La crisis del sector universitario en Venezuela es un problema estructural, multidimensional y sistémico, que no solo refleja, sino que agrava la crisis institucional, económica y social del país. La educación superior, motor histórico de la movilidad social, se encuentra en un estado de emergencia terminal debido a una política deliberada de asfixia presupuestaria, control político y éxodo masivo de su capital humano.
1. La Asfixia Financiera
La dimensión económica es el núcleo del colapso. Las universidades públicas autónomas operan con presupuestos anuales que cubren, en el mejor de los casos, menos del 10% de sus necesidades operacionales.
Salarios de Hambre: Los sueldos del personal docente, de investigación, administrativo y obrero se encuentran en niveles de pobreza extrema, equivalentes a pocos dólares al mes. Esto ha provocado la fuga de talentos más grande de la historia del país.
Paralización de Servicios: La crisis ha llevado al colapso de servicios básicos: seguros de HCM inexistentes, paralización del servicio de comedor, del transporte estudiantil, y la desaparición total de fondos para investigación.
2. La Diáspora Académica y la Ruina del Conocimiento
La precariedad ha generado la Diáspora Académica. Miles de profesores e investigadores altamente calificados han emigrado, dejando cátedras vacantes (cubiertas por  personal sin credenciales), lo cual deteriora la calidad de la enseñanza, reduce las horas de laboratorio y afecta gravemente la investigación científica.
El resultado es una pérdida de generación de relevo a corto y mediano plazo, ya que las condiciones precarias desincentivan a los jóvenes profesionales a incorporarse a la carrera académica.
3. Abandono Físico y Violación de la Autonomía
Deterioro Físico: El déficit presupuestario crónico ha llevado a la ruina de las instalaciones físicas. Aulas, laboratorios y bibliotecas están deteriorados y sin equipos actualizados. La falta de vigilancia ha convertido a los campus en blancos fáciles para la delincuencia organizada, sufriendo constantes robos y desmantelamiento de activos.
Ataque Institucional: El gobierno mantiene una política de intervención e injerencia constante, violando la Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución. Esto se evidencia en la judicialización de elecciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), buscando manipular la renovación de autoridades legítimas.
4. La Criminalización de la Crítica y la Persecución
El gobierno busca activamente socavar la capacidad crítica de las universidades a través de la persecución política, la ideologización de contenidos y la limitación del debate plural. La violación de la libertad de cátedra ha sido sistemática:
Líderes Estudiantiles Perseguidos: Líderes como Lorent Saleh (ULA/USM) y Sairam Rivas (UCV) fueron encarcelados y acusados de delitos como asociación para delinquir, convirtiéndose en símbolos de la criminalización de la protesta universitaria.
Profesores Silenciados: El profesor Santiago Guevara (UC) fue detenido y acusado de "traición a la patria" por sus análisis económicos críticos. La profesora y líder gremial Elsa Castillo (UCV) es objeto de constante hostigamiento por demandar salarios dignos.
El caso del profesor Javier Tarazona (UPEL) es emblemático. Detenido en 2021 y acusado de "terrorismo" y "traición a la patria" por su labor como activista de DD. HH. y sus denuncias sobre la frontera. De igual manera, el profesor Roberto Campero (UPEL) sufrió un violento allanamiento de su vivienda en 2025. Estos casos demuestran que la persecución se extiende a cualquier académico que ejerza su libertad de expresión y pensamiento crítico.
Juan Pablo Guanipa, quien es profesor universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y de Eduardo Labrador, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ)
Perkins Rocha, abogado de profesión especializado en derecho público, administrativo y procesal constitucional. Ha sido profesor tanto de pregrado y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El 27 de agosto de 2024, pocas semanas después de las elecciones presidenciales, fue detenido por fuerzas de seguridad sin una orden de captura.
La crisis universitaria no es un problema aislado; es un freno directo al futuro de Venezuela. Sin universidades fuertes, autónomas y bien financiadas, es imposible generar el capital humano y la innovación necesarios para la reconstrucción social y económica del país.