El viernes, el presidente Donald Trump anunció que había llegado al mayor acuerdo petrolero de la historia mundial con Venezuela. Tal convenio otorgaría a Estados Unidos derechos sobre 65.000 millones de barriles de crudo venezolano. Faltan muchos detalles, pero todo lo que sabemos sobre el acuerdo resulta preocupante.
Primero, el acuerdo expande el corporativismo estatal. Crearía una empresa conjunta que, según The Wall Street Journal, sería la segunda mayor tenedora corporativa de reservas probadas del mundo, después de Saudi Aramco. Las empresas estatales son una mala idea en cualquier parte, pero esta llega después de que Washington, bajo el liderazgo de Trump, ya ha tomado participaciones accionarias en más de treinta empresas privadas. Como dice el experto Scott Lincicome: “Esto ya ni siquiera es un socialismo paulatino”.
Segundo, la falta de transparencia es total. La negociación se realizó en secreto, sin un proceso competitivo. No sabemos cómo Washington está eligiendo a sus socios privados. No existe un contrato o acuerdo escrito disponible para escrutinio. Esta opacidad no es nueva: es la misma que ha caracterizado el manejo de los ingresos petroleros venezolanos que entran a las arcas estadounidenses y venezolanas y que Washington dice supervisar desde que derrocó a Nicolás Maduro en enero.
Tercero, el acuerdo carece de legitimidad. Fue negociado con una dictadura que se aferró al poder durante décadas mediante la violencia. Cualquier democracia futura pondrá en tela de juicio el acuerdo, lo que socavará la confianza en él. Además, su legalidad es cuestionable en Estados Unidos. ¿Bajo qué autoridad puede Trump crear una empresa estatal en el extranjero? En tanto, la Constitución venezolana exige que este tipo de contratos sea aprobado por la Asamblea Nacional –algo que no ocurrió, pero que tampoco resolvería el problema de la falta de legitimidad democrática–.
Cuarto, el socio elegido por Washington es, cuando menos, cuestionable. La empresa privada que supuestamente formaría parte de la empresa en conjunto con Estados Unidos la encabeza Alejandro Betancourt, un empresario ampliamente señalado como corrupto, investigado en varios países por lavado de dinero, y cuya compañía fue acusada en el 2018 por Transparencia Venezuela de haber sobrefacturado al Estado Venezolano en US$2.900 millones por la construcción de plantas eléctricas.
Quinto, el acuerdo margina a la oposición democrática venezolana y fortalece al régimen. La oposición no tuvo ningún papel en su negociación, y todo indica que el rechazo popular es abrumador y que los venezolanos consideran al acuerdo como una traición a la democracia. Estados Unidos está dilapidando así el enorme capital de confianza que había acumulado entre los venezolanos. Ningún gobierno democrático futuro puede ignorar esa realidad y dejar de cuestionar el acuerdo. Todo esto crea un incentivo perverso, tal como señala The Economist: “La posibilidad de que tanto la administración Trump como el régimen de Rodríguez puedan compartir ahora el mismo interés por impedir que cualquier gobierno elegido asuma el poder”.
Este acuerdo es un regalo a los socialistas alrededor del mundo que ahora pueden señalar con cierta credibilidad un ejemplo de saqueo imperialista de recursos naturales. Pero el acuerdo traiciona los principios estadounidenses de libertad económica e intercambio voluntario y tiene poco sentido estratégico. Estados Unidos pudo haber logrado un sector petrolero venezolano plenamente abierto a la inversión estadounidense y que gozaba de legitimidad trabajando junto a María Corina Machado, lideresa de la oposición, en el marco de una transición democrática. Todavía no es tarde para tomar ese rumbo y conseguir reformas profundas y duraderas.