El destino de Venezuela y, en particular, sus posibilidades de transitar hacia un régimen democrático en el futuro próximo dependen de cómo evolucionará la interacción entre las tres agendas en juego: la de Donald Trump para con el país; la del chavismo remanente en la figura de Delcy Rodríguez, a quien deja en el poder; y la de la oposición democrática mayoritaria. El hecho evidente de que, en estos momentos, el que tiene agarrado la sartén por el mango sea el propio Trump, no significa que todo esté ya decidido y que, por tanto, no queda más que observar cómo evolucionan los hechos. Estamos sobre un terreno movedizo e indefinido, en el que la firmeza de cada pisada dependerá de posibles solapamientos entre fines parciales que estén en juego. Permitirá solidificar el piso sobre el cual dar los próximos pasos. Examinemos cada agenda para explorar dónde y cómo podría ocurrir.
La agenda de Trump para Venezuela es clara. Una vez sacado Maduro, se resume en cuatro aspectos, dos de las cuales depende del uso de la fuerza: 1) anular al país como territorio para el tráfico de drogas al norte; y 2) fines geopolíticos --actualizando la doctrina Monroe-- para restringir el acceso de China y Rusia a América Latina para reservarla como “coto de caza” particular a los planes de EE.UU. Otras dos están sujetas a que Delcy Rodríguez, a quien encargó la presidencia procurando gobernabilidad, cumpla con sus deseos: 3) condiciones para el aprovechamiento favorable –a empresas estadounidenses y al propio Trump-- de su riqueza petrolera y mineral; y 4) estabilidad política para facilitar lo anterior. El éxito en llevarse a Maduro, sin bajas estadounidenses, le produjo réditos políticos inmediatos a lo interno. Espera aprovecharlos para las elecciones de noviembre. Parece creer que, garantizados sus fines con los hermanos Rodríguez, la apertura del chorro petrolero hará el resto, proveyendo los recursos requeridos por el proceso de estabilización. Listo y… "Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos". Pero, como sucede en la física, el vacío que deja su agenda simplista lo llenará quien(es) concrete(n) acciones efectivas. Marco Rubio, obligado a atenerse a la agenda de su jefe, tiene margen, empero, para viabilizar la transición democrática. Pero dependerá de las circunstancias, entre las cuales están las otras agendas.
La agenda de Delcy se complica por tener determinantes que son difíciles de conciliar entre sí: 1) los mandatos del gobierno de EE.UU., que ahora la supervisará de cerca al reabrir su embajada en Venezuela; y 2) la cohesión interna del chavismo restante, incluida la cúpula militar, para asegurar la estabilidad que se le exige. Pero, su verdadero objetivo es ganar tiempo. Trump se irá en tres años. Si antes logra reactivar la economía, mejorará sus posibilidades de quedarse en el poder. Parece confiar, igual que su nuevo jefe, Trump, en el efecto estabilizador de un chorro creciente de petróleo.
Pero Venezuela es un país quebrado. Su Estado, venido a menos –salvo su aparato represivo--, no tiene cómo financiar debidamente sus actividades. Dada la destrucción de la economía, los ingresos fiscales no cubren sus gastos. Maduro intentó cerrar la brecha reduciendo drásticamente los salarios de sus empleados y la manutención de los servicios públicos, pero, aun así, tuvo que echar mano a la emisión de dinero por el BCV. Tanto la ineficacia de su gestión, como su financiamiento monetario, son componentes estructurales de una inflación que no desaparecerá fácilmente. Contra ella habrán de estrellarse las exigencias de los venezolanos de una pronta mejora en sus condiciones de vida.
El espejismo petrolero. El incremento de la producción petrolera no cambiará eso de la noche a la mañana: no se trata simplemente de abrir un grifo. Requiere inversiones mil millonarias, año tras año y mano de obra calificada. La que había migró. ¿Podrá el interinato de Delcy crear las condiciones para ello? Cabe añadir, además, que no está clara la distribución de los proventos del crudo que se exporte. Ya Trump incautó la carga de unos siete barcos petroleros y dijo que controlará lo que ingrese por su producción en Venezuela por tiempo indefinido. Están en la tubería reclamos múltiples de empresas foráneas por incumplimiento de contratos por parte del Estado venezolano y/o reparaciones por litigios diversos. ¿A quiénes atenderá primero, al pueblo venezolano o a estas empresas?
Venezuela debe competir, además, con otros países para atraer las inversiones que requiere el incremento de su producción. Ahí están nuestros vecinos, Guyana y Brasil. El historial reciente de inseguridad, como demás condiciones adversas para la producción petrolera por parte de terceros, nos resta ventajas, a pesar de nuestro enorme potencial. Consciente de esta dificultad, el régimen busca aprobar, apresuradamente, una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Desea ofrecer un marco más sólido a los contratos de participación productiva concertados con la “Ley Antibloqueo”, flexibilizar (hacia abajo) el cobro de impuestos, abrir posibilidades de que terceros comercialicen directamente el crudo y admitir la resolución de disputas en tribunales independientes del exterior. En fin, quiere hacer más atractiva la inversión en Venezuela. Probablemente significará menos ingresos para el gobierno. Pero, mientras no se elimine la reserva la actividad petrolera al Estado (artículo 302 de la constitución), queda la discrecionalidad posible de medidas, que siembrará incertidumbre. Algunos analistas expresan dudas sobre si estas reformas serán suficientes para atraer inversiones a la explotación de crudo en montos suficientes para su crecimiento sostenido.
Finalmente, la expectativa de resolver el problema eléctrico y/o de otros servicios, anunciado por el gobierno de Trump, no contará, obviamente, con presupuesto estadounidense. Ponerlos a funcionar como es debido requiere de inversiones, del personal especializado que se fue –no regresará si no se desmonta el Estado de terror e inseguridad montado por Maduro, y sin remuneraciones dignas—y gastos de mantenimiento. Financiarlo todo con el FMI requerirá que Venezuela restablezca con él relaciones, suspendidas desde 2004. Como el gobierno de EE.UU., no reconoció la reelección de Maduro, tampoco Delcy es legítima. Menos puede reconocerla, entonces, el FMI. Guinda, por tanto, los $4.900 millones en DEGs asignados a ciertos países en 2020 para atender la pandemia. Por igual razón, el Bank of England no entregará las 31 toneladas de oro que le tiene guardado a Venezuela. Pero, tampoco vendrá dinero fresco a menos que pueda reestructurarse la enorme deuda externa del Estado venezolano. Ello obligará a realizar reformas profundas que restituyan el Estado de derecho para las garantías requeridas. Sin aval de los multilaterales, tal reestructuración será imposible.
En conclusión, si bien pueden comenzar a mejorar las condiciones económicas del país, en absoluto habrá un milagro que todo lo resuelve. La experiencia histórica indica, además, que, cuando una población oprimida, como la venezolana, empieza a percibir posibilidades de mejoría, incrementa sus demandas, no se conforma. Demasiada destrucción, demasiadas necesidades postergadas, demasiado tiempo con nuestros derechos a una vida digna suprimidos como para que esperemos, pasivamente, recibir lo que el régimen quiere darnos. Los niveles de miseria en que vive la gran mayoría auguran, por tanto, movilizaciones crecientes para recuperar condiciones dignas de vida.
Pero no se trata sólo de un problema económico. Para recuperar la economía, segunda fase del esquema de Marco Rubio, Delcy tendría que desmontar el régimen de expoliación que ha nutrido las alianzas labradas con los distintos factores de poder madurista durante todos estos años. No podrá. Complicidades entre mandos militares, gobernadores, policías, altos funcionarios, colectivos y demás bandas, tejidas en torno a la extorsión, a contratos ficticios, confiscación de propiedades, estafas, tráfico de drogas y/o de minerales valiosos, son lo que han sostenido a la dictadura. Columna vertebral de estos arreglos ha sido el aparato de represión montado con tutela cubana para salvaguardar sus cotos de lucro. De ahí la lentitud tortuosa en que son liberados los presos políticos. Muchos fueron apresados por venganzas o castigos de jerarcas particulares que no admiten que su víctima sea liberada. Además, no recuperan su libertad plena, pues permanecen sometidos a medidas cautelares.
Delcy Rodríguez habla de entenderse con la oposición, pero nombra una Comisión para la Paz y la Convivencia compuesta, las tres cuartas partes, con oficialistas y dejando por fuera la representación de María Corina Machado líder principal de la oposición. En la Asamblea, su hermano Jorge cambia la Ley de Precios Justos por una Ley de Derechos Socioeconómicos, algo suavizada, y asoma la intención de mitigar otras leyes punitivas. Pero mientras no haya transparencia, rendición de cuentas, libertad de información y comunicación, y respeto por las garantías constitucionales, no cambiará la dinámica de poder. Seguirá Diosdado amenazando a los venezolanos con sus colectivos fascistas, y mentalidades enfermizas, como la de Tarek W. Saab, continuarán inventando acusaciones para perseguir opositores, con la validación de un aparato judicial corrompido. Pero, deben cuidarse de que sus acciones no interferan el proceso de estabilización que se le encomendó a Delcy.
Como argumenté en un artículo anterior, al no existir instituciones sólidas, se presenta un serio problema de agencia para instrumentar las medidas del mandante gringo. Manteniendo en el poder al núcleo fascista no puede asegurarse la estabilización del país, y menos su recuperación y eventual transición a la democracia. Montar esas instituciones obliga al chavismo remanente a firmar su certificado de defunción. Edificó su poder para otra cosa y aborrece todo impedimento a su ejercicio. En fin, se prevén fricciones, que pueden ser inmanejables, entre los lineamientos generales de la agenda Trump y los intereses personales de las mafias que usufructúan el Estado.
De ahí que la mejor forma de viabilizar los procesos de estabilización y recuperación con el de la transición al ejercicio pleno de una democracia liberal, es forjando un protagonismo creciente de las mayorías para hacer valer su verdadera agenda, que no es otra que la conquista de condiciones de vida que les aseguren libertad y justicia, y que les abran oportunidades para una prosperidad creciente, acordes con las potencialidades de nuestro país. Sin movilización activa, corremos el riesgo de ver consolidar una situación de estancamiento y opresión. Implica luchar por recuperar las instituciones que amparen y permitan ampliar las conquistas referidas. Nuestros valores libertarios, historia democrática, cultura de justicia social y voluntad de forjar nuestro futuro constituyen un marco institucional informal para avanzar a su reconstrucción formal.
Las fuerzas democráticas han presentado un programa económico sólido, con proyectos específicos para rescatar los servicios públicos. Con base en ello, se dispone de una relación auspiciosa con los organismos multilaterales para conseguir su financiamiento. Pero la prioridad, en estos momentos, debe ser desmontar, por distintas vías, el aparato represivo que sostiene al remanente fascista. Debe seguirse reclamando, como se viene haciendo, la liberación plena, sin condicionamientos, de todos los presos políticos. Algunos proponen una Ley de Amnistía para tal efecto. A la par, insistir en la restitución de los derechos constitucionales fundamentales, entre los cuales cobran protagonismo las libertades de opinión y comunicación, de asociación gremial y política, como de manifestación. Es menester crear un ambiente favorable al retorno de tanto exiliado y para el ejercicio pleno de las libertades de todos los venezolanos, incluyendo el de los presos políticos excarcelados.
El desafío es, claro está, cómo hacer de estas exigencias ingredientes del plan que pueda ir aplicando Marco Rubio. Un requisito básico es el fortalecimiento y unificación del liderazgo democrático. Forzar espacios para que dirigentes como Enrique Márquez puedan promover, junto a muchos otros, sus ideas. Que el liderazgo de María Corina Machado sepa desembarazarse de buscar, continuamente, la anuencia de Trump y pueda centrarse en demostrar, urbi et orbi, que, sin protagonismo de los venezolanos, no hay estabilización ni reconstrucción posible. Es menester poner en alto, como siempre se ha hecho, el mandato irrebatible del 28J. Por su parte, los diputados del grupo Libertad tienen la oportunidad de validar el sentido de su participación electoral. En fin, nos jugamos, quizás, la única posibilidad cierta de no convertirnos en un simple protectorado petrolero de EE.UU., administrado por los capataces Delcy y Jorge, con apoyo de Diosdado y el inefable Vladimir Padrino.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela
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