Sindicalistas: La dirigencia debe dejar de esperar la orden de un partido y organizarse para luchar

Sindicalistas sostienen que la clase trabajadora debe apartar las diferencias y protagonismos y volver a organizarse para «luchar por la restitución del orden constitucional»

Dirigentes sindicales de los sectores petrolero, administración pública y empresas básicas de Guayana, en una reunión virtual realizada la tarde de este viernes 22 de enero, coincidieron en que el principal reto de los trabajadores en el 2021 será apartar las diferencias y protagonismos y volver a organizarse para «luchar por la restitución del orden constitucional», el cual lo consideran requisito fundamental para garantizar el Estado de derecho desaparecido por las políticas implementadas por el chavismo y que garantizará que la clase obrera recupere la libertad, calidad de vida y la igualdad de oportunidades.

«Tenemos una crisis institucional y de principios y valores en la dirigencia. Para hablar del salario, primero tenemos que hablar del Estado de derecho, de los derechos de los trabajadores y del orden constitucional. El Estado de derecho es el derecho a la comida, a la salud. Del salario parte todo. El salario es política de los trabajadores. Nosotros luchamos por tener un salario que nos dé bienestar y poder adquisitivo. Si la dirigencia sigue esperando la orden de aquel o de aquel o de lo que decida el jefe del partido político, si seguimos esperando eso estamos chocando contra la misma pared. Tenemos que saltar esa pared, y se salta con métodos democráticos, con la participación pacífica de la ciudadanía», afirmó el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), Iván Freites, quien en diciembre dejó el país luego de denunciar acoso político en su contra.

Explicó que la propuesta es tener una dirigencia sindical organizada en «un movimiento transicional», no para sustituir a la dirigencia sindical que está actualmente en las confederaciones y sindicatos, sino para que los trabajadores tengan «una voz legitimada» a través de un proceso electoral. De acuerdo con los resultados, los que sean elegidos asumirán la etapa «transicional» hacia la democracia. «Tenemos que tener una voz representativa de los trabajadores, somos el factor fundamental en la recuperación de la democracia».

«Los últimos años los vivimos esperando órdenes de los partidos y de la dirigencia partidista. Nosotros nunca debimos haber cedido nuestra posiciones sindicales y de los trabajadores hacia un dirigente de un partido político, eso no debió ocurrir, pero ocurrió y entonces ahorita es urgente que nosotros logremos una legitimación».

El dirigente petrolero expresó que el movimiento sindical tiene que tener «una respuesta contundente» a hechos como la supuesta orden dada por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, de despedir a todos los trabajadores que fueron contratados durante la gestión de Juan Guaidó en el Parlamento.

«Cuando ves una Asamblea Nacional deslegitimada que están arremetiendo contra los trabajadores es porque sabes que es una política de un Estado dictatorial y criminal».

Dijo que la política de «dejar sin funcionamiento e inoperativos al movimiento sindical venezolano» y de «violar el Estado de derecho» empezó a ser implementada en el año 2001 por el gobierno de Hugo Chávez luego de que fuera «derrotado» su entonces candidato a la presidencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el actual ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz.

«Chávez, creyéndose todopoderoso, se atrevió a retar a los trabajadores imponiéndonos a Aristóbulo Istúriz como candidato para presidente de la CTV. Chávez y su payaso de Aristóbulo Istúriz fueron derrotados por los trabajadores. Ahí empezó la cuestión contra la democracia en el país. Le demostramos a Chávez que con democracia las tiranías y dictaduras son derrotadas. En Venezuela todas las instituciones están deslegitimadas y las organizaciones sindicales también estamos deslegitimadas, es el resultado de una política implementada por un Estado dictatorial y totalitario».

Freites agregó que la dirigencia sindical tiene que prepararse este año 2021 para ser partícipe fundamental en los cambios «que se avecinan en el país» y luchar para que se restituyan la productividad, los derechos de los trabajadores y la legitimación de las organizaciones sindicales. «Los cambios que se avecinan no nos pueden agarrar desprevenidos».

En este sentido, Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete), afirmó: «Este año tenemos que ver qué hacemos: si nos quedamos viendo qué pasa en la historia o nos involucramos en el desarrollo de esto. ¿En qué grupo deberíamos estar? Como sabemos, el trabajo de las centrales autónomas e independientes es la de defender nuestros derechos sociales, económicos y culturales. Nos enfrentamos a un régimen cuya esencia es destruir el salario y la calidad de vida».

Informó que la discusión sobre el caso Venezuela en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estudiada por una Comisión de Encuesta designada por el organismo que visitó el país en 2019, sobre si el gobierno de Maduro está dispuesto o no a aceptar las recomendaciones hechas por la instancia, fue pospuesta en la reunión de noviembre de 2020 del Consejo de Administración para la próxima reunión del consejo en marzo de este año.

«Todas las denuncias que han hecho nuestros compañeros los estamos haciendo llegar a oficina del Consejo de Administración para que se vea que de forma reiterada el gobierno sigue actuando a espaldas de las recomendaciones», dijo Carbone.

Recordó que la investigación en el país de la Comisión de Encuesta, nombrada para estudiar las denuncias hechas por el sector empresarial venezolano sobre violaciones a convenios internacionales, dio como resultado «unas contundentes recomendaciones» sobre que «el gobierno ha incumplido los convenios relativos a los métodos para establecer el salario mínimo, sobre el diálogo tripartito y la libertad sindical».

Señaló que la central sindical también se ha reunido con técnicos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están en el país, a quienes se les ha «dicho que es importante cuando el régimen entregue cifras buscar la fuente para que sepan que toda la información sobre, por ejemplo, supuestos procesamientos penales es mentira».

El secretario de Sintraferrominera, Rubén González, recordó que en las dos ocasiones en las que fue detenido, en 2009 y luego en 2018, estuvo varios meses privado de libertad por «defender los intereses de los trabajadores», esperando un juicio que fue pospuesto en varias oportunidades, para luego ser «indultado» porque «no tenía ningún tipo de delito».  «En 2009 me agarraron preso por defender los derechos de los trabajadores. Estuve 18 meses privado ilegítimamente de mi libertad, un juicio que duró casi cinco años, y después me dijeron que no tenía ningún tipo de delito. Esas son las instituciones del Estado».

«Expongo esto porque he vivido en carne propia las violaciones flagrantes de los que no les importa la Constitución, tanto así que me llevaron a un tribunal militar que me condenó cinco años y nueve meses de cárcel. Ellos saben que yo soy inocente, fue una política. Ante este régimen estamos. Hasta a los niños los sacaron de las escuelas y se metieron en mi casa y rompieron las paredes, pero después me dan el indulto y no ha pasado nada. En Venezuela hay crímenes de lesa humanidad, se vulnera la democracia. Aquí persiguen, agarran y desaparecen gente».

En un par de oportunidades el evento fue saboteado «por personas a quienes incluso le pagan por hacer este tipo de cosas», dijo el periodista Nicmer Evans, director de Punto de Corte, medio que organizó el foro.

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