Los alcaldes del oficialismo -y también los gobernadores- a voz baja han iniciado contactos con los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional con el fin de advertir sobre los riesgos que afrontan en su funcionamiento en caso de aprobarse el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, tal como lo presentó el Ejecutivo nacional, revela el semanario Exclusivas Económicas.

Las alcaldías cada día dependen menos del situado constitucional que reciben del Gobierno central. Se eliminaron las transferencias que había por concepto de asignaciones económicas especiales y fondo de compensación interterritorial y la alternativa que encontraron fue elevar las alícuotas por concepto de actividades económicas.

Un punto que recuerdan los alcaldes a los parlamentarios es que el cobro de impuestos está permitiendo cubrir la remuneración que están pagando a los trabajadores a través de bonificaciones, dado que los sueldos y salarios establecidos por el Gobierno central a través de la Oficina Nacional de Presupuesto son insuficientes.

Indica la publicación que los empresarios de manera particular y las organizaciones gremiales que representan al sector privado, no obstante, han venido denunciando cómo los impuestos municipales se han convertido en una forma de voracidad fiscal y a lo anterior se agrega que varias gobernaciones y alcaldías en Venezuela carecen de una estructura tributaria y eso agrava la forma como se cobran los impuestos que competen a gobiernos regionales y locales.

De hecho, en las reuniones que ha tenido la Comisión de Finanzas se ha señalado que 139 alcaldías no cuentan con una estructura formal para el cobro de impuestos.

Por lo pronto, los alcaldes opositores pasan a tener notoriedad en su oposición al proyecto de ley de armonización tributaria, sobre todo porque se considera que la propuesta se convierte en una nueva amenaza contra el proceso de descentralización.

14 de septiembre 2022

Redacción Caracas

Redacción Caracas Hispanopost

https://hispanopost.com/el-proyecto-de-ley-de-armonizacion-tributaria-se...

Toda guerra se basa en el engaño. Por eso inicialmente hubo cuotas serias de cautela entre los analistas respecto a la sorprendente y desordenada retirada de las tropas del Kremlin asediadas por una contraofensiva relámpago ucraniana. Una duda importante era si podía tratar de una maniobra moscovita o de una clara derrota militar. Y en tal caso si existían posibilidades de una recuperación.

Pero se han sumado indicaciones de que algo efectivamente está sucediendo en el frente lo que confirmaría esta evolución negativa para Rusia en un conflicto que aparecía hace semanas estancado y con cuotas crecientes de desmoralización entre las tropas invasoras.

En ese sentido, este resultado sería aún más grave si se lo considera como consecuencia directa del fallido de las primeras horas de una guerra que fue calculada por Rusia para extenderse apenas días.

El plan inicial era la toma de Kiev y la captura del presidente Volodimir Zelenski por paracaidistas de un grupo táctico que fueron neutralizados, algunos de ellos antes de tocar tierra, se sabe ahora, gracias a la inteligencia previa recogida y comunicada al comando ucraniano por EE.UU. y el Reino Unido.

Turquía busca tomar ventaja de una eventual debilidad del liderazgo de Putin

Desde entonces el choque militar se convirtió en una serie de intentos de retoma de la iniciativa por parte de Rusia que no solo fue corrigiendo su discurso inicial sobre la motivación para esta guerra contra el país vecino. Además, modificó el objetivo militar que acabó centrándose en el valle del Donbas, en el este pro ruso del país. La región que ahora se convirtió en el espacio de victoria de Ucrania.

Para confirmar la profundidad de lo que está ocurriendo y despejar las dudas quizá convenga observar en otro escenario, también dramático. En las últimas horas las fuerzas de Azerbaiyán, un país satélite de Turquía, lanzaron un ataque en toda la línea contra Armenia. Hay numerosas bajas.

Sucede este capítulo bélico después de la guerra del año pasado por el dominio del enclave armenio de Nagorno Karabaj, que concluyó con la mitad de ese espacio en manos azeríes y con una fuerza de contención despachada por Moscú para impedir que el conflicto se agrave. Toda esa región del Cáucaso Sur es el literal patio trasero de Rusia.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, un socio crítico de Vladimir Putin, tiene ambiciones conocidas sobre esa región, así como respecto al mar Egeo y sus islas de soberanía griega entre otros espacios que considera propios ensoñado con resucitar los dominios del Imperio Otomano que sucumbió en la Primera Guerra Mundial.

Una utopía regresiva semejante a la que envuelve la ambición imperial de Putin que define todo lo eslavo y más allá como de derecho propio de Rusia, la razón básica de la guerra que estableció contra Ucrania.

Erdogan, cuyo país es integrante de la OTAN, ha mantenido sin embargo una relación de cercanía con el autócrata ruso. En ese camino, sostuvo varios encuentros cara a cara con Putin, dos de ellos de importancia especial, en Teherán el primero, el 19 de julio último y el siguiente en el balneario ruso de Sochi, el 6 de agosto pasado.

La cita de Irán reunió a la troika ganadora de la guerra en Siria en la que la acción rusa desde 2015 fue fundamental para consolidar al régimen de Bashar al Assad, aliado tenaz de Irán.

En ese encuentro trascendió que los vínculos turcos no fueron fluidos ni con Rusia ni con el anfitrión persa, escandalizado por los movimientos militares de Ankara en el Cáucaso Sur donde su situación geopolítica y comercial se ha tornado complicada porque se bloquean sus rutas hacia y desde Armenia. Además Irán repudia con amplios niveles de paranoia los lazos entre Azerbaiyán e Israel.

En la cita de Sochi hubo un mejor clima que se explica en los acuerdos que permitieron la salida a puerto y al mundo de los granos alimenticios ucranianos, un proceso que ya encontró una fuerte dinámica.

No eran, sin embargo, los granos la preocupación central de Erdogan. La intención de Turquía, desde el estallido de la guerra ucraniana, ha sido auparse en las contradicciones que le causa a Rusia el conflicto para facturarlas en beneficio propio. Y ahora aparece una sólida oportunidad.

El régimen de la dinastía Alliev en Azerbaiyán solo opera si hay una manda de Ankara. Por lo tanto si ahora ese país avanza contra Armenia es porque hay dos supuestos desde la visión de Turquía que aparecen en el horizonte.

El primero, que Rusia ya no tendría capacidad para controlar esa región debido a la apabullante crisis que envolvería a su aventura guerrera en Ucrania. En Armenia hay dos bases rusas con 3 mil soldados, pero no ha habido por el momento ningún movimiento verificable en torno a este nuevo conflicto.

El segundo, que efectivamente Rusia avanzaría a una derrota en Ucrania que debilitaría al Kremlin y a Putin de un modo imprevisible por lo tanto se impone avanzar ahora para concretar un hecho fáctico antes que ese escenario comience a ordenarse de otros modos.

Un dato asociado a esa visión es que Azerbaiyán, que es un poderoso país petrolero y gasífero, se ha convertido en un salvavidas para Europa contra la encerrona energética con la que Rusia ha buscado asfixiar a bloque.

Las exportaciones de gas de Azerbaiyán al continente aumentaron más de 31% este año. Se trata de 7.300 millones de metros cúbicos despachados durante los ocho primeros meses de 2022, que ayudaron de modo crítico al llenado de los depósitos europeos con vistas al inminente invierno.

Un movimiento de auxilio que contendrá seguramente las protestas que en otras circunstancias serían estridentes sobre los avances militares contra Armenia, un país que habitualmente genera afecto y solidaridad en Europa.

13 de septiembre 2022

Clarín

https://www.clarin.com/mundo/sucede-detras-retirada-rusa-ucrania_0_d4VsD...

Reconozco que nunca me ha parecido certera esa distinción de los ciudadanos –que evoca otros tiempos– entre gente de “izquierdas” o de “derechas”. En mi caso han influido dos factores esenciales.

En primer lugar, el hecho de haber crecido en la “Cultura de la transición”, donde se puso de manifiesto que la Constitución de 1978 era un acuerdo de mínimos que pretendía que nadie quedara excluido. En este sentido, recuerdo con nitidez cómo mi madre me explicó gráficamente al divisar a lo lejos la Cruz de Valle de los Caídos, que aquella cruz no era un monumento para recordar que “unos mataron a otros”, sino para que nadie olvidara que todos moriremos y yaceremos juntos, por lo que es una estupidez trabajar por evitar convivir en concordia, estemos de acuerdo o discrepando. No recuerdo los términos precisos, pero ese fue el mensaje que se grabó a fuego en mi temprana adolescencia, cuando –por cierto– mi familia sufría, como tantos otras, la opresión injustificable y persistente de ETA.

El segundo factor clave fue la imborrable experiencia de haber compartido trinchera, en el Foro Ermua, con exmiembros del Partido Comunista (Vidal de Nicolás y Agustín Ibarrola, entre otros) o de partidos afines que lideraron la rebelión contra la banda terrorista y su anclaje en el nacionalismo étnico, con mucho más coraje que otros ciudadanos reconocidos como honorables conservadores (“conservadores de su pellejo”, indiscutiblemente) que adoptaron “prudentes” posiciones que encubrían el miedo a ETA y al nacionalismo omnipresente.

Con este contexto, disculpen que recurra a otra anécdota personal. Saliendo de una Asamblea del Foro Ermua en la UPV-EHU hacia el aparcamiento, con otro catedrático de Medicina, que entonces militaba en Izquierda Unida (IU), me interesé por lo que él opinaba acerca de esa “distinción entre izquierda y derecha”. No había logrado expresar nada que no fuera fácilmente refutable por mi parte, cuando llegamos a nuestros respectivos coches, casualmente aparcados en la misma zona: el mío era, entonces, un Peugeot 206 que diligentemente se identificó al intentar localizarlo con el mando a distancia; y el suyo… un Porche rojo imponente. Sobraba comentario alguno, pero con cara de pillo, que rezumaba simpatía y hombría de bien, me comentó: “ya ves que a mi de me queda el color del coche”. Nunca nos hizo falta reflexión adicional al respecto.

Era evidente que, en aquel entonces, la distinción entre ciudadanos estaba entre “constitucionalistas” y “no constitucionalistas”. Pero ha llovido mucho, y demasiado rápido, durante el sórdido liderazgo de los presidentes Zapatero y Sánchez, que ha llevado a nuestro gran amigo Paco Vázquez a afirmar que en la actualidad la distinción no está entre “derecha o izquierda sino entre demócratas y totalitarios”.

No olvidemos que los consensos, capaces de sostener la democracia, se forjan sobre premisas pre políticas, de naturaleza ética. Un ejemplo de antología es el que aglutinó a millones de ciudadanos en el País Vasco y en toda España: el llamado “Espíritu de Ermua”. Se fraguó en trece meses: entre el asesinato de Goyo Ordóñez en enero de 1995 y el de Fernando Múgica, en febrero del 96. Se materializó en el Foro Ermua tras el asesinato de Miguel Angel Blanco (11 de julio de 1997) y ya era una realidad cuando ETA mató a Fernando Buesa en Vitoria en febrero de 2000. Tanto es así, que sólo dos meses después ETA asesinaba en Andoaín a López de Lacalle, miembro fundador del Foro Ermua.

Prescindir de la capacidad humana para discernir entre lo aceptable de lo inaceptable lleva al desastre antropológico y social. Hitler decía que la conciencia era un “invento judío”. Nosotros –discrepando con Hitler– confiamos en la capacidad de toda persona de discernir lo que es acorde o no con la elemental defensa de derechos, libertades y responsabilidades. Natan Sharasnsky, superviviente del Gulag soviético, en su “Alegato por la democracia” afirmaba: “Para mí, la disputa nunca ha sido entre la izquierda y la derecha, sino entre lo que está bien y lo que está mal”. Así es, la clave está en hacer entender que existe la conciencia ética, con independencia de la adscripción de cada cual a una determinada raza, fe, cultura o pueblo, que actúa como un órgano de conocimiento y consiguientemente como instrumento de consenso.

Hemos visto demasiadas cosas lamentables: el descrédito de las instituciones, una a una; la desbandada de intelectuales, periodistas, … situados en el sentido común, que han pasado a convertir el propio desistimiento en una mentalidad, … por la presión de un poder político ajeno a la existencia de límites éticos. Precisamente, por esta obstinación de quienes pretenden convertir lo que desde Celso fue el Derecho, “el arte de lo bueno y de lo justo” (Digesto I,I,1) en el arte de la mentira, la coacción y del engaño, inactivos y lamentándonos no podemos quedarnos y el único resorte sólido es comprender que la conciencia ética –ese discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal– siempre ha sido, y siempre será, el último bastión de la libertad.

Septiembre 14, 2022

Inma Castilla de Salazar es catedrática de Fisiología Médica y Metabolismo, vicepresidente de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A). www.forolibertadyalternativa.es.

Artículo publicado en el diario La Razón de España

https://www.elnacional.com/opinion/de-derechas-o-de-izquierdas-una-disti...

En la medida en que se resquebraja la imagen de “normalización” que quiere proyectar Maduro, cobra mayor pertinencia la discusión sobre cómo materializar la salida de tan oprobioso personaje de la jefatura del Estado.

Algunos sectores de oposición enfatizan la realización de primarias para escoger un candidato único que enfrentaría sus pretensiones de reelección en 2024. Este proceso tendría que conectarse, necesariamente, con las expectativas y luchas a nivel local, gremial y nacional, para que la candidatura única contase con el respaldo que da la confianza de las mayorías.

Las posibilidades de triunfo en unas eventuales elecciones presidenciales deben afincarse, no sólo en las características y fortalezas de quien enarbole la opción presidencial, sino también en el proyecto político que lo(la) respalde como alternativa factible al desastre chavo-madurista. Debe expresar las aspiraciones de esas mayorías, como las condiciones que hagan posible y factible su cumplimiento.

Por supuesto, supone que las elecciones presidenciales se realicen, en condiciones aceptables. El riesgo que ello plantea para la continuidad en el poder de Maduro es un elemento que, sin duda, estará sopesando, si quiere seguir jugando con la carta de la normalización con la ilusión de que le dispensen algunas sanciones.

Crucial a ese proyecto alternativo son las propuestas en materia económica, epicentro de las desdichas y tragedias de tantísimos venezolanos. De ahí la necesidad de recoger las demandas de la gente en torno al restablecimiento de garantías y condiciones que permitan responder a sus necesidades.

No se trata sólo de explicar los elementos sine qua non de toda reactivación económica, sino de nutrirlo con propuestas particulares a los problemas del día a día de los venezolanos, tanto en Caracas como en localidades del interior.

Acentuar la presión en torno a su solución, con protestas y otras movilizaciones, obligaría al régimen a tomar posición, pues ahora su narrativa es (supuestamente) la de auspiciar una economía productiva. Su desidia pondría al descubierto su indisposición para afectar los intereses de quienes tanto se han beneficiado de la rapiña de la cosa pública --pero también privada—con la excusa de construir un “socialismo del siglo XXI”, ¡con Hombre Nuevo y todo! ¿Podrá reformarse desde adentro el régimen de expoliación? Como sea, el costo político para Maduro será ineludible.

Aun cuando podamos coincidir con que, “¡Es la economía, estúpido!”, como motivación de la campaña opositora --lema que, como se recordará, ayudó a elegir a Clinton en EE.UU.--, existen otros problemas, gravísimos, que no pueden ser desestimados. De su superación dependerá la gobernabilidad del país para cualquier opción política que aspire a conducir las riendas del Estado a futuro.

Aunque sea brevemente, son inescapables algunas consideraciones acerca de la descomposición social, moral y política asociada a más de veinte años de destrozos en manos “revolucionarias”.

En primer plano resalta la terrible destrucción de las normas de convivencia entre venezolanos, que ha sido resultado del desmantelamiento de las instituciones de la democracia liberal y de las garantías del Estado de Derecho. Es producto de la asunción de Venezuela como territorio conquistado por parte de los jerarcas chavo-maduristas, propio de un ejército de ocupación.

La violación extendida y constante de derechos humanos básicos, incluyendo el de la vida, se auxilia en la criminalización de toda protesta, en la impunidad y ausencia de responsabilidad (accountability) con que fuerzas policiales especiales y militares realizan razias –frecuentemente letales—en barrios y zonas fronterizas, en la persecución y tortura de opositores y disidentes, y en la negación de condiciones fundamentales para la subsistencia de las poblaciones más vulnerables.

Cómo hacer con la feudalización de una estructura castrense expoliadora (Redis, Zodis, Ardis), y con la presencia de criminales en la DGCIM y el Sebin, resultados de la destrucción de la institución militar, debe ser estudiado, en beneficio de la paz y la estabilidad de cualquier gobierno que se proponga consolidar una verdadera democracia.

Las recomendaciones y mandatos de las misiones de las NN.UU. para que sean observados plenamente los derechos humanos en Venezuela, como las que resultan del monitoreo de crímenes por parte de valientes ONGs venezolanas, HRW y otros, así como de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional, deben constituirse en plataforma obligada de cualquier proceso de transición democrática.

El saneamiento del poder judicial habrá de jugar un papel central, así como el espinoso asunto de un régimen provisorio para procesar delitos y crímenes cometidos desde el poder. Son reveladores los trapos sucios que ventilan entre sí Rafael Ramírez y Maduro sobre numerosos robos y corruptelas.

La estabilidad política de una democracia restablecida requiere de bases que alimenten la confianza en que habrán de restablecerse plenamente los derechos y se hará justicia, como en la imparcialidad de las instituciones. Debe hacerse lo posible para conjurar los estallidos violentos que podrían alimentar revanchismos y/o apetencias de quienes quieren seguir disfrutando de los privilegios derivados de su usufructo excluyente del poder, que hagan zozobrar el retorno a la democracia.

Luego está la desastrosa situación en que ha quedado la prestación de servicios públicos a la población, incluidos la educación y la salud. ¿Cuántos funcionarios calificados en el área de energía eléctrica, de suministro de agua, gas, de telecomunicaciones, se habrían ido del país buscando una remuneración acorde con sus capacidades y condiciones dignas de trabajo? ¿En qué estado se encuentran estos servicios, qué presupuesto tienen asignado, quiénes están a cargo? ¿Planes de recuperación?

En el campo de la salud pesa de manera cruel la suspensión de los informes de morbilidad y mortalidad atribuidas a variadas afecciones, como del estado de las instalaciones hospitalarias, ambulatorios y de otros servicios de salud, que dejaron de publicarse en 2016. Ni siquiera hay información confiable sobre contagios y muertes ocurridos por Covid, como del estado de la vacunación entre la población. La migración de decenas de miles de valiosos médicos, enfermeros y técnicos variados en este campo complica aún más y de forma severa la adecuada prestación de salud a los venezolanos.

Asimismo, el estado de la educación, tan crucial para el desarrollo futuro del país, no puede ser más comprometedor, tanto por la exigua asignación presupuestaria, los bajísimos salarios de maestros y profesores y los intentos de imponer un pensum fascistoide en relación con materias de naturaleza social e histórica. Luego está el cerco presupuestario persistente a las universidades nacionales, la conculcación de su régimen autonómico y el sometimiento de su personal –docente y empleado—a condiciones miserables de vida, que ha lesionado sus capacidades de formación, investigación y para ofrecer soluciones a los innumerables padecimientos que, en distintos planos, afectan a la población.

Hay material de sobra para continuar con esta letanía. Pero terminemos haciendo referencia a la ausencia de datos sobre el desempeño económico real, del sector externo, la gestión presupuestaria, el manejo de los agregados macroeconómicos y del comportamiento de distintos sectores de la economía, que son tan importantes para un correcto diagnóstico de los problemas a encarar y de las medidas que, en consecuencia, deben ser consideradas. El BCV, MinFinanzas y el INE dejaron de publicarlos.

Los requerimientos y las modalidades de financiamiento externo a negociar para abordar las insuficiencias en la gestión pública, en la prestación de servicios y otros, junto al diseño e instrumentación de un régimen fiscal idóneo a nivel nacional, regional y local, precisan de información confiable. De lo contrario, se continuará a ciegas. La negación del situado constitucional a las regiones, declarando el ingreso petrolero como “extraordinario”, la práctica de asignar el presupuesto discrecionalmente y las reiteradas corruptelas, ilustran las perversiones que deben ser superadas en el saneamiento de la gestión pública.

Lo comentado no pretende desconocer que una campaña exitosa debe priorizar objetivos y expresarlos en términos que la gente haga suya para posibilitar la derrota del fascismo. Pero debemos estar más que alertas de que no basta sacar a sus personeros. Prepararnos para acometer las soluciones a tanta destrucción será, en su momento, decisivo para la sobrevivencia de una democracia reconquistada.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El régimen está exterminando a los habitantes y parte del territorio al sureste del Orinoco. Esa devastación es básicamente para conseguir apoyo político de otros países y para beneficiar a un grupo de militares y civiles corruptos. Los ingresos por la explotación de minerales no son significativos para la nación. Masacre de la población indígena, destrucción de bosques, pérdida de biodiversidad, disminución del caudal de las aguas y contaminación de las mismas, afectación de la generación de energía hidráulica y destrucción de los suelos constituyen un coctel macabro que no ha tenido repercusión mundial. Solo unos pocos compatriotas se han ocupado de denunciar esta situación. El excelente documental Oro de sangre es una importante contribución al respecto. Del mismo tomamos las siguientes notas.

Juvencio Gómez, nuestro compatriota de la etnia pemón ha denunciado los asesinatos y atropellos a los pobladores del llamado Arco Minero, denominado apropiadamente “Antro Minero” por el distinguido ingeniero Adalberto Gabaldón. Por su valiente actuación, Gómez y otros compañeros tuvieron que solicitar asilo en Brasil. En las violaciones a los derechos humanos participan efectivos de nuestro ejército y de la Guardia Nacional; en los atropellos también interviene la guerrilla colombiana y bandas de delincuentes.

Como es sabido, los bosques cumplen una función importante en mantener la biodiversidad, permiten captar el CO2, factor de primer orden en el aumento de la temperatura de nuestro planeta, evitan la erosión de los suelos y facilitan la infiltración del agua de lluvia para recargar los acuíferos. Además, son fuente de sustento de parte de nuestra población autóctona. Al disminuir el caudal de las aguas de los afluentes del Orinoco se afecta la generación de energía eléctrica que surte a gran parte de Venezuela y que es de vital importancia para nuestras industrias del aluminio y del hierro. Reforestar esos suelos es difícil, ya que son pobres en fertilidad y tienen una capa vegetal muy superficial que se pierde rápidamente al quedar expuesta. La contaminación de las aguas por cianuro y mercurio para la extracción del oro está afectando a los humanos y a la fauna acuática.

Si lo anterior es evidente, ¿por qué el régimen decidió destruir esos bosques para extraer oro, diamantes y quizá coltán? El documental mencionado y otras opiniones señalan que el motivo no es generar ingresos para la nación, sino favorecer la presencia de los gobiernos autocráticos de Irán, Turquía, Rusia, China y Cuba, que apoyan a Maduro. La alianza macabra, como acertadamente la llamó Miguel Henrique Otero en su presentación del foro sobre el documental. Además, es evidente que los militares que están en la zona se aprovechan del oro y diamantes para enriquecerse. Es decir, que para favorecer a estos grupos se está cometiendo un crimen en contra de nuestra población nativa y de nuestros recursos naturales renovables.

En muchos países hay dictaduras. Todas violan los derechos humanos. La de Venezuela no es la excepción, con la particularidad de que está destruyendo una parte importante de nuestro territorio y comprometiendo la posibilidad de lograr la estabilidad y futuro crecimiento de nuestra generación de energía mediante una fuente renovable, que permitiría una ventaja competitiva para reactivar nuestras industrias de Guayana que hoy están en la carraplana.

Este es un tema de importancia mundial, ya que hay una creciente sensibilidad hacia la necesidad de proteger a las poblaciones autóctonas que han sido maltratadas a través del tiempo. Además, la destrucción de bosques tropicales afecta a todo el planeta. Por ello, nuestros dirigentes políticos y la sociedad civil deben poner empeño en denunciar este hecho, presionar para que cese esta devastación y lograr que el entorno internacional condene al régimen. Es un caso que tiene similitudes con los “diamantes de sangre” en África. Ambos casos ameritan que se aplique un Proceso Kimberly de Certificación que debe ser modificado, ya que es ambiguo.

En Venezuela son varias las instituciones y personas que estudian esta situación y hacen denuncias. Citar siempre tiene el inconveniente de que se cometen injusticias al olvidar nombres. Sin embargo, no podemos obviar algunos que participaron en el documental. Adalberto Gabaldón, Alexander Luzardo, Américo De Grazia, Horacio Medina y la joven Alicia Moncada, defensora de derechos humanos.

Oro de sangre, es un excelente e impactante documental de quince minutos que denuncia el exterminio de una franja de miles de hectáreas al sureste del Orinoco. Felicitaciones a sus directores Thaelman Urgelles y Juan Urgell, así como a Malena Roncayolo, su productora. Ojalá puedan conseguir apoyo para el largo metraje que amerita el tema y que ellos tienen en mente.

Como (había) en botica:

En Canadá, el miembro del Parlamento Pierre Poilievre fue electo como líder del partido conservador, hoy en la oposición. Está casado con Anaida Galindo, nacida en Venezuela. Anaida emigró a Montreal cuando tenía ocho años. Tiene un grado universitario en comunicación, es cofundadora de la empresa Pretty and Smart, habla español, inglés y francés. Forman una pareja que tiene carisma. En algún momento, Pierre será Primer Ministro.

¿Quién dice la verdad sobre los casos de corrupción? Rafael Ramírez acusa a Nicolás Maduro y a su entorno. Tarek El Aissami señala a Rafael Ramírez y su grupo. Como dice Laureano, ambos dicen la verdad.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Los medios de comunicación, centran sus publicaciones en enaltecer la figura de Isabel II, lo que no dicen es qué ella y su familia son responsables de miles de muertos, de saqueos en el mundo y de expoliación, fundamentalmente al África. Durante siglos la monarquía inglesa se dedicó a robar la riqueza y territorios de otros pueblos, especialmente en África. Ya en el reinado de la hoy idolatrada Isabel II impusieron regímenes de masacre en el continente africano. Tal es el caso de Kenia y de Sudáfrica donde tenían verdaderos campos de concentración y tortura.

En países como Nigeria, Tanzania o Kenia su nombre está ligado a una monarquía que, “al igual que tras su muerte se ha resaltado que ha sido un símbolo de unidad y continuidad, muchas sociedades africanas ligan su figura a la colonización y la opresión que han vivido los pueblos africanos”

La familia real británica se ha enriquecido a base del saqueo y la colonización de África. En la corona y el cetro de Isabel II, hay fragmentos del diamante de la Estrella de África. La piedra fue robada de Sudáfrica en 1905 y tiene un valor de 400 millones de dólares. En Yemen del Sur, Isabel II estableció un apartheid contra los yemeníes nativos, que eran perseguidos y asesinados por sus soldados de ocupación. En los años 60, el pueblo yemení se rebeló e Isabel II ordenó reprimir a todos los que se sublevaran. En Kenia, apenas 6 meses después de la coronación de Isabel II, tuvo lugar la mayor masacre británica en África. La masacre de Mau Mau, donde los británicos reprimieron a los kenianos que se sublevaron y les bombardearon con 6 millones de bombas matando a más de 300.000 kenianos. Igual que en la Alemania nazi, en Kenia con la aprobación de Isabel II y de Churchill, se establecieron campos de concentración incluso para niños. El modelo nazi fue usado por el imperialismo inglés contra los Mau Mau, usándolos como mano de obra esclava y violando todos los DDHH. Los campos de concentración británicos para niños en Kenia eran llamados «Wamumu Camp», donde era «educados» por los colonialistas blancos británicos y hacían trabajos forzados bajo disciplina militar. Por no hablar del saqueo imperialista que persiste hasta hoy, el sistemático exterminio de indígenas apoyado por los británicos en sus gobiernos títeres en África o los golpes de estado contra países soberanos, todo bajo la monarquía de Isabel II que se enriquece de ello. Su familia fue íntima amiga de los nazis, su tío Eduardo VIII junto a su mujer, Wallis Simpson, duquesa de Windsor, visitaban a Adolf Hitler muy a menudo en sus banquetes. Esta es la «abuelita simpática» que los medios han blanqueado durante décadas. La «abuelita» que con 31 años comandó a un ejército a encerrar a 1,5 millones de personas en campos de concentración en Kenia y que vivió del saqueo imperialista, rodeada del oro robado a África».

El partido Libertad Económica (The Economic Freedom Fighters) de Suráfrica recuerda en un comunicado que la reina Isabel II ascendió al trono en 1952, reinando durante 70 años como jefe de “una institución construida, sostenida y viviendo de un legado brutal de deshumanización de millones de personas en todo el mundo”, dicen un comunicado. “No lamentamos la muerte de Isabel, porque para nosotros su muerte es un recordatorio de un período muy trágico en la historia de este país y de África”. Las corrientes más progresistas en Kenya, Nigeria, Uganda y Tanzania o Sudáfrica, ligan a la monarquía con el atroz pasado colonial y reivindican la desconexión definitiva, es decir, la salida de la Commonwealth.

En esos primeros años en que Isabel II aprendía a ser reina, el Ejército británico respondió a la rebelión de Kenia, que fue denominada del Mau Mau, con una campaña de ejecuciones, torturas y asesinatos de motivación claramente racista. Los enemigos fueron tratados como animales, y eso incluía a la población civil. Al igual que en la Guerra de los Boer en Sudáfrica a principios de siglo, se montaron campos de concentración por todo el país para encerrar sobre todo a los keniatas de la etnia kikuyu, mayoritaria en el país, a los que se consideraba simpatizantes del movimiento insurgente. En 1954 ya habían encerrado a 70.000 personas. Las cifras se dispararon cuando la política de concentrar a la población civil se extendió a campos y poblados rodeados como si fueran una prisión. Más de un millón de keniatas compartieron un destino cruel que acabó con miles de muertos por hambre y enfermedades, abandonados a su suerte.

Más allá de algunas referencias genéricas, la reina nunca pidió disculpas en nombre del Estado británico por las matanzas realizadas en Kenia y otros países de África y Asia por el imperio.

Gran Bretaña, junto a Francia e Israel, llevó a cabo una última aventura imperial con la invasión de Egipto como respuesta a la nacionalización del Canal de Suez por Nasser, al que la propaganda británica tildaba del nuevo Hitler.

En la controversia por Las Malvinas, el monarca no decidió, pero sí avaló las acciones adoptadas por la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher (1979-1990), relativas a la guerra con Argentina. Conflicto bélico que duró 74 días, se saldó con un triunfo británico y se llevó la vida de 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños. Además, de avalar las decisiones tomadas por el Gobierno de Thatcher, Isabel II movilizó apoyos en todo el Commonwealth (Mancomunidad de Naciones).

En conclusión, su santidad la abuelita Isabel, no era tan santa como ahora pretenden presentarla, era una consumada colonialista que justificaba las acciones criminales y genocidas de su ejército en su agresión imperialista a los pueblos del mundo y que, en sus siete décadas de mandato, el perdón o las disculpas por las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos no estaban en su léxico monárquico.

Ante el reciente y muy anticipado anuncio del restablecimiento de las relaciones con Colombia y, en especial, del reinicio del intercambio comercial, debemos estar bien preparados para lo que dichos anuncios implican para el sector productivo venezolano.

La economía vecina es actualmente de unos $330 mil millones, que como referencia es aproximadamente el mismo monto que tenía Venezuela en 2013; haciendo alarde de veinte años de crecimiento sostenido en este siglo y solamente una mancha de -7.3% en el 2020, el año inicial de la pandemia, compensado con creces al año siguiente con un importante rebote de más del 10% y la expectativa de que este año debe crecer cerca del 5%.

Esto ubica hoy a Colombia como la cuarta economía latinoamericana, después de los tres grandes, Brasil, México y Argentina pero por encima de Chile. Por cierto, ese fue precisamente el puesto que ocupó Venezuela por muchos años. Los motores principales de su desempeño son el consumo privado y la inversión, ambos dando muestras de mucha robustez en lo que va del año en curso. De igual manera su sector externo está muy activo, tanto las importaciones como las exportaciones mostrando un sólido desempeño este año. Su población se estima apenas arriba de los 50 millones de habitantes y la presidencia de la nación recién asoma los pininos de un nuevo modelo político, con resultados aún imprevisibles, que no pretendemos vaticinar.

Para nosotros eso podría significar oportunidades ciertas para colocar productos públicos y privados en un mercado 75% más grande que el nuestro por número de consumidores y con mucho mayor capacidad de consumo, cuyo PIB per cápita es el triple que el nuestro. Para ellos, Venezuela siempre ha sido un mercado apetecible, en especial ahora que tenemos muchas limitaciones en cuanto a la oferta de productos que o bien no se consiguen o que llegan a precios relativamente elevados ya que provienen de mercados muy distantes como Turquía, China o la India.

Más allá de compras estratégicas de parte de Colombia, como podría ser por ejemplo el gas en su transición prevista a energías más limpias, y quizás algunos proyectos bilaterales, nuestras posibilidades de exportar desde el sector privado se ven seriamente afectadas por la poca competitividad de nuestra moneda, que se encuentra sobrevaluada por la política cambiaria vigente de sostener el bolívar y no permitir que se devalúe en función de la inflación; cuando la moneda local está cara en divisas, nuestros productos se hacen pocos competitivos. De igual manera, nuestra oferta exportable es pírrica, ya que el aparato productivo doméstico está sumamente mermado por años de recesión, hiperinflación, medidas y políticas de control férreo de parte de los distintos entes fiscalizadores y la pérdida sostenida de mano de obra calificada como resultado de una inmensa migración.

¿Y entonces qué nos queda? El comercio de frontera será muy alentador para la economía de esos estados, por la posibilidad inmediata de acceder a artículos actualmente escasos o inexistentes, a medida que se vaya formalizando la relación comercial. Nuestros empresarios podrán acceder a proveedores más próximos, que conocen bien nuestro mercado por años de relaciones y similitudes culturales. Al momento, el intercambio acumulado es de quizás $400 millones, un 15% de bienes que enviamos y 85% de bienes que recibimos. Una vez legalizado, el comercio debería crecer, pero la proporción posiblemente se mantenga muy a favor de las exportaciones colombianas.

Sólo con una moneda competitiva y apoyo decidido al productor de bienes y servicios vía financiamiento suficiente, reglas claras y seguridad jurídica podremos beneficiarnos de un mercado tan atractivo como el colombiano. Nos toca continuar solicitando y propiciando el acercamiento institucional con el sector oficial, hasta persuadir a los actores claves de que con la plataforma normativa adecuada podremos en un corto plazo ver crecer nuestra economía de manera muy significativa.

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