La injusticia del hecho clama al cielo: acabo de descubrir que este diccionario perezoso nunca se ha detenido en la palabra justicia.
La palabra justicia, de iustitia, es el latín más claro y es justicia, porque lo que entendemos por tal nos viene de Roma. Pero las infinitas diferencias. El famoso derecho romano incluía, por ejemplo, el derecho de poseer personas, una persona, miles de personas: los llamaban esclavos y eran lo más común, perfectamente justo.
Porque eso es, sintetizando, la justicia: la expresión de los pactos a los que ha llegado una sociedad en un momento dado. Si, dos mil o doscientos años atrás, los ricos poseían personas, era justicia tener esclavos. Si cien años atrás los hombres dominaban, era justicia que las mujeres no votaran. Y hace menos, dios mediante, era justicia condenar a los que se besaban con su propio sexo.
Justicia es complicada, sus dos sentidos tan distintos: está lo “justo”, por un lado; por el otro, lo “ajustado a la ley”. Lo que se considera “justo” es variable, siempre una opinión: depende de la moral de cada, y no hay nada más opinable que una moral, el conjunto de normas que —aparentemente— rigen cada vida, producto mutante de un momento y una sociedad. Lo “ajustado a la ley” también admite discusiones, pero solo de ajuste: se trataría de interpretar lo mejor posible un texto —supuestamente— preciso y definido.
La Justicia con mayúsculas es el poder que se encarga de vigilar y garantizar el cumplimento de las leyes. Pero esas leyes, decíamos, no son un absoluto: son, por decirlo suave, el resultado de un pacto entre los distintos sectores de una sociedad o, por decirlo de verdad: una expresión de las relaciones de fuerzas en una tribu dada en un momento dado. El resultado de una lucha continua. Las famosas leyes de las ocho horas de trabajo no se dictaron porque fueran más “justas” que las que te obligaban a sudar doce o catorce; las consiguieron millones en la calle.
Pero, en general, los que tienen el poder de imponer qué es legal y qué no son los que tienen el poder. Poner por escrito qué pueden y no pueden los contiene un poco, pero lo que se escribe son sus reglas, la mecánica que eligen para dominar: que si compraste esta revista es solo tuya, que si la autoridad te dice camine debes caminar, esas cositas.
Pero cuando pensamos en justicia, hoy en España, no pensamos en todo eso sino en ese aparato que funciona o no funciona día a día en multitud de causas grandes y pequeñas donde se confirman los pactos de la época: la propiedad privada y el poder del Estado, sobre todo, y el respeto por el físico ajeno. Allí aparece, demasiado claro, un pequeño problema: cada juez aplica las leyes como le parece. Es su función y su derecho; es la función de los poderosos elegir para eso personas cercanas o sumisas. Así son los jueces, una raza cuidada que garantiza ciertas cosas. Hasta ahora el problema no tenía mucha solución; quizá, más o menos pronto, la inteligencia artificial podría cambiar algo.
Pero más allá de los sesgos de sus ejecutores, el gran problema de estos tiempos es que la justicia se ha vuelto la herramienta política más usada en nuestras sociedades. La mayoría de los partidos fuertes no quiere debatir proyectos y programas, así que sus intervenciones más enérgicas consisten en denunciar y amplificar los supuestos delitos de sus opositores.
Para eso necesitan una “justicia” que los encuentre y los persiga —aunque no sea tan justo. Eso es, en sí, bruto peligro: una forma violenta y retorcida de utilizar mecanismos de la democracia para atacar las decisiones democráticas. Pero su efecto más dañino es esta banalización del debate público, esto que vivimos.
Quien siga un poco nuestra actualidad lo ve muy claro: los escenarios políticos —el Congreso, los medios, los bares y las plazas, la familia— donde deberíamos discutir cómo son nuestras vidas y cómo queremos que sean están ocupados por la cháchara sobre los delitos de tal o cual funcionario, tal allegado o cual pariente. Nos quieren convencer de que la política es estas historias policiales: les conviene a muchas de las partes. Así, la sociedad desprecia la política; así, se priva del único instrumento que podría usar para cambiarnos —y se lo deja a esta gente que desprecia.
Nada puede servirles más a los que necesitan que todo siga como quieren. Nada se aleja tanto de cualquier justicia.