La crisis venezolana conducirá, eventualmente, a un significativo cambio político. El actual orden desaparecerá y un nuevo orden surgirá. Este cambio, como sucede con los procesos históricos, tendrá un carácter contingente y no dará forma, necesariamente, a un orden social determinado.

Es cierto que la mayoría de los venezolanos rechaza el conflicto político, el control económico o la corrupción e ineficiencia estatales, pero de ello no se deriva que esa mayoría coincida, automáticamente, en los principios que deberán sustentar un nuevo orden social. En realidad, una gama de posibilidades, que van desde la restauración de antiguas dinámicas políticas hasta la reinvención de nuestras instituciones, se abre ante los venezolanos. Cuál de ellas predominará dependerá de una «constelación» de factores: la manera en la que el régimen socialista acabe, las decisiones que los agentes transformadores adopten, la nueva estructura de poder que se conforme, la influencia que la movilización social y la opinión pública alcancen, entre otros (Urbaneja, 2018). En esta encrucijada histórica tendrán especial relevancia las ideas que, sobre la economía y la política, posean quienes deban adoptar decisiones en los altos niveles del Estado y de la sociedad.

En este breve ensayo presento un esquema conceptual y un conjunto de ideas que, tal vez, sean de utilidad en el debate que, sobre un nuevo orden social, los venezolanos debemos sostener. Al estar inmersos en la lucha por recuperar la libertad y la democracia, ese debate ha tenido poca relevancia. Podría argumentarse que tal hecho resulta conveniente pues una prematura discusión pública sobre la forma del porvenir haría aflorar, desde ahora, antagonismos entre sectores que hoy están alineados frente a la tiranía socialista.

Pienso, por el contrario, que hay que dedicar tiempo, en el exigente presente que hoy vivimos, a debatir sobre los principios ordenadores de la sociedad que tendremos que reconstruir. De no ser así podrá ocurrir que, ante el previsible fin del orden socialista, actores que debaten poco pero que actúan resuelta y estratégicamente vayan tomando control de procesos decisorios clave y acaben así configurando un orden social alejado de las esperanzas de libertad, bienestar y justicia que muchos hoy tenemos. No sería la primera vez que, en la historia latinoamericana, algo así aconteciese.

I

Sobre instituciones

Las instituciones son, de acuerdo a una concepción ampliamente compartida, las reglas que limitan ciertas conductas y promueven o habilitan otras. Las instituciones se manifiestan así en patrones estables y predecibles de comportamiento, simplificándonos la realidad en la que debemos actuar y disminuyéndonos a todos el costo asociado a la incertidumbre en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas. Sin instituciones, entendidas de esta manera, una sociedad humana es simplemente imposible.

La presencia de las instituciones en cualquier sociedad es amplia y diversa. Pueden tener una expresión formal, como una ley o una política pública, pero también pueden manifestarse de manera informal en numerosas normas sociales. El conjunto de instituciones que existe en una sociedad, en un momento dado, es en realidad un complejo producto histórico y está lejos de conformar un sistema coherente. Las instituciones de una sociedad se solapan entre sí, se refuerzan mutuamente, compiten entre ellas, se contradicen. Decía Tocqueville, por ejemplo, que «las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres; las costumbres forman el único poder resistente y duradero del pueblo» (Gomá, 2016). Por esta y otras razones no es sino arrogancia suponer que un grupo pueda construir un orden institucional perfectamente funcional.

Algunas instituciones pueden favorecer el interés general (varios autores las denominan «inclusivas», aunque quizás baste con calificarlas como justas). Otras instituciones, por el contrario, benefician a algunos sectores en perjuicio de otros y se les ha dado en llamar instituciones «extractivas» (Acemoglu y Robinson, 2012). Estas últimas son denominadas así en alusión a la conducta orientada a extraer rentas, esto es, beneficios particulares derivados de la capacidad para influir en centros decisorios estatales. Me parece mejor, sin embargo, hablar de instituciones «excluyentes» como concepto general y considerar a las instituciones «extractivas» como la expresión de aquéllas en la dinámica económica.

En el ámbito económico el respeto a los derechos de propiedad, la libertad de contratos o la promoción de la competencia, por ejemplo, son instituciones «inclusivas» que no solo protegen la libertad individual sino que, además, han demostrado su capacidad para incentivar las conductas que explican el desarrollo, es decir, el emprendimiento, la productividad, la innovación. En ese mismo ámbito son reglas «excluyentes» las políticas proteccionistas, los privilegios fiscales o la creación de monopolios, reglas que benefician a determinados grupos o sectores y perjudican, directa o indirectamente, al resto de los ciudadanos. En la esfera política, de modo equivalente, los derechos al voto, a la participación o a ser electos a cargos de representación pública son instituciones «inclusivas» mientras el voto censitario, las limitaciones a la libertad de expresión o ciertas formas de cabildeo son instituciones «excluyentes».

En términos muy esquemáticos podemos caracterizar a los sistemas políticos y económicos con base en el predominio en ellos de instituciones «inclusivas» o «excluyentes». Así, la democracia es un sistema político basado en instituciones «inclusivas» y el autoritarismo un sistema político constituido por instituciones «excluyentes». De modo semejante, una economía competitiva o la competencia, a secas, es un sistema económico que opera en el marco de instituciones «inclusivas» mientras el rentismo lo hace en el de instituciones «excluyentes».

II

Cuatro modelos «puros»

Para fines analíticos resulta interesante, a partir de las nociones presentadas, imaginar cuatro órdenes económico-políticos «puros»:

1. La coexistencia de un sistema político plural y una economía basada en la competencia son dos de los rasgos que definirían, por ejemplo, a la economía social de mercado (Casanova, 2016).

2. El pluralismo, asociado a una dinámica en la cual el poder político y el poder económico, en búsqueda de beneficios grupales, se potencian mutuamente, caracterizaría a una democracia rentista (modelo que se correspondería, en parte, con el hoy llamado «crony» capitalism).

3. El autoritarismo orientado a garantizar la existencia de una economía de mercado libre y competitivo daría forma a una suerte de «liberalismo» autoritario. Vale advertir que las comillas son importantes pues el liberalismo, en un sentido amplio, incluye las libertades políticas.

4. El autoritarismo y un Estado intervencionista constituirían las bases de regímenes patrimonialistas, un tipo de orden que tendría en el socialismo burocrático y dictatorial una de sus manifestaciones extremas.

Hay buenos argumentos para afirmar que, teóricamente, dos de estos órdenes tienden a ser estables y otros dos, no (Acemoglu y Robinson, 2012). El pluralismo, en la medida en que dificulta la concentración del poder político, obstaculiza también que éste sea utilizado por los actores económicos para eludir la competencia mediante el logro de privilegios; visto de otro modo: la competencia impide la concentración del poder económico y disminuye el riesgo de que grupos de interés influyan en el proceso político. En tal sentido, la economía social de mercado supone el mutuo reforzamiento entre competencia y pluralismo y la activación de un «círculo virtuoso» de desarrollo. Tal modelo es doblemente opuesto al patrimonialismo.

En efecto, la concentración del poder político y su ejercicio autoritario por parte de una élite le permite a ésta influir en el proceso económico y otorgarse a sí misma ⎯y a grupos aliados⎯ privilegios generadores de rentas; la concentración de poder económico que esta dinámica supone hace más fuerte la posición de la élite que ejerce el poder político. Estamos así ante un régimen patrimonialista en el cual quienes detentan el poder no sólo utilizan activos bajo su mando en su favor sino también las instituciones y políticas públicas que puedan crear. Autoritarismo y rentismo se potencian uno al otro, generando un «círculo vicioso» de atraso y corrupción.

Los otros dos modelos resultan incoherentes en algún sentido y, por tanto, tienden a evolucionar hacia alguna de las dos formas estables descritas. En la democracia rentista el pluralismo político hace difícil que sólo unos pocos grupos consigan sesgar a su favor las instituciones y las políticas públicas, sin desencadenar reacciones negativas por parte de otros grupos o de la ciudadanía en general. Esta situación se resuelve bien sea por el avance hacia la competencia (lo cual lleva al sistema hacia la economía social de mercado) o por la pérdida del pluralismo (empujando al régimen hacia el patrimonialismo). La inestabilidad de la democracia rentista podría atenuarse durante algún tiempo si ocurriese, como en el caso venezolano, que la abundancia de recursos fiscales provenientes de una fuente diferente a los impuestos permitiese la democratización, por así decirlo, de la captura de renta.

En el caso del liberalismo autoritario, la concentración del poder político genera fuertes incentivos para alterar la dinámica de la competencia en favor de algunos grupos poderosos. La estabilización de este orden pasa por su evolución hacia un esquema pluralista (esto es, mutando hacia una economía social de mercado) o, alternativamente, hacia la destrucción de la competencia (lo que implica su transformación en un régimen patrimonialista).

Se trata, insisto, de una clasificación conceptual muy simple. Aunque puede ser útil como herramienta heurística, generadora de conjeturas razonables para explicar situaciones reales. En la práctica, lo más probable es que nos encontremos con casos híbridos, en los cuales algunos o todos los modelos están presentes en diversos grados, interactuando de distintas formas.

No está demás decir que este ensayo es un alegato en favor de una economía social de mercado, basada en la competencia y el pluralismo. Este es un modelo que, en mi opinión, lograría enrumbarnos hacia el desarrollo integral, con libertad e inclusión social. Sobre ello he escrito en otras ocasiones, por ejemplo: «Una visión de centro para la reconstrucción».

III

El desafío de la reconstrucción

La reconstrucción de la sociedad venezolana será compleja. El colapso del sistema económico, la destrucción de las instituciones democráticas y liberales, las apremiantes demandas sociales, la persistencia de ciertos modelos mentales, el reacomodo en las estructuras de poder y de las relaciones internacionales, entre otros factores, conformarán un enmarañado marco para el proceso decisorio. La creación de un orden institucional capaz de garantizar la libertad, el bienestar y la justicia será un gran desafío a la inteligencia colectiva de los venezolanos.

Una parte importante de los problemas a resolver es evidente, en un sentido general. Se trata de reconstruir instituciones que cualquier sociedad moderna da hoy por sentadas, como también lo hacía la venezolana hasta hace dos décadas. Entre ellas, el Estado de derecho como sistema de reglas, el sistema electoral, la administración de justicia, el monopolio estatal del uso de la fuerza, la autonomía del Banco Central o la unidad del Tesoro. En estos asuntos contamos con una Constitución que, a pesar de los cuestionamientos que puedan hacérsele, define los parámetros básicos para esta parte de la tarea reconstructora.

Pero esa tarea abarca muchos otros temas. Los Poderes Públicos, en particular el Ejecutivo Nacional, deberán responder a una formidable cantidad y variedad de problemas. Un listado incompleto pero ilustrativo de tales problemas incluye: el levantamiento de controles de todo tipo, la concreción de un nuevo paradigma de política social, el diseño de adecuadas políticas industrial y agrícola, la creación de una moderna regulación para el sistema financiero, el desarrollo de eficaces políticas educativas y de salud, la implementación de un sistema sostenible de seguridad social, la ejecución de planes para recuperar y mejorar las infraestructuras, la privatización de numerosas empresas estatales, la definición de una política tributaria justa, la renegociación de la deuda externa y la reinvención de la Administración Pública. En todos estos asuntos deberán diseñarse reglas frente a las cuales la Constitución, por su propia naturaleza, solo puede ofrecer lineamientos generales.

Es alto el riesgo de que en la toma de decisiones se incurra en desviaciones que, incluso sin proponérselo los agentes sociales, conduzcan a la restauración del modelo democrático rentista. Las altas expectativas de diversos sectores con respecto a la rápida mejora de sus condiciones de vida serán una fuente constante de presión sobre los decisores, obligándoles a conciliar posiciones y establecer prioridades en un incierto manejo de intereses y tiempos. Si a ello se agrega que los restos del régimen revolucionario configurarán, seguramente, una oposición desleal, el contexto de acción del gobierno de reconstrucción se entrevé aún más complicado.

No sería sorprendente, entonces, que, ante la necesidad de alcanzar éxitos tempranos, predomine una perspectiva cortoplacista. No sería raro tampoco que uno de los vicios del presidencialismo, la discrecionalidad ejecutiva, se intensifique en un contexto en el cual el análisis y la concertación impondrían lapsos que los decisores considerarían inmanejables. En este entorno es previsible, además, la aparición de nuevos centros extra-institucionales de poder y el desarrollo, por parte de diversos grupos, de estrategias de cabildeo para defender y promover sus intereses. De hecho, es probable que eso ya esté sucediendo. Debe tomarse nota, como referencia, que estos fenómenos ⎯cortoplacismo, discrecionalidad, «decretismo»⎯ estuvieron presentes, por razones semejantes a las mencionadas, en varias experiencias poscomunistas, a fines del siglo pasado. Aprender de ellas es fundamental.

La reconstrucción requiere contar con ciertos principios, reglas y mecanismos capaces de: crear una estrategia de desarrollo y adecuados planes de acción, minimizar los riesgos de una nueva captura del Estado, garantizar la transparencia y la participación democráticas y promover el necesario aprendizaje social sobre la experiencia vivida. Al respecto, la noción de gobernanza puede resultar útil.

IV

La gobernanza de la reconstrucción

La noción de gobernanza ha sido utilizada de diversas formas por distintos autores. Aquí la entenderé como el «arte» de concertar y respetar principios, reglas y mecanismos que sirvan para que gobiernos, sociedad civil, empresa privada y ciudadanos en general puedan tomar decisiones sobre asuntos públicos clave, de manera democrática, transparente y responsable. En este sentido, la gobernanza de la reconstrucción deberá incluir, al menos: a) la definición de los principios y reglas a seguir en la creación del nuevo orden institucional; b) el diseño de una estrategia nacional de desarrollo, y c) la creación de un sistema de diálogo democrático.

Entro ahora, para finalizar, en terreno propiamente normativo, proponiendo algunas ideas para conformar la gobernanza de la reconstrucción venezolana.

1. Principios ordenadores

Un nuevo orden social debe tener como uno de sus principios cardinales el logro y mantenimiento del apoyo popular a un genuino sistema de libertades. Sostengo que tal sistema de libertades tiene que ser popular o no será.

En consonancia con ese principio, la regla general que debe guiar la toma de decisiones debe consistir en crear, en todos los casos posibles, oportunidades para todos sin conceder privilegios a nadie. Ello significa, fundamentalmente, depurar nuestro sistema jurídico para garantizar la existencia de leyes auténticas –generales y abstractas– y la supresión de leyes espurias, meros instrumentos al servicio de grupos o sectores específicos.

2. Estrategia nacional de desarrollo

La reconstrucción venezolana requerirá el diseño y ejecución de planes en diferentes esferas y planos. Estos planes tienen que ser concebidos como expresiones de una estrategia de desarrollo más amplia, que defina las grandes metas y los ejes de acción de la transformación que la nación deberá experimentar. Esa estrategia, en conjunto con los principios y reglas antes comentados, permitirá evaluar la pertinencia de los diferentes planes particulares así como sus procesos de ejecución.

El llamado Plan País, dado a conocer hace unos meses, es un significativo avance pues supone el acuerdo entre especialistas y políticos con respecto a un conjunto de medidas y políticas para enfrentar la emergencia humanitaria, estabilizar la economía y comenzar algunos cambios estructurales (Asamblea Nacional, 2019). La ampliación y profundización de ese plan continúa, pero está pendiente, sin embargo, el diseño de la referida estrategia de desarrollo. Esa estrategia no puede ser la simple sumatoria de los numerosos planes particulares, si se quieren evitar la incoherencia del proceso de reconstrucción y la generación de resquicios a través de los cuales diferentes grupos de intereses puedan penetrarlo.

3. Sistema de diálogo democrático

El logro de un gran acuerdo político y social en torno a los principios del nuevo orden y a la estrategia de desarrollo será imprescindible. Dicho acuerdo, en consonancia con el sistema de libertades que se aspira a crear, deberá basarse en un diálogo capaz de convocar a la mayor parte de los sectores del país. Aquí sólo me referiré, brevemente, a cuatro iniciativas para materializar dicho diálogo:

1. Crear, considerando la experiencia de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) y otras iniciativas internacionales, la Comisión Nacional para la Reconstrucción Venezolana. Tal organización se dedicaría a estudiar, proponer y concertar proyectos de gran alcance y estaría integrada por un grupo plural de prestigiosos venezolanos.

2. Desarrollar los mecanismos digitales para organizar el debate público en torno a proyectos de leyes y propuestas de políticas públicas y, de resultar aprobadas, para evaluar su desempeño.

3. Convocar a Asambleas de Ciudadanos para debatir sobre cada proyecto de ley o propuesta de política pública; estas Asambleas estarían conformadas por, digamos, cien ciudadanos seleccionados al azar del Registro Electoral Permanente y sesionarían durante varios días con el debido apoyo financiero y técnico. Estas instancias no tendrían, desde luego, carácter vinculante, pero serían un mecanismo para hacer transparente y para validar importantes decisiones estatales.

4. Solicitar regularmente a centros de investigación y organizaciones civiles, evaluaciones económicas, sociales y jurídicas de proyectos de leyes y de propuestas de políticas públicas.

V

Una sociedad inteligente

Estos planteamientos, pienso, podrían ser compartidos por diversos actores políticos moderados, ubicados a lo largo del espectro doctrinario. En este sentido, el nuevo orden social implicaría la reconstrucción del centro político, es decir, esa «zona» de valores y principios compartidos por los actores políticos y sociales relevantes.

Nuestro reto es crear una sociedad inteligente, una sociedad capaz de comprender sus problemas, evaluar sus opciones y decidir colectivamente por la mejor de ellas. Es vital entender que la reconstrucción abrirá para Venezuela una oportunidad histórica. Podría ser un tiempo de cambios profundos y benéficos, impulsados por la esperanza y el esfuerzo de muchos venezolanos, dentro y fuera del país, apoyados por ciudadanos de otros lugares «compelidos a participar de esa extraordinaria experiencia del siglo XXI que puede ser la reconstrucción de Venezuela» (Torres, 2019).

El saldo de esos años de movilización creadora podría ser, entonces, un nuevo orden institucional dentro del cual los venezolanos podamos, libre y responsablemente, desarrollar nuestras capacidades para vivir de acuerdo con nuestros particulares proyectos de vida.

Bibliografía

Acemoglu, Daron and James Robinson. Why nations fail: the origins of power, prosperity and power. New York, USA: Crown Publishing Group, 2012.

Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo político para rescatar a Venezuela del colapso económico [en línea] Punto de Corte, 31 de enero de 2019. Disponible en: http://puntodecorte.com/tag/acuerdo-politico-para-rescatar-a-venezuela-del-colapso-economico/ [Consulta: 10/04/19]

Casanova, Roberto. Libertad, emprendimiento y solidaridad. 10 lecciones sobre economía social de mercado. Madrid, España: Unión Editorial, 2017.

Elster, Jon; Claus Offe, and Ulrich K. Preuss. Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.

Gomá L., Javier. Libre y con compromiso [en línea] El País, 22 de febrero de 2016. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/02/19/opinion/1455892924_603940.html [Consulta: 12/05/19]

Hayek, Friedrich. Derecho, legislación y libertad (volumen 1). Madrid, España: Unión Editorial, 1985.

Tang, Shiping. A general theory of institutional change. New York: USA, Routledge, 2011.

Torres, Gerver. El andamiaje emocional de la reconstrucción [en línea] Prodavinci, 23 de marzo de 2019. Disponible en: https://prodavinci.com/el-andamiaje-emocional-de-la-reconstruccion/ [Consulta: 11/04/19]

Urbaneja, Diego Bautista. “Para una historia de la toma de decisiones en Venezuela”. En: Fernando Spirito (coord.), Decisiones de Gobierno en Venezuela: apuntes para su comprensión histórica y de políticas públicas. Caracas, Venezuela: Editorial Alfa, 2018, pp. 45-63.

https://prodavinci.com/las-reglas-de-la-reconstruccion/

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, aunada a las señales de advertencia de una posible desaceleración de la economía mundial, han aumentado considerablemente las posibilidades de que el mundo entre en una recesión. Si bien casi todos los países se verán afectados, la prolongada debilidad económica y la fragilidad de sus instituciones políticas significan que una posible crisis golpeará de manera desproporcionada a América Latina.

Las economías más grandes del mundo deben trabajar juntas para coordinar políticas antes de que estalle la tormenta. El conflicto entre Donald Trump y China debe resolverse, olvidarse o posponerse para evitar acentuar innecesariamente una crisis.

Esto es lo que enfrenta la región.

La economía venezolana se derrumbó mucho antes de que aparecieran las señales de alarma de una posible recesión en Estados Unidos, pero el descenso en los precios del petróleo puede empeorar la situación. Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país. Esa cifra podría aumentar a seis millones si las condiciones económicas empeoran.

Una crisis internacional también podría agravar la crisis económica actual de Argentina y conducir a otra moratoria, como en 2001. La inflación se ha disparado al 54 por ciento, las tasas de interés son aún más elevadas y el peso se ha depreciado un 30 por ciento desde que las elecciones primarias del mes pasado casi han garantizado la victoria de la fórmula peronista en las elecciones presidenciales de octubre. El precio de la soya —su principal producto de exportación— ha bajado a la mitad de su nivel máximo de mediados de 2012. El apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los mercados puede resultar mucho más complicado de asegurar en ese escenario.

Los países del Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, Honduras y El Salvador—, siguen asolados por la violencia, la inestabilidad política, la corrupción y la debilidad institucional. Su modesto crecimiento económico depende en gran medida de las exportaciones de productos básicos y las remesas de las personas que migran a Estados Unidos. Aunada a las deportaciones y las políticas migratorias chovinistas e inhumanas del presidente Trump, una recesión en Estados Unidos implicaría despidos, regresos forzados y una caída en las remesas. A su vez, esto podría traducirse en un aumento de la migración y la violencia.

Brasil y México completan este cuento sobre penurias económicas que podrían verse exacerbadas por una recesión económica y afectar la estabilidad política. Los nuevos presidentes de los dos países son polos opuestos en cuanto a su ideología, pero curiosamente se parecen en su radical falta de respeto a la verdad y a las instituciones.

Brasil no se ha recuperado desde la recesión que se alargó de 2016 a 2018. El FMI le pronostica menos de un uno por ciento de crecimiento para este año. La desaceleración de China, el mayor socio comercial del país, afectará significativamente el desempeño de Brasil. El país ha destituido a dos presidentes en los últimos treinta años, encarcelado a un expresidente y actualmente se encuentra investigando a otro más. Las adversidades políticas que Brasil ha experimentado en los últimos años y la antipatía del presidente Jair Bolsonaro hacia las instituciones democráticas y el Estado de derecho podrían generar graves problemas políticos.

El presidente brasileño ha optado por pelearse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Grupo de los Siete (G7) —la reunión de las siete economías más grandes del mundo— y la comunidad internacional por los incendios que están devastando a la Amazonía, su gobierno está sumido en escándalos y su popularidad se ha desplomado. No es todo, las instituciones democráticas están amenazadas: el hijo de Bolsonaro, Carlos, declaró la semana pasada que los cambios que Brasil necesita no pueden lograrse por la vía democrática. Una recesión mundial podría causar estragos en la frágil democracia del país.

México, por su parte, está tambaleándose al borde de una recesión —el crecimiento fue nulo durante el primer semestre del año— y es el país que más afectado se vería por los problemas económicos que pueda enfrentar Estados Unidos. Al igual que el mandatario brasileño, el presidente Andrés Manuel López Obrador no respeta las instituciones y tiene una vena autoritaria.

Pero, a diferencia de Bolsonaro, López Obrador sigue siendo bastante popular y está implementando programas sociales ambiciosos que podrían beneficiar su posición en las encuestas, a pesar de la incompetencia de su gobierno y su mal desempeño. Es muy probable que una recesión en Estados Unidos provoque que estos programas fracasen, pues dependen del aumento de los ingresos gubernamentales, que únicamente pueden obtenerse del crecimiento económico y del aumento de los precios del petróleo. No es probable que suceda ninguna de esas dos cosas.

Una encuesta de 2018 de Gallup mostró que una tercera parte de todos los latinoamericanos emigrarían si se les diera la opción, el porcentaje más alto en años y el más elevado en el mundo. El crecimiento económico endeble, la pobreza y la desigualdad, la inestabilidad política, la delincuencia y la violencia son problemas endémicos en casi todas las naciones al sur del río Bravo. Además, a excepción de un breve periodo entre 2006 y 2013 —sin considerar la Gran Recesión de 2009—, América Latina siempre ha estado plagada por la delincuencia y el lento crecimiento económico.

Sin embargo, una crisis económica mundial en estos momentos empeoraría la situación. La recesión de 2009 afectó a la región después de unos años de fuerte crecimiento impulsado por las materias primas, lo cual permitió que las políticas sociales eficaces contaran con un financiamiento responsable. La violencia, aunque mayor que en otros lugares, estaba relativamente bajo control. La corrupción era generalizada, mas no tan evidente como lo es ahora. La región salió en gran medida ilesa de esa recesión. Las circunstancias actuales son muy diferentes.

El G7 debe implementar esfuerzos para aminorar las consecuencias de una posible crisis y, en caso de que sea inevitable, asegurarse de que sea breve. No hay mucha flexibilidad en lo que respecta a la política monetaria; a excepción de Estados Unidos, las tasas de interés no pueden disminuirse más, y hasta en Washington el margen de maniobra es limitado. En el ámbito fiscal, tal vez haya más posibilidad de aplicar estrategias contracíclicas, aunque el miedo y los prejuicios ideológicos suelen obstaculizar estas medidas.

América Latina no es la única que está en problemas. Europa tiene el brexit, Xi Jinping tiene a Hong Kong y Estados Unidos tiene a Trump. No obstante, las políticas siempre son posibles, aunque sea solo marginalmente. El hecho más importante que los gobernantes de los países ricos deben tener en cuenta es que, aunque las instituciones de sus países pueden resistir un nuevo embate de una crisis económica, no todos los países están en la misma situación. Hay motivos políticos de peso para elegir las políticas económicas correctas.

NYTimes

https://www.nytimes.com/es/2019/09/17/espanol/opinion/castaneda-crisis-e...

El pánico del régimen -casi locura- montó un circo en la Casa Amarilla con consecuencias políticas internacionales y nacionales que pudieran acelerar el fin del madurismo militarista. Por ignaros, esta tiranía confunde la política con la propaganda y la desinformación, desestimando al ciudadano-demócrata venezolano que el lunes 16 en la mañana antes de la trampa en la Casa Amarilla, pronunció el más claro mensaje al régimen criminal, cuando ante los representantes del Magisterio, maestros y profesores, llamaron a ¡Huelga general Ya! Ese mandato espontáneo salido del corazón del Magisterio es la expresión ciudadana más asertiva después de esperar la definición de una Transición Política que no ha sabido ejecutar quien es responsable de cumplir con la Ley del Estatuto.

El pánico del régimen muestra que ya no es más poder y la ineptitud de los operadores partidistas -distantes de la ejecución de la Transición Política-, han creado después del burdo y falaz evento comunicacional de la trampa de la Casa Amarilla, la posibilidad que comience el ciudadano a comprender la ejecución de su iniciativa como poder ciudadano.

Poder ciudadano para activar y crecer como ¡Huelga General Ya! ¡Huelga General Ya! apartando al régimen y sus acólitos cobardes y comprados y a los ineptos partidistas que desde el 5 de enero del año en curso no han podido ejecutar las acciones políticas consecuentes con el Ambiente Político Real Violento.

El régimen madurista militarista y sus acólitos comprados -que no representan a nadie y menos a nadie en política- han dejado al descubierto su desprecio por la ética y sí un compromiso oportunista con un régimen de arbitrarios y ladrones aturdidos que se muestran en franca retirada. Después del grito ¡Huelga General Ya! del lunes por la mañana por parte de los educadores, en el acto-trampa de la Casa Amarilla, lo del lunes en la noche muestra que esos actores no representan a nadie y mucho menos a la oposición democrática…que son el 87% de los venezolanos demócratas y que esos actores sí son los mercenarios indeseables y despreciables de la politiquería revolucionaria.

El acto de la Casa Amarilla muestra en realidad un Ambiente Político Real Confuso, obsceno y dudoso como lo son todos sus participantes, bien conocidos en las cloacas politiqueras del partidismo y oportunismo. Son parte de la escoria política que ha producido lo peor de la partidocracia y de esta desgracia y vergüenza del golpismo militarista ideologizado, donde los galones sirven para robar más y arrastrarse por prebendas: léase, hombres armados, simples mercenarios que responden a mafias diferenciadas.

Esas mafias que desde el lunes en la noche en la Casa Amarilla cantan victoria, están de espalda a la Miseria Exponencial y a la Calamidad Política Social que hoy arropa a los venezolanos, están de espalda a la economía dolarizada que bloquea el derecho elemental a la alimentación de los venezolanos. Esas mafias no podrán modificar la economía, ni el gobierno, ni las necesidades fundamentales de los servicios y ya el ciudadano centro y foco de un sistema fracturado esta en cuenta, que se requiere un cambio por la vía de la Huelga General. Huelga General que dará paso a la Transición Política para reconstruir con mucho esfuerzo la República y la democracia.

Las mafias de la Trampa de la Casa Amarilla y sus acompañantes han aumentado la inestabilidad con su hecho y su maniobra artera y simplista, la confusión es mayor y la indignación del venezolano es extrema. El hecho de la Casa Amarilla con la cual el régimen creía que desviaría la realidad dolorosa del país, ha creado una reacción general y mayor sobre sus actores .Se volvieron a equivocar, no saben o no pueden leer al ciudadano venezolano, no reconocen la gran masa estudiantil y profesoral y sobre todo… a los trabajadores y los más pobres que están convencidos que Venezuela tiene derecho a la democracia y no merece esta maniobra fétida y simplista.

El régimen ha quedado retratado como un grupo cobarde, incierto e incapaz, que ha maniobrado equivocadamente y no entiende la importancia de la geopolítica, mucho menos de la política doméstica, y no puede entender lo que se entiende por Estudios Estratégicos. Siguen confundiendo fuerza con poder y política con la invasión perversa comunicacional mostrando su torpeza y politiquería que desde el amanecer del lunes 16, había sido sacudida por ciudadanos maestros y profesores responsables y representación del gentilicio venezolano que habían decretado desde el Centro de Caracas :¡La Huelga General Ya!. El mensaje fue claro, cierto y determinante para los comediantes de la Casa Amarilla y para el responsable de ejecutar la Ley del Estatuto que no la ha entendido o no ha sido capaz de desarrollarla para ejecutar la Transición Política en Venezuela.

Es auténtico,

Director de CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 20 de septiembre de 2019

El que la Asamblea Nacional aprobara continuar en la ruta política y que Juan Guaidó siga siendo el Presidente encargado hasta que ocurra el cese de la usurpación, denota una clara intención de la voluntad política unánime de los miembros del parlamento en dejar sentado que la crisis venezolana no se superará hasta tanto Maduro no salga del poder.

Esto no es un capricho, ni mucho menos una veleidad política, es una decisión basada en un razonamiento que entiende que las causas de la crisis humanitaria, económica y social, están enraizadas en un modelo político perverso que destruye todo lo que hacía viable a nuestro país para imponer un esquema societario que ha fracasado en todos los países que intentaron imponerlo.

En una primera etapa, la paz y la reconstrucción de Venezuela pasan por la constitución de un gobierno de transición lo más amplio posible, que prepare las condiciones necesarias para realizar, oportunamente, elecciones libres que permitan la designación de un gabinete, conforme a lo establecido en nuestra carta magna, que rija por 6 años los destinos del país.

Ese gobierno interino, además de asegurar que esas elecciones cumplan con todos los requisitos exigidos por las leyes, tendrá que adoptar medidas de urgencia para aliviar y resolver la crisis humanitaria, asegurar la aprobación, por parte de la AN, de las leyes requeridas para que puedan fluir los recursos financieros y las inversiones requeridas para iniciar el proceso de reconstrucción y enfrentar la desmembración del país que está ocurriendo por la presencia y actividades delictivas llevadas a cabo por las FARC, el ELN y diversas bandas delincuenciales, que pululan por diversos lugares de la geografía nacional.

Lamentablemente, todo eso sería imposible de continuar la situación actual. Por ello es indispensable que todos aquellos que crean que la democracia es el régimen político que el país necesita, deben obligatoriamente unirse y apoyar la lucha que lleva a cabo la Asamblea Nacional y el Presidente encargado Juan Guaidó.

Editorial

20 septiembre, 2019

https://www.analitica.com/el-editorial/el-cese-de-la-usurpacion-no-es-un...

Venezuela ha vivido un proceso de desmantelamiento institucional desde la llegada de la revolución bolivariana que inició en 1999, tras el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías en las elecciones de diciembre de 1998. Esta política se ha reeditado con la sucesión de Nicolás Maduro Moros, a partir de 2013, y se ha caracterizado por la construcción de una estructura política, económica, jurídica, social y cultural, de forma paralela a la constitucional para gobernar sin ningún tipo de control e instalar un régimen político cada vez más autoritario.

Así lo demuestra Acceso a la Justicia en su nueva investigación La toma del poder absoluto en Venezuela, que explica cómo desde el inicio del chavismo se eludieron los procedimientos y pasos exigidos por el Estado de derecho para lograr determinados objetivos políticos y ello, paulatinamente, condujo a la pérdida de la legalidad, la justicia y la democracia.

Particularmente desde 2007, con la propuesta de reforma constitucional del difunto presidente Hugo Chávez Frías, a pesar de haber sido rechazada por el pueblo mediante referéndum, el chavismo articuló una ideología que ha tenido una tendencia hegemónica de control del poder y de la sociedad bajo un modelo de Estado socialista, centralizado, policial y militarista.

No es casual que durante todo su mandato, desde 1999 hasta 2012, Chávez Frías gobernara prácticamente sin la Asamblea Nacional (AN), a pesar de estar controlada por su partido, debido, entre otras razones, a que este órgano le delegó su función legislativa mediante cuatro leyes habilitantes.

La primera de dichas leyes se dio en 1999 (Gaceta Oficial n.° 36.687 del 26 de abril de 1999) por un lapso de seis meses. La primera ley habilitante dictada bajo la Constitución de 1999, cuya vigencia duró doce meses, data del año 2000 (Gaceta Oficial n.° 37.076 del 13 de noviembre de 2000). Por su parte, las habilitantes de 2007 (Gaceta Oficial n.° 38.617 de 1 de febrero de 2007) y 2010 (Gaceta Oficial n.° 6.009 Extraordinario de 17 de diciembre de 2010) fueron aprobadas por dieciocho meses cada una.

Acceso a la Justicia destaca que en la exposición de motivos del primer proyecto de ley habilitante se hacía énfasis en la necesidad y urgencia de dotar al presidente de poderes legislativos para profundizar el proceso de reestructuración de las instituciones y de transformación social, así como la construcción del Estado social de derecho y de justicia consagrado en la Constitución. Sin embargo, esto último fue una fachada, porque también se precisaba que, en el ámbito económico y social el objetivo era “transformar el paradigma económico capitalista actualmente hegemónico”, algo que, debemos enfatizar, no está en la Constitución.

Es importante explicar que la diferencia de la ley habilitante entre la Constitución de 1961 y la de 1999 es que mientras en la primera la habilitación estaba limitada a la materia económico financiera, en la segunda no hay limitación en ese sentido. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó las impugnaciones de la sociedad civil en los casos de leyes habilitantes muy amplias o violatorias de la reserva legal.

Otro elemento que legitimó el TSJ es que, si bien las leyes habilitantes se aprueban con una mayoría calificada de 3/5 partes del parlamento, el máximo tribunal indicó que por medio de ellas el Poder Ejecutivo podía dictar leyes orgánicas, que en cambio requieren una mayoría calificada de 2/3 partes, es decir, un porcentaje mayor al exigido para las leyes habilitantes, lo que constituye un claro fraude a la Constitución.

233 decretos leyes

Las leyes habilitantes permitieron a Hugo Chávez Frías dictar 233 decretos leyes desde 1999 hasta 2012. Con este paso, el fallecido mandatario avanzó en su objetivo de arrebatar la función legislativa e intensificar sus acciones para implantar cambios institucionales afines al modelo de Estado socialista o comunal, lo que fue su bandera y ahora también lo ha sido de Nicolás Maduro.

Para imponer su hegemonía, el expresidente contó con el control de los poderes públicos que había venido consolidando desde el año 2000, lo que será una constante de la que también se aprovechó Maduro hasta que el 6 de diciembre de 2015, la oposición, a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo un claro triunfo sobre el partido de Gobierno en las elecciones parlamentarias.

Maduro repitió el guion

Siguiendo el modelo de su antecesor, Nicolás Maduro logró la aprobación de dos leyes habilitantes. La primera en 2013 (Gaceta Oficial n.° 6.112 Extraordinario del 19 de noviembre), cuando se le delegó el ejercicio de legislar de manera abierta e ilimitada. Esta ley habilitante tendría una vigencia de doce meses, dictándose cincuenta y un decretos leyes durante ese lapso.

La segunda ley habilitante madurista fue dictada en 2015 (Gaceta Oficial n.° 6.178 Extraordinaria de 15 de marzo 2015), cuya vigencia fue por aproximadamente nueve meses (hasta el 31 de diciembre de 2015). En este caso se alegó que el objetivo era dictar o reformar leyes en los ámbitos de la libertad, igualdad, justicia y paz internacional, independencia, soberanía, inmunidad, integridad territorial y la autodeterminación nacional.

Esta nueva ley, que se denominó Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz, tuvo la peculiaridad de que fue dictada para “defender la soberanía nacional” ante la acción ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que ordenaba la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense a varios funcionarios del régimen de Maduro.

No contento con ello, el gobernante escaló un peldaño más para extender su poder cuando, durante el segundo semestre del 2015, decretó varios estados de excepción en los estados fronterizos como instrumentos para acometer abusos en detrimento de los particulares. Esta política de régimen excepcional, abiertamente contraria a la Constitución (pues deben ser temporales y no permanentes como ha ocurrido), empezó en la frontera colombo venezolana –abarcando a veinticuatro municipios distribuidos en cuatro estados del país–, y se justificó como medida de defensa ante una supuesta ofensiva de guerra económica contra Venezuela.

Posteriormente, y luego de la pérdida de control del Parlamento en diciembre de 2015, en 2016 Maduro amplió el régimen de estados de excepción indefinidamente y a todo el territorio nacional hasta la fecha. Esta medida ha estado especialmente apalancada por la Sala Constitucional (SC) del TSJ, instancia judicial que ha promovido el desconocimiento del Poder Legislativo desde que resultó vencedora la oposición ya a la fecha con 105 sentencias en su contra. Este apoyo “ha permitido” que se dicten estos estados de excepción sin la aprobación de la Asamblea Nacional, a pesar de que la Constitución así lo exige.

Resulta claro entonces que el régimen excepcional es un paso clave para lograr la toma del poder absoluto y, pese a su naturaleza temporal, lleva tres años de vigencia ininterrumpidos. En realidad, de lo que se trata es de paralizar y aniquilar a la AN electa en 2015 y poder gobernar sin el legislativo como ha sido la práctica del chavismo desde sus inicios al no tener la posibilidad de obtener una ley habilitante.

La más reciente acción del régimen de Maduro es muy elocuente en este sentido: articular una oposición a la carta para lograr una nueva conformación del parlamento, de manera que lo apoye, como el país pudo apreciar tras el abandono de la mesa de negociación con la delegación del presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, y optar por la firma de un acuerdo de diálogo nacional el 16 de septiembre de 2019 con los sectores minoritarios que lo adversan.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando el ejercicio del poder sólo se concibe para acumularlo en el Ejecutivo, se ignora al verdadero titular de la soberanía que es el pueblo de Venezuela, y la consecuencia de ello es la negación de los derechos que ese mismo soberano ostenta, pues se establece un régimen de hecho y no de derecho, que niega los principios más básicos de respeto a los ciudadanos.

Por ello, no debe sorprender la arbitrariedad que cotidianamente enfrenta el ciudadano común en Venezuela, que no es más que el reflejo de la arbitrariedad que se impone diariamente desde el Poder Ejecutivo. El abuso no es contra la Asamblea Nacional, es contra todos.

Enlace a la nota: https://www.accesoalajusticia.org/historia-fraude-como-construyo-toma-poder-absoluto-leyes-habilitantes/

Con voz propia

“Contra la guerra y por la paz” pregonó en público el ideólogo del narco socialismo Darío Vivas, con homicidio a cuestas. Es el plan elaborado para enfrentar presión de sacar a Maduro del Poder que usurpa con apoyo de cúpula militar del camarada General Vladimir Padrino López MinDefensa. Llegan a todo, hasta mezclar el Esequibo que el propio Hugo Chávez de mano con Maduro y bajo orientación de Fidel Castro, dejó de reclamar.

La acción bélica es una política guiada por Rusia y China, contra EEUU, primera potencia mundial. Su Comando Sur denunció el 9 de septiembre que avión militar venezolano de fabricación rusa voló agresivamente cerca de aeronave de inteligencia estadounidense en espacio aéreo internacional en el Mar Caribe.

A la doctrina comunista se une la económica. Solo a Rusia la deuda de Venezuela ascendía el año pasado a $ 8.000 millones, cifra irrisoria frente a la inversión China. Apenas a una de sus empresas: CAMC se le pagó $ 100 millones por proyecto arrocero no realizado, en Delta Amacuro. También acordó –siempre entre otros- desarrollar 5 proyectos agrícolas valuados en unos $ 3.000 millones, que nunca completó. En general, en discurso en 2017, Maduro dijo que habían acordado 790 proyectos con empresas chinas en sectores que iban desde el petróleo hasta la vivienda y las telecomunicaciones.

Resulta hipócrita declararse contrario a la guerra, cuando la declara contra la hermana República para mayor infortunio señalada Patria natal del mismo Maduro. Junto a MinDefensa ordena ejercicios militares en los 2.000 km de frontera, que aprovechó para exhibir misiles de largo alcance, que Rusia buscaría crear una base en Venezuela.

"En lugar de gastarse esa plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida", le replicó Presidente Iván Duque. Unos 500 mil venezolanos cruzan a diario por el puente Simón Bolívar, como parte de la diáspora por crisis económica.

Con su peculiar arrogancia, el Capitán ® del Ejército, Pedro Carreño de la espuria Constituyente declaró: “estamos en Guerra; en 11 segundos, un avión cazabombardero Sukhoi Su-30, está en Bogotá”.

Otro acoso lo dio Maduro al declarar que se quedó esperando a los guerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich en el foro Sao Paulo.

“Son invitados cuando quieran venir”. Igual prometió recibir a Rodrigo Londoño (Timochenko), y Pablo Catatumbo.

Desafió al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por su protesta. “Ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos”.

Para el consejero presidencial de implementación del acuerdo de paz, Emilio Archila, los guerrilleros “son una banda de narcoterroristas vinculados al régimen de Maduro”.

Con perversa intención los líderes del narcorrupto régimen abusaron de foto en la cual aparece Guaidó con 2 miembros de la banda Los Rastrojos, cuando acudió al concierto de Cúcuta en beneficio de víctimas del asedio castrense. Sabido es que el jefe parlamentario y presidente (e) de la República es fotografiado con miles de personas.

Además del Usurpador Maduro, cuyos adoptivos hijos son procesados por narcotráfico en EEUU, surgen apresurados funcionarios con expedientes. Entre ellos sobresale el ministro Tareck El Aissami sindicado como fugitivo más buscados por EEUU.

“Tratan de crear cortina de humo y desviar lo se vive, por falta de alimentos, medicinas y éxodo 4 millones de ciudadanos”-afirma Guaido.

Acorralado en el mundo sigue el narcorrupto régimen, con el tercer Informe de Michele Bachelet.

Agréguese aprobación en OEA del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

De allí que recurran a falsos positivos para provocar La guerra de los mundos, con la técnica ficticia de H.G Wells.

Al MARGEN. Aragua los hoy destartalados buses rojos adquiridos por el narco régimen alzaron precios de pasajes más que los privados. Tan grotesco resulto el de Maracay- Cagua. Cobran Bs 2 mil, mientras los privados estaba en Bs 800.

jordanalberto18@yahoo.com

El domingo pasado se celebró el Día Internacional de la Democracia establecido por la ONU en 2007. Tristemente, no hay mucho que celebrar. Ni en Venezuela, ni en otros países que empiezan a caer en manos del populismo.

¿Cómo mueren las democracias? es el nombre del ensayo de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt que aborda el asesinato lento y subrepticio que sufrió el sistema democrático en varios países desde Venezuela a Filipinas, pasando por Rusia, Polonia, Georgia, Hungría, Nicaragua, Perú, Turquía y Ucrania, entre otros.

Durante más de veinte años, los investigadores analizaron y describieron las nuevas formas en que las democracias son asesinadas. No mueren solas, detrás de su desaparición hay responsables.

Sin embargo, las democracias ya no caen en golpes sangrientos como el de Pinochet en Chile, sino a través de procesos que van erosionando poco a poco las instituciones, las constituciones, el sistema judicial y la prensa.

El asesinato de las democracias se enmascara con reformas judiciales necesarias para enfrentar, entre otros temas, a la corrupción – legítima aspiración de muchos – que son utilizadas para todo lo contrario. Se establecen así tribunales y jueces convertidos en sicarios de las libertades.

La prensa es atacada por todos los flancos: retirada de publicidad oficial, suspensión y no renovación de licencias, restricciones en la importación de insumos y tecnología, bloqueos de internet, presiones fiscales, demandas y juicios ilegales, persecución y agresión a periodistas y dueños y, por último, la compra de medios a través de testaferros. De esto tenemos muchos y dolorosos casos en Venezuela.

Maduro contra la libertad de expresión: El blackout informativo de Venezuela

Las instituciones democráticas no tienen la fuerza necesaria para enfrentar los ataques de populistas respaldados por los votos de una población fatigada por los fracasos de la democracia, que aspira a ser escuchada por los gobernantes y que éstos actúen con transparencia, dando respuesta eficaz a sus urgentes demandas.

La ironía es que los líderes populistas, autoritarios, llegan al poder gracias a la democracia que luego destruyen para ya nunca mas abandonar las posiciones alcanzadas en base a la mentira y la manipulación.

La democracia debe defenderse aceptando que hay que mejorar muchos aspectos justamente criticados y abocarse a recuperar legitimidad y credibilidad, fortalecer las instituciones, aumentar la participación ciudadana, asegurar la plena vigencia del Estado de derecho y enfrentar la corrupción minimizando la impunidad. Igualmente, urge reformar a los partidos políticos, con énfasis en asegurar un financiamiento transparente de sus actividades.

En Venezuela, no hay democracia. Algunos políticos, entre los cuales me encuentro, subestimamos la capacidad destructiva del neo-caudillismo populista y militarista de Hugo Chávez, y al mismo tiempo, sobreestimamos la fuerza de la cultura democrática de la sociedad para enfrentar con éxito esas desviaciones autoritarias.

Corresponde ahora a los partidos que conforman la alternativa política que impulsa el cambio hacia la democracia en Venezuela- acechados por la dictadura, reprimidos de manera sistemática y operando en condiciones de semi clandestinidad – convertirse en el filtro que evite que emerjan hiper-liderazgos autoritarios dentro de su seno, lo cual sería un remedio peor que la enfermedad.

Por supuesto, el objetivo principal debe seguir siendo impulsar un desenlace lo menos traumático posible, que sea producto de una negociación para la realización de elecciones presidenciales con todas las garantías democráticas. Es decir, lo preferible es que el cese de la usurpación y la destrucción del país se logre con una poderosa rebelión electoral.

En esta hora oscura necesitamos que la Unidad se fortalezca en un ejercicio amplio y colectivo de liderazgo para respaldar a la Asamblea Nacional y al presidente Juan Guaidó en la lucha por liberar a Venezuela de la cleptocracia de Nicolás Maduro, la dictadura del hambre y la corrupción.

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Facebook: Carlos Tablante

Web: www.carlostablante.com

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