La transformación de Venezuela después de los terremotos del 24 de junio supone estimar con el mayor nivel de precisión las necesidades ocasionadas por la catástrofe. A diferencia de la estimación de daños económicos directos, la estimación de necesidades es mucho más amplia en términos de los aspectos a cubrir y las implicaciones para las políticas públicas requeridas.

Desde hace más de una década, la Unión Europea, el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (GDNU) y el Banco Mundial han coordinado esfuerzos para estimar las necesidades de los países luego de catástrofes como los terremotos recientes de Venezuela. Con este propósito se ha elaborado una metodología para la estimación de las necesidades post desastres (PDNA, por sus siglas en inglés). Para el desarrollo de la estimación se requiere la participación de los gobiernos de los países.

El objetivo fundamental de la PDNA es apoyar a los gobiernos para tener la mejor comprensión de los impactos de la catástrofe. La PDNA se convierte de esta manera en la base para la estrategia de recuperación de la catástrofe.

Los contenidos generales de la PDNA son cuatro aspectos: (1) la información de base, es decir, las condiciones del país antes de la catástrofe, (2) los efectos de la catástrofe en infraestructura, bienes, prestación de servicios, procesos de gobernanza, riesgos y vulnerabilidades, (3) la estimación de los impactos en términos de los daños y pérdidas en capacidad productiva, condiciones de vida y situación económica, y (4) la formulación de la estrategia de recuperación con la consiguiente estimación de recursos y fuentes de financiamiento.

La estimación de las necesidades post desastre puede incluir los siguientes sectores: (1) social (vivienda, educación, salud, cultura, nutrición), (2) infraestructura (agua y saneamiento, infraestructura comunitaria, energía y electricidad, transporte y telecomunicaciones), (3) productivo (agricultura, ganadería, pesca, comercio, industria y turismo), (4) macroeconomía (efecto en el PIB, balanza comercial), (5) desarrollo humano y social (Objetivos de Desarrollo Sostenible, pobreza), (6) finanzas (banca e instituciones financieras), y (7) temas transversales (gobernanza, reducción de riesgos de desastres, ambiente, género, y empleo y medios de vida).

Se ha anunciado que la estimación de necesidades post terremotos de Venezuela deberá concluirse a finales del mes de septiembre. Para el desarrollo de la metodología prevista se cuenta con especialistas nacionales e internacionales de múltiples instituciones. Con la estimación se procederá a definir la estrategia de recuperación. Es evidente que este documento tendrá importantes implicaciones para las tareas y proyectos subsiguientes.

       Cuatro restricciones, muy particulares de Venezuela, pueden condicionar la precisión de las recomendaciones que se deriven de este documento.

En primer lugar, está el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha sido un factor de preponderancia en las políticas públicas de Venezuela en los últimos meses. Para garantizar la coincidencia de visiones sobre la estrategia de recuperación deberán establecerse los mecanismos de coordinación requeridos. Si esto es un aspecto clave cuando existe un solo gobierno, es mucho más relevante cuando se pueden presentar disparidades por la naturaleza de la relación actual en Venezuela.

El segundo factor es la escasa relación que las instituciones de gobierno de Venezuela han tenido con los organismos multilaterales de financiamiento, especialmente los bancos de desarrollo, en las últimas dos décadas. Prácticamente una generación de funcionarios multilaterales no conoce Venezuela. No han tenido oportunidad de familiarizarse con las prácticas y especificidades de la institucionalidad del país.

En estas condiciones, el esfuerzo de comprensión es mucho mayor. Esto es especialmente crítico dado el limitado tiempo (menos de dos meses) que se tiene para completar el documento. Este factor le otorga mayor relevancia a la participación de los expertos del país que están incorporados en la estimación de necesidades.

Un tercer factor lo constituyen las severas limitaciones de la información disponible para la gestión pública en Venezuela. Muchas de las fuentes de datos no se encuentran operativas desde hace más de una década. Se deberá acudir a iniciativas generadas por estas deficiencias de información, muchas de ellas en el ámbito privado o de organizaciones no gubernamentales. Por esta condición estas fuentes no son regulares y completas.

Afortunadamente existen, porque de lo contrario las restricciones serían aún mayores. Estas limitaciones tendrán que ser subsanadas parcialmente con la inclusión de supuestos o premisas que muchas veces no corresponderán estrictamente con las condiciones reales. De allí que los fundamentos para la elaboración de la estrategia de recuperación deberán seguirse revisando sobre la marcha.

Finalmente, la cuarta restricción está relacionada con la información de base. Dada la tercera restricción señalada, el país tiene estimaciones incompletas de la situación social y económica de partida. Es decir, a las limitaciones de la estimación de la situación de base se deberán agregar las limitaciones de la estimación post terremotos.

Un ejemplo de ello es lo que sucede con la emergencia humanitaria compleja. Es sabido que los detalles requeridos para la identificación de beneficiarios ya eran muy difíciles de precisar. Imaginemos ahora que se ha sumado la afectación de los terremotos en áreas específicas del país.

Las restricciones señaladas pueden afectar la calidad de las estimaciones de las necesidades post catástrofe. Es bastante claro que dentro de la estrategia de recuperación deberá asignarse especial importancia a la forma de subsanarlas.

Lo que resulta bastante claro es que esta estimación de necesidades post catástrofe puede ser el documento más importante sobre las condiciones de vida en Venezuela en las últimas décadas.

Esperemos que sea de utilidad para la definición de la estrategia de recuperación y que se haga un esfuerzo detallado para establecer las limitaciones del documento. Quizás sea la primera presentación de una agenda de trabajo para garantizar la información actualizada y periódica que requiere el país para mejorar sistemáticamente las condiciones de vida de los ciudadanos.

X e Instagram:  @marinojgonzalez

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).