenta: a cuenta gotas primero; torrencialmente después.

Este conjunto de recomendaciones apostaba por reducir al mínimo el peso del Estado y se englobaron bajo el paraguas de lo que se llamó el "Consenso de Washington".

"La crisis de los 70 es fundamental para entender este cambio de narrativa", le explica a BBC Mundo Roy W. Cobby, profesor asistente del King's College de Londres y especialista en economía política e industrial. "Define todo lo que va a venir después".

Tras 30 años de prosperidad impulsada desde el Estado, la radiografía mundial muestra ahora a un paciente enfermo: "Se produce un descenso dramático del crecimiento en muchos países occidentales, hay un aumento de la inflación, a EEUU le cuesta sostener sus cuentas públicas y muestra un déficit elevado... Llega una crisis por agotamiento", relata.

Y es ahí cuando aparece un nuevo grupo de economistas que estaban en la marginalidad académica.

"Los mejor preparados para asumir ese desafío en aquel momento eran los monetaristas, que se reunían en torno a la figura de Milton Friedman", explica Cobby.

"Llevaban tiempo trabajando con políticos rupturistas en aquel momento, como Margaret Thatcher y Ronald Reagan […]. Pensaban que un mercado tan intervenido (sin banco central independiente, con gran prominencia de empresas públicas y sindicatos) veía distorsionada su capacidad para asignar los precios en la economía", cuenta.

Y aprovecharon su oportunidad. "Esta narrativa fue marginal hasta mediados de la década de 1980, pero posteriormente se alzó [en una gran cantidad de estudios], alcanzando su punto máximo en la década de 1990, cuando se produce la transición de muchas economías socialistas", narra la investigación del FMI.

Así, sus políticas se trasladaron no solo a los países ricos, sino a organismos internacionales como el propio FMI y el Banco Mundial, que aplicaron sus recetas a los países en desarrollo.

Y un ejemplo paradigmático de ellas es América Latina.

Estamos en el año 1974. Latinoamérica se halla en una etapa económica y política turbulenta.

Durante una década su crecimiento económico iba a ser anémico, por debajo del 1%, y una concatenación de factores haría que sus economías se deslizaran por una "peligrosa pendiente", escribe Comín.

El boom de los precios del petróleo hizo que los países productores (México, Ecuador, Perú y Venezuela) se endeudaran con el exterior confiando en ese maná; mientras otros, como Brasil, se endeudaban también con la esperanza de que las bajas tasas de interés durarían en el tiempo.

Al mismo tiempo, la inflación corría como un caballo pura sangre y "los subsidios del gobierno y el proteccionismo" estancaban la productividad.

Cuando este precario equilibrio se rompió, la región cayó de lleno en lo que más tarde se llamaría "la década pérdida", cuenta Comín.

"Un país tras otro salió diciendo: espérenme, no puedo pagar", le explica a BBC Mundo Víctor Mauricio Castañeda, investigador y profesor de economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Y como solución, se comenzaron a implantar las políticas del Consenso de Washington.

"El nombre puede sugerir que llegaron unilateralmente de EE.UU, pero ya había gobiernos latinoamericanos trabajando en esa línea", cuenta Castañeda.

"Los objetivos de estas políticas eran promover el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, reducir el déficit fiscal y conjurar la crisis de la deuda externa a la vez que esperaban reducir la pobreza".

¿Y en qué consistían estas recetas?

Como si de mandamientos bíblicos se tratasen, el profesor las resume en 10 puntos:

• disciplina fiscal y reordenación del gasto público
• reforma tributaria para bajar los impuestos a la renta (aunque se subieron los indirectos)
• liberalización de las tasas de interés y búsqueda de tasas de cambio competitivas
• liberalización comercial y de la inversión extranjera
• privatización, desregulación y propiedad privada por encima de todo

Es decir, agua dulce. Y metida a presión.

Pero, ¿tuvieron éxito?

"Con la perspectiva que da el tiempo, se puede decir que tuvieron éxito en algunos ámbitos del ámbito macroeconómico. Se logró controlar la inflación y reducir el déficit público, eso es cierto, pero generaron un conjunto de efectos negativos en lo social: el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Y con ellos, la llegada de un gran malestar social", explica Castañeda.

"La región comenzó a preguntarse: ¿todo esto para qué? Si somos más pobres", zanja.

La larga derrota del agua salada

La narrativa del Consenso de Washington comenzó a desvanecerse en 1997, según el análisis de Cherif y compañía para el FMI. La llamada a las "privatizaciones" desapareció del vocabulario de los expertos, "cayendo precipitadamente" para el año 2000.

¿Significaba esto el fin de la hegemonía del "agua dulce"? No tan deprisa.

Lo que realmente sucedió es que parte de su modelo se camufló en otra narrativa. "Este patrón [de descenso abrupto del término en los estudios] podría sugerir que el concepto de privatización puede haberse integrado en otros conceptos", asegura el informe del FMI.

Así, sin la pureza inicial, se añadieron nuevos matices al discurso. En su lugar, comenzaron a usarse recomendaciones que hablaban de "competitividad" y conceptos que se englobaban en ese magma entendido como las "reformas estructurales", advierte el estudio.

¿Y qué son? Fundamentalmente, "eliminar obstáculos a la eficiencia de la producción de bienes y servicios", como las define el Banco Central Europeo, que cita la flexibilidad de los mercados de trabajo o la simplificación de los impuestos y trámites administrativos como forma de conseguirlo.

Y añade: "Teniendo en cuenta asimismo factores como la equidad y la inclusión social".

"En este periodo surge lo que algunos autores llaman el arte del mantenimiento del paradigma", explica Roy Cobby, del King's College.

"Cuando estas reformas no dan los resultados esperados, se comienzan a incluir correcciones referidas a la pobreza, la desigualdad, menciones al medioambiente incluso, pero siempre desde un apriorismo: el prejuicio contra la intervención estatal. Se circunscribe a corregir los pocos -según ellos- fallos del mercado", relata el experto.

El edificio intelectual neoliberal se derrumba

En pleno auge de la globalización y el mundo de las finanzas, el largo reinado de los "dulces" iba camino de las tres décadas. Y creían tenerlo todo razonablemente controlado.

"El problema central de la prevención de la depresión [económica] está resuelto", afirmaba satisfecho Robert Lucas, premio nobel de la Universidad de Chicago, en su discurso inaugural como presidente de la American Economic Association en 2003.

No quedaba más que dispersarse, pues no había nada más que ver allí. Fin de la historia.

Pero solo cinco años más tarde, la caída del gigante financiero Lehman Brothers pondría en cuestión esa afirmación desatando una reacción en cadena que acabó en el mayor derrumbe económico en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

La fe en la ortodoxia liberal comenzó a desmoronarse. Alan Greenspan, uno de sus gurús (se le apodaba entonces "El maestro") y presidente de la Reserva Federal durante casi dos décadas, aseguraba sentirse "conmocionado" porque todo su "edificio intelectual se había hundido".

Esta crisis afectó especialmente a Europa, empecinada la UE en aplicar inflexiblemente la receta de la austeridad y las reformas estructurales a cambio de rescates que generaron un gran sufrimiento y contestación social en los países del sur del bloque.

Y algunas publicaciones del FMI cuestionaron la sumisión a las recetas del "neoliberalismo": "En lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro" el desarrollo económico, decía un informe en 2016.

La crisis de 2008 y los años posteriores a esta provocan "una ruptura estructural" de este consenso dominante entre los analistas, explica Cherif en su trabajo para el FMI.

Se produce entonces, a partir de 2010, una proliferación de "múltiples narrativas" que define como "constelación de conceptos" donde ya no predomina un mensaje único.

Nos hallábamos, pues, ante un vacío de poder intelectual. Y mientras sucedía aquello de que lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, apareció en escena el economista francés Thomas Piketty.

Antes que él, economistas de prestigio como Joseph Stiglitz o Paul Krugman, entre otros, habían tratado de mantener a flote la narrativa keynesiana, pero la publicación de su libro "El capital en el siglo XXI" impactó por igual a una gran cantidad de académicos y al público.

Como si de una novela de aventuras se tratase y no de un sesudo tratado económico de 700 páginas, vendió más de 2,5 millones de ejemplares y puso en el centro de la diana el tema de la desigualdad y la intervención del Estado.

"Piketty ha transformado nuestro discurso económico. Nunca hablaremos de la riqueza y la desigualdad de la misma manera que antes", dijo Krugman.

En el centro del ring había un dato que abonaba su discurso: entre 1980 y 2015, el 1% más rico del mundo recibió una proporción dos veces mayor del crecimiento económico que el 50% de la población con menores ingresos, según el Informe de desigualdad global del World Inequality Lab.

Y ya no había crecimiento, sino las secuelas de una larga crisis.

Esta subida de las mareas saladas proveniente de Francia enseguida encendió las alertas entre los marineros de agua dulce.

Si el trabajo de Piketty "no es retado, se propagará entre los intelectuales y reconfigurará el paisaje político-económico en el que se librarán todas las futuras batallas de las ideas políticas. Ya hemos visto esta película", advirtió sin disimulo en un artículo de 2014 James Pethokoukis, consejero económico del Instituto de la Empresa de Estados Unidos, al poco de publicarse el libro.

La batalla, siempre la batalla.

Efectivamente, diferentes autores trataron de reaccionar y retar su trabajo, pero era tarde. La desigualdad era el tema estrella en los diarios económicos y ocupaba numerosos trabajos académicos.

Una ola de autores como Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Emmanuel Sáez o Gabriel Zucman comenzaron a recibir atención mediática con sus ideas para luchar contra la pobreza y la desigualdad, la apuesta por la regulación de los mercados, la participación del Estado en la economía o las subidas de impuestos y la lucha contra la evasión.

Incluso la economista Esther Duflo, quien fuera asesora del expresidente de EE.UU. Barack Obama, ganó el Nobel de Economía junto a otros autores por "su enfoque experimental para aliviar la pobreza global".

"Los investigadores progresistas aprenden la lección que dejó Friedman en los 70 y 80 ", explica Roy Cobby a BBC Mundo.

"Aprenden a construir redes, a no trabajar en solitario, surgen centros e iniciativas para trabajar en investigaciones que sirvan a la política".

"Y retan" -apunta- al consenso económico que "había alcanzado a partidos progresistas y liberales".

Ese era el ambiente de contestación a finales de diciembre de 2019, cuando comienzan a llegar noticias de algún caso aislado de un extraño virus en Wuhan (China central). Tres meses después, una pandemia global asola el mundo y provoca la segunda crisis histórica en una década.

Es hora de recomponer el mundo y los gobiernos necesitan consejo para un escenario desconocido e imprevisto. Y en este punto entra en el juego la vuelta de la política industrial en la agenda académica y política.

¿Vuelve la política industrial?

Cuando los investigadores del FMI revisaron los documentos académicos más recientes, encontraron algo inesperado.

Era una presencia nueva; antigua, en realidad. Una idea que se tenía por extinguida desde miles de páginas atrás. Como si en una excavación comenzara a respirar un dinosaurio.

Aquí y allá comenzaban a repetirse dos palabras juntas: política industrial.

"Es aún incipiente", afirman, "pero el debate en torno a la política industrial ha vuelto a resurgir" en la academia.

Una auténtica rareza: "La política industrial gozaba de mala reputación entre los responsables políticos y los académicos, y a menudo se considera el camino de la perdición para las economías en desarrollo", cuentan Cherif y Hasanov en sus análisis para el FMI que, sin embargo, la consideran una propuesta que puede ser valiosa en estos momentos.

Una buena muestra de esa fama es esta sentencia: "La mejor política industrial es la que no existe", dijo en los 90 Carlos Solchaga, un ministro de Industria español que pertenecía a la familia socialdemócrata.

Cuando tu adversario ideológico hace suyas tus ideas, puede ser una señal de que se están convirtiendo en el nuevo consenso.

Pero, como alertan los investigadores, algo está cambiando y dicha frase ya ha encontrado su camino de vuelta en labios de Emmanuel Macron, cuyo partido se inscribe entre los liberales europeos, en teoría poco proclives a inmiscuirse con el intervencionismo estatal.

"Hay bienes y servicios que deben estar más allá de las leyes del mercado (…). Debemos retomar el control, construir una Francia y una Europa soberanas", proclamó en un discurso el presidente francés tras estallar la crisis del coronavirus.

"Francia debe recuperar la independencia tecnológica, industrial y sanitaria", exhortó tras anunciar un plan de estímulo de 100.000 millones de euros, de los cuales dedicaría 15.000 millones para "la innovación y la relocalización industrial".

"Debemos reducir nuestra dependencia de grandes potencias como China", apuntó también su ministro de Finanzas.

Su viaje ha sido rápido: solo tres años antes, en una visita a una gran fábrica en Amiens (norte de Francia) cuyos obreros estaban en huelga porque iba ser trasladada a Polonia, el mandatario francés cogió un micrófono y aleccionó a los trabajadores: "la respuesta a lo que os ocurre no es suprimir la globalización ni cerrar las fronteras. Los que os dicen eso os mienten".

No es el único mandatario que vira hacia estas posiciones.

La Unión Europea ha manifestado su intención de "aumentar su autonomía y resiliencia" industrial, incluso creando "un marco de ayudas estatales que propicien la innovación".

La Cepal ha recalcado la "importancia de la política industrial para reconstruir" América Latina tras la pandemia de la covid-19.

Y el nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado un decreto para impulsar la industria nacional estadounidense.

¿Qué ha pasado? ¿Es la pandemia el único motivo en este revival?

"No, China es el gran elefante en la habitación", contesta Cobby.

"Desde la primera década del año 2000, China presenta un contraejemplo para el mundo: muestra unas cifras de crecimiento económico formidables y entra en mercados en los que Occidente no la esperaba. Pensaban que eternamente se circunscribiría a productos de bajo valor añadido, pero empieza a desarrollar tecnología y empresas nativas punteras gracias al apoyo público", analiza.

"Parece que con ese empleo del Estado de una forma más o menos agresiva, un país con niveles de pobreza extrema muy altos, consigue elevar el estatus de muchos de sus ciudadanos y, ¡no solo eso!, comienza a comprar empresas occidentales".

En su opinión esto ejerce una influencia en Occidente, que "además vive una inestabilidad política (Brexit y Trump, por ejemplo), que muchos relacionan con la retirada del Estado a la hora de proporcionar bienestar y desarrollo económico".

¿Cómo sería esta vuelta de la política industrial?

"Hay que entenderla de forma amplia", explica Cobby.

"No tiene porque ser solo al modo chino, tampoco se trata de nacionalizar por decreto ni centralizar la inversión o mantener sectores ineficientes, sino de pensar dónde puede ser más útil esa intervención estatal".

Y pone el ejemplo de la llegada del hombre a la Luna, donde el Estado puso a trabajar a multitud de sectores públicos y privados, que "implicaban elementos de computación, defensa, universidades, centros de investigación y otros que fueron alineados para conseguir un objetivo".

"A día de hoy los Estados pueden actuar de coordinadores para otros objetivos distintos, como la transición climática o el desarrollo tecnológico", precisa.

Y para ello las estrategias que menciona son variadas: se pueden crear empresas públicas, brindar apoyo al sector privado con recursos que no pueda obtener o incluso fomentar valores de sostenibilidad pidiéndolos como requisitos para poder contratar con la administración pública, entre otros.

Las opciones parecen diversas pero, sea como sea, antes de que estas u otras ideas se pongan en marcha en el mundo que deje la pandemia, habrá de librarse una batalla dialéctica previa.

Una en la que los economistas, una vez más, desenfundaran sus ecuaciones.

12 de febrero 2021

BBC News

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086

Los países pobres son baratos. En 2019, con un dólar se podía comprar más del doble en Argentina, Marruecos, Sudáfrica y Tailandia que en Estados Unidos; más de tres veces más en Vietnam, India y Ucrania, y más de cuatro veces más en Afganistán, Uzbekistán y Egipto. Si un país es barato, debería ser más competitivo y, así, poder alcanzar a las economías más ricas. En realidad, muchos países baratos están cada vez más rezagados.

A simple vista, el hecho de que los países pobres sean baratos es contra-intuitivo. Si los países pobres son mucho menos productivos, ¿las cosas allí no deberían costar más, ya que fabricarlas requiere más tiempo y esfuerzo?

Éste sería el caso si los salarios fueran los mismos en todos los países. Pero son mucho más bajos en los países pobres que en los ricos. Según la OCDE, los salarios anuales promedio en 2019 eran superiores a 60.000 dólares en Suiza y Estados Unidos; a 50.000 dólares en Australia, Dinamarca, Holanda y Alemania; a 40.000 dólares en Francia y Suecia; a 30.000 dólares en España, Corea del Sur, Italia y Polonia. Eran inferiores a 20.000 dólares en Grecia y Hungría, y a 10.000 dólares en México.

Esos diferenciales sugieren que existe un universo alternativo posible en el que los países altamente productivos paguen salarios más altos y los países poco productivos paguen salarios más bajos, de manera que todos los bienes y servicios cuesten lo mismo en todas partes. Tiene sentido, pero ése no es el mundo en el que vivimos: con un dólar se puede comprar más en un país pobre que en uno rico.

La explicación económica habitual para esto es que, si bien los países pobres pueden ser poco productivos en general, son particularmente improductivos a la hora de fabricar cosas que se comercian internacionalmente en relación con las que no. Ahora bien, ¿cómo puede explicar esto que los países pobres sean baratos?

Los precios de los bienes comercializables internacionalmente, como el café y los teléfonos celulares, tienden a ser similares en todos los países. Si el precio local es demasiado alto, el producto se puede importar. Y si el precio local es bajo, la gente puede ganar más dinero exportando el producto que vendiéndolo en el país.

Por el contrario, los llamados bienes no comercializables que sólo se pueden vender localmente, como los capuccinos, los servicios de telefonía móvil y los cortes de cabello, pueden tener precios muy diferentes en diferentes países. Esos bienes y servicios tienden a ser más baratos en los países más pobres, porque estas economías son relativamente menos improductivas en esos productos comparado con los productos comercializables.

Esto plantea el interrogante de por qué los países pobres son especialmente improductivos cuando se trata de producir cosas que se comercializan internacionalmente. La respuesta más persuasiva es que la productividad depende de la adopción y adaptación de tecnología, lo que requiere descubrir cómo hacerlo. Y el costo de esto sólo se puede recuperar durante un período de beneficios extraordinarios.

En el sector no comercializable, un pionero en la adopción de una nueva tecnología tendrá un monopolio hasta que surjan imitadores exitosos, lo que le da al pionero la posibilidad de fijar los precios para recuperar el costo de la innovación. Por el contrario, un pionero en un producto que se comercializa internacionalmente tendrá que competir desde el principio con empresas extranjeras que ya fabrican productos similares. Sin un período de algo de poder monopólico, es imposible recuperar los costos de innovación.

La tecnología es conocimiento que se puede utilizar para hacer cosas como producir alimentos, brindar entretenimiento o administrar justicia. Y cobra tres formas: conocimiento incorporado en herramientas; conocimiento codificado en fórmulas, algoritmos, recetas y manuales de procedimientos; y conocimiento tácito, o know-how, en los cerebros de equipos de seres humanos con capacidades complementarias, como los cirujanos y los anestesistas.

En principio, copiar conocimiento codificado no tiene costo y, a falta de derechos de propiedad, puede desplazarse por el mundo tan rápido como un email. De manera que ésta no debería ser la razón por la cual los países pobres no crecen aceleradamente.

Las herramientas, en cambio, suelen producirse en los países ricos, que incorporan el conocimiento en ellas, y representan más del 40% del comercio mundial de bienes. Como los países pobres son baratos, las máquinas importadas se ven como si fuesen mucho más caras: la misma máquina parece costar cuatro veces más a una empresa egipcia que a una suiza.

Asimismo, el know-how es esencial para implementar cualquier tecnología y la carencia de know-how implica que los costos de las máquinas, los materiales y la mano de obra fácilmente pueden desperdiciarse. Desafortunadamente, el know-how se traslada con enorme dificultad de un cerebro a otro. Es mucho más sencillo trasladar los cerebros directamente.

Desplazar cerebros es un poderoso mecanismo de difusión tecnológica, como ilustra la evidencia de la migración, las diásporas y hasta los viajes de negocios. Basta con mirar la creciente importancia de los llamados servicios de negocios intensivos en conocimiento (KIBS), ofrecidos por firmas como McKinsey & Company, Accenture, Halliburton o Schlumberger. Pero, nuevamente, cuanto más barato el país, más caros parecen estos servicios.

De modo que el hecho de que los países pobres sean baratos les dificulta la adquisición de la tecnología que necesitan para progresar. Como resultado de ello, siguen siendo pobres.

Ahora bien, quizás haya una manera de convertir el hecho de ser barato en una ventaja. Si los países pobres pudieran desarrollar las capacidades para exportar KIBS, sus empresas podrían ser globalmente competitivas a la vez que podrían ofrecerles a sus empleados un estándar de vida más alto, como lo han hecho compañías indias como Wipro y TCS.

Ser barato no es una panacea para los países más pobres. Todo lo contrario: puede trabar la puerta a la prosperidad haciendo que la tecnología, ya sea herramientas o know-how, resulte relativamente más costosa. Pero el ser barato puede dejar abiertas un par de ventanas en el tercer piso a través de las cuales los países más pobres podrían encontrar la manera de escalar.

1 de febrero 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/poor-countries-technology-p...

Si no tienes dónde reclamar ni nadie en quien confiar para obtener la justicia que mereces. Si el bolívar que ganas con tu trabajo se evapora en tu bolsillo. Si a policía te da tanto miedo o más que los hampones. Si cualquiera de esos casos es el tuyo, estimado lector, como el de la mayoría de los venezolanos, lo que pasa es que nos falta lo más elemental de una institucionalidad pública. De eso se tratan la democracia y el Estado de Derecho.

¿Sabes que la Defensoría del Pueblo existe para promover, defender y vigilar tus derechos y garantías? Lo dice el artículo 280 constitucional. Ahí deberías poder reclamar las amenazas contra los derechos humanos, “el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, como agua, luz, telefonía, salud y una larga y detallada lista de acciones en tu protección. ¿Puedes creerlo?

¿Sabes que hacer justicia compete a los tribunales? Veinte artículos constitucionales a partir del 253 hablan de eso. De la independencia e imparcialidad de los jueces, quienes ingresan a la carrera judicial por concursos que aseguren su idoneidad y excelencia. Los jueces son personalmente responsables por error, retardo u omisión injustificados, por incumplir sustancialmente las normas del debido proceso, así como por la denegación de justicia, parcialidad y demás delitos de cohecho y prevaricación en el desempeño de sus funciones. ¿Qué te parece?

¿Sabes que “el objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo d la unidad monetaria? Es lo que reza el artículo 318 de la Constitución.

¿Tiene eso que ver con tu vida? ¿Se habrán enterado de que en Venezuela no existe precio estable y que cuando preguntas cuánto es te responden en dólares o euros, pesos colombianos en el Zulia, los Andes o los Llanos occidentales o reais brasileños en el costado suroriental de la patria?

Si esos organismos públicos fueran, como deben ser, instituciones a tu servicio, otro gallo cantaría. No es que no habría problemas, siempre los habrá, pero éstos tendrían solución, podrían corregirse las fallas oportunamente y habría castigo para los infractores, independientemente de su poder, influencia o riqueza. Porque la igualdad ante la ley propia de las repúblicas, como decimos que es la nuestra, es el resultado de un esfuerzo personal y colectivo constante, apoyado por instituciones que no son perfectas, pero cuya vocación es servir, cumplir con aquella función para la que fueron creadas.

Lo que decimos de la defensa de los derechos humanos, la justicia y la inflación y la moneda, podríamos decirlo de muchos otros aspectos, casi todos, de la vida nacional. De tu vida.

Ese cambio de fondo, verdaderamente radical, nos hace falta. En una sociedad moderna que quiere vivir y progresar en paz, sin instituciones no hay vida.

06-02-21

El Impulso

https://www.elimpulso.com/2021/02/06/opinion-asi-no-hay-vida-6feb/