Hay jornadas que funcionan como radiografías del poder. El 9 de abril de 2026 fue una de ellas. En un lapso de pocas horas, el régimen gobernado por Delcy Rodríguez, tras la salida de Maduro, ejecutó tres movimientos simultáneos que, observados por separado, parecen capítulos distintos; observados en conjunto, componen una estrategia coherente y deliberada, que no puede subestimarse, cuyas implicaciones para el proceso político venezolano demandan un análisis riguroso y realista.

El primer movimiento fue en la calle. Alrededor de 2.000 trabajadores, pensionados y estudiantes marcharon el 9 de abril desde Plaza Venezuela hacia Miraflores para exigir un salario digno, que hoy apenas alcanza a 27 centavos de dólar mensuales. El desenlace final fue que la Policía Nacional Bolivariana los dispersó con gas pimienta y escudos antimotín. Un manifestante recibió un perdigonazo. Un estudiante de veinte años fue detenido y su paradero sigue sin conocerse. 10 periodistas fueron agredidos mientras documentaban los hechos, en lo que constituyó el primer acto de represión masiva del gobierno de Delcy Rodríguez. A lo que no se le suele dar el mismo peso es al hecho de que la represión, siempre inaceptable cuando es ejercida contra protestas pacíficas que están protegidas por la Constitución vigente, no fue del mismo tipo ni de la misma intensidad de la que vimos en otros momentos, lo cual permitió que los manifestantes lograran superar 8 cercos policiales y llegar a 5 cuadras del palacio presidencial, aunque no pudieron avanzar más. Otro dato revelador, pero que no debe sorprender a nadie, es que los piquetes estaban desplegados antes de que la marcha comenzara. No fue una reacción; fue una operación preventiva que responde al trauma, aún sin superar, de aquella marcha a Miraflores del 11 de abril de 2002.

Pero hay un dato que el régimen ni Estados Unidos en su rol de tutelaje sobre la ejecución del plan de tres etapas, como lo explicaba el secretario de Estado, Marco Rubio, no deberían ignorar: esta fue la cuarta protesta laboral del año y la primera que intentó llegar a Miraflores. Cada convocatoria ha sido más numerosa, más determinada y más difícil de contener que la anterior. Y el 9 de abril, las protestas no se limitaron a Caracas: trabajadores en Anzoátegui, Zulia, Guárico y Guayana salieron simultáneamente a rechazar lo que calificaron como una “burla” salarial. La tendencia es inequívoca y ascendente. Los sindicatos ya convocaron una nueva movilización para el 16 de abril, esta vez hacia la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que generará cuestionamientos importantes sobre el éxito y el rol que el gobierno de Trump viene jugando desde su intervención en Venezuela.

El segundo movimiento fue en el Parlamento. La Asamblea Nacional de mayoría chavista designó a Larry Devoe como fiscal general con 247 votos. La reconocida jurista Magaly Vásquez, postulada por la Universidad Católica Andrés Bello y propuesta por Henrique Capriles durante el debate como candidata independiente, obtuvo apenas 10 votos. Simultáneamente, Eglée González Lobato fue electa defensora del pueblo. Provea describió a Devoe como “funcionario de absoluta confianza” de Rodríguez. Un Mundo Sin Mordaza calificó ambas designaciones como “blindaje de la impunidad”. Con un fiscal orgánico y una defensora sin independencia real, el régimen cerró la vía institucional interna que podría haber servido para exigir rendición de cuentas dentro del sistema.

El tercer movimiento fue silencioso pero muy significativo. Mientras la calle era reprimida y las instituciones eran capturadas, la normalización económica continuaba sin pausa: ConocoPhillips confirmó el envío de un equipo para evaluar oportunidades de inversión petrolera — la segunda gran compañía estadounidense en hacerlo tras ExxonMobil. La Asamblea aprobó una ley de minería para atraer capital extranjero. Petroperú compró crudo venezolano por primera vez desde 2009. American Airlines anunció vuelos a Caracas para fin de mes.

La simultaneidad de estos tres movimientos no es casual. Configura lo que en la literatura sobre autoritarismo se identifica como estrategias de desacople entre estabilización económica y apertura política, un patrón donde el régimen ofrece señales de normalización hacia el exterior mientras endurece el control interno. Andrew Nathan documentó este fenómeno en su influyente estudio sobre la resiliencia autoritaria china posterior a Tiananmen. El Partido Comunista combinó reforma económica acelerada con consolidación represiva durante décadas, y así la prosperidad material neutralizó la presión internacional por democratización. Steven Levitsky y Lucan Way, en su trabajo sobre autoritarismo competitivo, mostraron que los regímenes que logran mantener flujos económicos internacionales importantes reducen significativamente la capacidad de presión de las democracias occidentales, incluso cuando las violaciones a derechos fundamentales están documentadas. El modelo no es inédito, como no lo ha sido la evolución del autoritarismo en Venezuela, que ha seguido al pie de la letra el manual de las dictaduras exitosas. Lo que es nuevo, y no deja de ser sorprendente, es verlo ejecutarse con esta claridad y precisión en Venezuela y en un tiempo tan breve tras la salida de Maduro del poder. Sin lugar a dudas, el régimen está bien asesorado y hay disciplina en la ejecución, por lo que no puede subestimársele, porque hasta ahora, contra todo pronóstico, han logrado controlar el poder y estabilizarse, y si siguen así podrían volver a derrotar a Trump como ya lo hicieron en 2019 y 2020.

La implicación para el proceso de transición es directa. Mientras la normalización económica avance sin estar vinculada a condiciones políticas verificables — calendario electoral, declaratoria de falta absoluta, liberación de todos los presos políticos, reforma del Poder Ciudadano —, la posición negociadora del régimen se fortalece. Cada empresa que llega, cada vuelo que se reanuda, cada barril que se comercia sin contrapartida política crea lo que Thomas Schelling llamaría un costo hundido: un hecho consumado que hace más costoso revertir el proceso que continuarlo.

Sin embargo, la apuesta del régimen tiene una vulnerabilidad estructural que la academia también ha documentado: la represión sostenida contra demandas económicas legítimas erosiona la base social de cualquier gobierno, incluidos los autoritarios. Con una inflación que se mantiene en la frontera de la hiperinflación, un salario mínimo que no cubre ni el coto de un café al día, y 485 presos políticos según Foro Penal (187 de ellos militares), las fuentes de tensión se multiplican más rápido de lo que el aparato represivo puede contener. La variable temporal añade presión: los venezolanos reclaman elecciones ya, las elecciones de medio término en Estados Unidos se celebran en noviembre de este año, y a partir de ese momento la atención y las palancas de presión de Washington sobre Venezuela podrían reducirse significativamente.

El 9 de abril no fue un día más en la Venezuela pos-Maduro. Fue el día en que la estrategia del régimen, hoy liderado por Delcy Rodríguez, mostró sus cartas sin ambigüedad: normalizar sin democratizar. Pero también fue el día en que quedó expuesta su fragilidad: un gobierno que necesita desplegar gas pimienta contra trabajadores que ganan 27 centavos al mes, el día después de prometer un “aumento responsable”, tiene un problema de legitimidad y credibilidad que el tutelaje estadounidense ni ninguna nueva ley puede resolver.

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