Es muy probable que un “aguacero” de críticas esté lloviendo sobre los empresarios afiliados a Fedecamaras, no solo por la reunión que sostuvieron con la comisión de la Asamblea presidida por Jorge Rodríguez sino por, lo que es más importante, por el documento de propuestas que publicaron y enviaron a esa comisión.
En esta nota deseo comentar, con la mejor intención el evento y las circunstancias que deben estar viviendo todos los empresarios venezolanos, sometidos a la más cruel política de eliminación y desaparición que se haya vivido en nuestra historia y que, aparentemente, el actual gobierno desea abandonar y echar atrás, aunque solo colocado en la perspectiva de un cambio económico.[1]
Luego, la pregunta que tenemos que tenemos que hacer es si Venezuela, como un todo, está dispuesta a aceptar este enfoque, solo y aislado de un cambio político y si debe exigir que ambos se persigan y se logren simultáneamente o, al menos, que uno condicione al otro. Señalo esto, por dos razones. Una que, por primera vez, el lado contrario al gobierno, al que me permito llamar el opuesto, la oposición, en la que incluyo partidos políticos, sociedad civil, iglesias, miembros de las Fuerzas Armadas, etc. etc., tiene la gran ventaja de que el gobierno necesita, imprescindiblemente, al movimiento empresarial para salir de la extrema crisis económica y social que nos ha hacho padecer y si está en la obligación de aprovechar ese “poder negociador” para que, Venezuela entera, consiga los dos objetivos que titula esta nota: Democracia y Libre Empresa. Sin sacrificar uno u otro.
En este sentido, no cabe la menor duda de que los empresarios deben defender los que pueden llamarse sus “intereses legítimos”[2], esto es su sobrevivencia, la búsqueda de la recuperación económica, la libertad y la defensa de sus empresas, y todos aquellos que son atinentes a su propio mundo y que están completamente reflejados en el documento de propuestas que publicaron.
Sin embargo, hay una segunda razón que obliga a aprovechar esta inigualable ventaja que hoy día tienen los empresarios y que, siendo Fedecamaras un miembro prominente de eso que podemos llamar Sociedad Civil Organizada, tiene todo el derecho de exigir, como condición sine qua non el rescate de la democracia para toda Venezuela. Como bien lo ha indicado el Presidente de los empresarios en la presentación del libro que recién publicaron, titulado así. Democracia y Libre Empresa.
“Libertad, democracia, libre iniciativa, libre empresa y respeto a la propiedad privada, guían la actuación, desde su fundación el 17 de julio de 1944, de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS).[3]”
Para luego precisar con mayor fuerza:
“Lamentablemente la historia venezolana ha sido ejemplo de la fragilidad de nuestro sistema democrático. Nos ha tocado conocer y padecer sus consecuencias. El abandono de las prácticas democráticas, aunado al deterioro institucional en los últimos años, ha dejado una generación sin referencia alguna de lo que realmente significa la democracia y la libre empresa, entendiendo que el fundamento de la democracia es la protección de las libertades individuales y de la libre iniciativa.”
“Actualmente el país exige no solo un cambio político, sino también verdaderos ciudadanos, comprometidos con los ideales democráticos y con las instituciones. Necesitamos cohesión social, apego irrestricto a los preceptos constitucionales, rescatar valores como justicia, confianza, responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia. Urge alcanzar un acuerdo nacional que nos permita poner en marcha una reactivación económica que garantice el progreso social de Venezuela.”
Hago esta extensa cita para revelar el profundo y amplio compromiso que han tenido los empresarios, en especial los afiliados a Fedecamaras, con el ordenamiento democrático de nuestro país, lo cual los coloca en la zona de defensa del “interés general” de la sociedad venezolana, cual es la defensa de la democracia y de las instituciones que la validan, sin que ello signifique, como es el temor de muchos, el regreso a la política. Si tienen la claridad y la inteligencia para identificar esta diferencia, si actúan conjuntamente, ello podría ayudar a que no queden aprisionados en el solo lado de la ecuación, la de la recuperación económica.
¿Quién defiende la democracia, las Instituciones, la Ley?
Uno tiende a equivocarse mucho al intentar responder estas preguntas porque, en general, la respuesta refiere a una organización específica para interceder por ellas. Por ejemplo, creemos que solo los partidos políticos son los defensores de las democracias, aun cuando, de alguna manera la sociedad civil les ha delegado esa función. Luego, también creemos que el único “defensor” de la Ley es el Tribunal Supremo o los Jueces, cuestión que, si bien es verdad, tampoco pueden dejarse solos en esa tarea pues sabemos las consecuencias. Lo mismo sucede con las Instituciones, entendidas en su más amplio sentido, por ejemplo una fundamental la Constitución de la Republica.
Como se puede ver todas ellas representan “intereses generales” de la sociedad y, si bien tienen sus específicos defensores, ello no implica, primero que no son atinentes a la sociedad toda y, segundo, que es ella quien tiene la sustantiva responsabilidad de defenderlos. Puede hacerlo a través de las organizaciones especializadas, pero también tiene la obligación de vigilarlas y hacer cumplir sus objetivos y principios... La Presentación a la que aludo y cito pareciera comprenderlo bien.
Democracia, prosperidad y Libre Empresa: ¿Van de la mano?
Existen opiniones, fundamentadas en la experiencia, acerca de que la democracia no es una condición, ni necesaria, ni suficiente, para garantizarle prosperidad a una colectividad
Y, a la luz del presente y el futuro de nuestra sociedad, resulta muy importante evaluar rigurosamente el tema. La experiencia ilustra casos muy diferentes. Por ejemplo, no se puede negar el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la China en los últimos años, sin practicar lo que se entiende por democracia en occidente, pero también está el ejemplo contrario de Cuba que, ahogándola, no ha logrado prosperidad para su pueblo.
Obviamente, una discusión sobre este tema es bastante difícil y compleja porque existen evidencias de unos y otros resultados, inclusive con el agravante de que, hoy día, el termino democracia está siendo intervenido por distintas formas de entenderla y aplicarla, pero a los fines de lo que nos interesa en Venezuela, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dada nuestra, aunque combatida democracia, de ayer y de hoy, podemos darnos el lujo de sacrificarla para ganar prosperidad?
Los riesgos que podemos enfrentar.
En el caso de que así fuera, y algunos estén dispuestos a defender esa tesis, observo dos tipos de riesgo a los cuales enfrentarnos, por cierto el segundo ligado con el primero. Como todos sabemos el gobierno ha logrado controlar el terreno político, atomizando o eliminando la representatividad de los partidos políticos, inclusive hasta algunos de sus propios aliados, con lo cual nos quedaríamos sin defensores de la democracia, si aceptamos aquel criterio restringido. De ser así, el primer riesgo es que el partido de gobierno sea su “único” defensor. Por otro lado, esa ruta puede llevar, inexorablemente, si no se puede evitar o mitigar, a un régimen institucional de hegemonía de un solo partido, tal como viene sucediendo en algunas partes del mundo.
Ese es un riesgo de alto calibre, pero el segundo riesgo es quizás peor, porque sabemos que este tiene serias implicaciones para la creación y el desarrollo de plenas libertades económicas, esto es para la plena vigencia de la Libre Empresa, porque la hegemonía de un partido no garantiza que estas sean debidamente reguladas y protegidas, tal como sucede actualmente en China, en Cuba, en Vietnam o Laos, ejemplos ampliamente conocidos y aceptados.
Este riesgo tiene para los empresarios un alcance de corto plazo y otro de mediano o largo plazo, pues pueden ser atraídos, seducidos o ilusionados por la apertura que se les está ofreciendo sigilosamente para el corto plazo, expresada en empresas devueltas, créditos equivalentes en moneda extranjera, facilidades para comprar y vender, etc., etc. Sin embargo, tienen que medir o evaluar muy bien, si estas concesiones no pueden ser revertidas en el mediano o largo plazo, puesto que quienes podrían defender la democracia, la Ley y las Instituciones habrían sido aniquilados.
Es un quid pro quo que deben definir y determinar muy, muy claramente. Probablemente, un breve examen de la evolución de la Libre Empresa así como también la importancia del sector gubernamental de empresas en regímenes de un solo partido pueda alertar. Vale la pena recordar que, cuando en Venezuela, predominó la fuerza de un líder y de su partido estas libertades corrieron peligro y palabras como “exprópiese”, “guerra económica”, etc., etc. estuvieron en boga y fueron sumamente útiles para restringir la libertad y aniquilar al sector privado venezolano.
Recordemos que a libertades económicas corresponden libertades individuales, así como a Libre Empresa corresponde Democracia, libertad en palabras simples que hay que ganársela. Como dicen claramente Acemoglu y Robinson:[4]
“La libertad no es el orden «natural» de las cosas. En la mayoría de lugares y en la mayoría de casos, los fuertes han dominado a los débiles y la libertad humana ha sido anulada por la fuerza o por las costumbres y normas…”
De manera, pues, que si bien nos encontramos en una coyuntura favorable a una negociación, esta debería ser aprovechada para el bien de todos y no solo de algunos.
[1] Los primeros pasos ya se han comenzado a dar, amparados en la publicación de la Ley Antibloqueo.
[2] Entendidos por aquellos que representan sus intereses propios, tal como u sindicato defiende a los trabajadores, los educadores a los maestros, los médicos su profesión y así el resto de organizaciones.
[3]Presentación del libro “Democracia y Libre Empresa”. Ricardo Cusanno. Presidente de Fedecamaras
[4] Acemoglu, D y Robinson, J. “El pasillo estrecho”. Deusto. (2019)
Nota del autor: Este artículo fue publicado en el año 2021, pero sigue vigente a la luz del desarrollo reciente de la relacion entre la "politica" y las "empresas.