La Asamblea Nacional (AN) instaló la semana pasada la Comisión Preliminar para la integración del Comité de Postulaciones Electorales. Está conformada por siete diputados opositores y cuatro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la coordina el diputado Ángel Medina (Primero Justicia).

De esta manera, el Parlamento abrió la vía para la relegitimación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la posterior realización de elecciones libres, necesarias ante la crisis institucional que vive el país.

Acceso a la Justicia recuerda que son cuatro los pasos para la selección y designación de los rectores del Poder Electoral:

1. Nombramiento del Comité de Postulaciones Electorales (artículos 19 a 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE).

Este comité está compuesto por veintiún miembros y tiene como función preseleccionar a los candidatos para el cargo de rector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para el nombramiento del Comité de Postulaciones, las 2/3 de la AN deben aprobar la designación de once parlamentarios que conformarán la Comisión Preliminar, a la cual le corresponde evaluar a los candidatos postulados por la sociedad civil para integrar, junto a los once diputados, el referido comité.

Luego de que la Comisión Preliminar evalúe a los candidatos postulados por la sociedad civil, debe presentar una lista de preseleccionados a la plenaria del Poder Legislativo, que por el voto de sus 2/3 partes elige a los diez miembros restantes.

Desde Acceso a la Justicia se advierte que la Constitución no establece que los diputados de la AN formen parte del Comité de Postulaciones Electorales, únicamente la sociedad civil (artículos 294 y 295 de la Constitución). Tampoco prevé la creación de un órgano previo como la Comisión Preliminar.

Así, el proceso de selección de los miembros del Comité de Postulaciones Electorales de acuerdo a la LOPE conlleva un gran riesgo de politización del órgano electoral, lo cual es inconveniente porque la Constitución persigue que el CNE esté compuesto por personas independientes y con conocimiento técnico.

2. Recepción de candidatos para rectores del CNE (artículos 24 y 25 de la LOPE).

El Comité de Postulaciones Electorales debe publicar dentro de los seis días siguientes a su instalación su reglamento de funcionamiento, así como la metodología para evaluar las credenciales de los candidatos a rectores.

Igualmente debe publicar en Gaceta Oficial y en diarios de circulación nacional la convocatoria para la postulación de candidatos al órgano rector del Poder Electoral. El lapso de postulación es de catorce días continuos, contados a partir de la fecha de la última publicación en prensa.

Cada Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales del país a través del rector o rectora puede postular por lo menos tres aspirantes; el Poder Ciudadano, con el voto unánime del Consejo Moral Republicano (integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general de la República), puede presentar por lo menos nueve aspirantes; y cada organización de la sociedad vigente y activa puede enviar una lista de hasta tres candidatos.

3. Evaluación de los candidatos a rectores del CNE (artículos 26 a 29 de la LOPE).

Una vez concluido el lapso de catorce días para postular los candidatos a rectores, el Comité de Postulaciones dentro de los siguientes veinte días continuos debe evaluar a los aspirantes y realizar una lista de los elegibles de cada sector para presentarla a la AN. En esa lista deben aparecer, al menos, veintisiete aspirantes de la sociedad civil, nueve de las universidades nacionales y nueve del Poder Ciudadano.

La LOPE prevé un lapso de seis días para presentar objeciones a la lista publicada por el comité. Los postulados objetados recibirán copia de los argumentos en su contra y podrán consignar descargos en contra de las objeciones en un período de seis días.

En los dos días siguientes, el Comité de Postulaciones Electorales conformará un expediente por cada postulado y lo enviará, junto a la lista de seleccionados, a la AN.

Cumplidos cada uno de estos pasos, el Comité de Postulaciones Electorales cesará sus funciones.

4. Designación de los rectores del CNE (artículo 30 de la LOPE).

Una vez que la secretaría de la AN reciba la lista de candidatos, el Parlamento dentro de un lapso de diez días continuos deberá nombrar, mediante los votos de sus 2/3 partes, a los rectores principales y suplentes del CNE.

Acceso a la Justicia destaca que la Constitución en su artículo 296 establece que la AN debe designar a un rector, cuya candidatura provenga de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales del país; otro del Poder Ciudadano, y tres de la sociedad civil. Esta norma garantiza que el CNE sea un órgano técnico e imparcial.

Sin embargo, desde hace dieciséis años la Constitución y la LOPE son violadas de manera sistemática, ya que el Tribunal Supremo de Justicia, usurpando funciones del Poder Legislativo, ha designado a los rectores del CNE en cuatro ocasiones: 2003, 2005, 2014 y 2016.

La AN solo ha ejercido esta atribución cuando no ha tenido oposición en su seno, específicamente en 2006 y 2009, y tampoco este órgano ha cumplido en estas dos oportunidades las normas en la materia para garantizar la imparcialidad del CNE.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El proceso iniciado para la designación de un nuevo CNE conforme a la LOPE, aunque es importante y abre una rendija para procesos comiciales más transparentes y libres, no es la única condición para el cambio. Los rectores que sean seleccionados de acuerdo a la Carta Magna deben velar por el cumplimiento de los derechos políticos de los venezolanos, y para ello han de actuar con imparcialidad y sin favorecer a ninguna tendencia.

Para garantizar la confianza de la población en los próximos procesos electorales así como en sus resultados, el Parlamento debe establecer reglas transparentes en la escogencia de candidatos a rectores e informar cada paso de manera clara.

Enlace a la nota: https://www.accesoalajusticia.org/relegitimacion-consejo-nacional-electo...

El filósofo Erich Fromm explicó la desobediencia como derecho original, al vincularla a ese gran motor de la humanidad que es el ansia de libertad, aunque frenado por otra pulsión constante, el miedo a la libertad. Fromm condensó esa dialéctica en una afirmación que ha sido mil veces repetida: “La historia de la humanidad comenzó con un acto de desobediencia y es probable que acabe con un acto de obediencia”. Cuando Prometeo, Eva y Adán entonan de diferentes formas su “no serviré”, aunque sea a riesgo del implacable castigo divino —a la imagen del primer rebelde, el ángel caído que glosó el poeta John Milton en su Paraíso perdido—, proclaman su autonomía, se afirman como algo más que creaciones o juguetes de dioses más o menos crueles o benéficos. Lo señaló el escritor francoargelino Albert Camus: el rebelde es la expresión misma de la lucha del ser humano por afirmarse frente a la contradicción de sentirse y saberse esclavizado por las reglas de un mundo que le es ajeno y contra el que se rebela. Por eso el historiador Howard Zinn, uno de los más conocidos divulgadores de la desobediencia civil (en adelante, DC), sostuvo en el contexto de la protesta contra la guerra en Vietnam que toda la discusión está planteada al revés: “Nos dicen que el problema es la desobediencia civil, cuando en realidad el problema es la obediencia civil”.

Fromm señala también que en esa tensión constitutiva, frente a la aparente certeza y confort que nos ofrece actuar obedientemente dentro del rebaño, en realidad la obediencia mecánica —perinde ac cadaver (al modo de un cadáver), como reza la máxima de los ignacianos— es la amenaza de nuestra destrucción. Nadie lo explicó mejor que Kubrick en su extraordinario filme ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964), una crítica avant la lettre de la doctrina de la disuasión nuclear, la Mutua Destrucción Asegurada (MAD) que aceleró la carrera armamentística y contra la que se alzó un importante movimiento pacifista, uno de los ejemplos de la mejor desobediencia civil, como veremos.

En suma, la relación dialéctica entre obediencia y desobediencia nos constituye como humanos y eso muestra hasta qué punto, como ha señalado con su inteligencia habitual la filósofa Alicia García Ruiz, la cuestión de los límites de la obediencia es capital. Porque la obediencia es un ejemplo mayor de concepto límite.

Pero vayamos a la discusión específica sobre la desobediencia civil.

La lucha por la mejora del Derecho y la democracia

El filósofo estadounidense Hugo Adam Bedau, adelantándose a las tesis que propuso la filósofa Hannah ­Arendt en The New Yorker en 1970 (un ensayo recogido luego en su libro Crisis de la República), publicó en 1961 un libro en el que ofrece una definición de DC que, con algunas variantes, aceptan los principales teóricos de este concepto, de Bertrand Russell a Ronald Dworkin o John Rawls, pasando por Jürgen Habermas: la DC, frente a otras formas de resistencia o infracción del Derecho en aras de mayor justicia, consistiría en una infracción pública y no violenta de un mandato legal (ley, sentencia, actuaciones administrativas propias de políticas públicas, etcétera) con el objetivo de conseguir que ese mandato sea anulado, alegando que no se ajusta al marco jurídico común del que emana la legitimidad legal del mandato impugnado. La DC es civil porque es pacífica, pública y se apoya en los principios del sistema jurídico político. Mediante la DC se quiere llamar la atención de la mayoría (la opinión pública y sus representantes institucionales) para que rectifique una decisión que cuenta a priori con la presunción de legitimidad democrática porque ha sido adoptada legalmente, pero cuya legitimidad dentro del sistema jurídico político se impugna, alegando precisamente su incompatibilidad con los principios de esa legitimidad.

Lo característico de la DC, a diferencia, por ejemplo, de la objeción de conciencia, es que no busca la exención individual de un deber, sino que tiene un alcance colectivo, genuinamente político. Otra peculiaridad frente a la objeción de conciencia es que la DC puede ser directa, esto es, del mandato impugnado, pero la mayor parte de las veces es indirecta: se viola otra norma legal, como el código de circulación, o las que rigen el acceso a edificios públicos, como hace en estos días la actriz Jane Fonda ante el Capitolio reclamando acciones contra la emergencia climática. Finalmente, y eso resulta polémico, la mayor parte de los teóricos de la DC exigen como prueba del carácter civil no sólo la no violencia y la remisión a los principios del ordenamiento jurídico-político, sino también la disposición a aceptar el castigo que se impone a la infracción de la norma (el ejemplo de Fonda, detenida varias veces por sus protestas). El desobediente civil no es un delincuente, no trata de burlar la acción de la ley, sino que acepta el sistema legal que quiere mejorar con su infracción y por eso no trata de escapar a la sanción. Precisamente la dimensión política de la DC explica también el abanico de causas que se sirven de ella en esta lucha por mejorar la democracia y el Derecho. Es lo que sabe captar la mencionada García Ruiz cuando, inspirándose en Arendt, propone que la DC debe ser entendida como “potencial de renovación institucional, expresión de la capacidad común de asociación desde el disentimiento que es constitutiva de una comunidad política libre”, y por eso concluye que, frente a la DC, “la respuesta gubernamental… no puede quedar confinada sólo al plano jurídico. Ha de ser resueltamente política”.

Lo anterior es importante a la hora de elucidar si la DC es un derecho. Mi tesis es claramente negativa. El Derecho no puede renunciar a exigir obediencia: dejaría de ser Derecho y pasaría a una recomendación. No cabe reconocer un derecho (menos aún genérico) a la DC. En todo caso, sería lo que los anglosajones (Ronald Dworkin) llaman moral right: una reivindicación dotada de justificación moral o política. Otra cosa es cómo debe reaccionar el Derecho ante la DC. Y ahí coincido con la tesis de García Ruiz.

La DC ha evolucionado. Así, frente a los movimientos de DC ligados a causas internas, nacionales (el reconocimiento de los derechos civiles en EE UU), esas reivindicaciones se deslizaron hacia causas más transversales, incluso universales. Esa es la evolución del movimiento pacifista surgido en los sesenta, cuyas raíces pueden encontrarse en la doctrina de la no-violencia propuesta por Lev Tolstói y retomada por Henry David Thoreau en su conferencia de 1848 Resistencia al Gobierno civil, origen de su célebre ensayo Desobediencia civil, considerado obra fundacional de la DC. Hoy se advierte esa ambición universal en buena parte de los más importantes movimientos civiles de protesta (“protestas glocales”, como escribía Andrés Ortega en este periódico). Así, recurre a acciones de DC el movimiento Black Lives Matter, ligado a la denuncia de la violencia policial contra los ciudadanos negros en EE UU, que pronto pasó a la denuncia del esclavismo y del supremacismo, lo que puede trasladarse a todo el mundo. La misma ambición se advierte en las denuncias individuales y los escraches con los que comienza el movimiento Me Too, que se convierte en la palanca para un movimiento universal de denuncia de la violencia de género y de la situación de subordiscriminación que sufren cientos de millones de mujeres. Un ejemplo particularmente llamativo y polémico lo ofrece el movimiento Extinction Rebellion, que lucha contra la emergencia climática y convoca acciones de DC indirecta que en algunos casos obligan a plantearse el viejo debate: ¿está en el límite de la no violencia una acción que cause serios trastornos a miles de personas y desemboque en enfrentamientos?

Ahora bien, el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta, a acciones propias de la tradición de la DC (hay manuales muy conocidos que reúnen varios cientos de acciones estratégicas), no constituye necesariamente DC, sino que en muchas ocasiones es otra cosa: insurrección, rebeldía o incluso revolución; eso sí, no violentas. Así sucede, a mi juicio, con la invocación de la DC que hacen en Cataluña una parte de los movimientos secesionistas de carácter inequívocamente pacífico: son manifestaciones de resistencia no violenta, pero no DC.

El quid de la cuestión, creo, es que para hablar de DC no basta que las actuaciones que la invocan tengan el rasgo de no violentas. Hace falta algo más. El punto clave, creo, es si invocan o no un fundamento de legitimidad comúnmente aceptado, porque el objetivo de la DC no es impugnar el marco jurídico-político de convivencia, sino —muy al contrario— impugnar un mandato porque se entiende que no es conforme con esas reglas de juego que todos hemos aceptado. Reglas que, en democracias como la española, se llaman Constitución.

¿Eso quiere decir que no es nunca legítimo impugnar la Constitución? No, porque no cabe excluir la posibilidad de casos en los que el bloqueo político y la violación de derechos sean tan graves que contaminen de invalidez a la propia Constitución. Pero eso es rebeldía revolucionaria, derecho de resistencia, como plantearon Gandhi o el segundo Mandela. Y en esos casos no es correcto hablar de DC, pues ni Gandhi ni Mandela aspiraban a mantener las reglas de juego impuestas por los británicos o los afrikáners, sino a cambiarlas por completo.

Es posible e incluso legítimo (aún diría más, en algunos casos, obligado) impugnar unilateralmente la propia regla de juego, la Constitución: pero solo si se prueba que, en efecto, era antidemocrática (impuesta unilateralmente, como en los supuestos coloniales) o bien que ha devenido en la práctica en un orden ilegítimo, que mantiene graves violaciones de derechos humanos. Pero, pese a los esfuerzos de la retórica secesionista, ni la Constitución española de 1978 fue un ejercicio de dominio colonial sobre Cataluña, ni asistimos hoy en Cataluña y en España a una violación tan grave y generalizada de los derechos humanos que haya subvertido el orden constitucional, aunque, desde luego, hayamos vivido un retroceso preocupante en no pocas garantías de derechos en los últimos años, retroceso que debe ser denunciado y corregido y sus responsables deben rendir cuentas. Quienes no aceptan el marco constitucional ni pretenden reformarla (incluso a fondo, pero por las vías constitucionales), sino que invocan unilateralmente otros criterios de legitimidad, diferentes de aquellos por los cuales hemos aceptado autoobligarnos la mayoría de los ciudadanos, a mi entender, no deben hablar de DC. La unilateralidad rompe con la civilidad y, una de dos: o es un abuso, o se pone abiertamente fuera de juego: es insurrección, rebeldía.

17 de noviembre de 2019

El País

https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html

Con la simpleza de que la salsa del pavo debe servirle a la pava se quiere dar lecciones de filosofía política coloquial, para justificar cualquier cosa, conforme si se es de la alt left o la alt rigth. En la región existen democracias como Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Uruguay y también autoritarismos plebiscitarios, semidemocracias, que encarnaron con el socialismo XXI y la salsa no es la misma.

A la alt lef le parecen comprensibles los vandalismos en Chile contra la desigualdad y a la otra cualquier cosa que se haga contra Morales y cuidado con la receta para adobarlas. Balzac hablaba de las semivírgenes para referirse a damas encopetadas e insatisfechas de la Inglaterra victoriana (a la que detestaba) dispuestas a hacer cualquier audacia íntima siempre que no pusiera en peligro su virginidad, que ofrendarían en el sacramento matrimonial.

En su ingenuidad, algunos enredan todo al referirse a Venezuela o Bolivia como tiranías, cuando son semidemocracias o semidictaduras, cosa muy distinta. A estas alturas del pensamiento y la acción se sabe perfectamente que la democracia es un método de gobierno alternativo, de régimen electoral confiable, predecible y monótono en el cumplimiento de los derechos fundamentales y con poderes separados.

Las elecciones están invariablemente regidas por la Ley y no a capricho de un caudillo. Los autoritarismos plebiscitarios, electorales o semidemocracias consisten exactamente en lo contrario, pero conservan formas semivirginales, aunque comienzan por cambiar la Constitución y controlar las instituciones lo que enajena o problematiza el voto. Así hicieron Chávez, Rafael Correa y Evo Morales con lo que tuvieron un poder no constitucional y por lo tanto autoritario y espurio.

Doble play

Morales gracias a su control de los jueces forzó un referéndum aberrante y pidió insólita autorización al electorado para violar la Constitución, aspirar a un tercer período de gobierno, y perdió 51 a 49. Recordemos que una Constitución no es cualquier panfleto sino una Carta que establece los derechos inalienables de las personas, su espacio de libertad donde están exentas de la presencia del Estado. En los países civilizados la Constitución es casi intocable no así en el tercer mundo.

Por eso al lanzarse de candidato este mes, se coloca doblemente fuera de la Ley, da un golpe de Estado, y otro cuando ordenó delictivamente al Tribunal Electoral escabullir los escrutinios. Principio fundamental del Derecho moderno es que el Estado solo puede hacer aquello que específicamente le fijen las leyes, mientras los ciudadanos somos libres para hacer todo lo que no nos esté prohibido. Esta es la garantía para la vida, la libertad, la propiedad.

Si no es eso, no es una Constitución sino un grimorio. Morales delinque al presionar a la gente para que le permitiera violar la ley y también o más al violarla pese a su reprobación expresa. Las cartas fundamentales de prácticamente todos los países democráticos contienen un artículo anti autoritario, aporte de la Escuela de Salamanca, que inspiraron los teólogos jesuitas y dominicos Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Tomás de Mercado, Domingo de Soto y varios otros.

Esta insta a todo ciudadano, civil o militar, a derrocar al usurpador y restablecer la vigencia de la Constitución. San Agustín no tiene dudas de recomendar el magnicidio. Las Constituciones de EEUU, Francia, Alemania, España, recogen este principio, el famoso artículo 350 en Venezuela. Su significado es una autorización para usar la fuerza cuando el mandatario se aparte del orden constitucional y la justifica a posteriori.

Golpe a golpe

La ingenuidad hizo pensar a muchos en Venezuela que se invocaba “el 350”, salía el genio de la botella y el problema estaba resuelto. La esencia que nos obliga a acatar los gobernantes es la legitimidad, que para los revolucionarios no significa nada pero tiene dos fuentes: la legitimidad de origen que, como hemos dicho, parte de que el gobierno nace conforme lo pauta la Constitución. Y la legitimidad de ejercicio, que pierde si se aparta de ella en su gobierno, como hacen las semivírgenes en el poder.

El golpe de Estado es una figura suficientemente estudiada en la teoría política y consiste en que un poder del Estado, basado en la fuerza, usurpa atribuciones o funciones constitucionales de otro, anulándolas. Suele provenir del Poder Ejecutivo por su control sobre la fuerza pública. Puede ser un golpe militar, cuando hay movilización de tropas.

Ese expediente a veces no es necesario porque basta con la disuasión y se habla de un golpe blando. Pero si un mandatario delinque y lo toman in fraganti, la fuerza pública está en la obligación de impedir que se consume el crimen. Es lo que ocurre con Morales quien había cometido uno grave y se le sorprende perpetrando otro, nada menos que un fraude electoral.

Sin que eso signifique pronunciarse sobre las desgracias o venturas que podrían haber procurado a los respectivos países, en las últimas décadas defenestraron varios presidentes de la región, sin que pueda calificarse de golpe de Estado: Carlos Andrés Pérez en Venezuela 1993, Mel Zelaya, Honduras en 2009, Fernando Lugo de Paraguay en 2012 y Dilma Rousseff de Brasil en 2016, la última sin haber cometido la más remota transgresión.

@CarlosRaulHer

http://www.eluniversal.com/el-universal/55642/las-semivirgenes

Se supone que la gasolina es combustible. ¿Pero por qué también se ha vuelto políticamente explosiva, como sugiere la erupción de protestas masivas en Ecuador y Chile?

Mientras que el caso ecuatoriano tuvo que ver con un incremento significativo del precio de la gasolina, lo que disparó la revuelta en Chile fue un aumento programado de apenas 3% de las tarifas del metro de Santiago. Más allá de si hubo o no injerencia extranjera, el hecho es que las protestas, si no la violencia y la destrucción que las acompañaron, han tenido un respaldo público significativo.

El argumento económico contra los subsidios a la gasolina parece sólido. Los subsidios son ineficientes porque conducen a beneficios en el consumo que valen menos de lo que le cuesta a la sociedad ofrecerlos. Son nocivos desde un punto de vista ambiental porque el consumo de gasolina genera externalidades negativas: no solo calentamiento global, sino también contaminación local, congestión y degradación de las vías. (Más bien, la gasolina debería gravarse para tener en cuenta estos costos). Y son profundamente injustos, porque los ricos consumen más gasolina que los pobres, lo que significa que obtienen una tajada mayor del subsidio.

Pero el argumento económico contra los subsidios ignora otras dimensiones del problema que ayudan a entender la oposición pública a una intervención en los costos del transporte. Reconocerlas y entenderlas es crucial para diseñar mejores soluciones en materia de políticas.

El problema con la lógica económica estándar es que no tiene en cuenta el papel de los bienes públicos en la vida urbana –y, en particular, en la movilidad–. Las calles, los metros, las ciclovías y las autopistas no tienen mercados o precios como sí los tienen los automóviles y los departamentos. Tampoco las vistas hermosas, los parques públicos y los barrios seguros.

La vida moderna exige interactuar con muchas otras personas, ya sea trabajando en grandes organizaciones o atendiendo a los consumidores. Es por eso que, a nivel mundial, el porcentaje de gente que vive en áreas urbanas ha crecido de menos de 35% en 1960 a más de 55% hoy. En países de altos ingresos, el porcentaje supera el 80%.

La posibilidad de interactuar con los demás implica la capacidad de movernos desde donde vivimos hacia donde trabajamos, compramos, aprendemos y socializamos. Cuán lejos tenemos que ir y cuánto tiempo y dinero nos cuesta son cosas que están determinadas por la disposición geográfica urbana y la infraestructura de transporte. Por ejemplo, Barcelona y Atlanta tienen poblaciones similares, pero Atlanta utiliza una superficie más de 26 veces superior y emite más de 10 veces más dióxido de carbono. Barcelona ofrece transporte público mucho mejor y más económico, y su mayor densidad poblacional fomenta la eficiencia de la red. De la misma manera, si bien Tokio tiene más habitantes que Nueva Delhi o Ciudad de México, los tiempos de traslado son mucho más cortos, debido a una planificación urbana más inclusiva y grandes inversiones en infraestructura.

Los ricos eligen dónde vivir en parte teniendo en cuenta los tiempos de traslado, lo que hace subir los precios inmobiliarios en lugares bien conectados y empuja a los pobres a zonas periféricas. También conducen autos grandes (muchas veces solos), y así ocupan más espacio en las calles. Para ellos, el costo del transporte no es existencial.

Los pobres, en cambio, relegados como están a lugares no tan bien conectados, enfrentan tiempos de traslado más largos (un tema especialmente sensible para las madres) y deben asignar un porcentaje mayor de sus magros presupuestos al transporte. Si la infraestructura de movilidad es horrible, viajar al centro de la ciudad para obtener mejores oportunidades laborales puede ser tan costoso que la gente se queda atrapada en actividades informales menos productivas más cerca de sus vecindarios de bajos ingresos. Esto constituye una trampa de pobreza: como uno es pobre, no puede llegar adonde están los buenos empleos, lo que significa que uno seguirá siendo pobre.

En este contexto, utilizar precios de mercado para equilibrar la oferta y demanda de transporte excluiría sistemáticamente a los pobres de los beneficios de la vida urbana. Quienes tienen menos ingresos –digamos, los estudiantes de familias pobres que intentan llegar a la escuela– serían los que dejan de viajar cuando aumentan los precios. Es por eso que muchos sistemas de metro, incluso el de Santiago, tienen precios especiales para los estudiantes. De la misma manera que no utilizamos subastas para asignar órganos de trasplante, necesitamos principios distintos a los de las leyes de mercado para administrar el transporte.

Lo mismo es válido para otras amenidades urbanas valiosas. En comparación con los residentes de los suburbios, las habitantes de las ciudades tienden a pasar menos tiempo en sus departamentos más pequeños y más tiempo en espacios públicos compartidos. Pero el Central Park de Nueva York, el Hyde Park de Londres o el Bois de Boulogne de París, que están disponibles para todos de manera gratuita, pronto se convertirían en clubes de campo o barrios cerrados si cayeran en manos del mercado.

Como el grueso de los costos del transporte son fijos, en el sentido de que se incurre en ellos en el momento de la construcción, las ciudades tienen muchos grados de libertad para decidir quién paga por ellos y cuándo. Consideremos un sistema de metro: ¿qué porcentaje del costo debería ser pagado por las futuras generaciones, los jóvenes, las personas mayores y la población en edad laboral? ¿Cuánto deberían pagar los usuarios del sistema y cuánto quienes se benefician de una menor congestión en las calles o del incremento del precio de los inmuebles gracias a su proximidad a una estación?

Aún más importante, ¿qué porcentaje de la asignación del espacio urbano debería dejarse en manos de los mercados, donde cada dólar vale lo mismo, y cuánto dedicarse a un mecanismo que trate a todos los ciudadanos por igual? Como señaló Michael Sandel de Harvard: “Cuantas más cosas puede comprar el dinero, más difícil es ser pobre”. Si el acceso a barrios seguros, buenos empleos y espacios públicos está limitado por la falta de dinero, los pobres tenderán a considerar injusta la asignación que resulte del mercado.

Nada de esto justifica los subsidios a la gasolina. Todo lo contrario: estos recursos deberían utilizarse de manera mucho más eficiente y justa en garantizar que todos tengamos acceso a las oportunidades y placeres de la vida social. Pero lo que la gente espera, y lo que los gobiernos deberían brindar, son políticas que mejoren la calidad del espacio público compartido y la eficiencia y disponibilidad de los medios para recorrerlo.

Copyright: Project Syndicate, 2019.

https://www.elnacional.com/opinion/cuando-los-mercados-chocan-con-la-movilidad/

Uno de los mayores placeres que tenía (y que recuerdo) de mi vida de los finales de los 80 y principios de los 90 era revisar el periódico del domingo. En Venezuela los más grandes eran El Nacional y El Universal. Mis papas eran más tendencia de El Nacional, pero otros familiares o amigos, preferían el otro. En esos años, en los que ya era un niño grande y cercano a la pubertad, disfrutaba enormemente todo lo que traía el periódico: los comics (o comiquitas como les decimos) y las secciones extras que no salían entre semana. Pero de todo mi preferida era la revista: traía secciones muy buenas como el horóscopo largo, los crucigramas, entrevistas a la farándula de la época, entre otros.

El asunto es que esa revista se llamaba Feriado y además, tenía recetas de cocina. Eso no lo recordaba, la verdad, porque a esa edad era poco probable que me interesara aprender a cocinar. Mi mayor acercamiento a eso, era acompañar a mi abuelo con mis hermanos y mis primos al mercado libre (nombre que le damos en Venezuela a los mercados de plaza).

El tema por el que traigo a estas páginas el recuerdo, es que fue hasta que creé este blog que supe que la revista del domingo tenía recetas. Mi prima Laila a los meses de empezar a publicar recetas, me escribió desde Caracas y me contó que a Aníbal (su esposo) y a ella, les haría mucha ilusión que yo desarrollara una receta que habían publicado en revista en los años 80s: mousse de ají dulce con plátano.

A mí de una me llamó la atención, pero en esos primeros meses que tanto dediqué a generar contenido, estaba tan emocionado que dejé dormir la receta. Luego estuve haciendo cursos de cocina en mis viajes y empecé a producir material para no olvidar hacerlas, y finalmente, este año, decidí despertar del letargo la receta en cuestión. Tuve incluso que pedirle a Laila que me la reenviara porque no encontraba el email y ella tan “juiciosa” lo hizo súper rápido.

Haber intentado la receta me emocionó mucho por varias razones. Primero, porque eran ingredientes que disfruto mucho y que son protagonistas de la cocina venezolana. Segundo, desempolvó nostalgias de los años más lindos de la historia contemporánea de mi país que fueron esas dos décadas: 80s y 90s. Y tercero, e igual de importante, me divirtió mucho conversar con Aníbal sobre la receta e ir mostrándole los dos o tres intentos.

En los días que ensayé la receta, Aníbal fue buscando en los recovecos de su biblioteca información sobre ese mousse de ají dulce y me envió información que me dificulta referenciar, pero que me sorprendió, ya que en un artículo dicen que esta receta se servía en el restaurante del Country Club de Caracas, y que años después salió en un libro de recetas que se llama “Quien es quien en la cocina”. Como carezco de la fuente, si alguien está leyendo y las tiene, por favor le pido que me la comparta.

Aníbal ahora anda resolviendo temas de salud en España, pero yo aprovecho esta nota para agradecerle toda la emoción que le metió a esta receta y a los comentarios e información que me fue compartiendo. Aníbal: deseo mucho que te mejores pronto, y espero que algún día podamos preparar este mousse de ají dulce y plátano.

La receta del mousse de ají dulce y plátano

Para 6 personas

Ingredientes:

Para el mousse:

1 plátano maduro

2 huevos

½ lata de crema de leche (equivale a ½ taza)

Para la salsa de ají dulce:

200 gramos de ají dulce (sin semillas y cortados en cuadritos pequeños)

½ cebolla cabezona mediana

1/3 de botella de vino blanco

½ lata de crema de leche (equivalente a media taza)

1 tbsp (cucharada) de maizena

½ tsp (cucharadita) de sal

½ tsp (cucharadita) de pimienta

2 tbsp (cucharada) de mantequilla o de aceite de oliva

Agua

Necesitarás moldes pequeños tipo ramekin para hornear.

¿Qué hago?

1 Precaliento el horno. Licúo todos los ingredientes del mousse (plátano, huevos y crema de leche) por un minuto o hasta que no se vean trozos de plátano enteros.

2 Engraso moldes de cerámica tipo “ramekin” con aceite vegetal en spray o con mantequilla, y vierto la mezcla licuada.

3 Pongo a hornear por 40-45 minutos a 180ºC / 350F o hasta que al insertar un palito en los moldes, salga limpio. Retiro del horno, dejo enfriar y desmoldo.

4 En paralelo mientras horneo la mousse, hago la salsa de ají dulce. Corto el ají dulce en cuadritos pequeños y diluyo la maizena en dos cucharadas de agua.

5 En un sartén a fuego medio pongo a sofreír la cebolla en aceite de oliva o mantequilla. Agrego ají dulce, sal y pimienta y cocino por 1 minuto. Sigo con el vino por 4 minutos más (reducir a la mitad), y por último, bajo el fuego y añado la crema de leche y la maizena diluida y cocino por 8 minutos más. Si está muy densa y se ha secado la mezcla, agrego ½ taza de agua. Pruebo y verifico si necesito más sal y pimienta. Apago y dejo enfriar unos minutos.

6 Licúo la salsa hasta que se vea cremosa y cuelo si es necesario (este paso lo recomiendan en la receta, pero yo lo evito para no generar desperdicio). Sirvo en un plato una mousse y en el top o alrededor acompaño con dos o tres cucharadas de la salsa.

Disfruto de este original y delicioso plato.

El dulce del plátano va muy bien con el sabor del ají dulce.

Noviembre 14, 2019

http://foodografo.com

Un buen libro no es solo una sintonía entre autor y lector, ambos tan distanciados en tiempo, lugar y contexto que sería impensable de otra forma, sino el valioso camino de llegada, el viaje de sus manos a las tuyas. Y tan importante es a veces el quién y el cómo te lo recomienda, el entusiasmo que le inyecta, que la historia que vas a encontrar.

Fue Sánchez Piñol quien me recomendó con ese brillo en los ojos Magokoro, un libro cálido, de descanso, de reparación. En él, Flavia Company no se ocupa de sí misma, como parece hacer todo el mundo, sino de una persona indefinida en tierra indefinida que busca comprender las cosas que parecen sencillas y no lo son. Nos vale Magokoro (Catedral, 2019) para situarnos donde quiero llegar. “Lo invisible no se ve, pero está”, dice uno de los personajes de ese libro que a Sánchez Piñol –según contó- le ha cambiado su forma de leer.

Vivimos un momento de egos y ombliguismo, lo que en literatura viene llamándose autoficción, que coincide estrepitosamente con la era del selfi masivo, el onanismo colectivo, la suma de yoes superpuestos, y -por si fuera poco- con un momento político de egoísmos, de búsqueda de una identidad subrayada frente al otro, al diferente, de nacionalismos y posiciones excluyentes. Y hay novelas excelentes en el género, claro que sí (Manuel Vilas, Carlos Pardo, Emiliano Monge, María Moreno), pero, seamos sinceros: ¿acaso alguien puede dar la vuelta al móvil y enfocar a los demás? ¿Mirar alrededor? ¿Acoger, absorber, aprender de los demás? ¿Buscar lo que parece invisible, pero está?

Es solo una pregunta. O varias preguntas dentro de una sola pregunta. Todo género es respetable, todo libro bueno es bueno, todo “yo” puede ser “tú” y toda corriente tiene su aquel. Pero el más potente embrión de novela que se ha visto estos días es la historia de Omar, un joven guineano de Igualada que, tras ser expulsado del centro de menores por ser catalogado como mayor de edad, se arrojó al río. El chaval estaba integrado y una familia esperaba para acogerle (¡aún hay gente en el campo de los buenos, #fuckVox!), pero el trauma de la inmigración pudo más y el chico prefirió el puente. Gentes que mueren. Gentes que sobreviven. Gentes que acogen. Gentes que abren puertas. Gentes que antes de mirarse a sí mismas miran a los demás. Gentes que niegan a Vox. Existen.

Mirar al otro para comprender. Buscar la lección en los demás. Ayudar para crecer. ¿Acaso, como sociedad, no necesitamos cambiar la mirada? ¿No sería un buen momento? Escribir para descubrir, escribir para aprender, excavar para detectar, salir de nuestra concha, del ombliguismo y mirar alrededor. Edna O’Brien viajó a Nigeria para retratar a las víctimas de Boko Haram en La chica. Por ejemplo. Es una opción. Es un buen plan. O al menos un sueño ingenuo del que, lo sé, tendremos que despertar.

14 de noviembre 2019

El País

https://elpais.com/cultura/2019/11/14/actualidad/1573735560_236189.html

Los atletas, entrenadores, padres, representantes y dirigentes de clubes y asociaciones vinculados a la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) fueron sorprendidos el pasado 08de noviembre 2019, al enterarse del contenido de la correspondencia Nº 933/19, enviada por el Ministro del Poder Popular para el Deporte (MPPPD) al Presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV), en donde se señala el nombramiento de una Comisión Ad Hoc para que en un lapso de 10 días hábiles organice el registro de las personas que tienen el derecho a conformar la Asamblea General de FEVEDA para la elección de sus autoridades.

Este hecho, sin precedente alguno, constituye de manera inequívoca un ataque contra la autonomía del sector deportivo federado, al pretender el Ministro del Deporte atribuirse una facultad correspondiente a la Asamblea General de la federación. De manera arbitraria, amparado en la Sentencia Nº 84 del 13 de agosto 2017 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ,que declaró nulo el proceso eleccionario de las autoridades de FEVEDA para el periodo 2017-2021 y que ordenaba, también de manera intervencionista y violatoria de la autonomía federativa, al Consejo Nacional Electoral la conformación de una Comisión Electoral Ad Hoc integrada por 5 funcionarios designados de su propio seno.

A un año, de la designación de la referida comisión, todavía se está a la espera de la realización de las elecciones de la federación. Cabe destacar, que resulta por demás notorio el intervencionismo gubernamental, al pretender imponer, contrario a la Ley del Deporte, a una comisión designada por el CNE y no por la Asamblea General del ente federativo.

Ahora, pretende el actual Ministro del Deporte, apropiarse de la ilegitima resolución de la Sala Electoral del TSJ, para justificar y continuar, con la violación de la Autonomía Federativa, reafirmando la designación de la Comisión Ad Hoc, en este caso nombrada ya no por el CNE sino por él, en su condición de Ministro del Deporte.

Es importante, recordar que la referida Comisión, tiene el papel fundamental de establecer quiénes van a conformar la Asamblea General de FEVEDA para la elección de sus autoridades. En tal sentido, el ministro para no dejar cabos sueltos, en su descarada intención de designar a su libre criterio revolucionario, una dirigencia servil a sus intereses totalitarios, designa una comisión integrada en su totalidad por representantes de su despacho:

-Franklin Amílcar Cardillo Romero, actual presidente del Instituto Regional de Deporte del estado Miranda. Anteriormente ocupó el cargo de viceministro del deporte.

-Luis Alberto Salas Guzmán, actualmente es el Director de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deporte.

-Astrid Pereira Romero, Consultora Jurídica del Instituto Nacional de Deporte.

Más un representante designado por el Presidente del Comité Olímpico Venezolano.

Lo más risible del caso, es que en la resolución del Ministro del Deporte se ordena notificar a Francisco Garrido del Consejo Nacional Electoral, quien fungía como presidente de la comisión en el 2018, que cesó en sus funciones. Que quede claro y sin lugar a dudas, que el poder revolucionario para el deporte es el Ministro y no el CNE o la Sala Electoral del TSJ.

Todo este hecho, solo viene a demostrar una vez más, la manifiesta intención del régimen totalitario de atacar a las Federaciones Deportivas, como los tiburones a sus presas, para apoderarse de todo el sector deportivo federado para ponerlo a su servicio. Esta política, tuvo sus orígenes cuando el régimen integró en una sola persona al Presidente del IND y al Ministerio del Deporte quien utilizó todos los recursos presupuestarios y jurídicos para presionar a las federaciones con la intención de que modificaran los Estatutos del Comité Olímpico para hacer posible que un funcionario de gobierno pudiera presidirlo. Lamentablemente, las federaciones cayeron en ese perverso juego y sacrificaron la autonomía olímpica haciendo permisible que el régimen avanzara en el control totalitario del deporte.

Como muestra de las contradicciones de la burocracia revolucionaria, todos los que han pasado por el cargo de ministro del deporte, han manifestado su interés en ser presidente del COV. De allí, que es común escuchar en los pasillos del IND “Si Eduardo llegó a ser presidente, Yo como ministro o ministra también puedo”…pero en el medio de esa burocrática pelea está el deporte venezolano y en particular las Federaciones Deportivas, ya que para llegar al COV hay que tener los votos federativos. Por eso, hoy vemos como el actual ministro es Vicepresidente de la Federación de Futbol, viceministros en cargos federativos o lo que es más grave el intervencionismo de las elecciones federativas para poner al servicio del régimen a sus dirigentes.

Corresponde a la dirigencia deportiva venezolana luchar por hacerse respetar frente a un régimen violador de la autonomía del sector deportivo federado. Pensar o creer que por mantenerse callado ante los desmanes del régimen no los van a tocar, es hacer el papel de tontos útiles. En un régimen totalitario, los colaboracionistas son desechables. En las contradicciones de la burocracia revolucionaria, los sectores en pugna buscan los apoyos ofreciendo “El paraíso” pero una vez alcanzado el poder, “si te veo no te conozco” o te dan unas migajas de los recursos económicos para comprar tú silencio.

El caso de la Federación de Deportes Acuáticos, no es distinto a lo ocurrido con el Baloncesto, el Softbol o el Futbol. Lo que si llama poderosamente la atención, es la falta de solidaridad en el sector deportivo federado frente a los desmanes del régimen.

La defensa y lucha por “Un Deporte Mejor en una Sociedad Mejor” requiere la Unidad de Todos…..Todas las luchas, Una sola Lucha.