El sector de agua potable y saneamiento de Venezuela atraviesa una crisis estructural profunda, cuyas consecuencias se manifiestan en la salud pública, la productividad, la cohesión social y la dignidad de millones de venezolanos.
La crisis ha sido ampliamente diagnosticada, pero su superación no necesita la recentralización que plantea el Decreto Nº 5.229 publicado en la Gaceta Oficial Nº 43.304 del 27/01/2026, sino el cumplimiento efectivo de la vigente Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (LOPSAPS).
Lejos de orientar soluciones, el Decreto 5.229 conduce a una profunda reforma institucional bajo un modelo jurídicamente inestable y operativamente inviable, que agravará aún más el deterioro de los servicios de agua potable y saneamiento.
La LOPSAPS es un instrumento legal moderno, técnicamente sólido y alineado con estándares internacionales de gobernanza del agua. Ella establece principios que siguen siendo plenamente válidos y de aplicación necesaria: separación clara entre la formulación de políticas, la regulación y la operación; descentralización de la prestación de los servicios; sostenibilidad financiera con criterios de equidad social; y regulación del desempeño y rendición de cuentas. Promover hoy una nueva arquitectura institucional sin haber dado cumplimiento a la ley vigente no soluciona la crisis: la profundiza.
Por otra parte, pretender justificar el Decreto Nº 5.229 bajo el paraguas de varios decretos de estado de emergencia económica promulgados a partir de abril de 2025, resulta jurídicamente improcedente. El uso de facultades excepcionales solo es admisible cuando las medidas son temporales, proporcionales y estrictamente delimitadas, y siempre sujetas al control constitucional de la Asamblea Nacional y de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El Decreto Nº 5.229 no se guía por ninguno de estoscriterios. Por el contrario, redefine de manera permanente la arquitectura institucional del sector, eludiendo los procedimientos constitucionales y debilitando la legitimidad del Estado en la conducción de un servicio público esencial.
Al superponerse a una ley orgánica que no ha sido derogada, es decir que sigue vigente, el Decreto Nº 5.229 sustituye el principio de legalidad por la arbitrariedad normativa, acentuando la discrecionalidad administrativa y concentrando decisiones estratégicas sin contrapesos regulatorios ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La experiencia internacional señala que no existe mejora posible en los servicios de agua sin reglas claras, estabilidad institucional y previsibilidad de largo plazo.
En fin, aplicar el Decreto Nº 5.229 implica causar al Sector de Agua y Saneamiento daños muy importantes y exponerlo a riesgos graves de colapso.
Por una parte, su aplicación conllevaría la regresión institucional del sector hacia un modelo ya superado por la propia historia venezolana, así como la inviabilidad fiscal para sostener una nueva burocracia central del agua, y el debilitamiento de competencias municipales, operadores regionales y comunidades.
Y, como consecuencia de lo anterior y del conjunto de consideraciones legales y de gestión hechas en párrafos anteriores, es altamente probable que la aplicación del Decreto Nº 5.229 establezca barreras infranqueables para el acceso del sector a la cooperación técnica y el financiamiento internacional que será indispensable para su recuperación.
En función de lo expuesto, el Grupo Orinoco y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica hacen un llamado a las autoridades nacionales, representadas en la presidente (E) Dra. Delcy Rodríguez, a que suspenda el proceso de recentralización y aplique de manera plena la LOPSAPS. Esto supone restablecer la descentralización operativa con fortalecimiento institucional; avanzar hacia la sostenibilidad financiera con criterios de equidad social; y garantizar el funcionamiento de un ente regulador independiente.
Todo ello atiende a la experiencia venezolana, la evidencia regional y las condiciones reales del país.
El agua es más que un servicio público. Es un derecho humano, un factor determinante de salud, un insumo crítico para el desarrollo económico y un pilar de la cohesión social. Fortalecer el sector exige cumplir la ley, aprender de su historia y actuar en consonancia con las mejores prácticas.
24 de febrero 2026