En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de Nicolás Maduro vuelve a vestirse con un disfraz que no le pertenece: el de un Estado feminista. Pero detrás de esta retórica oportunista se esconde una realidad brutal para las mujeres venezolanas, víctimas de un sistema que no solo las ignora, sino que sistemáticamente agrava sus condiciones de vida.

Lejos de proteger sus derechos, el régimen ha convertido la supervivencia en una carga desproporcionadamente femenina. La crisis humanitaria compleja —con su escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos— ha recaído históricamente sobre los hombros de las mujeres, forzándolas a asumir jornadas extenuantes de cuidados no remunerados en un país donde el Estado está ausente. Convertidas en gestoras de la escasez, deben recorrer ciudades vacías en busca de agua, hacer colas interminables por una caja de medicamentos o un kilogramo de comida, y sostener solas a hijos, enfermos y ancianos. Esta realidad, sin embargo, parece ser invisible para un gobierno que se declara defensor de la mujer.

Pero la violencia no solo se expresa en el abandono. Mientras el Estado se refugia en el silencio, los feminicidios continúan en ascenso. Según organizaciones independientes, en lo que va de año se han registrado al menos 106 casos. Una cifra que duele no solo por su magnitud, sino por la indiferencia con la que es recibida. No existen políticas públicas efectivas de prevención, ni sistemas de protección para las mujeres en riesgo, ni siquiera un registro oficial que honre la memoria de las víctimas. El mensaje implícito es claro: sus vidas no importan.

Tampoco importan sus cuerpos. En un país donde el cáncer de cuello uterino se mantiene como la segunda causa de muerte en mujeres, no existe un programa accesible de vacunación contra el VPH, ni campañas de detección temprana, ni tampoco disponibilidad de tratamientos. Al mismo tiempo, anticonceptivos que deberían ser derechos se han vuelto artículos de lujo en una economía con el salario mínimo más bajo del mundo. La autonomía reproductiva es, para la mayoría, un privilegio inalcanzable.

Esta negación de derechos se profundiza con la calculada omisión de debates esenciales. En una clara muestra de su doble moral, el gobierno se niega a incluir en la agenda política la despenalización del aborto, cediendo a las presiones de sus aliados en la iglesia evangélica conservadora. Mientras las mujeres de la región avanzan en el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, en Venezuela ni siquiera se permite el debate, condenando a miles a la clandestinidad, a prácticas inseguras o a la maternidad forzada.

Y mientras se niegan estos derechos básicos, el Estado despliega otra forma de violencia menos visible pero igualmente letal: la represión política. Hoy hay más de 180 mujeres tras las rejas por motivos políticos, encarceladas por disentir, por alzar la voz, por organizarse. Son presas de un sistema que utiliza el encarcelamiento como herramienta de control y amedrentamiento. Sus casos revelan la verdadera naturaleza de un gobierno que, lejos de ser inclusivo, castiga a las mujeres que se atreven a pensar y a resistir.

Esta contradicción se repite en la pantomima de la representación femenina dentro del oficialismo. Aunque algunas mujeres ocupan cargos públicos, su presencia suele ser decorativa, funcional a un poder patriarcal que las mantiene lejos de las decisiones reales. Peor aún, desde las más altas esferas se normaliza un lenguaje denigrante y misógino, como cuando una mujer opositora es llamada “bruja demoníaca” o “María la loca” para referirse a María Corina Machado por altos funcionarios. No se trata de un exabrupto aislado, sino de la expresión pública de un desprecio estructural.

Frente a esta realidad, no queda espacio para la ambigüedad. Un gobierno que abandona, reprime, silencia y encarcela a mujeres no puede llamarse feminista. Un Estado que permite que el cáncer y la violencia machista arrebaten vidas, que convierte los derechos en privilegios y la disidencia en delito, que niega el debate sobre el aborto por cálculos políticos con sectores conservadores, no es un aliado: es el agresor.

Hoy, 25 de noviembre, mientras el oficialismo se envuelve en banderas moradas, las mujeres venezolanas seguimos enfrentando una verdad incómoda pero ineludible: en Venezuela, la violencia de género también se llama impunidad, negligencia y represión de Estado.