A siete meses de la incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 y la posterior captura de Nicolás Maduro, Venezuela no ha entrado en una transición democrática limpia. Lo que vive el país es una etapa de tensa calma, profunda incertidumbre y una reconfiguración caracterizada por el tutelaje internacional, la fragilidad institucional y una crisis social agravada por desastres naturales recientes. Lejos de haber restaurado la institucionalidad, la dinámica actual responde a un híbrido de negociaciones pragmáticas y reacomodos de poder entre cúpulas.

El alto mando político del chavismo se mantiene en funciones ejecutivas bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez. Ante esto, sectores de la oposición denuncian que no se han restituido las plenas garantías electorales ni se ha concretado una transición abierta; la represión persiste y los presos políticos siguen tras las rejas.

La geopolítica del "botín"

El motor principal de esta nueva etapa no ha sido el bienestar social, sino el control de los recursos estratégicos. Se reactivaron masivamente los envíos de crudo venezolano al mercado estadounidense bajo la supervisión directa de Washington. El presidente Donald Trump no ha dudado en declarar abiertamente que el petróleo venezolano pertenece a EE. UU. como un botín de guerra, asumiendo su comercialización y dejando solo migajas para el país. Un esquema similar opera sobre el Arco Minero, percibido hoy como un enclave de explotación bajo tutela norteamericana.

Aunque los datos reflejan un incremento en la recaudación derivada de la venta de hidrocarburos, en la calle persisten graves dudas sobre el destino real de estos recursos. Los ingresos no se traducen en mejoras de salarios, pensiones ni jubilaciones para los trabajadores.

Contrario a la narrativa oficial de los tutores externos, la gente no está celebrando. En las comunidades reina la indignación ante:

Salarios de miseria que devoran el poder adquisitivo.

El colapso crónico de los servicios de agua y energía eléctrica.

El alza constante de la cotización oficial del dólar en el Banco Central de Venezuela (BCV), que encarece la canasta básica y el transporte.

Frente a este panorama, los ciudadanos observan con frustración que del promocionado "plan de tres fases" solo se ejecuta con rigor la primera: el manejo y reparto del botín petrolero.

Desconexión en la mesa de diálogo

La desconexión política se hizo evidente en las primeras reuniones de la mesa de diálogo entre las dos asambleas nacionales. En lugar de acordar mecanismos urgentes para frenar la emergencia socioeconómica, las prioridades de los negociadores viraron hacia la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la solicitud formal a Inglaterra para repatriar los lingotes de oro (valorados en más de 1.000 millones de dólares) retenidos por la banca británica.

Como representantes tutelados, la prioridad de las élites locales parece centrarse en acelerar la entrega y distribución de activos al tutor externo, postergando la agenda humanitaria y económica de las familias venezolanas.

¿Qué hacer desde la ciudadanía?

Ante el riesgo de que el futuro del país se decida exclusivamente entre corporaciones internacionales y cúpulas políticas, la acción ciudadana organizada debe reactivarse desde las bases para evitar la apatía y la desmovilización.

1.⁠ ⁠Fortalecer la contraloría social

Frente a la solicitud de retorno del oro en Inglaterra y la reforma del TSJ, la sociedad civil no puede ser un espectador pasivo:

Exigencia de cuentas: ONG, gremios y academias deben exigir que cualquier activo repatriado sea canalizado a través de un fondo fiduciario internacional auditable, evitando que termine en una "caja negra" estatal.

Veeduría judicial: Auditar los perfiles de los nuevos magistrados del TSJ para denunciar si el proceso responde a un simple reparto de cuotas o si realmente se abren espacios para juristas independientes.

2.⁠ ⁠Articular la agenda social desde abajo

Gremialismo y movilización: Reactivar la protesta pacífica y sistemática por parte de sindicatos, partidos y sectores organizados para exigir salarios dignos, Democracia y Libertad.

Redes de apoyo humanitario: Ante los daños causados por el terremoto de junio y la precariedad de los servicios, la organización vecinal junto a la Iglesia y las ONG constituyen la red de contención inmediata. Es urgente exigir la creación de una Comisión de Expertos para la reconstrucción de las zonas afectadas.

3.⁠ ⁠Presionar a los mediadores internacionales

Canalizar denuncias ante las agencias de la ONU y organismos internacionales para visibilizar que los acuerdos de la mesa de diálogo ignoran la emergencia humanitaria. Asimismo, la ciudadanía debe presionar para que cualquier acuerdo político garantice obligatoriamente un cronograma electoral con observación internacional estricta y auditoría del padrón electoral.

4.⁠ ⁠Evitar la desmovilización

El mayor peligro bajo esquemas de tutela es el repliegue por frustración. Mantener vivo el tejido social en comunidades, universidades y centros de trabajo es la única vía para impedir que Venezuela quede indefectiblemente a merced de las decisiones de las élites.