El 27 de julio de 2025, en una carta que envié a Vladimir Padrino y al Alto Mando Militar, hice un planteamiento similar al que hago hoy. En ese entonces, no fue escuchada nuestra advertencia. Cinco meses y nueve días después vimos las consecuencias el 3 de enero de 2026.
Un gobierno de unidad nacional y transición
El juego político, tal como hoy se expresa, no ofrece una salida real. El dilema estratégico es claro: sin respaldo militar no existe transición viable. En Venezuela, la estructura de poder no ha sido exclusivamente civil ni electoral, sino una simbiosis cívico-militar que ha sostenido al régimen durante más de dos décadas.
Todo intento de cambio político que emane de la Presidencia encargada, encabezada por Delcy Rodríguez, o por la Asamblea Nacional, si ignora el rol de la Fuerza Armada Nacional —o de las fuerzas de la oposición política que lidera María Corina Machado— está condenado al fracaso o al caos y abre escenarios peligrosos. Reconocer este hecho implica asumir una lectura realista del poder. Una transición estable exige el compromiso del único cuerpo con capacidad coactiva organizada como la institución castrense, incluso después de la derrota sufrida el 3 de enero de 2026, y de la participación de todas las fuerzas políticas de distintas tendencias. Esta vía representa, además, una salida genuinamente venezolana, no impuesta desde afuera. La presidenta Rodríguez y la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez tienen ante sí la oportunidad de conducir un cambio histórico convocando a un gobierno de concentración nacional.
¿Qué tipo de poder militar se requiere?
No una cúpula subordinada a un proyecto ideológico, sino una instancia transitoria, institucional y constitucional, garante de la paz y de los acuerdos nacionales. Un poder militar que acompañe una transición cívico-militar, se despolitice progresivamente y garantice la no intervención armada de factores políticos, grupos violentos, organizaciones criminales o guerrilleras durante el proceso. Asimismo, debe proteger a todos los actores políticos y sociales involucrados —salientes y entrantes— y subordinarse, con plazos y condiciones explícitas, a un nuevo orden constitucional.
Desde la psicología política: ¿por qué esta vía es aceptable?
Porque un gobierno provisional cívico-militar evita el vacío de poder traumático, que suele derivar en anarquía o nuevas tiranías. Porque desactiva el miedo en quienes aún detentan poder, al eliminar la lógica del “todo o nada”. Y porque permite a la ciudadanía reencontrarse con sus instituciones sin trauma revolucionario ni espirales de venganza.
Reconocer a la FAN como garante del proceso facilita la creación de un Consejo de Seguridad Democrático Transitorio, integrado por civiles y militares. También la firma de un pacto nacional con cronograma, metas y límites claros, un compromiso internacional de no intervención con acompañamiento multilateral, y la condición explícita de que, en un plazo máximo de dos años, el poder militar regrese plenamente a los cuarteles, subordinado a una nueva Constitución. Esta vía estabiliza la economía y la producción petrolera, indispensable herramienta para atenuar la grave carencia de bienes y servicios públicos disponibles para los ciudadanos.
No se trata de que las Fuerzas Armadas asuman el poder, sino de comprometerlas con el rescate de la República. Si el uniforme vuelve a ser sinónimo de soberanía, paz y reconstrucción —y no de represión, corrupción, ni privilegios— el futuro aún es posible.
Objetivos en un plazo máximo de dos años
Implementar un Plan Nacional de Emergencia social y económica. Preparar elecciones libres con observación internacional. Este gobierno provisional, civil y castrense, estaría integrado por representantes de todos los sectores nacionales: academia, sociedad civil, militares activos y en retiro, líderes religiosos, medios de comunicación, dirigentes comunales y partidos políticos democráticos del gobierno encargado y de la oposición, sin exclusiones arbitrarias. A la par, convocar de inmediato una Asamblea Constituyente plural y democrática. Redactar una nueva Constitución centrada en derechos, equilibrio de poderes y reconstrucción institucional.
El asilo o exilio
Las transiciones de dictaduras a democracias exitosas —como la de España post-Franco, o la de Chile pos-Pinochet, o incluso la de Suráfrica del posapartheid— ofrecieron salidas negociadas a sectores del régimen anterior, en vez de aplastarlos. Esto facilitó pactos políticos, garantías de no venganza inmediata, y estabilidad institucional.
Para separar a los irreconciliables de este proceso nacional ya que algunos dirigentes actuales no se integrarían nunca a una Venezuela democrática, su salida de la política sería negociada para destrabar el proceso y permitir oxigenar las instituciones. Entre los riesgos que significa esta separación de algunos ministros del gobierno es que pueda ser percibido como impunidad si no se acompaña del compromiso de no retorno político, ni de subterfugio para la conspiración.
Justicia restaurativa, reconciliación y amnistía condicionada
En lugar de promover la venganza, el proceso debe contemplar una justicia restaurativa, provisional que escuche a las víctimas y procure reparación sin destrucción institucional. Una amnistía condicionada para funcionarios civiles y militares que cooperen con la transición, acompañada de mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición. Debe incluir la posibilidad de asilo o exilio voluntario, en condiciones verificables, para figuras clave del actual régimen que decidan retirarse sin obstruir la transición. No como impunidad, sino como instrumento político para desbloquear el proceso.
Gobierno de integración nacional de transición
Con una duración máxima de dos años, debe regirse por criterios éticos, representativos y estratégicos. No por liderazgos mesiánicos, sino por un equipo plural, técnico y legitimado, cuyo objetivo central sea la reconstrucción democrática, el diseño de una nueva Constitución y la organización de elecciones generales limpias.
Desde el inicio deberá decretarse una amnistía general y la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Principios rectores
Inclusión amplia, sin hegemonías partidistas. Equilibrio de género y diversidad cultural. Ausencia de inhabilitaciones arbitrarias. Compromiso explícito con la democracia y los derechos humanos.
Pasos a seguir
1. Creación del Consejo de Gobierno de Transición (CGT)
Luego de la renuncia del actual Consejo de Ministros, por orden de la presidenta, se constituirá el Consejo de Gobierno de Transición, órgano colegiado que ejercerá la jefatura del Estado y del Gobierno durante un período máximo de 24 meses.
El Consejo estará integrado por siete (7) miembros: 1. La Presidente encargada Delcy Rodríguez, quien lo presidirá. 2. El Comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, quien asumiría el ministerio de la defensa tras la renuncia del actual ministro. 3. María Corina Machado, para involucrar a la líder opositora venezolana en un eventual proceso de transición política en Venezuela. 4. Edmundo González Urrutia, votado mayoritariamente por los sectores de la oposición democrática 5. Un tercer miembro de la oposición, designado para representar al resto de las fuerzas opositoras. 6. Dos miembros serán nombrados por la presidente, o por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
De esta manera, el Consejo quedaría conformado por tres (3) representantes del actual gobierno, tres (3) representantes de la oposición democrática y un (1) representante de la Fuerza Armada Nacional, garantizando un equilibrio institucional entre las partes.
Las decisiones se adoptarán por consenso o, en su defecto, por mayoría calificada.
Todos los integrantes deberán poseer reconocimiento nacional o internacional, y no haber sido responsables directos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o corrupción sistemática. Este Consejo representará de manera equilibrada a los sectores democráticos de la sociedad: academia, gremios, iglesias, medios de comunicación, sectores empresariales, sociedad civil organizada y Fuerza Armada institucional.
2. Instauración del Consejo Consultivo Constitucional
Se constituirá un Consejo Consultivo Constitucional, integrado por 30 a 40 miembros, encargado de redactar la nueva Constitución con amplia participación social. Este Consejo incluirá juristas, constitucionalistas, líderes políticos y sociales, representantes comunitarios, universidades, mujeres, jóvenes, sindicatos, empresarios y Fuerzas Armadas institucionales, entre otros sectores. Podrá contar con una misión internacional de acompañamiento constitucional, con carácter técnico y consultivo.
3. Comisión Nacional de la Verdad, Justicia y Reconciliación
Se creará esta Comisión, inspirada en experiencias como Sudáfrica, Chile y Colombia. Sus funciones serán, reconocer y dignificar a las víctimas. Proponer medidas de amnistía diferenciada, según el grado de responsabilidad y cooperación con la verdad. Diseñará mecanismos de reparación y resarcimiento social. La Comisión deberá contar con legitimidad ética, y podrá estar integrada por representantes de iglesias, defensores de derechos humanos, víctimas, líderes interculturales y observadores internacionales en calidad de asesores.
4. Gabinete Técnico Ejecutivo Transitorio
Se nombrará un Gabinete Técnico Ejecutivo Transitorio, conformado por ministros no partidistas en áreas estratégicas tales como economía, petróleo y minería, turismo, educación, salud, justicia, relaciones exteriores, energía, alimentación, ambiente, entre otras. En el ámbito castrense, el nombramiento del nuevo Ministro de la Defensa considerará la antigüedad, el desempeño profesional y el apego constitucional. Este gabinete, presidido por la Presidenta encargada, implementará medidas urgentes de estabilización macroeconómica, reactivación productiva, restauración de servicios básicos, y recuperación del sistema educativo y de salud. Los ministros podrán ser seleccionados mediante convocatorias públicas avaladas por universidades, academias y gremios profesionales.
5. Consejo Asesor de Emergencia Humanitaria y Económica
Se invitará a organismos multilaterales y ONG internacionales para aportar planes, recursos y supervisión técnica del uso de fondos destinados a la emergencia humanitaria y la recuperación económica.
6. Mesa de Seguridad Institucional
Con participación de los mandos militares y policiales institucionales, líderes civiles y observadores internacionales, esta Mesa tendrá como funciones garantizar la no retaliación armada durante la transición. Asegurar la estabilidad y seguridad del proceso. Acompañar el retorno progresivo de la Fuerza Armada a la subordinación constitucional plena.
7. Nuevo Poder Electoral
La Asamblea Nacional dará curso a la petición del Consejo de Gobierno de Transición presidido por Delcy Rodríguez para constituir un nuevo Consejo Supremo Electoral con las personas que se escogieron por consenso de gobierno y oposición para que se garanticen elecciones libres, competitivas y verificables para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, a gobernaciones y alcaldías y a la Presidencia de la República. Se permitirá la postulación de todos los partidos y ciudadanos, de conformidad con la nueva normativa constitucional, y levantando las sanciones a quienes se les impusieron las inhabilitaciones políticas arbitrarias, mediante una ley urgente aprobada por la Asamblea Nacional. Se garantizará expresamente la participación en los comicios de la dirigente María Corina Machado, así como de todos los líderes políticos hoy excluidos sin debido proceso.
Principios rectores para la selección del gobierno de transición
Inclusión amplia, sin hegemonías partidistas. Equilibrio de género y diversidad cultural. Ausencia de inhabilitaciones arbitrarias. Compromiso explícito con la democracia, los derechos humanos y la justicia.
¿Quiénes no deben integrar este gobierno?
Personas vinculadas a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Responsables de corrupción comprobada. Los militares activos podrán participar únicamente bajo un compromiso absoluto con la Constitución y el proceso de transición, sin privilegios ni autonomía política.
¿Por qué las Fuerzas Armadas son necesarias?
Venezuela es un país con instituciones civiles profundamente debilitadas, bajo amenaza de estructuras armadas paralelas como milicias políticas sin control, colectivos con armas de guerra, organizaciones del crimen organizado, narcotraficantes con poder militar, grupos irregulares y guerrillas internacionales. Las Fuerzas Armadas controlan buena parte del territorio, de la economía y del orden público y pueden garantizar una transición con estabilidad y prevenir un caos, fragmentación territorial, confrontaciones, o intervención extranjera. Ignorar esta realidad sería ingenuo.
Condiciones
Un gobierno cívico-militar solo es aceptable si cumple estos requisitos: Duración de su mandato limitado al menor tiempo posible con un máximo de 24 meses para cumplir con lo planteado. Sea presidido por una autoridad civil con respaldo nacional e internacional. Participación militar restringida a seguridad, infraestructura y logística. Compromiso público y verificable con elecciones libres y retorno constitucional, y con los mecanismos ciudadanos de contraloría ética.
Psicología del poder: ni odio ni ingenuidad
Los militares han sido actores centrales del poder durante más de dos décadas. Excluirlos genera reacción, incluirlos sin límites perpetúa el problema. Un liderazgo civil inteligente ofrece garantías institucionales, no privilegios, y abre espacios para la reintegración constitucional, no para la perpetuación del mando. La transición venezolana exige lucidez, firmeza moral y sentido de la realidad. No se trata de un gobierno militar con civiles, sino de un gobierno civil con acompañamiento militar subordinado, temporal y ético.
¿Qué ganaría el país con esta vía?
Evitar una conflagración entre los venezolanos, un golpe conspirativo o un baño de sangre. Desactivar el miedo de quienes hoy tienen poder y podrían boicotear la transición. Dar un ejemplo al mundo de que se puede hacer justicia sin venganza. Iniciar la sanación emocional de una nación fracturada. Tomemos en cuenta que si no hay amnistía total y completa de los presos políticos, en el mejor de los casos el conflicto se prolongará. Se generará una narrativa de “mártires” y “traidores” que polarizará aún más al país y la reconstrucción institucional quedará atrapada en el pasado.
Por eso señalamos que amnistía sí, pero con la verdad, la reparación y las garantías. La amnistía no es un acto de debilidad. Es una herramienta política para liberar el futuro del secuestro del pasado. Si se hace con ética, transparencia, supervisión internacional y participación de las víctimas, puede ser el puente entre la dictadura que termina y la democracia que comienza.
Como diría Nelson Mandela: “El perdón libera el alma. El resentimiento encadena.” En Suráfrica (1995–2002), la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió que responsables del apartheid confesaran sus crímenes a cambio de no ser enjuiciados, si las víctimas aceptaban la reparación. En Ruanda, después del genocidio de 1994, se usaron los “Gacaca”, juicios comunitarios para quienes participaron en el genocidio, promoviendo confesión, perdón y reintegración. En Colombia, en el proceso de paz con las FARC, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se propuso una justicia transicional basada en la verdad, reparación y no repetición.
En Venezuela, durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera (1969-1974), se llevó a cabo un importante proceso de pacificación nacional. Este proceso fue una de las políticas más significativas de su gestión y consistió en la reincorporación a la vida política y civil de los grupos guerrilleros de la izquierda radical, que habían surgido y actuado con las armas durante los gobiernos anteriores de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, lo cual abrió canales de diálogo y facilitó la reintegración de los insurgentes a la vida democrática y legal, bajo el compromiso de abandonar la lucha armada.
La justicia restaurativa y el resarcimiento social no sustituyen al sistema penal, pero sí lo complementan cuando la justicia retributiva tradicional ya no basta, o es políticamente inviable. En un contexto como el venezolano, donde hay miles de víctimas, cientos de victimarios, y una sociedad fracturada, estos modelos permiten sanar heridas emocionales profundas. Evitar revanchas que generen nuevos traumas y sentar las bases para una paz duradera con memoria, dignidad y transformación.
Justicia no es venganza, es reconstrucción porque no hay desarrollo posible si el alma está rota. La amnistía es una forma de “coser” esa alma colectiva, de permitir que una nación camine con la frente en alto, sin negar lo ocurrido, pero sin quedarse prisionera del odio o de la venganza. Permitir el asilo no es abdicar de la justicia, es apostar por una transición realista, ética y viable. Hablamos de la estabilización institucional y de una reconciliación nacional. El pueblo venezolano no necesita venganza, históricamente la revancha ha llevado a Venezuela a la situación actual. Necesita cerrar el ciclo con dignidad, memoria y un mañana en paz.
Una oportunidad para escribir una nueva historia
Por ello, señora presidente Delcy Rodríguez; señora María Corina Machado, líder de la oposición; señores asambleístas, señores generales, almirantes, oficiales, clases y tropa, ciudadanos democráticos del gobierno y de la oposición. Todos tienen la posibilidad de ser recordados como los que evitaron un enfrentamiento fratricida civil o militar, una intervención militar extranjera o un colapso total económico y social de nuestro país. Serán reconocidos como los garantes de la paz, la Constitución y la reconstrucción nacional. Solo se les pide que actúen como civiles y militares al servicio de la nación, no de una facción. Que honren su juramento. Que escuchen a su pueblo. Que permitan que Venezuela vuelva a soñar...
Con profundo respeto, fe en la patria y la esperanza en el porvenir,
Nota: Me retiré de la política desde 1993. Desde 1998 resido y soy ciudadano de Estados Unidos. Me dediqué por entero a mi profesión y a las ciencias del comportamiento y de la neurociencia, por lo que no ejerzo ni desempeñaré funciones de gobierno.