Sin sostenibilidad fiscal no habrá estabilidad duradera. Y sin reformar el Estado, la sostenibilidad fiscal seguirá siendo una promesa.
Asdrubal Oliveros
Hay una contradicción que atraviesa hoy a la economía venezolana: todos queremos estabilidad cambiaria e inflación baja, pero pocos están dispuestos a discutir una de las condiciones indispensables para lograr ambas. En 2025 la inflación cerró cerca de 500% y, pese a las importantes intervenciones cambiarias realizadas por el gobierno durante los últimos meses, la economía sigue mostrando episodios recurrentes de presión sobre el tipo de cambio. La inflación sigue siendo superior a 600% (abril 2026) y la brecha cambiaria está por encima del 30%.
Detrás de esa realidad existe un problema más profundo que el mercado cambiario. Venezuela continúa operando con un Estado cuyo tamaño y estructura fueron diseñados para una economía que ya no existe. Un Estado que dispone de muchos menos ingresos que en el pasado, que tiene acceso extremadamente limitado al financiamiento (de hecho, hoy es inexistente) y que enfrenta enormes dificultades para sostener sus compromisos de manera permanente.
Por eso considero que uno de los debates económicos más importantes de los próximos años no será el precio del petróleo, las sanciones o la evolución de las licencias internacionales. Será la viabilidad del propio Estado venezolano.
Y es un debate incómodo porque obliga a reconocer algo que durante años se ha evitado: no habrá estabilidad macroeconómica sostenible sin una reforma profunda del sector público.
El origen del problema
Durante décadas Venezuela construyó un aparato estatal bajo la premisa de que los ingresos petroleros serían suficiente para financiarlo indefinidamente.
Mientras los ingresos crecían, el tamaño del Estado dejó de ser una preocupación. Se multiplicaron organismos, empresas públicas, programas y estructuras administrativas. La eficiencia pasó a un segundo plano porque el petróleo compensaba muchos errores.
Pero la Venezuela de hoy es otra.
Los ingresos petroleros son significativamente menores a los de los años de bonanza. El acceso a los mercados financieros internacionales prácticamente desapareció. La capacidad de endeudamiento es mínima. Y aun así seguimos operando con una estructura estatal que fue concebida para un contexto completamente distinto.
La consecuencia es evidente: una presión permanente sobre las finanzas públicas.
Y cuando las finanzas públicas entran en tensión, tarde o temprano terminan afectando la inflación y el mercado cambiario.
La experiencia venezolana de las últimas dos décadas es contundente. Cada vez que el Estado pierde capacidad para financiar sus gastos de manera sostenible, los desequilibrios terminan manifestándose en inflación, depreciación de la moneda y pérdida de confianza.
Por eso la sostenibilidad fiscal no es una discusión secundaria. Es uno de los pilares fundamentales de cualquier estrategia de estabilización económica. Y más cuando no hay financiamiento: todo el exceso de gasto se financia con expansión monetaria impactando negativamente la inflación y el tipo de cambio.
La reforma más difícil
Reconocer el problema es relativamente sencillo. Resolverlo es mucho más complejo.
Construir un Estado viable exige revisar su tamaño, redefinir funciones, eliminar duplicidades y concentrar recursos en aquellas áreas donde la presencia pública es realmente indispensable.
Eso inevitablemente implica revisar la nómina pública. Y aquí aparece una de las discusiones más sensibles de todo el proceso. Millones de venezolanos dependen directa o indirectamente del empleo público. Reducir estructuras estatales sin generar mecanismos alternativos de inserción laboral puede producir costos sociales significativos.
Sin embargo, también es cierto que mantener estructuras que el país no puede financiar tiene consecuencias. De hecho, una de las grandes paradojas venezolanas es que la defensa de un aparato estatal sobredimensionado ha terminado deteriorando precisamente las condiciones de vida de quienes trabajan en él. La inflación ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios públicos y la precariedad de los servicios estatales afecta diariamente a trabajadores y ciudadanos.
En otras palabras, preservar el tamaño del Estado no necesariamente protege a quienes dependen de él. En muchos casos ocurre exactamente lo contrario.
El problema del financiamiento
La situación se vuelve aún más compleja cuando se observa el contexto financiero.
Muchos países que emprendieron reformas estatales profundas pudieron apoyarse en organismos multilaterales, líneas de crédito internacionales o programas especiales de financiamiento que permitieron absorber los costos iniciales de la transición.
Venezuela no cuenta hoy con esa posibilidad. El acceso al financiamiento externo sigue siendo extremadamente limitado y las restricciones financieras son evidentes. Eso significa que el país enfrenta una situación particularmente difícil: necesita transformar su estructura estatal precisamente cuando dispone de menos recursos para hacerlo.
La reforma requiere dinero para capacitación, reconversión laboral, fortalecimiento institucional y protección social. Pero el Estado carece de los recursos que normalmente facilitan esos procesos. Es una de las principales razones por las cuales este desafío resulta tan complejo.
Las sanciones son un obstáculo, pero no la explicación completa
Cada vez que surge esta discusión aparece un argumento recurrente: las sanciones hacen imposible avanzar en una reforma profunda del Estado.
Es cierto que las sanciones han reducido márgenes de maniobra. Han limitado el acceso al financiamiento internacional, han encarecido operaciones y han dificultado la recuperación de sectores estratégicos de la economía. Negarlo sería desconocer una realidad evidente.
Pero también es cierto que las sanciones se han convertido en una explicación demasiado conveniente para evitar discutir problemas que existían mucho antes de su implementación. La sobredimensión del Estado venezolano no nació con las sanciones. Tampoco la dependencia extrema de la renta petrolera, la proliferación de organismos con funciones redundantes o la incapacidad para financiar de forma sostenible el gasto público. Todos esos problemas estaban presentes mucho antes.
Por eso me preocupa cuando el debate se limita a atribuir las dificultades exclusivamente a factores externos. Esa narrativa corre el riesgo de transformar un problema estructural interno en una explicación coyuntural.
La realidad es más incómoda. Incluso si mañana desaparecieran todas las sanciones, Venezuela seguiría necesitando una reforma profunda del Estado. Seguiría siendo necesario revisar el tamaño de la administración pública, redefinir competencias, racionalizar estructuras y construir un sector público compatible con los ingresos reales del país.
Lo que está en juego no es solamente un problema de recursos. Es un problema de voluntad política, porque reducir el tamaño del Estado tiene costos políticos inmediatos. Implica tomar decisiones impopulares, enfrentar resistencias internas y asumir conflictos que ningún gobierno desea administrar y más frente a los retos políticos y electorales que se perfilan en el horizonte.
Es mucho más sencillo atribuir la inviabilidad financiera exclusivamente a factores externos que reconocer que una parte importante del problema está dentro de casa. Las sanciones explican por qué la reforma es más difícil. Lo que no explican es por qué durante años se ha evitado discutir seriamente su necesidad.
Sin reforma del Estado no habrá estabilidad duradera
En Venezuela solemos buscar soluciones rápidas para problemas estructurales. Además, la gente aspira a que la solución llegue pronto dado que el deterioro lleva mucho tiempo.
Queremos estabilidad cambiaria, inflación baja y recuperación del ingreso. Pero con frecuencia evitamos discutir las condiciones necesarias para alcanzar esos objetivos. La reestructuración del Estado no resolverá por sí sola todos los problemas económicos del país. No garantizará automáticamente el crecimiento ni eliminará de inmediato las distorsiones acumuladas durante años. Pero sí constituye una condición necesaria para construir estabilidad.
Un país no puede aspirar a una moneda estable si su sector público es fiscalmente insostenible. No puede controlar la inflación de forma permanente si el gasto termina superando sistemáticamente los ingresos. Tampoco puede generar confianza cuando los agentes económicos perciben que los desequilibrios fiscales reaparecerán tarde o temprano.
La verdadera prueba no será anunciar la reforma. La verdadera prueba será ejecutarla.
Un desafío que exige acuerdos, no decretos
Hay un último elemento que suele quedar fuera de la discusión. La reforma del Estado probablemente constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta Venezuela en las próximas décadas. Y precisamente por esa razón no puede convertirse en el proyecto de un gobierno, una administración o un grupo político específico.
Necesita convertirse en un objetivo nacional. Las reformas estatales exitosas en el mundo han requerido consensos amplios, legitimidad social y acuerdos políticos duraderos. No se sostienen únicamente mediante decretos ni sobreviven a punta de imposiciones administrativas.
Venezuela necesitará construir consensos alrededor de esta transformación. Consensos entre distintos actores políticos. Consensos con el sector privado. Consensos con los trabajadores públicos que inevitablemente serán afectados por los cambios. Y consensos con una sociedad que ha aprendido a desconfiar de cualquier promesa de reforma.
Porque al final no estamos discutiendo simplemente cuántos ministerios deben existir o cuántos organismos deben fusionarse. Estamos discutiendo qué tipo de Estado puede sostener Venezuela durante las próximas décadas.
La estabilidad cambiaria, el control de la inflación y la recuperación económica dependerán en buena medida de esa respuesta. Y aunque las restricciones externas influyen, la decisión fundamental sigue estando dentro del país.
La pregunta ya no es si Venezuela necesita reformar su Estado. La pregunta es si existe la voluntad política para asumir el costo de hacerlo y la capacidad para construir los acuerdos que esa transformación exige. Ahí se jugará una parte importante del futuro económico venezolano.