Es posible que los secretos se cuenten entre los recursos más valiosos que pueden poseer los gobiernos: el caballo de Troya, el código Enigma, el Proyecto Manhattan y los ataques por sorpresa, como los de Pearl Harbor, la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Yom Kippur, son solo unos pocos de los ejemplos mejor conocidos. No obstante, en algunos casos es difícil cuadrar el interés nacional con el deseo de los gobiernos de mantener ciertas cosas en secreto –e incluso puede que esto constituya una de las amenazas más peligrosas para ese interés–. La amenaza es aún más grave cuando el secretismo obedece a intereses poco nobles por parte de un gobierno extranjero empeñado en conseguir lo que quiere.

Un caso concreto es el financiamiento internacional para el desarrollo proveniente de China, país que se ha convertido en un nuevo e importante actor en este ámbito. En principio, los ahorros masivos, el knowhow acerca de infraestructura y la voluntad de otorgar préstamos que tiene China, podrían ser muy positivos para los países en desarrollo. Por desgracia, como lo han sufrido en carne propia Pakistán, Sri Lanka, Sudáfrica, Ecuador y Venezuela, el financiamiento para el desarrollo por parte de China suele provocar en la economía una borrachera llena de corrupción, que va seguida de una desagradable resaca financiera (y a veces política).

A medida que los países enfrentan alzas en los costos de los proyectos y tratan de entender lo que ha sucedido, junto con ver cómo salir del embrollo, se encuentran con que, dentro de los propios contratos, los términos financieros de sus obligaciones están envueltos en secretismo. Todavía más, los contratos restringen la facultad de los prestatarios, como empresas de propiedad del Estado, de poner en conocimiento del gobierno –y menos aún del público– los términos de dichos contratos.

Esto es, a lo menos, lamentable, dado que controlar la acumulación de deuda es una de las cosas más importantes que un gobierno puede hacer para evitar crisis. Asimismo, es una de las más desafiantes. Muchos países han realizado grandes avances en el fortalecimiento de sus políticas fiscales adoptando instituciones presupuestarias y leyes de gestión financiera pública destinadas a mantener los déficits bajo control. Se podría pensar que basta con esto para contener la acumulación de la deuda. Después de todo, las normas básicas de la contabilidad indican que la deuda de mañana es necesariamente igual a la deuda de hoy más el déficit que se incurra entre hoy y mañana. Es decir, si se puede controlar el déficit, se puede controlar el crecimiento de la deuda.

Si solo fuera así de fácil. Como lo han demostrado Ugo Panizza, del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra, y sus coautores, los países en desarrollo parecen quebrantar las identidades contables puesto que prácticamente no hay correlación entre los déficits y la evolución de la deuda. Esto obedece a que muchos gastos se convierten en obligaciones públicas sin pasar por el proceso presupuestario. ¿Cómo sucede esto?

Una manera importante de distinguir entre la deuda pública y la no pública es determinar si ella va a ser repagada con impuestos futuros o con la liquidez que genere a futuro el proyecto que se está financiando con el préstamo. Pero esta distinción a menudo es difusa a causa de las garantías, explícitas o implícitas, que obligan al gobierno a rescatar el proyecto ex post facto y repagar al acreedor de modo total o parcial.

Una práctica utilizada recientemente tanto por China como por Rusia, es prestar contra exportaciones futuras, como en el caso del petróleo en Ecuador y en Venezuela. Estos acuerdos vienen en dos sabores: lo indignante y lo increíblemente escandaloso.

La versión indignante se basa en la idea de que esta deuda no es realmente una deuda sino solo una compra adelantada de petróleo. Esta pretensión es ridícula, dado que una deuda es toda obligación que uno contrae hoy y se compromete a repagar con el ingreso que recibirá en el futuro. Todavía más, no se trata de una deuda cualquiera; es una deuda garantizada por el futuro flujo de exportaciones, lo que la convierte en una deuda súper senior –más senior que la proveniente de entidades que gozan del “estatus de acreedor preferente”, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–. No considerarla como una deuda es claramente indignante.

Y la cosa se pone aún peor. Los chinos han utilizado las exportaciones de petróleo para garantizar deudas relacionadas con proyectos que no tienen nada que ver con petróleo, como la represa Coca Codo Sinclair en Ecuador o el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) de Venezuela, que no ha dicho absolutamente nada sobre el destino de préstamos chinos de más de 60 mil millones de dólares. En estos casos, el préstamo para el proyecto no se repaga con sus ingresos futuros, sino con los ingresos futuros del petróleo, con los cuales el país contaba para pagar todas sus obligaciones, financieras o de otra índole. Como consecuencia, las rentas producidas por el petróleo se emplean para costear proyectos que no mejoraron la producción petrolera ni tampoco pasaron por el proceso presupuestario, con lo cual se desbarata la estabilidad financiera tanto de la compañía petrolera como del gobierno.

En este contexto, la práctica que utiliza China de ocultarle los términos financieros a la sociedad que en última instancia es responsable de repagar el préstamo, y con frecuencia también al gobierno de dicha sociedad, es inaceptable. Incluso se mantienen en secreto hasta los términos de las renegociaciones del préstamo a fin de que otros prestatarios no utilicen como precedente las concesiones que en ellas haya hecho China.

No se me ocurre ningún argumento bueno para conciliar el secretismo en el contexto de las obligaciones financieras públicas, con el interés público. Es algo que las sociedades no deberían tolerar. El hecho de que los términos de estas gigantescas obligaciones no se hayan dado a conocer a la ciudadanía, refleja lo débil que son la sociedad civil y la prensa en esos países.

Otros pueden aportar su ayuda. Las agencias de calificación crediticia deberían exigir acceso a los contratos de financiación. Si el país se lo niega, la opacidad de dichas prácticas tendría que quedar reflejada en sus calificaciones. El FMI y otros acreedores multilaterales deberían condicionar sus préstamos al cumplimiento de estándares de transparencia que impidan este tipo de secretismo. El Club de París, compuesto por los acreedores soberanos más importantes, debería hacer que la divulgación de los términos de los préstamos rusos o chinos pase a ser una condición para la reestructuración de sus deudas.

El secretismo tiene lugar dentro de un gobierno, pero no así en el financiamiento internacional del sector público. Es una práctica a la que se debe poner fin antes de que cause aún más daño del que ya ha causado.

Prodavinci

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Esto que escribo a continuación es lo que, más o menos, habría dicho, si no me hubiera enfermado, culpa de un virus según se diagnostica comúnmente un malestar difuso que te condena a la cama durante varios días y te obliga a consumir dosis pesadas de acetaminofen y que, en mi caso, impidió que asistiera como ponente a un Foro, cuyo título fue “Innovación para avanzar”, organizado por el Parque Tecnológico Sartenejas, de la Universidad Simón Bolívar, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y la Global Entrepeneurship Network, Un evento insólito, cabe señalar, admirable en estos tiempos venezolanos en los que pareciera que la vida se decanta en la tarea de sobrevivir día a día y el horizonte no se extiende más allá de la próxima semana.

La Sociedad del Conocimiento

El Futuro aprieta el paso”, se habría llamado la charla o, tal vez, “El Futuro esta de prisa” - no logré dilucidar plenamente cual me gustaba más -, y a lo largo de ella tenía pensado discurrir en torno a la manera como el desarrollo de la ciencia y la tecnología marcan al mundo de nuestros días, infiltrando cada rincón del quehacer humano, haciendo referencia, desde luego a la Sociedad del Conocimiento. Es ésta una expresión que progresivamente se ha acuñado para caracterizar a la sociedad actual, albergue institucional de la llamada Cuarta Revolución Industrial, entendida como un proceso de transformaciones aceleradas y profundas originado gracias a un conjunto de tecnologías, catalogadas como “disruptivas”, que se distancian drásticamente del paradigma tecnológico hasta ahora vigente. Tales tecnologías representan la integración de lo físico, lo biológico y lo digital e impactan la vida humana mucho más allá del espacio que demarca la actividad económica.

El contexto dentro del que están teniendo lugar las transformaciones aludidas, se encuentra marcado por los nexos cada vez más estrechos entre la ciencia y la tecnología. La división conceptual tradicional entre ambas se ha ido evaporando, de allí que se hable de la tecno ciencia como manera de subrayar el carácter híbrido propio de las investigaciones y las innovaciones que emergen en la actualidad.

Dicho contexto muestra, adicionalmente, el ritmo acelerado de la obsolescencia de conocimientos y tecnologías; el aumento y diversificación de las fuentes de acceso a conocimientos y tecnologías; el predominio de la inversión privada sobre la estatal en la promoción del desarrollo tecno científico; una nueva distribución de capacidades tecno científicas a nivel mundial, con clara expansión de los países asiáticos, notablemente China, pero también India e Indonesia; cambios relevantes en las reglas de juego que pautan la generación, distribución y utilización de conocimientos y tecnologías; la globalización de las actividades de investigación e innovación, replanteando el rol y la importancia de los espacios nacionales. Y, así como éstos, otros aspectos que dibujan un escenario nuevo, referencia imprescindible para pensar las políticas públicas en este ámbito.

Aparejado a lo anterior, las tareas tecno científicas se dan hoy en día en clave transdisciplinaria, su evaluación es multifactorial (no son sólo asuntos de científicos), se llevan a cabo con la participación de diferentes actores (centros de investigación, empresas, institutos educativos, instituciones financieras, organismos estatales, usuarios …), en medio de nuevos arreglos institucionales que dan lugar a diversas formas de colaboración. En este sentido, el diseño de estrategias y políticas debe tomar en cuenta que el desarrollo tecno científico se produce si existe un sistema de estructuras políticas, sociales, organizativas, económicas y territoriales que crean las condiciones para una formación continua de sinergias, que permitan la creación de innovaciones, así como la regulación de sus variados impactos

¿La Sociedad del Desconocimiento?

Como consecuencia de las transformaciones que se están produciendo de la mano del desarrollo tecno científico, desde hace rato asoman implicaciones muy gruesas en los más diversos planos (político, económico, social, cultural, deportivo, jurídico, religioso, ético…). La realidad empieza, así pues, a parecerse a la ficción, al paso que plantea temas con los que resulta muy difícil lidiar, colocando preguntas, dudas y dilemas para los que aún no tenemos respuestas. Ante esto hay quienes señalan que la Sociedad del Conocimiento es, también, la Sociedad del Desconocimiento, esto es, una sociedad cada vez más consciente de su no-saber y que busca gestionar el desconocimiento en sus diversas manifestaciones: inseguridad, incertidumbre y riesgo.

Frente al “tsunami” que representa la emergencia de las tecnologías disruptivas se ha hecho evidente, en efecto, la ausencia de guiones que permitan la comprensión, la valoración y la regulación de los cambios tecno científicos y de sus derivaciones. Un ejemplo, entre cientos, que puede servir para ilustrar lo escrito en estas líneas es, sin duda, la tensión entre democracia e internet diagnosticada en su último libro por Jamie Bartlett, en la que sostiene que "La democracia es analógica, no digital" y señala que el sistema actual de recolección de datos no es nada comparable con el alcance y las posibilidades que podría permitir, en materia de control, la internet de las cosas.

La velocidad un signo distintivo de la época

Resulta necesario y urgente, entonces, ir creando nuevos modelos de análisis, a partir del trabajo integrado entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias naturales. Se precisa un gran esfuerzo de comprensión intelectual que proporcione los códigos requeridos para descifrar transformaciones de fondo que se suceden muy rápidamente, así como para trazar los mapas normativos que se requieren para desenvolverse con respecto a ellas. La cuestión es, así pues, cómo hacerle frente a situaciones que remiten a eventos muy complejos y tocan los aspectos más fundamentales de nuestras vidas, contribuyendo a determinar la manera misma en que nos percibimos como humanos, sugiriendo alteraciones muy significativas en el modo en que nacemos, vivimos, aprendemos, trabajamos, producimos, consumimos, hasta como rezamos, soñamos y morimos, dando motivo a una intensa polémica en torno al advenimiento de lo que se ha denominado la post historia, que ya empieza a ser visible desde los cambios que se desprenden de la bioingeniería y de la inteligencia artificial.

Salir del Siglo XX

En la charla habría dicho, en fin, que el país vive a pasitos. Que el Gobierno pone parches, unos aquí, otros allá, tratando de remediar los problemas que atosigan a la sociedad. Y que cuando le da por enfrentar los problemas estructurales fracasa porque tiene muchas cadenas, no solo, ni principalmente las ideológicas, que lo atan a la hora de diseñar las medidas que se requieren. Que no debería sorprendernos, por tanto que Venezuela no tenga un relato sobre su futuro, que no tenga dibujadas las coordenadas básicas que le permitan elaborar enfoques y políticas que compaginen con la época que se está viviendo. Habría concluido expresando que el país no ha salido del Siglo XX.

El Nacional, miércoles 2 de enero de 2019

El año está concluyendo y las expectativas de Venezuela no son precisamente las mejores, pues llega enero 2019 con la definitiva ruptura del orden constitucional y del orden democrático, que han calificado como la prolongación de la usurpación de funciones del Presidente de la República.

Creo que es muy claro que el 10 tendrá un significado político significativo, en la medida que la sociedad civil logre demostrar organización y efectividad para hacer sentir que comprende el momento político que representa ese 10 de enero de 2019, de lo contrario, será sólo una fecha más, de las tantas que ya existen en la historia política reciente del país.

Es indudable que a partir del 10 de enero la visión de la comunidad internacional sobre realidad política, social y económica de Venezuela, logrará encontrarse con la denuncia que por años ha venido realizando la sociedad democrática venezolana.

En ese marco, la presentación de una parte del “Plan País. El día después”, el pasado 18 de diciembre, representa un importante aporte positivo y esperanzador en el camino que debe recorrerse para alcanzar niveles adecuados de cohesión social, en aras de lograr una hoja de ruta sostenible para una futura transición en Venezuela.

La desconfianza entre los venezolanos, que según el informe de Latinobarómetro 2017, es la más alta en América Latina y la más dramática fotografía de Venezuela de estas últimas décadas, podría encontrar en esos lineamientos generales sobre “el día después”, un aporte concreto para ir recuperando niveles de confianza. En la medida que aumente el compromiso en aplicar esas medidas que el país reclama, podremos enfrentar con éxito, desde el punto de vista técnico-político, el desafío de una transición.

“Cuántas veces se ha reclamado la falta de Unidad, pues en este “Plan País. El día después”, se registran no sólo la visión de la sociedad civil que logró participar en el Congreso Nacional promovido por el Frente Amplio Venezuela Libre, sino que además, se ve acompañado del compromiso de los diputados de la Asamblea Nacional.”

Asamblea Nacional y los distintos sectores de la sociedad civil han logrado encontrarse en función de unos compromisos generales, concretos y además, urgentes para abordar la situación venezolana. Si ese “Plan País, El día después”, logra profundizar los vínculos y lazos sociales entre distintos actores políticos para asumir la hoja de ruta hacia una transición, claramente se estaría aportando un extraordinario valor a la necesidad de restaurar niveles básicos de cohesión social.

Precisamente la confianza es uno de los elementos claves para lograr hablar de cohesión social, de allí se puede entonces empezar a tejer redes y con mayor facilidad, impuslar acciones unitarias orientadas a un mismo fin.

Según información pública, se hizo una primera presentación del Plan País, que cubrió el aspecto económico y social; asumiendo sus promotores el compromiso de hacer una segunda presentación en enero, que abordará propuestas en el área de seguridad y soberanía territorial, abastecimiento y seguridad alimentaria, servicios públicos y justicia, instituciones y democracia.

Esa primera presentación recorre las redes sociales y se introduce como el Acuerdo político, de 42 puntos, para rescatar a Venezuela de la crisis social y del colapso económico.

Que importante sería, a los fines de contribuir con la necesidad de restaurar la cohesión social en Venezuela, que ese Acuerdo presentado, fuera el documento base para el debate parlamentario a los fines de aprobarlo de manera institucional como un Acuerdo Político-Social, previo a una consulta ciudadana, que le brinde al mismo la legitimidad necesaria y reivindique las atribuciones de la Asamblea Nacional en el marco de la Constitución.

El valor cohesionador de ese “Plan País. El día después”, dependerá de la capacidad real, tanto de la Asamblea Nacional, como de los demás actores de la sociedad civil, de divulgar, debatir y comprometer a los venezolanos con esas líneas generales.

No se necesitan grandes maquinarias para ello, basta activar los grupos y redes sociales que existen en cada municipio y que cada una promueva un espacio para su análisis y valoración, que concluya con una manifestación expresa y simbólica de respaldo al mismo.

Ese compromiso simbólico puede servir de antídoto contra la desesperanza y la desconfianza y además, servir de motivador para reorientar las fuerzas sociales hacia una unidad superior, que se mantiene en compromisos concreto en un objetivo común: lograr el cambio político que el país reclama.

En el 2018, lo relevante del lado del régimen totalitario fue el incremento de las violaciones a los derechos humanos, el fracaso de la política económica que obligó a emigrar a millones de venezolanos y residentes, la corrupción develada en el exterior y el hundimiento de nuestra industria petrolera. Del lado de los demócratas destacó la ineptitud de la dirigencia para lograr la unidad alrededor de un plan; lo positivo fue el logro de que el mundo democrático rechace la dictadura de Maduro, los avances en una propuesta para cuando salgan los rojos y que las protestas no han cesado.

Maduro y su grupo fueron responsables del creciente deterioro de los derechos humanos. Cabe recordar el asesinato de Oscar Pérez después que manifestó públicamente que se iba a rendir. La defenestración del concejal Fernando Albán desde el edificio del Sebin. La prisión del diputado Juan Requesens, bajo una imputación absurda. Hay 278 presos políticos, cientos de exiliados, millones de refugiados y el diputado Freddy Guevara y el presidente de Copei Roberto Henríquez están asilados. Por si fuera poco, en este año hubo 23.047 asesinatos, el mayor número de la región.

La política económica fue exitosa desde el punto de vista del objetivo del régimen de empobrecer a la población para someterla y que gran parte emigre. Para los venezolanos y residentes fue nefasta. La hiperinflación devoró sueldos y salarios, y se acentuó la escasez de medicinas, comida y repuestos. Todas las empresas que tradicionalmente eran del Estado y las expropiadas están quebradas. Miles de empresas privadas han tenido que cerrar. La deuda externa es del 150% del Producto Interno Bruto, la más alta del continente.

Gracias a investigaciones realizadas por los tribunales de otros países, connotados chavistas han sido imputados por corrupción. Por el contrario, en Venezuela se ocultó la podredumbre entre Odebrecht y funcionarios, así como el dinero mal habido de Andrade, Diego Salazar y Gorrín, entre otros. Un caso que raya en lo insólito fue el de Claudia Díaz Guillén, ex enfermera de Chávez, quien recién graduada de abogado fue nombrada Tesorera Nacional y, para justificar su mansión española de más de un millón de euros, declaró impúdicamente que “ganaba bien, pero no tenía tiempo para gastar”.

El hundimiento de nuestra industria petrolera ha sido denunciado por destacados expertos, entre ellos Gustavo Coronel, Diego González, Nelson Hernández, Sergio Sáez, José Toro Hardy, Rafael Gallegos, Javier Larrañaga, Horacio Medina y Juan Fernández. La producción de crudo está en solo 1.137.000 barriles por día (b/d), o sea 1.725.000 b/d menos que en el 2001, las refinerías están en el suelo, hay escasez de gasolina y de gas de bombonas, la exploración paralizada y la corrupción por la estratosfera.

Del lado de los demócratas, las encuestas reflejan que la gran mayoría de los venezolanos no se identifican con los partidos políticos. Esto se debe a la inconsistencia en la posición de los mismos, en la descalificación entre los dirigentes y en no lograr una unidad de propósito. Es una lástima, ya que muchos han luchado y sufrido el acoso y la agresión del régimen. El único logro de la dirigencia fue el rechazo de muchos países a la dictadura de Maduro, desde luego en gran parte por el sacrificio de quienes participaron en protestas reprimidas con feroz violencia por la Guardia Nacional y Policía Nacional. Mientras tanto, el pueblo sigue protestando por escasez de comida, medicinas, luz, gas y agua.

En el 2019 los rojos seguirán la destrucción y atropellos del pasado. Para recuperar el país es indispensable que abandonen el poder. Con respecto a la oposición, lo deseable es la unidad y la concertación de un plan. Ya el Frente Amplio Libertad Venezuela ha adelantado algo. Deben concretarlo y lograr que convenza a los más. Lo divulgado hasta el presente permite visualizar que no hay razones para objetarlo, por lo que deberían adherirse los que hasta ahora han permanecido al margen, ya que no es incompatible con las diferentes tácticas conocidas.

La mayoría de los actores han declarado que no reconocen la espuria elección de mayo, por lo que nadie debería aceptar a Maduro como presidente después del 10 de enero. El que la Asamblea Nacional o el TSJ legítimo en el exilio nombre o no a un presidente provisional no debe ser punto de desunión. Hay que considerar que quien sea designado será inmediatamente detenido, lo cual también probablemente suceda con los diputados. Lo fundamental es la unidad, continuar las protestas y hacer causa común con Almagro y con los países que no reconocerán a Maduro. Esto debe dar pie para la salida del dictador, sea mediante negociación, por la fuerza o por la profundización de la crisis. Mientras tanto, optimismo para el 2019. Sí es posible.

Como (había) en botica:

Es cierto que muchos usuarios de la red son “chacales e idiotas”, como dice un conocido articulista. Disparan desde la cintura y calumnian. Pero no tienen la exclusividad. También hay quienes tienen accesos a los medios tradicionales y destrozan a los que no piensan como ellos. La diferencia es que sus descalificaciones son genéricas. Es preferible, aunque rechazable, que se digan calumnias a intentar censurar a las redes.

Feliz Año.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Actualmente me encuentro en la fase de recolección de fuentes documentales sobre mi apreciado terruño, San Mateo, estado Aragua. Esto con el objetivo de elaborar una ponencia que tengo prevista presentar para este primer trimestre del año 2019, como punto de la agenda concebida por el Centro de Historia de la ciudad de La Victoria, en el marco preparatorios y festivos por los 400 años (1620-2020) de haberse erigidos las iglesias en cuatro pueblos valle aragüeños, llevadas a cabo en noviembre de 1620; a saber: La Victoria, Cagua, Turmero y San Mateo.

En éste último, se erigió dicho templo el 30 de noviembre de 1620, para honrar al Apóstol San Mateo. Este acto de la institucionalidad colonial lo llevo a cabo el Teniente General Pedro José Gutiérrez de Lugo y el Vicario Gabriel de Mendoza, en representación del Obispo Fray Gonzalo de Angulo; de esta manera se inició oficialmente un proceso de cristianización simultáneo en este espacio del valle aragüeño.

Bajo este contexto, nos permitimos transcribir parte de un documento histórico recopilado para nuestro citado objetivo; se trata, de un Decreto emitido por el Legislativo Nacional y sancionado por el Ejecutivo Nacional de la República de Venezuela en 1856, que demuestra; entre otros, la adscripción que hubo de la vecina entidad territorial llamada Zuata a San Mateo. En éste sentido, veamos la disposición gubernamental señalada:

“DECRETO de 7 de mayo de 1856 concediendo un auxilio para comprar los terrenos en que se encuentra el caserío de Zuata de la parroquia de San Mateo…

El Senado y Cámara de Representantes de Venezuela, reunidos en Congreso, considerando:

1° Que la provincia de Aragua es de nueva creación (08/02/1848, capital La Victoria) y necesita por tanto auxilios eficaces para su progreso. 2° Que no produciendo sus rentas aún el sobrante indispensable para comprar los terrenos en que se encuentra planteado el caserío de Zuata, perteneciente a la parroquia de San Mateo se hace necesaria la protección del Congreso…

Art. 1° Se conceden a la provincia de Aragua diez mil fanegas de sal, libres de todo derecho, de las salinas de la República, cuyo producto líquido se aplicará para la compra del terreno necesario en que se encuentra planteado el caserío de Zuata, jurisdicción de la parroquia de San Mateo, perteneciente al cantón Turmero…

Dado en Caracas a 2 de mayo de 1856,…, El Presidente del Senado, Juan Vicente González Delgado-El Presidente de la Cámara de Representantes, J. G. Ochoa…

Caracas 7 de mayo de 1856…Ejecútese. José T Monagas- Por S.E- El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda, Jacinto Gutiérrez”. Ver: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Leyes y Decretos de Venezuela, 1851-1860 (tomo 3), pág. 378.

Éste y otros despojos territorial ha sido víctima nuestro maltratado pueblo de San Mateo, recordemos como nos arrebataron el camino a Cagua, llamado antiguamente Camino Real; asimismo, nuestras empalizadas territoriales han sido reducidas por el expansionismo espacial de los vecinos Municipios José Félix Ribas y José Antonio Sucre.

Al concluir esta nota, valga dicha temática y otras, de considerarla pertinente como lecciones históricas de como se ha reducido nuestro espacio de vida, desde que se erigió su Iglesia como espacio institucional religioso en honor al Evangelista Apóstol San Mateo, que recientemente el 30 de noviembre del año en curso, cumplió 398 años.

San Mateo, 30 de diciembre de 2018

Desgraciadamente, el año 2018 no pasará a la historia por haber estado plagado de éxitos políticos y diplomáticos. Si 2017 ya nos había traído una notable erosión del orden internacional, hoy vivimos en un mundo todavía más caótico, más inflamable y más hostil. No es casualidad, al fin y al cabo, que estos tres adjetivos sean aplicables también al Gobierno de la primera potencia mundial.

2018 ha estado marcado por la llamada “guerra comercial” que ha puesto en marcha Estados Unidos, principalmente —pero no exclusivamente— contra China. Las disputas arancelarias han dejado muy tocada a la Organización Mundial del Comercio y han acentuado las suspicacias mutuas entre Washington y Pekín, que se dispararon con la llegada de la Administración Trump. Además, China eliminó a principios de año los límites a los mandatos presidenciales, avivando los temores de que la “nueva era” de Xi Jinping destierre por completo el liderazgo colectivo y la circunspección que propuso en su día Deng Xiaoping.

Otro país reemergente en términos geopolíticos —aunque en su caso no lo sea en términos económicos— es Rusia. El pasado mes de marzo se celebraron elecciones presidenciales en ese país, en las que Vladimir Putin, como cabía esperar, se impuso sin mayores dificultades. Con una economía estancada, fruto de su excesiva dependencia de los hidrocarburos, Putin gusta de jugar la carta de la política exterior para apuntalar su popularidad doméstica. El episodio del envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en el Reino Unido consiguió lo propio justo antes de las elecciones, y la reciente escalada de tensiones con Ucrania en el Mar de Azov podría estar persiguiendo este mismo objetivo, entre otros. En un escenario de exacerbado militarismo ruso, si Estados Unidos y Rusia desecharan el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF) nos hallaríamos ante una complicación añadida, que afectaría muy especialmente a Europa.

Mientras tanto, Oriente Próximo sigue siendo el principal foco de conflictos en el mundo. Si bien se ha confirmado durante este año el retroceso territorial del Estado Islámico (que no su derrota, pese a lo que asegure Trump), la guerra en Siria sigue cobrándose víctimas sin pausa. Tampoco ha menguado la tragedia humanitaria provocada por el conflicto yemení, aunque recientemente se han reanudado las negociaciones que habían encallado en 2016, produciéndose algunos avances significativos. En Afganistán, Estados Unidos sigue inmerso en la que suele considerarse como la guerra más larga de su historia, y se estima que el porcentaje de distritos controlados actualmente por los talibanes es el mayor desde que fueron derrocados en 2001.

Más allá de los últimos movimientos que se han producido en estos tres conflictos, los fundamentos de la estrategia de la Administración Trump en Oriente Próximo han permanecido intactos a lo largo de 2018. Estados Unidos ha redoblado su apuesta por el eje formado por Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que se opone frontalmente a Irán. La apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén coincidiendo con el 70 aniversario de Israel, el abandono del acuerdo nuclear con Irán (con la sucesiva y abusiva reimposición de sanciones extraterritoriales, que refleja la creciente militarización del dólar) y la tibia respuesta de Trump al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi han sido sucesos destacados que se han derivado de este enfoque. El fracaso del mismo ha sido rotundo: Estados Unidos no ha conseguido otra cosa que azuzar a los sectores más militaristas de todos estos países. Israel e Irán, por ejemplo, han protagonizado este año la primera colisión directa de su historia.

De un modo u otro, Trump también ha contribuido al avance del populismo en los últimos doce meses. En Latinoamérica, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro fueron elegidos presidentes de México y Brasil, respectivamente, poniendo de manifiesto que el término “populismo” engloba ideologías de distinto signo. Pese a que ambos reivindican el poder del “pueblo” frente al de las “élites”, el izquierdista López Obrador fue elegido en cierta medida como reacción contra Trump, mientras que el derechista Bolsonaro es más afín ideológicamente al presidente estadounidense y tiene el apoyo de amplios sectores de las propias élites brasileñas.

Dice el controvertido filósofo Aleksandr Dugin, catalogado frecuentemente como uno de los ideólogos de referencia del Kremlin, que “el populismo debe unir la derecha de los valores con el socialismo, la justicia social y el anticapitalismo”. Dugin considera que el nuevo Gobierno italiano, que tomó posesión en junio, ilustra a la perfección su definición de “populismo integral”. Ávido de impulsar la agenda política de Luigi Di Maio y Matteo Salvini, el Gobierno de Giuseppe Conte emprendió en octubre una batalla presupuestaria contra la Unión Europea —que afortunadamente acaba de resolverse— apelando a una interpretación anticuada del concepto de “soberanía”. En su defensa de dicha interpretación, los líderes italianos coinciden con los partidarios del Brexit, una triste saga que avanza a marchas forzadas y cuyo desenlace es todavía incierto.

Llegados a este punto, es de justicia resaltar una noticia inesperada, y claramente positiva, que nos regaló 2018: la distensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Gran parte del mérito de este acercamiento recae en Moon Jae‑in, el moderado presidente de Corea del Sur, que aprovechó la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en la ciudad surcoreana de PyeongChang para tender la mano al régimen norcoreano. El subsecuente viraje de Trump hacia la vía diplomática —escenificado en su cumbre con Kim Jong-un— debe aplaudirse, aunque los progresos en lo referente a la desnuclearización de la península coreana han sido, por el momento, básicamente cosméticos.

Otra buena noticia de los últimos meses han sido los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Habiendo obtenido los demócratas el control de la Cámara de Representantes, Estados Unidos se ha asegurado mayores contrapesos a las políticas de Trump a partir de 2019. En el Congreso estadounidense se están produciendo ya movimientos, como las votaciones en el Senado a favor de retirar el apoyo a la ofensiva saudí en Yemen y de condenar (unánimemente) al príncipe heredero Mohámed bin Salmán por el asesinato de Khashoggi, que auguran un cierto cambio de tendencia en el año próximo.

En Europa, que 2019 sea más positivo que 2018 dependerá esencialmente de que se den tres circunstancias: que seamos capaces de capear el Brexit, que Angela Merkel y Emmanuel Macron estén en disposición de unir sus fuerzas para reformar la Unión, y que las elecciones europeas de mayo dibujen un panorama razonablemente favorable para los defensores del Estado de derecho, la integración europea y el multilateralismo. Los que se oponen a estos principios han hecho gala de su empuje durante este año, pero sería un error infravalorar la voluntad que sigue existiendo —tanto en Europa como en el resto del mundo— de cultivar un espíritu de cooperación y concordia.

Dec 21, 2018

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/geopolitical-turn-for-the-w...

Hace algunos días, el régimen socialista del siglo XXI, anunció como un gran paso para apoyar la agricultura, los precios oficiales de algunos productos del campo a nivel de agricultor, donde se incluyó al maíz que es nuestro principal cultivo, con un precio oficial de Bs.S 16,00/kilogramo, tanto para el maíz amarillo como para el maíz blanco. Por supuesto, inmediatamente ocurrieron las reacciones de los productores, quienes alegan que ése es un precio muy por debajo de lo que consideran adecuado para que su actividad rinda dividendos, y más bien, los llevaría a la ruina o a la decisión de no sembrar bajo esas condiciones. Una de las razones para esta situación es la falta de apoyo gubernamental para la adquisición de los insumos, que deben ser adquiridos a dólar paralelo porque no les conceden las divisas necesarias. Además, lo poco que ofrece Agropatria es insuficiente y a precios muy elevados.

Actualmente en el país, con el control de cambio y el control de todas las actividades productivas y debido a que los ciudadanos no tienen acceso a divisas para importar materia prima o productos terminados, y además, cualquier importación tiene que ser autorizada por el gobierno, el “Papá Estado” tiene la obligación de suministrar los insumos necesarios para la agricultura, que actualmente son casi 100% importados porque no hay producción nacional. Recordemos que en Venezuela el único con injerencia sobre el manejo de los medios de producción es el Estado.

Hace un año, en diciembre del 2017, el señor Nicolás Maduro, según lo señalado en reportes de prensa, dio el siguiente mensaje a los productores: “Papá Estado no les puede proveer de todo; tienen que buscar sus insumos”, y remata diciendo: “hay que parir compadre”. Es decir, con la estructura económica que tenemos, el presidente de la república en lugar de cumplir con sus obligaciones, motiva a los agricultores a buscar sus propios recursos para la producción, lo que tiene que ser realizado a dólar libre o paralelo ya que no hay divisas preferenciales para la agricultura, ni siquiera es posible adquirir las divisas por el sistema DICOM. Para entender la realidad en relación al precio del maíz, veamos el siguiente ejemplo:

Cultivar una hectárea de maíz en el país, incluyendo todas las labores y todos los insumos hasta la entrega del grano en las plantas receptoras, ronda los US$ 1.000,00 (trabajando a dólar paralelo). Muchas veces el agricultor, en su afán por producir alimentos, por su compromiso con el pueblo y por la necesidad de trabajar, ya que la agricultura es su profesión y su oficio, estima costos directos de producción un poco más bajos porque no incluye la depreciación de su maquinaria y equipos, o porque considera que parte de la mano de obra de todas maneras la tiene que pagar porque son trabajadores de la finca, que además de participar en la producción de los cultivos ejecutan otras labores. Con estas consideraciones, se puede estimar que cultivar una hectárea de maíz en el país cuesta unos US$ 800,00 si todos los insumos se tienen que importar.

El precio internacional del maíz, o el que paga el régimen para importarlo según acabo de leer en una nota en el portal de Minuta Agropecuaria, varía entre US$ 220,00 y US$ 240,00/tonelada. Si escogemos precio de US$ 230,00 para fines de este ejemplo, el punto de equilibrio se logra con un rendimiento de 3,48 toneladas/ha, que es un rendimiento aproximado al promedio nacional. Por lo tanto, para que el agricultor cubra sus gastos de producción ejecutados a dólar paralelo, le deben pagar el kilogramo de maíz a US$ 0,23, porque hemos tomado un precio de US$ 230,00 por tonelada, lo cual equivaldría a un ingreso de US$ 800,00/hectárea (3.480 kilogramos de maíz x US$ 0,23/kilogramo = US$ 800,00/hectárea). Estimando un cambio paralelo de setecientos cincuenta bolívares soberanos por cada dólar (Bs.S 750,00)/US$), resulta en un precio de Bs.S 172,50/kilogramo de maíz (750 x 0,23 = 172,50). Debemos añadir que para que un agricultor obtenga una ganancia modesta del orden de 15% sobre esos costos directos de producción, que equivaldría a recibir US$ 946,00/ha, tiene que alcanzar un rendimiento promedio de 4.130 kg/ha.

Debido a que el Estado también controla los precios de venta de los productos, tiene que regular el precio del maíz a Bs. 172,50/kilogramo y hacer los ajustes diarios que reclama la hiperinflación que nos está devorando. Sin embargo, el ajuste más reciente del precio del maíz al productor venezolano lo estableció el régimen del socialismo del siglo XXI en Bs.S 16,00/ kilogramo de maíz, es decir, 10,78 veces (172,5/16=10,78) por debajo del precio que le permitiría a nuestro agricultor cubrir sus costos de producción y tener una ganancia aceptable. La única manera de convivir con ese precio oficial del maíz sería logrando rendimientos de 44.500 (4.130 x 10,78 = 44.500) kg/hectárea, lo cual suena imposible de alcanzar. El problema se complica porque la hiperinflación que vivimos modifica estos parámetros cada minuto que pasa, y posiblemente, en este momento el dólar paralelo, que es como el agricultor adquiere sus insumos, ya alcanzó los Bs.S 800,00, y el precio del maíz debería pasar a Bs.S 184,00/kilogramo (800 x 0,23 = 184).

En la prensa de hoy 26/12, aparece una información en la cual los productores señalan que el precio del maíz debería ser de Bs.S 80,00/kilogramo, porque seguramente están considerando que algunos insumos los han conseguido en el país a dólar preferencial, lo cual disminuye los costos de producción. Este precio, ajustado, aún es 5 veces mayor que el oficial (80/16 = 5), y para que sea aceptable, el rendimiento debe alcanzar los 20.650 kilogramos/hectárea, que sigue siendo imposible de lograr en nuestros sistemas suelo-clima.

El ejemplo indicado, que es para el área agrícola aunque ocurre en todas las actividades productivas del país, demuestra la incapacidad del régimen socialista del siglo XXI para manejar la economía. O quizás, además de su incapacidad, hay algunos que promueven estas situaciones para que no haya producción nacional y se tenga que recurrir a importaciones, con las cuales se hacen grandes negocios al pagar sobreprecios de los productos importados, o al importar productos de segunda y colocarlos como si fuesen de primera calidad abultando sus precios, y peor aún, financiando a los agricultores de otros países.

La dependencia de importaciones es muy grave, porque cada vez entran menos divisas al país por baja en la producción petrolera y por la caída de los precios que ya colocan el barril venezolano en menos de US$50,00, lo cual nos deja sin dinero para importar. La escasez de alimentos se incrementará, el régimen seguirá vendiendo el país a pedazos a precios de gallina flaca para obtener algún efectivo, o regalándolo para mantener el apoyo internacional de algunos países que en cierta forma lo ayudan a mantenerse en el poder, y continuará la ruina apoderándose de los ciudadanos, destruyendo la infraestructura para la educación y la salud, acabando con los servicios básicos, y promoviendo la debacle de la sociedad venezolana, que aumentará pululando entre la miseria que le brinda el socialismo del siglo XXI, etc. etc….

¿Hasta cuándo soportarán nuestros agricultores trabajar a pérdida?

Diciembre de 2018

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