Bachelet pide garantizar elecciones justas e independientes en su último informe

 La Alta Comisionada Michelle Bachelet se une a las voces de la comunidad internacional que la realización de comicios justos en Venezuela, que garanticen el derecho al voto de la población

 

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a la administración de Nicolás Maduro «que se den todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes» en el país, en las recomendaciones de su último informe sobre Venezuela.

El informe, que será presentado formalmente el 5 de julio, sumó además otras nueve recomendaciones a las más de 20 que ya ha hecho la Alta Comisionada desde que visitó formalmente el país en 2019. Con esto, Bachelet se une a las voces de la comunidad internacional que la realización de comicios justos en Venezuela, que garanticen el derecho al voto de la población.

Recientemente, Maduro ha anunciado la eliminación de protectorados sobre gobernaciones y alcaldías, además de la liberación de algunos presos políticos. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la devolución de tarjetas como la MUD, y la habilitación de nuevos partidos políticos de cara al 21 de noviembre.

Todos estos gestos han sido vistos desde la oposición con recelo, mientras analistas aseguran que estos nuevos movimientos buscan dividir a los opositores antes de los comicios regionales y municipales.

En su informe, la Alta Comisionada Bachelet también dijo que pese a algunas medidas adoptadas para atender recomendaciones hechas por su Oficina en el pasado, «aún queda mucho por hacer», por lo que reitera todos los aspectos señalados en informes anteriores, en especial lo referido al espacio cívico y al estado de derecho.

Entre las nuevas recomendaciones hechas por Bachelet figuran que se garantice el acceso a la información y los datos públicos «para monitorear y orientar adecuadamente las políticas públicas, particularmente en el contexto de la pandemia de covid-19»; además que se mantengan y amplíen los espacios para la sociedad civil; la asignación de recursos suficientes para garantizar condiciones adecuadas de detención y acceso a la justicia; así como reformas efectivas a las instituciones judiciales y de seguridad en el país.

Se destaca también la recomendación de priorizar una una agenda legislativa «orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos», además de evitar la adopción «de leyes y regulaciones
desproporcionadamente restrictivas de las libertades fundamentales y del espacio cívico», así como revisar las ya existentes para que sean compatibles con normas internacionales de DDHH.

Bachelet también incluyó la recomnedación de que se realicen investigaciones independientes y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Apure, bajo el contexto de los enfrentamientos con grupos armados no estatales.

Bachelet documenta ciberataques

Por primera vez dentro de sus informes, la Oficina de la Alta Comisionada Bachelet incluye entre las denuncias la información de «supuestos ciberataques que bloquearon el acceso a los sitios web de al menos tres medios de comunicación independientes».

Y es que en los últimos meses, portales como TalCualEl Pitazo o Punto de Corte, han sido atacados principalmente a través de ataques de denegación de servicios, conocidos como DDoS. Otros medios independientes como Efecto Cocuyo han sido señalados y amenazados por funcionarios públicos por emitir ciertas informaciones.

Además, Bachelet destaca que la existencia de perfiles progubernamentales activos en las redes sociales que «habrían sido recompensados a través del sistema de beneficios sociales del carnet de la patria por su apoyo en línea utilizando hashtags predeterminados».

Con esto se refiere a informes de organizaciones como Probox, el Atlantic Council o investigadores independientes como la profesora Iria Puyosa, donde se destaca el uso de toda una red de bots y trolls con una marcada línea gubernamental, encargados de posicionar tendencias día a día en redes sociales, principalmente Twitter, para intentar modificar el discurso público.

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