Persiste el clima de opinión según el cual parecen haberse agotado las medidas que pudieran conducir a una mejora sustancial de la actual situación política y socioeconómica. Muchos estiman que con el tiempo comenzarán a percibirse beneficios con mayor alcance en temas ligados a la prestación de ciertos servicios y que se observarán algunos pasos de ajuste institucional, pero varias organizaciones de sectores populares acusan la contradicción entre las bondades que la fase de recuperación habría comportado para algunos agentes económicos transnacionales y las precarias condiciones de vida de la gente y las ONG denuncian la existencia de presos políticos y la permanencia del marco represivo.
Hay una puerta que no están abriendo, que conduce no a otro pasillo más de la misma estructura sino a un terreno nuevo, con oportunidades para construir un modelo distinto. Es necesario abrirla, por el bien del país.
La propia supervivencia política de factores del arreglo precario que ahora se ha instalado depende de esa apuesta a la transformación y, aunque no fuera así, los venezolanos debemos estar a la altura del desafío y dar el salto a la reinstitucionalización democrática, una arena política en la cual todos caben y las potencialidades para el desarrollo del país se agigantan.
Mediante espacios sociales de debate y propuesta, acciones firmes en defensa de los derechos humanos y acuerdos corajudos hay que poner las bases de esa reinstitucionalización, estudiando escenarios con serenidad y disposición a escuchar y evaluar opciones, poniendo «a la orden» del futuro promisorio para Venezuela los puestos, ventajas o expectativas personales que se hayan generado, incluso legítimas, si es indispensable para salvaguardar los bienes superiores de la República.
Hoy es imperioso considerar también la relevancia de defender los intereses y soberanía de la nación, lo cual debe discutirse en espacios plurales y estar al margen de la diatriba política que en otros temas puede seguir siendo acerba, dilemática, intransigente. Conviene a la nación dar pasos estructurales para la recuperación económica y esto a su vez exige darlos en la dirección de la democratización. Ello demanda igualmente favorecer un robustecimiento democrático de la representación política.
Un ejemplo de lo que debe hacerse para pasar del reajuste a la rectificación consiste en diseñar un protocolo destinado a que no pueda volver a ocurrir un caso tan doloroso como el de Víctor Hugo Quero Navas, del cual su madre terminó siendo también víctima con su propia vida.
Un protocolo Quero Navas que comprendería lo que la Constitución ya contempla: nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente; si hay motivo legal para detener y se cumplen las condiciones constitucionales, deben extremarse las garantías para el acceso inmediato del detenido a un abogado de su confianza y para que se comunique con sus familiares, previa información al detenido de las causas de la privación de libertad; no puede haber audiencia telemática desde el lugar de reclusión y asistido solo por defensor público sino traslado oportuno ante el juez; debe existir registro de toda privación de la libertad, con las especificaciones correspondientes, como también verificación médica del estado de salud del detenido; debe facilitarse el acceso al habeas corpus, que debe ser un recurso efectivo, y debe acordarse libertad plena tan pronto se advierta que no hay fundamento para la persecución penal.
Los estándares internacionales sobre la investigación de muertes ocurridas durante una privación de libertad deben observarse escrupulosamente. Todo esto presupone una administración de justicia independiente.
Abrir las puertas a un cambio real para la reinstitucionalización, en este y en otros ámbitos, sería asimismo que el Estado venezolano acepte su pleno retorno, con el acatamiento correspondiente, al sistema interamericano de protección de derechos humanos, el cual procura complementar o reforzar la tutela de estos derechos que el ordenamiento interno debe proporcionar.
Jesús María Casal es Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Constitucional y ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
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