Hace exactamente dos décadas, las máximas instancias judiciales de Venezuela pretendieron sentar un precedente histórico en materia de protección ambiental. A través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dictaron medidas de amparo para proteger a las familias de La Punta y Mata Redonda frente al implacable y silencioso ascenso del Lago de Valencia.

Que un hospital pueda contratar enfermeras, una escuela pueda reparar sus techos o un país pueda construir una red de energía limpia depende a menudo de factores que rara vez aparecen en las noticias. En muchos casos, son las normas que limitan los déficits, el endeudamiento y el gasto las que determinan, en última instancia, si los gobiernos pueden invertir en el futuro.

Después del tres de enero pasado, cuando militares de Estados Unidos (USA) sacaron del poder a Maduro y se lo llevaron para juzgarlo allá y luego que el presidente de ese país, Donald Trump, dijera que “esa acción fue una guerra que él ganó y por lo tanto le corresponde el botín (nuestro petroleo y demás riquezas estratégicas) y ejercer autoridad sobre nosotros”.

Tras la entrega de Alex Saab y Álvaro Pulido, Washington ha obtenido garantías para recibir al exministro de Petróleo y al expresidente del Supremo Maikel Moreno

La primera vez que topé con la fábula de La Fontaine Las razones del lobo fue cuando escuché a Reinaldo, mi hermano menor, que entonces tenía seis años, recitarla en francés. Tiempo después, me pareció un exabrupto que a los niños se les inculque esa falacia de que la razón del más fuerte es siempre la mejor.

Mientras la mayoría de los análisis se quedan en la superficie de la crisis venezolana, hay un ángulo que casi nadie toca: la gran brecha entre el discurso oficial sobre la democracia y la fría realidad de los intereses en juego en Washington.