Siguiendo el razonamiento del primer artículo, sobre esta pequeña serie que título el PROBLEMA VENEZUELA, en el que intento demostrar que viene siendo la “causa eficiente” de muchas de las explicaciones que queremos darnos, esta vez apoyo esa inferencia revelando las inmensas ventajas que su explotación tiene sobre otras actividades económicas internas y las que posee en el ámbito internacional.

Venezuela ha logrado una hazaña científica y sociológica sin precedentes: la democratización absoluta de las sombras. En una transición milagrosa que dejaría atónito a cualquier físico cuántico, los cortes de luz programados pasaron de ser breves pausas de 2 horas a prolongadas e inmersivas sesiones de 6 y 8 horas diarias.

En Venezuela decimos: «No somos suizos» para justificar nuestra manera de improvisar y resolver. Pero quizás deberíamos preguntarnos por qué el país más aburrido del mundo es también el más innovador.

Durante catorce meses, Machado había sido un ser multiplexado, una señal sin origen localizable, físicamente en ningún sitio y virtualmente en todas partes. Esa condición la protegió mientras se mantuvo oculta.

El final del siglo XX venezolano ha sido el periodo más largo de nuestra historia de gobiernos escogidos por el pueblo y presididos por civiles. Fueron cuarenta años de alternabilidad democrática, de ejercicio de la libertad, de subordinación de los militares a la Constitución y de oportunidades para los venezolanos.

La investigación, que analizó la normativa dictada en la materia, así como las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los últimos 5 años, revela la profundización de un patrón estatal de control sobre las organizaciones civiles y sociales sin fines de lucro, en el cual confluyen leyes restrictivas, actuaciones discrecionales e intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dificultan o imposibilitan su libre funcionamiento.

Hace exactamente dos décadas, las máximas instancias judiciales de Venezuela pretendieron sentar un precedente histórico en materia de protección ambiental. A través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dictaron medidas de amparo para proteger a las familias de La Punta y Mata Redonda frente al implacable y silencioso ascenso del Lago de Valencia.