El negocio petrolero venezolano entra en 2026 con tres vectores estratégicos en tensión: el proyecto de privatización casi total de María Corina Machado (MCM), el enfoque transaccional y de control político de Donald Trump, y una reforma de la Ley de Hidrocarburos del chavismo que abre espacios operativos y fiscales a los privados, pero preserva el dominio estatal.

Todo lo anterior sobre un piso jurídico fragmentado por la coexistencia de dos Asambleas Nacionales y una pesada mochila de deuda y laudos arbitrales, lo que crea oportunidades de corto plazo, pero también riesgos serios sobre la sostenibilidad de un marco jurídico estable para inversiones grandes y de largo plazo en upstream y midstream.

1. Cómo lo pensó MCM

MCM plantea un Hub Energético de las Américas basado en la privatización total del sector de hidrocarburos, reducción drástica del rol operativo del Estado y desaparición de PDVSA como operador dominante, dejando al Estado como regulador y recaudador.

El plan propone licitar campos, refinerías y activos intermedios, abrir el capital de empresas estatales y permitir que socios actuales migren a contratos más atractivos, con metas de producción por encima de 3 millones de bpd y más de USD 17.000 millones en inversiones en 15 años.

El diseño descansa en restaurar estado de derecho, garantías de propiedad, estándares internacionales de protección a la inversión y un régimen fiscal liviano (bajas regalías e impuestos) para competir con otras jurisdicciones, integrando además apoyo de FMI, Banco Mundial y BID.

Su lógica central es resolver el riesgo político/jurídico de raíz mediante una transición democrática, reestructurar la deuda y usar privatizaciones (incluido canje de deuda por equity) para limpiar balances, habilitando un ciclo largo de inversión. Esta propuesta se enmarca en un contexto de libertad política, priorizando la liberación de presos y el fin de la represión.

Componente Principal

Detalles Clave

Beneficios Esperados

Privatización

Reducción de PDVSA; oferta de campos y refinerías a privados

Eliminación de monopolios; operación eficiente y competitiva

Inversiones

> USD 17.000 MM en 15 años; asociaciones multilaterales

Reconstrucción de infraestructura; miles de empleos bien pagados

Impuestos

Tasas bajas y competitivas; menores regalías

Atracción de capital internacional; mayor rentabilidad

Producción

> 3 MM bpd de petróleo; expansión gasífera

Prosperidad económica; seguridad energética hemisférica

Reforma Legal

Modificación de Ley de Hidrocarburos; estándares internacionales

Protección a inversiones; fin de restricciones estatales

El plan contrasta con las reformas del régimen chavista (que presento más abajo), ya que busca una apertura total sin control estatal, alineada con valores liberales y alianzas occidentales.

2. Qué está haciendo Trump

Trump impulsa una estrategia de control directo del petróleo venezolano tras la captura de Maduro, con una "administración temporal" de facto de la riqueza petrolera. Prioriza la reactivación rápida de producción, la venta de crudo almacenado (hasta 50 millones de barriles) y la reentrada de grandes empresas estadounidenses. Al mismo tiempo, emite órdenes ejecutivas para blindar ciertos flujos petroleros frente a embargos, administrando fondos en cuentas supervisadas por el Tesoro para fines "soberanos" y manejo político de acreedores.

Esta aproximación es transaccional, pues privilegia la estabilidad inmediata trabajando con figuras chavistas como Delcy Rodríguez e impulsando una reforma de la Ley de Hidrocarburos que permita mayor participación privada y arbitraje internacional, pero sin desmontar el aparato estatal ni priorizar una transición democrática plena.

El resultado es una apertura "controlada", fuertemente mediada por Washington, donde la prioridad es la captura y administración de flujos de caja y no tanto la construcción de un marco de largo plazo dirigido por autoridades legitimadas.

Aspecto

Propuesta de Machado

Enfoque de Trump

Nivel de Alineación

Privatización

Total, con fin de monopolio estatal

Control temporal de EE.UU., posible apertura a privados pero con chavistas

Bajo: Trump mantiene control estatal interino

Inversiones EE.UU.

Atracción masiva con seguridad jurídica

Reentrada de empresas estadounidenses prioritaria

Alto: Ambos buscan participación de EE.UU.

Producción y Hub Energético

>3 MM bpd, socio confiable para EE.UU.

Reconstrucción y venta rápida de crudo

Medio-Alto: Coinciden en aumento, pero Trump enfocado en control inmediato

Transición Política

Democrática bajo oposición

Estabilidad con régimen remanente, democracia pospuesta

Bajo: Trump margina a opositores como Machado

Uso de Ingresos

Bienes públicos y desarrollo

Reembolso a EE.UU. y ventas privadas

Medio: Beneficios compartidos, pero prioriza EE.UU.

Como puede notarse, hay alguna alineación parcial en el énfasis económico y estratégico del petróleo como puente entre Venezuela y EEUU, pero divergen en la priorización: Machado busca una transformación democrática y liberal, mientras Trump opta por pragmatismo de corto plazo que mantiene estructuras chavistas, lo que podría frustrar aspectos clave del modelo de MCM.

Y no perder de vista el discurso del Presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, al entregar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado (MCM) en Oslo, que constituye la lápida diplomática definitiva para el modelo chavista. Este discurso no fue una simple ceremonia; fue la validación internacional de que el chavismo ya no es un actor político legítimo, sino una estructura de ocupación en retiro… hasta que Trump les dio un nuevo aire y los volvió a poner en el tablero.

El mensaje es confuso, y habría que confiar en que tienen prevista algún tipo de mitigación, pues pareciera que la administración Trump no está previendo la resiliencia chavista ni el comportamiento que han tenido frente a ningún tipo de negociación en el pasado, por lo que “la esencia del escorpión” debe manifestarse en algún momento, y allí, o bien Trump tendrá que usar la fuerza nuevamente, o tendrá que aceptar que ellos ganaron y que se pueden quedar… Lo que sí es poco probable es que jueguen limpio.

3. Qué ofrece la nueva Ley de Hidrocarburos chavista

La reforma parcial mantiene los principios de soberanía, dominio público del recurso y maximización de la renta, pero introduce elementos favorables al inversor: reconocimiento explícito de "seguridad jurídica" y "transparencia contractual" en el objeto de la Ley, apertura a "arbitrajes independientes" y ampliación de las figuras contractuales para que empresas privadas operen actividades primarias por cuenta y riesgo propio.

Se flexibiliza el modelo de empresas mixtas y contratos: actividades primarias pueden ser realizadas por (i) empresas 100% estatales, (ii) empresas mixtas con mayoría estatal, y (iii) empresas privadas mediante contratos con empresas estatales.

Se crea una sección de "Contratos para el desarrollo de actividades primarias" donde la empresa operadora privada asume el riesgo, recibe un porcentaje de producción (con comercialización directa) y puede arrendar activos estatales, con cláusulas de equilibrio económico-financiero para asegurar retorno de la inversión.

En materia fiscal, se mantiene una regalía base de 30%, pero se permite reducirla hasta 20% (contratos privados) o 15% (mixtas) y rebajar el impuesto de extracción hasta 20% o 15% en proyectos específicos. Se autorizan comercialización directa y apertura de cuentas en cualquier moneda y jurisdicción a accionistas minoritarios de empresas mixtas, reforzando su control operativo y flujo de divisas, aunque sin transferir la titularidad de los yacimientos. La derogatoria parcial de leyes de "reserva al Estado" consolida, de facto, los esquemas contractuales más flexibles en uso.

4. Ambivalencia de las dos Asambleas y posición de Exxon/otros

La coexistencia de la AN chavista (que aprueba la reforma) y la AN 2015 (reconocida por EEUU) genera una ambivalencia estructural para el derecho interno efectivo; la reforma es plenamente aplicable y organiza el negocio petrolero con reconocimiento del TSJ.

Para el circuito de reconocimiento internacional, persisten dudas sobre la legitimidad de esa AN, mientras la AN 2015 prorroga su vigencia y mantiene capacidad de nombrar juntas ad hoc (PDVSA, CVG, Citgo) e influir sobre activos externos, litigios y reestructuración de deuda. Esto fractura la cadena de representación del Estado en cortes y arbitrajes, como se vio en el enforcement de laudos CIADI donde se litigó quién representaba válidamente a Venezuela.

ExxonMobil y otras grandes compañías han interiorizado este riesgo: Exxon fue una de las más litigantes frente a las expropiaciones de Chávez, obteniendo laudos significativos en ICSID/ CIADI, y hoy continúa procesos de ejecución. El historial de expropiaciones ha llevado a las majors a insistir en jurisdicciones arbitrales internacionales claras, protección frente a cambios de ley y garantías sobre quién representa válidamente al Estado a la hora de reconocer laudos y acuerdos.

Empresas como Repsol y Eni, también acreedoras de PDVSA por miles de millones, muestran interés en volver, pero subrayan la necesidad de resolver deudas pendientes y clarificar el régimen de licencias estadounidenses.

En este contexto, la ambivalencia de las dos Asambleas debilita la promesa de "seguridad jurídica" de la nueva ley, donde el inversor percibe un riesgo de futura impugnación, renegociación o no reconocimiento de contratos, dependiendo de quién termine consolidando el poder.

5. Deuda externa, PDVSA y laudos CIADI

Venezuela y PDVSA siguen en default generalizado desde 2017–2018, con bonos soberanos y de PDVSA en manos de fondos especializados y empresas energéticas que buscan recuperar capital a través de litigios, swaps y canjes con equity o flujos petroleros.

Los litigios en Nueva York han avanzado, vinculando el destino de Citgo y otros activos a la ejecución de laudos y sentencias.

Los laudos contra Venezuela y PDVSA (ExxonMobil, ConocoPhillips y otros) suman decenas de miles de millones de dólares nominales, lo que condiciona cualquier nueva ola de inversión: el flujo futuro de caja petrolero está parcialmente "pre-embargado" por acreedores.

Lo anterior explica por qué el Tesoro estadounidense ha creado esquemas donde el Estado norteamericano administra o protege ciertos ingresos petroleros frente a embargos, intentando ordenar las prioridades de pago y evitar captura caótica de activos.

Sin una reestructuración integral de la deuda soberana y de PDVSA –con participación de los principales acreedores, tenedores de laudos y actores políticos internos (AN 2015, AN chavista, Ejecutivo)– el negocio petrolero seguirá arrastrando un descuento de riesgo elevado: cualquier aumento sustancial de producción será observado por acreedores como "fuente de cobro" inmediata.

6. Viabilidad del negocio con la nueva Ley

En el corto plazo (3–5 años), la nueva Ley abre opciones viables para proyectos brownfield y algunos greenfield de costo relativamente bajo, especialmente para actores que ya están dentro del ecosistema venezolano, dispuestos a asumir riesgo político y capaces de estructurar operaciones apoyadas por licencias estadounidenses y garantías contractuales reforzadas.

Para grandes proyectos de largo plazo (heavy oil de Faja, gas costa afuera, infraestructura de refinación profunda), la dualidad institucional, la incertidumbre sobre gobernanza futura y la carga de deuda y laudos hacen que la viabilidad dependa de un "paquete integral": clarificación de legitimidad, reestructuración de deuda, estabilización política y un arreglo sobre la participación de la oposición en el diseño del marco.

8. Conclusiones y propuestas

Conclusiones clave

• MCM diseña un modelo de capitalismo energético pleno, basado en privatización, apertura institucional y alianza estratégica con EEUU, resolviendo la inseguridad jurídica mediante cambio de régimen y reestructuración integral
• Trump prioriza control rápido de flujos petroleros y estabilidad mínima mediante un acuerdo con sectores chavistas, usando la reforma de hidrocarburos como vehículo de apertura selectiva, pero sin desmontar de inmediato las estructuras de riesgo histórico
• La nueva Ley chavista es un avance pragmático en instrumentos contractuales y fiscales, pero su capacidad de generar seguridad jurídica duradera está erosionada por la existencia de dos Asambleas y por el legado de defaults y laudos no resueltos

Propuestas para habilitar la viabilidad del negocio

• Convergencia institucional mínima: Impulsar un acuerdo político–técnico que pueda ser avalado por la AN 2015 (o sus sucesoras) para emitir, al menos, una “Declaración de Estado” sobre respeto a contratos petroleros, mecanismos de solución de controversias y lineamientos de reestructuración de deuda, que reduzca el riesgo de desconocimiento cruzado futuro
• Marco arbitral y de deuda coordinado: Incorporar de forma explícita en la ley (o en contratos modelo) referencias a CIADI u otros foros arbitrales internacionales, vinculadas a un programa acordado de gestión de laudos existentes (prioridades de pago, canjes por participación en nuevos proyectos).
• Diseñar un "Acuerdo Maestro de Reestructuración" que trate integralmente bonos soberanos, deuda de PDVSA (alter ego) y laudos, ofreciendo a acreedores menús de canje (nuevo papel, equity en activos específicos, participación en flujos futuros) a cambio de levantar cargas sobre activos críticos como Citgo.
• Blindaje contractual para nuevos inversores: Establecer contratos tipo con cláusulas de estabilización fiscal, arbitraje internacional, escrow offshore, derechos de step-in y reglas claras de terminación, replicables sectorialmente. Prever "puentes" entre el marco actual chavista y una eventual reforma profunda (a la MCM), incluyendo cláusulas de adaptación y reconocimiento recíproco para que inversiones hechas hoy no queden descolocadas tras cambio político.
• Gestión estratégica con majors: Abrir mesas específicas con ExxonMobil, ConocoPhillips, Repsol, Eni y otras para (i) resolver litigios pendientes mediante acuerdos globales, (ii) vincular renuncia parcial a laudos con participación en nuevos proyectos y (iii) definir protocolos sobre el contencioso Guyana–Esequibo que minimicen riesgo geopolítico.
• Transparencia y gobernanza: Crear un fondo soberano petrolero con gobernanza mixta (participación de sociedad civil y veeduría internacional) donde se canalicen flujos adicionales generados por la reforma, con reglas claras de uso y reporte, reduciendo la percepción de captura política de rentas.

Con estas piezas, el negocio petrolero venezolano puede pasar de ser una apuesta táctica de alto riesgo a un proyecto estratégico de largo plazo; sin ellas, la combinación de apertura parcial, dualidad institucional y sobreendeudamiento seguirá condenando al país a ciclos de inversión cortos, litigios prolongados y descuentos de riesgo que erosionan cualquier ventaja de reservas y costo de producción.

Aspecto clave

MCM (oposición liberal)

Trump (EE.UU. 2026)

Chavismo / nueva Ley Hidrocarburos 2026

Rol de PDVSA y del Estado

Privatización prácticamente total; el Estado como regulador y recaudador

Control temporal fuerte de EE.UU.; se mantiene aparato estatal con figuras chavistas

Mantiene dominio público del recurso pero con mayor espacio para privados mediante mixtas y contratos

Propiedad y operadores

Apertura total a propiedad privada nacional y extranjera; múltiples esquemas de privatización

Empresas estadounidenses como operadoras clave bajo paraguas de EE.UU.

Operación primaria por: (i) empresas 100% estatales, (ii) mixtas con mayoría estatal, (iii) privadas vía contratos

Marco jurídico y arbitraje

Reforma profunda para garantizar propiedad privada, contratos estables y arbitraje amplio, ligado a reestructuración de deuda

Administración estadounidense de contratos y flujos; fuerte uso de derecho estadounidense

Reforma parcial que introduce "seguridad jurídica", arbitraje e mediación independientes; valida contratos Antibloqueo

Régimen fiscal

Bajas regalías e impuestos para competir globalmente

Estructura transaccional: recuperar inversiones de empresas y reembolsar a EE.UU.

Regalía base 30%, con posibilidad de reducción a 20% o 15%; flexibilización similar del impuesto de extracción

Meta de producción

>3 MM bpd de petróleo; gran expansión gasífera; "Hub Energético de las Américas"

Recuperar infraestructura, vender 30–50 millones de barriles iniciales, escalar con majors de EE.UU.

Aumentar producción reabriendo sector a inversión privada preservando soberanía; énfasis en recuperación de campos

Política y gobernanza

Transición democrática plena; desmontaje del chavismo; reestructuración de deuda; fortalecimiento del estado de derecho

Pragmatismo de corto plazo: estabilidad con sectores chavistas, democracia pospuesta

Continuidad del chavismo con ajustes pro-mercado; gobernanza centralizada y conflictiva con AN 2015

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