Ya se materializó esta semana lo que era un secreto a voces y que habíamos analizado varias veces antes: las negociaciones que se habían desarrollado en Oslo nunca han parado, aunque aún estén lejos de un acuerdo racional. Comiencen, terminen, exploten, no importa, ellas seguirán.

Ocurre este anuncio formal de negociaciones luego de los dos eventos que complicaron el proceso comunicacional o facilitaron las cesiones posteriores que ha hecho el gobierno para calmar las aguas: la muerte del capitán Acosta y el informe oficial de Michelle Bachelet, sobre las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. La verdad es que a pesar de que el discurso público de la oposición fue negar su próxima participación en negociaciones e incluso advertir que no harían de tontos útiles para oxigenar al gobierno, el proceso seguía inevitablemente. Mientras tanto, Maduro hablaba también de que el proceso estaba listo y no había duda que se llegaría a un acuerdo definitivo, que resolvería la crisis política venezolana, lo cual tampoco es verdad, pues el proceso sigue siendo complejo y difícil y requerirá de mucho más tiempo para consolidarse… si es que se consolida.

Lo que está claro es que ambos necesitan un acuerdo antes de destruirse mutuamente y acabar también con el país. La oposición se desdibuja con el tiempo, sin poder cumplir su objetivo de sacar a Maduro del poder y sin nada más que ofrecer, mientras el gobierno se enfrenta a un empeoramiento dramático de la situación económica y social del país, con una caída de importaciones que amenaza el colapso del sistema de producción, de transporte y alimentario, lo cual lo pondrá en riesgos internos de desmarque militar más tarde o más temprano.

Quizás hablar del TIAR en la AN era la forma que tenía Guaidó para darle un huesito al perrito propio, antes de anunciar que seguiría negociando (por lo que sin duda le atacan los extremos). Por su parte Maduro ha estado más interesado en posicionar la negociación y mostrar avances (que evidentemente exagera) para calmar sus monstruos internos.

La liberación de algunos presos políticos y la propuesta de relanzar la Asamblea Nacional con participación de los diputados chavistas camina en la dirección de abrir espacios a la negociación, aunque en paralelo mantienen la radicalización frente a sus enemigos para no bajar la guardia, ni mostrar debilidad. La oposición también se sienta a negociar, pero sigue buscando en paralelo cualquier forma de sacar a Maduro del poder, como sea. Es una negociación de guerra, que no tiene tregua en ninguna de las partes. El resultado es que el país sigue su proceso exponencial de deterioro. La presión de negociación está viva y sin duda dará mucho que hablar, incluyendo los ataques furibundos que vendrán en breve, mientras la brecha entre gobierno y oposición para lograr un acuerdo, sigue siendo gigante. Lo que sabemos hasta ahora es que siguen avanzando en la idea de una elección competitiva (que el gobierno podría aceptar para el próximo año), con una transición encabezada por Maduro, aunque se abra la posibilidad de integración opositora en ese gobierno, para buscar la flexibilización de sanciones. Y el escollo más grande para resolver, que es conseguir una vía para llevar a cabo una elección realmente competitiva, con una institucionalidad distinta a la captada por la revolución, pues resulta imposible imaginar que la oposición acepte una elección con un CNE como el actual, incluso reformado con algunos miembros opositores en su seno, pues sabe perfectamente que la desconfianza mataría su capacidad de triunfo debido a la abstención. Un veneno que ya ha probado en el pasado.

luisvleon@gmail.com

¿Es la cultura o la economía? Esa pregunta enmarca gran parte del debate sobre el populismo contemporáneo. ¿Son la presidencia de Donald Trump, Brexit, y el auge de los partidos políticos nativistas de derecha en la Europa continental, la consecuencia de una división cada vez más profunda en cuanto a valores sociales entre los conservadores y los liberales, y los primeros han dado su apoyo a los xenófobos, etno nacionalistas políticos autoritarios? o ¿reflejan la ansiedad y la inseguridad económica de muchos votantes, alimentadas por crisis financieras, austeridad y globalización?

Mucho depende de la respuesta. Si el populismo autoritario está arraigado en la economía, entonces el remedio apropiado es un populismo de otro tipo, dirigido a reducir la injusticia económica y mejorar la inclusión, pero pluralista en su política y no necesariamente perjudicial para la democracia. Si está enraizado en la cultura y los valores, sin embargo, hay menos opciones. La democracia liberal puede estar condenada por sus propias dinámicas internas y contradicciones.

Algunas versiones del argumento cultural pueden ser descartada. Por ejemplo, muchos comentaristas en los Estados Unidos se han centrado en las apelaciones de Trump al racismo. Pero el racismo de una forma u otra ha sido un rasgo duradero de la sociedad estadounidense y no puede decirnos, por sí solo, por qué la manipulación de Trump ha demostrado ser tan popular. Una constante no puede explicar un cambio.

Otras explicaciones son más sofisticadas. La versión más completa y ambiciosa del argumento de reacción cultural ha sido presentada por mi colega de la Escuela Kennedy de Harvard, Pippa Norris y Ronald Inglehart de la Universidad de Michigan. En un libro reciente, argumentan que el populismo autoritario es la consecuencia de un cambio generacional, a largo plazo, en los valores.

A medida que las generaciones más jóvenes se han hecho más ricas, más educadas y más seguras, han adoptado valores 'post-materialistas' que enfatizan el secularismo, la autonomía personal y la diversidad a expensas de la religiosidad, las estructuras familiares tradicionales y la conformidad. Las generaciones mayores se han alienado, convirtiéndose efectivamente en 'extraños en su propia tierra'. Mientras que los tradicionalistas ahora son numéricamente el grupo más pequeño, votan en mayor número y son más activos políticamente.

Will Wilkinson, del Niskanen Center, hizo recientemente un argumento similar, centrándose en el papel de la urbanización en particular. Wilkinson sostiene que la urbanización es un proceso de clasificación espacial que divide a la sociedad en términos no solo de fortunas económicas, sino también de valores culturales. Crea áreas prósperas, multiculturales y de alta densidad donde predominan los valores socialmente liberales. Y deja atrás las áreas rurales y los centros urbanos más pequeños que son cada vez más uniformes en términos de conservadurismo social y aversión a la diversidad.

Además, este proceso se refuerza a sí mismo: el éxito económico en las grandes ciudades valida los valores urbanos, mientras que la autoselección en la migración fuera de las regiones retrasadas aumenta aún más la polarización. En Europa y en los Estados Unidos, las áreas homogéneas y socialmente conservadoras constituyen la base del apoyo a los populistas nativistas.

En contra de este argumento, los economistas han producido una serie de estudios que vinculan el apoyo político de los populistas a las crisis económicas. En lo que quizás sea el más famoso de estos, David Autor, David Dorn, Gordon Hanson y Kaveh Majlesi, del MIT, la Universidad de Zurich, la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Lund, respectivamente, han demostrado que los votos para Trump en las elecciones presidenciales de 2016 en todas las comunidades de EE. UU. tuvo una fuerte correlación con la magnitud de los efectos negativos del comercio con China. En igualdad de condiciones, cuanto mayor es la pérdida de puestos de trabajo debido al aumento de las importaciones provenientes de China, mayor es el apoyo a Trump.

De hecho, según Autor, Dorn, Hanson y Majlesi, el impacto negativo del comercio con China puede haber sido directamente responsable de la victoria electoral de Trump en 2016. Sus estimaciones implican que si la penetración de las importaciones hubiesen sido 50% más baja que la tasa real durante el período 2002-2014, un candidato presidencial demócrata habría ganado los estados críticos de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, haciendo de Hillary Clinton la ganadora de la elección.

Otros estudios empíricos han producido resultados similares para Europa Occidental. Se ha encontrado que una mayor penetración de las importaciones chinas está implicada en el apoyo al Brexit en Gran Bretaña y en el auge de los partidos nacionalistas de extrema derecha en Europa continental. Se ha demostrado que la austeridad y medidas más amplias de inseguridad económica también han jugado un papel estadísticamente significativo. Y en Suecia, el aumento de la inseguridad en el mercado laboral se ha relacionado empíricamente con el auge de los Sweden Democrats de extrema derecha.

Los argumentos culturales y económicos pueden parecer estar en tensión, si no totalmente inconsistentes, entre sí. Pero, leyendo entre líneas, uno puede discernir un tipo de convergencia. Debido a que las tendencias culturales, como el post-materialismo y los valores promovidos por la urbanización, son de naturaleza a largo plazo, no coinciden en el tiempo con la reacción populista. (Norris e Inglehart plantean un punto de inflexión en el que los grupos socialmente conservadores se han convertido en una minoría, pero aún tienen un poder político desproporcionado). Y los que abogan por la primacía de las explicaciones culturales, de hecho, no descartan el papel de las crisis económicas. Estas conmociones mantienen, agravan y exacerban las divisiones culturales, dando a los populistas autoritarios el impulso adicional que necesitan.

Norris e Inglehart, por ejemplo, sostienen que “las condiciones económicas a mediano plazo y el crecimiento en la diversidad social” aceleraron la reacción cultural, y muestran en su trabajo empírico que los factores económicos desempeñaron un papel en el apoyo a los partidos populistas. De manera similar, Wilkinson enfatiza que la “ansiedad racial” y la “ansiedad económica” no son hipótesis alternativas, porque los choques económicos han intensificado enormemente la clasificación cultural dirigida por la urbanización. Por su parte, los deterministas económicos deberían reconocer que factores como el impacto del comercio con China no ocurren en un vacío, sino en el contexto de divisiones sociales preexistentes a lo largo de líneas socioculturales.

En última instancia, el análisis preciso de las causas del aumento del populismo autoritario puede ser menos importante que las lecciones de política que se pueden extraer de él. Hay poco debate aquí. Los remedios económicos a la desigualdad y la inseguridad son primordiales.

Julio 9, 2019

Traducción propia

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-and-cultural-explanations-of-right-wing-populism-by-dani-rodrik-2019-07?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=c160ba5549-sunday_newsletter_14_7_2019&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-c160ba5549-105991035&mc_cid=c160ba5549&mc_eid=05f36f6726

Durante años el régimen de Maduro se llenó la boca con una supuesta “guerra económica” contra la “revolución” desatada por especuladores voraces y por el “imperio”. Justificó así los controles y las regulaciones, creando oportunidades para la extorsión y confiscación de productores y comerciantes privados. Sirvió también de excusa para monopolizar la importación de alimentos, medicamentos y otros bienes con sobreprecios, y embolsillarse la consecuente “tajada”. Validó, asimismo, la opacidad y la no rendición de cuentas de su manejo de la cosa pública –¡son asuntos de “seguridad de estado”!--, amparando corruptelas multimillonarias. En la medida en que destruía la economía privada, expoliaba a la industria petrolera, dejándola exangüe con negociados hechos a la sombra. Según cifras de fuentes independientes publicadas por la OPEP, la producción petrolera habría disminuido en casi un 70% desde que Maduro tomó el poder, 58% desde que puso al frente a un militar –Manuel Quevedo-- sin experiencia previa en el negocio.

Como consecuencia de lo anterior, los ingresos del estado colapsaron. Y como se le cerró el acceso al financiamiento internacional, el régimen ordenó al BCV emitir dinero sin respaldo para cubrir sus cuentas, disparando la hiperinflación que se comió los ingresos de la gente. Tratándose de un gobierno que se autocalificaba de “revolucionario”, Maduro decretó sucesivos aumentos del salario mínimo y dádivas diversas, financiados igualmente por la “maquinita” del BCV. Alegando defender al “pueblo”, echaba más gasolina a la candela inflacionaria. El caso más notorio fue el incremento salarial decretado el pasado agosto, 2018, que multiplicó el salario mínimo por 33, que tuvo que acompañarse de un incremento en el dinero inorgánico suministrado por el BCV en más de 23 veces. Al cuadruplicarse de nuevo esta remuneración en enero, 2019, el BCV aumentó en más de cinco veces el dinero sin respaldo que inyecta a la economía. No en balde, el incremento del 1° de mayo de este año resultó en un salario mínimo con un poder de compra de apenas el 1% del que tenía en 2013, si nos atenemos a las cifras de inflación suministradas para los años 2016-19 por la Asamblea Nacional. Y si nos atenemos al BCV, ente que al fin se dignó cumplir con su deber publicando cifras para ese lapso, el poder adquisitivo del salario mínimo habría caído “apenas” en dos tercios desde que Maduro ocupó la presidencia.

Pero ahora vemos como tan grave estropicio de los medios de vida del venezolano causado por estas políticas intervencionistas se corona con la más absoluta irresponsabilidad. Venido en cuenta de que los controles de precio y del tipo de cambio, y los aumentos de salario por decreto empobrecían aceleradamente a los venezolanos, no se le ocurrió mejor cosa que dejar los precios a la libre. Pero tan tímida dosis de mercado, con empresas acosadas por todo tipo de regulaciones, sujetas constantemente a la extorsión y confiscación de Guardias Nacionales, con una infraestructura pública y de servicios venida a menos, y ante una inseguridad jurídica, laboral y personal extendida, está lejos de ser la respuesta adecuada a la miseria “madurada” en los venezolanos. Menos aun con un sector financiero discapacitado por un encaje que constriñe su cartera de créditos y cuyos activos (en dólares) se han reducido en casi un 90% desde que Maduro llegó a la presidencia.

Si bien la hiperinflación parece estar cediendo –desde febrero no ha superado el 50% mensual--, seguimos siendo (por mucho) el campeón mundial en lo que a alza de precios se refiere. La inflación anualizada, aunque descendiendo, fue mayor al 440.000 % en junio, según cifras de la Asamblea Nacional. Pero, además, tan anémico avance sobre la inflación se ha obtenido a un costo terrible: la asfixia total de la demanda. Representa un ajuste contractivo que deja morir al paciente (de hambre) para “curar” la enfermedad de la inflación.

Durante todos estos años la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), junto a otros economistas, ha insistido hasta la saciedad en la imperiosa necesidad de un programa de estabilización que aplaque la inflación, estabilice el precio del dólar y libere las fuerzas productivas, desmantelando la panoplia de controles y regulaciones que sofocan la actividad económica. Crucial en este programa es la concertación de un generoso financiamiento internacional acompañado de la reestructuración de la deuda pública y la instrumentación de un conjunto de reformas para reactivar de inmediato la oferta.

Las reformas deben contemplar el saneamiento de las cuentas públicas, acabando con las corruptelas y el despilfarro y aumentando la eficiencia del gasto, incluyendo transferencias compensatorias a los sectores de menores recursos. Deben redundar en un ambiente de seguridad jurídica a la propiedad y del debido proceso, y facilitar la recuperación de los servicios públicos y de la infraestructura. Mientras subsista la brecha entre ingresos y gastos, ésta será cerrada con financiamiento internacional, no con la emisión monetaria (inflacionaria) a que recurre Maduro.

Actualmente, lo que queda del aparato productivo trabaja a menos del 30% de su capacidad. La puesta en funcionamiento de este programa, recogido en el Plan País presentado por las fuerzas democráticas, desataría, por tanto, una respuesta inmediata de la economía, proveyendo bienes y servicios al país y generando empleo productivo cada vez mejor remunerado. Y, por efecto “bola de nieve”, estimularía inversiones nacionales y extranjeras que potenciarían este efecto. Como dicen los gringos, “nothing succeeds like success”. Será un ajuste expansivo, generador de mayor bienestar.

Se contraponen claramente dos formas de enfrentar la terrible situación de la economía. La del usurpador: asfixiar la demanda matando de hambre a la población, y la de las fuerzas democráticas, creando condiciones para reanimar la oferta, respaldadas por un generoso financiamiento externo. Lamentablemente para el país, controlar la oferta –los activos y fuente de ingresos que todavía existen—es vital para el usurpador y su mafia, pues es la fuente de sus inmensas fortunas. Es la base del régimen de expoliación del que se lucran. Pero como esta acción parasitaria va destruyendo las fuentes de ingreso, apelan a la “maquinita” del BCV para continuar lubricando el sistema. El dinero inorgánico inyectado por la subcuenta “crédito a las empresas (públicas) no financieras” se multiplicó por doce en los primeros seis meses del año. Para contrarrestar este combustible de precios, “redúzcase la capacidad de compra de la familia venezolana al mínimo, ¡pero ni de vainas se renuncia a lo nuestro!”

Tanta crueldad y malignidad puesta de manifiesto por Maduro y su mafia militar – civil tiene, en el informe sobre Venezuela que acaba de presentar la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michele Bachelet, una terrible confirmación. No les queda más, por ende, que refugiarse en la realidad alterna que han construido para sí, repitiendo ad nauseam sus estúpidas consignas. Acusan a la Alta Comisionada de agente del imperio y de mentirosa. Hasta inventan que “el pueblo” venezolano repudia su informe (¡¡!!) y convocan a una famélica marcha para caerse a embustes al respecto. Esta insania les libera de toda consideración ética, moral, legal o humanitaria para atender las penurias de la gente.

Que no quepa la menor duda de la imperiosa necesidad de sacar cuánto antes a estos monstruos del poder. No hay otro camino para ello que cerrar filas en torno al valiente y decidido esfuerzo liderado por Juán Guaidó y la Asamblea Nacional, para galvanizar a los venezolanos a favor del cambio y concertar el apoyo activo y decisivo de la comunidad democrática internacional a favor de este esfuerzo.

Mientras, Maduro, Cabello, Padrino y demás enfermos seguirán batiéndose el pecho en nombre del socialismo para continuar negándole el derecho más crucial a los venezolanos: el de la vida. Ya lo demostraron al impedir por la fuerza la entrada de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

Para quienes rondamos la quinta o mas década de edad y recordamos los años ochenta y noventa del siglo XX es fácil comprender que las verdaderas causas de la caída del sistema político instaurado entre 1958 y 1998 arrancan con un problema permanente en la historia política del país desde 1830, como es la incapacidad de crear instituciones políticas permanentes que funcionen de manera estable y que en dicha época se manifestó concretamente en el rechazo a las recomendaciones de la Copre (Comisión para la Reforma del Estado) y que halló su máxima expresión en el sabotaje institucional contra el proceso de descentralización de 1989, en el que la elección popular de alcaldes y gobernadores no fue correspondida con la transferencia de competencias legales, administrativas y muy especialmente con los recursos financieros para cumplir sus funciones específicas.

La misma situación ha ocurrido con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que a pesar de diseñar una Constitución a su medida y crear una arquitectura de Estado muy original, que pasó de los 3 poderes de Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a 5 con el Poder Electoral para establecer la filosofía política de la democracia participativa y protagónica y el Poder Ciudadano para insertar un planteamiento del Libertador Simón Bolívar sobre un Poder Moral, los resultados han sido absolutamente desastrosos a todos los niveles si se estudian los recursos financieros invertidos entre los años 2000 y 2019, como puede notar cualquier persona que viva en Venezuela y no sea del grupo de disociados que dice que todo está mejorando mes a mes.

Para propósito de este artículo, que requeriría varios volúmenes de críticas y cientos de páginas de anexos de soporte documental, me limitaré a apartados simples que escribo a continuación:

Poder Ejecutivo: con 33 competencias exclusivas y 35 ministerios, abarcan todos los problemas imaginables a nivel nacional y tiene la absoluta responsabilidad en el funcionamiento de todos los demás poderes por su costumbre de influenciar y en muchos casos dirigir directamente algunos de esos poderes con la excusa de la coordinación y corresponsabilidad entre los poderes públicos. Se puede apreciar lo siguiente:

Desarrollo Social: comprende los ministerios de Salud, Proceso Social del Trabajo, Alimentación, Mujeres e Igualdad de Género, Juventud y Deporte y Pueblos Indígenas. Su saldo institucional se puede apreciar en la crisis estructural del sector salud con la caída de todos los indicadores sanitarios y la aparición de epidemias desaparecidas hace décadas, el aumento exorbitante de la desnutrición y la pérdida de peso de gran parte de la población, la migración de 4-5 millones de personas en forma desesperada, especialmente jóvenes, y el virtual exterminio de la etnia warao por enfermedades, lo cual indica que la construcción de los miles de CDI, la creación de los programas asistenciales como Mercal en el pasado y Chamba Juvenil, Hogares de la Patria o la ampliación de la población pensionada a 4 millones de personas actualmente, alivian en gran medida, pero no solucionan la problemática social cada vez más grave, a pesar los recursos invertidos.

Desarrollo Cultural: comprende los ministerios de Educación, Educación Universitaria, Cultura y Ciencia y Tecnología. Su saldo institucional se resume en la reducción de la población escolarizada, en todos los niveles educativos, en los últimos 5 años, el deterioro evidente de las instalaciones educativas, la fuga de cerebros de profesores universitarios e investigadores, el cierre de numerosos teatros comerciales y numerosas instituciones educativas privadas, así como academias y clubes deportivos y culturales que existían desde hace décadas en muchos lugares de la geografía nacional.

Desarrollo Económico: comprende los ministerios de Economía y Finanzas, Turismo, Industria y Producción Nacional, Comercio Interior, Agricultura Productiva y Tierra, Pesca y Acuacultura, Agricultura Urbana, Petróleo, Desarrollo Minero-Ecológico, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Planificación. Su saldo institucional se resume en la caída de la economía venezolana a décadas de atraso el cierre de centenares de miles de unidades de producción privada, incluyendo casi 10.000 instalaciones manufactureras, la reducción casi total del turismo foráneo, la ruina casi total del sector agrícola y pecuario, la destrucción de buena parte de la industria petrolera y petroquímica y la incapacidad evidente de todos los organismos de planificación nacional, estadal y local para crear planes de desarrollo conocidos y en aplicación como políticas de Estado, creando un colapso económico que está difícil de prever cuándo terminará.

Infraestructura: comprende los ministerios de Hábitat y Vivienda, Ecosocialismo, Atención de las Aguas, Obras Públicas, Transporte y Energía Eléctrica. Su saldo institucional se puede apreciar en la crisis del sector eléctrico, la deteriorada calidad de las aguas potables, los graves problemas ambientales vigentes desde el crecimiento del lago de Valencia hasta el Arco Minero, la obras abandonadas a medio construir a nivel nacional como el sistema de ferrocarriles, la caída sustancial de los servicios de transporte terrestre y aéreos a todas las escalas y solamente se puede destacar los logros en materia de vivienda, que a pesar de las críticas y ambigüedades sobre la cifras reales, es evidente el número de urbanismos nuevos construidos en los últimos años.

Desarrollo político-institucional: comprende los ministerios del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno, Relaciones Exteriores, Comunicación e Información y Comunas y Movimientos Sociales. Su saldo desastroso se puede ver en la incapacidad para detectar y corregir la corrupción administrativa y la burocratización que el mismo Nicolás Maduro manifestó que le tiene obstinado, la creación de un conflicto total con las clases dominantes de los países capitalistas más importantes, la creación de un sistema de hegemonía comunicacional que no convence a la opinión pública y la implementación de un sistema del poder popular donde en casi 3 lustros han intentado crear una red funcional de comunas y consejos comunales que reducen a la única participación de los militantes del PSUV para su funcionamiento y aceptación en el ministerio del ramo.

Seguridad nacional: comprende los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nueva Frontera de Paz, Defensa y Servicios Penitenciarios. Su saldo institucional es la anarquía casi total en las fronteras venezolanas, donde nunca se logró controlar el contrabando de gasolina, alimentos y medicinas subsidiados y hasta dinero en efectivo, hasta que la escasez ha ido acabando con estos negocios ilícitos, mientras que una evaluación de los cuerpos de bomberos, de protección civil y policiales se hace imposible por la falta de datos publicados a nivel nacional, estadal y municipal. Lo mismo ocurre con análisis del sector militar a nivel académico que eviten los vicios de la propaganda gubernamental y los ataques de sus adversarios ideológicos, siendo el caso del sector penitenciario, tal vez donde se han logrado muchos mayores progresos que muy pocos quieren admitir por ignorar a la controversial figura política para muchos en el gobierno y la oposición de la ministra fundadora de este despacho.

Seguimos con el análisis de los cinco poderes en los que se asienta la institucionalidad política en Venezuela y que requieren una urgente transformación para la búsqueda de políticas públicas exitosas, que permitan construir una sociedad estable desde todos los indicadores sociales y económicos.

El Poder Ciudadano: creado a partir de las ideas de Simón Bolívar sobre un Poder Moral que ejerciera funciones de rectoría y guía de la conducta republicana, ha sido con pocas dudas la mayor decepción para aquellos que soñaban con un nuevo país y una justicia imparcial, accesible a los ciudadanos, defensora de sus derechos humanos y celosa guardiana de los recursos públicos, azotados por siglos de corrupción administrativa, que empieza desde el inicio de la República en 1830. Veamos en concreto dichos casos:

Contraloría General de la República: sin duda alguna, el primer organismo que debe cambiar en Venezuela, si se pretende salvar a la república, dado que desde su fundación ha fracasado en el control de los fondos públicos, tal como lo demostró el actual fiscal Tarek William Saab al detener a más de 70 altos gerentes de Pdvsa y hacer pública la destrucción de la empresa, por lo que Nicolás Maduro puso el nombre de Mafia Italiana, esta situación se agrava si atendemos las denuncias de ex ministros como Jorge Giordani, quienes hablan de hechos de corrupción por decenas o centenas de miles de millones de dólares. Esto se ha denunciado muchas veces en los medios de comunicación social desde el caso Micabú, de impresión de millones de copias de proyectos de la Constitución de 1999, hasta los más escandalosos casos de Odebrecht y otros del presente.

Es mi opinión que la solución a este problema es una enmienda constitucional que permita la elección por votación popular de todos los contralores y elimine el control partidista de la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo y el Concejo Municipal en sus niveles nacional, estadal y local. Igualmente, el Sistema Nacional de Control Fiscal jamás va a poder funcionar si no se aplican los estándares internacionales de transparencia administrativa, cuya difusión en Venezuela ha sido masiva, gracias al brillante trabajo de la doctora Mercedes de Freitas y la organización Transparencia Venezuela. Con esto se haría sumamente complicada la práctica de la corrupción administrativa en el país, debido a la multiplicidad de controles ciudadanos, a los que unos llamaron contraloría social y que quedó en promesas huecas, por lo que se cerró el círculo de la lucha contra la corrupción administrativa. Ello también después de que se dispuso la obligación anual de hacer la declaración del impuesto sobre la renta y declaración jurada de patrimonio a todas las personas naturales (mayores de 18 años), jurídicas (tengan o no ejercicio económico), y con esto que se acabe para siempre con los testaferros que pululan en la historia nacional.

El Ministerio Público (Fiscalía General de la República): es sin duda alguna la parte más controversial de este poder, ya que si atendemos lo que dice la oposición, jamás ha funcionado desde Isaías Rodríguez hasta el presente, y si atendemos lo que dice el gobierno, durante muchos años este organismo fue secuestrado por la corrupción, la extorsión y el chantaje hasta la llegada del actual fiscal Saab.

Lo que es indudable es que los escándalos han sido abundantes desde el asesinato de Danilo Anderson hasta el presente, y como no se puede generalizar y enlodar a todos los fiscales, es menester irse directamente a la solución, como es la elección directa del fiscal general de la República por votación popular (vía enmienda constitucional), que, a su vez, permita darle independencia política y hacer mucho más estricto el ejercicio de esta función pública, con mayores requisitos académicos y profesionales, que sean un filtro ético y profesional que conlleve la depuración y el escalar en un sentido piramidal dicha actividad fundamental para la aplicación de la justicia.

La Defensoría del Pueblo: siendo el sueño de los defensores de los derechos humanos que lograron insertar esta institución en la Constitución de 1999, se ha convertido en la burla, pesadilla y decepción de muchos de sus antiguos defensores, que hacen un esfuerzo por entender la utilidad de dicho organismo en un país donde ocurren fenómenos sociales de vastas violaciones de los derechos humanos de todos los tipos, sin que este se pronuncie.

Desde aquellas épocas nada gratas en las que los medios señalaban satíricamente el cargo como el de “defensor del puesto”, pasando por las admisiones públicas de la anterior defensora del Pueblo, de que debió ser más “enérgica”, hasta el mutismo mediático de la actual gestión, es un hecho indudable que la eliminación de esta institución sería posible por la deficiente gestión que no ha logrado ningún tipo de apoyo o reconocimiento popular a su labor. Opino que la institución debe ser reestructurada y asignarle directamente poderes de fiscalización de protección al consumidor y atención al ciudadano en los organismos públicos, a la vez que crear mecanismos digitales para su auditoría.

El Poder Electoral: la mayor novedad y esperanza política de la Constitución de 1999, debido al ofrecimiento de la democracia participativa y protagónica, como fórmula para cambiar la cultura política de los venezolanos y crear una especie de “Suiza criolla”, donde las elecciones y referendos fueran normales y comunes, y sin ningún tipo de alteración de la vida cotidiana.

Lo cierto es que desde las denominadas firmas planas, pasando por la lista Tascón, la suspensión de elecciones sindicales, gremiales y universitarias; las graves denuncias de violación de resultados electorales contra los partidos políticos LCR y PCV en comicios regionales y locales; la desaparición legal de los principales partidos políticos de oposición por trámites e interpretaciones para su legalización, incluyendo en este aparte la traumática renovación de las autoridades nacionales del histórico partido Copei; el desconocimiento de los resultados de comicios presidenciales por Capriles Radonski y Henri Falcón en 2013 y 2018, y muy especialmente la paralización de las elecciones más simples de los consejos comunales son la demostración más evidente de que no se han logrado los cambios políticos y electorales que se prometían con la sustitución de la democracia representativa.

Es absolutamente necesario reestructurar este poder de arriba abajo, creando un nuevo Registro Electoral Permanente que sea automático en su funcionamiento y evitando el que se necesite la inscripción tan problemática de los jóvenes y abstencionistas natos; que sea ágil para adaptarse a la movilidad de la población fuera y dentro del país, y auditable desde cualquier PC por parte de los ciudadanos comunes y corrientes. Igualmente, es menester reglamentar las elecciones gremiales, sindicales, universitaria y de consejos comunales para poner fin a todas las denuncias y recursos electorales sobre irregularidades ciertas o supuestas en todos los procesos.

La tragedia vivida con la supuesta imparcialidad política de los miembros del Consejo Nacional Electoral deberá ser resuelta, a mi criterio, con la profesionalización definitiva de todos los funcionarios de este nivel nacional hasta los miembros de juntas estadales y municipales, quedando así el sorteo restringido a la selección de miembros de mesa con mucha mayor preparación y rigor en su funcionamiento. Es una burla sortear miles de miembros de mesa que no se presentan nunca a sus funciones. Se debe abordar esta situación y resolverse con efectividad en el futuro.

De lo contrario, de no aplicar estas medidas u otras de corte similar será inevitable el cumplimiento de la Constitución de 1999 en todos sus sentidos y se habrán abortado las esperanzas de cambio del pueblo venezolano de los últimos veinte años.

Es importante terminar específicamente con los poderes Legislativo y Judicial, por ser los encargados de desarrollar y corregir los actos administrativos que el Estado acomete para lograr sus fines establecidos en la misma carta magna. Esto, con la enorme ventaja de haber sido testigo de muchos acontecimientos históricos en la atrofia y desmesura del funcionamiento del Poder Legislativo y, en cómo todos los demás venezolanos, testigo de los conflictos del Poder Judicial.

El Poder Legislativo: es justo decir que todo comenzó muy mal desde el principio por ser un órgano que funcionó durante 2000-2015 como un vulgar apéndice del Poder Ejecutivo y, en nombre de la cooperación entre poderes o institucional, los proyectos de ley se hacían o corregían en la Vicepresidencia de la República. En este sentido, los diputados eran meras máquinas de decir “sí” (yes/man), lo cual se reflejó en la poderosa personalidad del presidente Hugo Chávez, quien convirtió a esta institución en una de apoyo, la cual fracasó en cumplir las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 que no le interesaban a él. Por ejemplo:

Desarrollo de la Ley de Hacienda Pública Estadal (disposición cuarta, ordinal sexto): dentro de la desafortunada historia del federalismo que empezó en Venezuela en 1864 y la descentralización en 1989, que murió parcialmente en lo político con la desaparición del Senado en la actual Constitución, y la discusión jamás planteada de la creación de recursos fiscales propios e indispensables para el funcionamiento adecuado de las gobernaciones, libre de las arbitrariedades del poder central si el gobernador fuera de un partido político opositor.

Reforma del Código Orgánico Tributario (disposición quinta, ordinales 1.°-11.°): sin duda, una de las reformas más temidas por todos los vagabundos de este país, sobre todo por tres planteamientos específicos que hubiesen hecho muy difícil el disfrute de los recursos de la corrupción administrativa. Estos son:

Aplicación del principio de la renta presunta: es el arma que usaron los inspectores estadounidenses de Hacienda contra Al Capone y que se ha implementado en todos los países serios para evitar la utilización de recursos que no pueden ser justificados en forma lícita y transparente. Se aplica a todo tipo de bienes muebles e inmuebles, desde celulares, joyas y vehículos hasta haciendas y mansiones, e incluye consumos en restaurantes, hoteles y pasajes de avión y barco. Es indudable que esta herramienta hubiese dificultado muchísimo el uso de bienes provenientes del hurto/robo, hubiera complicado bastante los regalos a las amantes y favoritos, y habría sido un insalvable obstáculo para muchos testaferros.

Extensión del principio de solidaridad: medida que hubiera acabado con la tradicional cultura de “empresas quebradas y empresarios prósperos”, ya que los bienes propios de los accionistas hubiesen tenido que cubrir las obligaciones de las empresas mal administradas, que, en nuestro país, se abren y cierran múltiples veces en los mismos locales, con los mismos dueños, para evadir responsabilidades laborales y fiscales.

Aplicación de la inhabilitación profesional: medida que hubiese devastado moral y económicamente a los profesionales universitarios que violaran las disposiciones tributarias en aquellos gremios dedicados a la asesoría administrativa y legal de empresas que han sido condenadas firmemente.

Desde el punto de vista orgánico, se ve una gravísima debilidad en los reglamentos de organización y funcionamiento cuando se estudian las quince comisiones permanentes y se descubre que, por ejemplo, no existe una comisión permanente de Salud, de Trabajo o de Educación, sino que se juntaron todas en una Comisión única de Desarrollo Social, pero sí hay otras que, sin querer menospreciarlas, no manejan los centenares de miles de empleados públicos ni la esencia misma de los recursos fiscales destinados a las políticas sociales. Si tomamos en cuenta la existencia de más de 30 ministerios, es absurdo que existan solo 15 comisiones, de las cuales la de Defensa es la única que durante muchos años tenía una oficina directa de relaciones directa con el Ministerio de la Defensa, en el mismo piso de funcionamiento de la comisión, en el edificio Pajaritos.

Nunca se ha podido corregir este verdadero menosprecio hacia muchos campos y sectores específicos de la vida nacional, sobre todo desde 2016 con la llegada de la mayoría opositora a la Asamblea Nacional, cuando se inició un conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia que castró las funciones del Parlamento, mucho más allá de lo que se conoce comúnmente como el desacato de los tres diputados electos del estado Amazonas. En concreto, el TSJ estableció que los informes de impacto económico/financiero que acompañan a las leyes en su primera discusión deben ser elaborados o aprobados por la Vicepresidencia de la República, y con esto le dio un poder de veto a cualquier instrumento legislativo desde el principio.

Igualmente, mucha gente parece haber olvidado que existe un recurso jurídico contra el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que dio al TSJ la facultad de reescribirlo, y que no se ha aplicado por la dinámica política, por lo que es problemático hacer dichas actividades legislativas, como lo presagiaba la pérdida de la ANTV en el mismo año 2015, después de la pérdida de las elecciones parlamentarias. Con esto se dio por primera vez en la historia un ejercicio legislativo nacional que no ha logrado aprobar un presupuesto anual ni ha podido revisar un informe de gestión ni aplicar su derecho al voto de censura, e incluso para los anales históricos, sacar una ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, debido a la actitud del Poder Ejecutivo y a la interpretación de la Ley del Poder Judicial.

Debo finalizar este apartado con el imperioso deber moral de soñar en un futuro con un nuevo reglamento interno que resuelva todas estas contradicciones internas y externas, reformando las comisiones permanentes, reestructurando las unidades especiales de tareas específicas, para exigir resultados acordes con estándares internacionales del primer mundo; resolviendo el siempre asunto político de la inclusión de los diputados suplentes en las responsabilidades determinadas y que se pongan a los mejores profesionales de cada campo para asesorar a los diputados en la búsqueda de un mejor destino para Venezuela y su vida cotidiana.

El Poder Judicial: como testigo político de la lucha interminable de bandos políticos, que tratan sus diferencias en el campo judicial y no en el político, como se ha denunciado muchas veces a escala internacional y muchísimas otras en el país, es importante concretar las críticas, sin caer en personalizaciones ni coyunturas, pero puntualizando lo siguiente:

Se hace indispensable acabar con el interinato en el Poder Judicial, lo que implica que se trabaje desde la base con una carrera judicial que convierta a los jueces en los funcionarios mejor pagados de la Administración Pública y con los mayores beneficios sociales contractuales. El propósito consiste en eliminar la corrupción y crear mecanismos tanto transparentes como públicos de acceso a los cargos en los tribunales de primera instancia en todos los niveles.

Se hace indispensable despartidizar el Poder Judicial y para ello, que se creen mecanismos electorales a fin de que los jueces de segunda instancia sean elegidos por los ciudadanos. Por ende, el requisito indispensable para ser candidato sería el de ejercer como juez fijo de primera instancia, y la elección posterior de los jueces del TSJ pasaría a ser un asunto de la AN, organismo que debe exigir que los candidatos sean funcionarios electos de segunda instancia. Esto, a fin de que se garantice que no se vuelva a producir la conversión “mágica” de diputados y operadores políticos en jueces independientes de un día para otro, con el simple mecanismo burlón de firmar un documento de renuncia a la militancia partidista.

Se hace indispensable la digitalización de todos los tribunales para que sean transparentes y auditables por parte del ciudadano común, y que sea verdaderamente pública, gratuita y accesible a todas las personas.

Se requiere, en mi opinión, traspasar los servicios penitenciarios, registros y notarías al Poder Judicial, aunque amerite una reforma constitucional. Igualmente, considero que el Cicpc y la Medicatura Forense no pueden estar bajo el control del Ejecutivo nacional (Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz), sino que deberían depender del Ministerio Público.

Conclusiones

Los cinco poderes requieren profundos cambios estructurales en materia organizacional, si se desea que funcionen adecuadamente para atender los preceptos constitucionales.

Los cinco poderes requieren un cambio total de su funcionamiento a través de la aplicación masiva de las tecnologías de la información y los estándares de transparencia internacionalmente aceptados.

Es fundamental que se privaticen muchísimas empresas y servicios públicos, así como la transferencia de muchas competencias a estados y municipios, de acuerdo con la Constitución de 1999.

Se requiere una enmienda constitucional que vuelva a repartir las competencias exclusivas de algunos poderes a escalas estatal y local y, si de verdad creen en la democracia participativa y protagónica, adapten los mecanismos legales a los mecanismos políticos creados.

@danielarias2

Publicados originalmente como tres artículos en El Nacional

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/fracaso-evidente-los-poderes-legislativo-judicial-iii_288147

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/transformacion-institucional-muerte-como-estado-fallido_286490

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/revolucion-abortada-del-poder-ciudadano-electoral_287395

Desde junio, han tenido lugar en Hong Kong protestas que han sido en su mayoría pacíficas. Las manifestaciones condujeron a la suspensión de una controvertida ley de extradición que, según los críticos, podría ser usada para enviar a disidentes políticos a China continental.

Pero el lunes 1 de julio, a medida que aumentaba la frustración y el enojo, un grupo de activistas se separó de la protesta principal y ocupó el edificio del Parlamento.

La policía utilizó gases lacrimógenos para despejar el recinto.

A pesar del caos de ese día, las protestas en Hong Kong han sido en su mayoría no violentas. Activistas ampliaron sus demandas para incluir la liberación de todos los activistas detenidos y realizar investigaciones sobre supuesta violencia policial.

¿Cuáles son las posibilidades de que obtengan lo que quieren? Todo puede depender de cuánta gente proteste y cómo lo hagan.

Esfuerzos no violentos

En 1986, millones de filipinos salieron a las calles de Manila para protestar pacíficamente y orar en el movimiento del Poder del Pueblo.

El régimen de Ferdinand Marcos se rindió al cuarto día.

En 2003, el pueblo de Georgia derrocó sin derramar sangre a Eduard Shevardnadze con la Revolución de las Rosas, en la que los manifestantes irrumpieron en el parlamento llevando flores en las manos.

A principios de este año, los presidentes de Sudán y Argelia anunciaron que se retiraban del poder después de décadas de gobierno, en ambos casos gracias a campañas pacíficas de resistencia.

En cada caso, la resistencia de los ciudadanos venció a la élite política para lograr cambios radicales.

Hay, por supuesto, muchas razones éticas para usar estrategias no violentas.

Pero una persuasiva investigación de Erica Chenoweth, experta en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, confirma que la desobediencia civil no solo es la alternativa moral, también es, por mucho, la manera más poderosa de dar forma a la política mundial.

Al observar cientos de campañas durante el último siglo, Chenoweth encontró que las campañas no violentas tienen dos veces más probabilidades de lograr sus objetivos que las campañas violentas.

Y aunque la dinámica exacta dependerá de muchos factores, la investigadora mostró que basta con que 3,5% de la población participe activamente en la protesta para asegurar un cambio político serio.

La influencia de Chenoweth pudo verse en la reciente protesta ambiental, Extinction Rebellion (Rebelión contra la Extinción), cuyos fundadores dicen que está directamente inspirada por sus hallazgos.

Pero ¿cómo llegó Chenoweth a estas conclusiones?

Larga historia

Sobra decir que la investigación de Chenoweth se basa en las filosofías de muchas figuras influyentes a través de la historia.

Los casos de la abolicionista afroestadounidense Sojourner Truth, la sufragista Susan B. Anthony, Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. son casos convincentes del poder de la protesta pacífica.

Y así, Chenoweth admite que cuando comenzó su investigación a mediados del 2000, inicialmente dudaba de la idea de que las acciones no violentas podían ser más poderosas que el conflicto armado en la mayoría de las situaciones.

Como estudiante de posgrado en la Universidad de Colorado había pasado años estudiando los factores que contribuyen al aumento en el terrorismo y se le pidió que asistiera a un taller académico organizado por el Centro Internacional de Conflicto No Violento (ICNC), una organización sin ánimo de lucro basada en Washington D.C.

El taller presentó muchos ejemplos convincentes de protestas pacíficas que habían conducido a cambios políticos duraderos, incluidos, por ejemplo, las protestas del Poder del Pueblo en Filipinas.

Pero a Chenoweth le sorprendió encontrar que nadie había comparado las tasas de éxito de las protestas no violentas frente a las violentas, quizás porque los casos de estudio habían sido elegidos simplemente para algún tipo de sesgo de confirmación.

"Realmente me despertó cierto escepticismo pensar que la resistencia no violenta podía ser un método efectivo para lograr transformaciones importantes en la sociedad", afirma.

Una muestra de un siglo de duración

Junto con Maria Stephan, investigadora del ICNC, Chenoweth llevó a cabo una revisión extensa de la literatura sobre resistencia civil y movimientos sociales de 1900 a 2006 y los datos después fueron corroborada con otros expertos en el campo.

Principalmente tomaron en cuenta los intentos de impulsar un cambio de régimen. Se consideró que un movimiento era un éxito si lograba totalmente sus objetivos al año siguiente de su mayor contienda y como resultado directo de sus actividades.

Un cambio de régimen resultante de una intervención militar extranjera no fue considerado un éxito, por ejemplo. Y una campaña fue considerada violenta si involucró bombardeos, secuestros, destrucción de infraestructura u otro daño físico a personas o propiedad.

"Estábamos tratando de aplicar una prueba muy dura a la resistencia no violenta como una estrategia", afirma Chenoweth.

El criterio fue tan estricto que el movimiento de independencia de India no fue considerado como evidencia a favor de las protestas no violentas en el análisis de Chenoweth y Stephan.

Esto porque se consideró que los decrecientes recursos militares de Reino Unido habían sido un factor decisivo, a pesar de que las protestas en sí mismas también tuvieron una enorme influencia.

Al final de este proceso, las investigadoras reunieron datos de 323 campañas violentas y no violentas.

Y sus resultados, que fueron publicados en su libro Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict (Por qué funciona la resistencia civil: la lógica estratégica del conflicto no violento), fueron impresionantes.

Fuerza en números

En general, las campañas no violentas tuvieron dos veces más probabilidades de tener éxito que las violentas; condujeron a cambios políticos en el 53% de los casos comparado con 26% en las protestas violentas.

Esto fue en parte el resultado de la fortaleza en números.

Chenoweth argumenta que las campañas no violentas tienen más probabilidades de tener éxito debido a que pueden reclutar a más participantes dentro de una demografía más amplia, lo cual puede provocar una alteración severa que paraliza la vida urbana normal y el funcionamiento de la sociedad.

De hecho, de las 25 campañas más grandes que estudiaron, 20 fueron no violentas y 14 de éstas fueron un éxito rotundo.

En general, las campañas no violentas atrajeron casi cuatro veces más participantes (200.000) que la campaña violenta promedio (50.000).

La campaña Poder del Pueblo contra el régimen de Marcos en Filipinas, por ejemplo, atrajo dos millones de participantes en su punto más álgido; el levantamiento brasileño en 1984 y 1985 atrajo un millón; y la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia en 1989 atrajo 500.000 participantes.

Lograr que las manifestaciones sean grandes es difícil pero con éstas es más probable que se logren los objetivos.

"Los números realmente importan para aumentar el poder en formas que pueden plantear un desafío o amenaza seria a autoridades u ocupaciones arraigas", dice Chenoweth, y las protestas no violentas parecen ser la mejor forma de obtener apoyo amplio.

Una vez que el 3,5% de toda la población ha comenzado a participar de forma activa, el éxito parece inevitable.

"No ha habido ninguna campaña que haya fracasado después de haber alcanzado 3,5% de participación durante un evento clave", dice Chenoweth. Ella llama a este fenómeno "la regla del 3,5%".

Además del movimiento del Poder del Pueblo, esta regla incluyó también la Revolución Cantada de Estonia a fines de 1980 y la Revolución de las Rosas en Georgia a principios de 2003.

¿Por qué tienen éxito los protestas no violentas?

Chenoweth admite que inicialmente se sorprendió por sus resultados. Pero ahora cita muchas razones por las que las protestas no violentas pueden ganar esos niveles de apoyo.

Quizás lo más obvio es que las protestas violentas necesariamente excluyen a la gente que aborrece y teme el derramamiento de sangre, mientras que los manifestantes pacíficos mantienen la más alta instancia moral.

Chenoweth apunta que las protestas no violentas también tienen menos barreras físicas para la participación. No necesitas estar en buena condición física y sano para comprometerte en una huelga, mientras que las campañas violentas tienden a depender en el apoyo de jóvenes físicamente aptos.

Y aunque muchas formas de protestas no violentas también conllevan riesgos graves, sólo hay que pensar en la respuesta de China en la Plaza de Tiananmen en 1989, Chenoweth argumenta que las campañas no violentas por lo general son más fáciles de discutir abiertamente, lo que significa que las noticias de que ocurrirán pueden llegar a una audiencia más amplia.

Los movimientos violentos, por otra parte, requieren un abastecimiento de armas y tienden a depender de operaciones más sigilosas y clandestinas lo cual puede dificultar alcanzar a la población general.

Al comprometer el apoyo amplio entre la población, las campañas no violentas también tienen más probabilidades de obtener el respaldo de la policía y las fuerzas armadas, los grupos en los que el gobierno debe depender para establecer el orden.

Durante una protesta callejera pacífica de millones de personas, es probable también que los miembros de las fuerzas de seguridad teman que los miembros de su familia o sus amigos estén en la multitud. Esto significa que se rehusarían a reprimir el movimiento.

"O cuando están mirando el (enorme) número de personas involucradas, podrían llegar a la conclusión de que el barco ya zarpó y ellos no quieren hundirse con el barco", afirma Chenoweth.

En términos de las estrategias específicas que se utilizan, las huelgas generales "son probablemente uno de los métodos más poderosos, si no es que el más poderoso, de resistencia no violenta", agrega.

Pero éstas tienen un costo personal mientras que otras formas de protesta pueden ser totalmente anónimas.

La investigadora apunta a los boicots de consumidores en la era del apartheid en Sudáfrica, en los que muchos ciudadanos negros se rehusaron a comprar productos de compañías propiedad de blancos.

El resultado fue una crisis económica entre la élite blanca del país que contribuyó al fin de la segregación a principios de 1990.

"Hay más opciones en la resistencia no violenta para no poner a la gente en mucho peligro físico, en particular a medida que los números crecen, que en la actividad armada", dice la investigadora.

"Y las técnicas de resistencia no violenta a menudo son más visibles, así que es más fácil para la gente descubrir cómo participar de forma directa y cómo coordinar actividades para máxima perturbación".

¿Un número mágico?

Estos, por supuesto, son patrones muy generales y a pesar de ser dos veces más exitosa que los conflictos violentos, la resistencia pacífica sigue fracasando en el 47% de los casos.

Como apuntan Chenoweth y Stephan en su libro, esto se debe en ocasiones a que nunca realmente logran suficiente apoyo o impulso para "erosionar la base de poder del adversario y mantener la resiliencia frente a la represión".

Pero ciertas protestas no violentas relativamente grandes, como las organizadas contra el partido comunista en Alemania Oriental en los 1950, que atrajeron a 400.000 miembros (casi 2% de la población) en su punto más álgido, también fracasan porque no logran llevar a cabo un cambio.

En el grupo de datos de Chenoweth, fue sólo hasta que las protestas no violentas lograron el umbral de 3,5% de compromiso activo cuando el éxito pareció garantizado. Y lograr ese tipo de apoyo no es tarea fácil.

En Reino Unido, esto equivaldría a 2,3 millones de personas comprometidas de forma activa en un movimiento. En Estados Unidos deberían participar 11 millones de ciudadanos, más del total de la población de la ciudad de Nueva York.

El hecho, sin embargo, es que las campañas no violentas son la única forma confiable de mantener ese tipo de compromiso.

"Es difícil sobreestimar lo influyentes que han sido en este tipo de investigación", afirma Matthew Chandler, quien investiga resistencia civil en la Universidad de Notre Dame en Indiana.

Isabel Bramsen, que estudia conflicto internacional en la Universidad de Copenhague, está de acuerdo en que los resultados de Chenoweth y Stephan son convincentes.

"Ahora es una verdad establecida dentro del campo que los enfoques no violentos tienen muchas más probabilidades de tener éxito que los violentos", dice.

Sobre la "regla del 3,5%", Bramsen señala que aunque 3,5% es una pequeña minoría, ese nivel de participación activa probablemente significa muchas más personas están tácitamente de acuerdo con la causa.

Otros factores en juego

Estas investigadoras ahora están investigando cómo se pueden analizar los factores que pueden conducir al éxito o fracaso de un movimiento.

Bramsen y Chandler, por ejemplo, subrayan la importancia de la unidad entre los manifestantes.

Como ejemplo, Bramsen apunta a al fallido levantamiento en Baréin en 2011. La campaña inicialmente comprometió a muchos manifestantes, pero rápidamente se dividió en facciones enfrentadas.

La resultante pérdida de cohesión, cree Bramsen, finalmente evitó que el movimiento ganara suficiente impulso para poder lograr un cambio.

El interés de Chinoweth recientemente se ha enfocado en protestas más cerca de casa, como el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y la Marcha de las Mujeres en 2017.

También está interesada en la Rebelión Contra la Extinción, que se popularizó recientemente por la participación de la activista sueca Greta Thunberg.

"Se enfrentan contra una enorme inercia", dice. "Pero creo que tienen una base increíblemente considerada y estratégica. Y parecen tener todos los instintos correctos sobre cómo desarrollar y enseñar por medio de campañas de resistencia no violenta".

Al final, a la investigadora le gustaría que nuestros libros de historia pusieran más atención a las campañas no violentas en lugar de concentrarse tanto en el conflicto armado.

"Muchas de las historias que nos contamos se enfocan en la violencia e, incluso si es un desastre total, seguimos encontrando la forma de ver victorias en ellas", afirma.

Y tendemos a ignorar los éxitos de las protestas pacíficas, agrega.

"La gente común y corriente, todo el tiempo, se está comprometiendo en actividades bastante heroicas que en realidad están cambiando el mundo, y ellos también se merecen que los tomemos en cuenta y los celebremos"

13 de julio 2019

BBC Future

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48854430

Desde el púlpito mediático, varias veces a la semana y durante casi dos horas que parecen eternas, Nicolás Maduro nos predica que el país va bien por donde va y que las cosas que andan mal no son responsabilidad del gobierno, sino de sus enemigos.

I.

Nos dibuja, así pues, una realidad distinta a la realidad, a la que cada uno vive en su propia piel y a la que se denuncia desde otras fuentes, a veces incluido el chisme, las cuales nos dejan una fotografía mucho más parecida a la sombría sociedad en la que nos hemos convertido. Adicionalmente, Maduro asoma diversos planes queriéndonos dejar la impresión de que el gobierno gobierna, que pronto el país producirá insulina, transformará radicalmente las escuelas, imprimirá nuevos billetes, otorgará créditos para la producción agrícola y vaya usted a saber cuántas cosas más, parte de un popurrí semanal de medidas a las que resulta difícil encontrarle algún sentido práctico y que, de una u otra manera, nos recuerdan siempre que el tan criticado modelo rentista que rige la vida económica nacional, no se ha movido un centímetro. En fin, seguramente no ha habido otra época en la que nos hayamos encontrado tan rodeados de espejismos.

II.

La principal función del actual gobierno es mostrarse simulando hazañas que deberán ser guardadas por la historia. Pero la verdad es que nuestro país se hecho cada vez más incómodo, menos grato y es hoy en día un lugar del que mucha gente sea ha ido y del que más gente aún se quiere ir. El mensaje chavista, que se recibió con tanta esperanza hace dos décadas, se ha ido envileciendo y ha terminado convirtiéndose en una estrategia de poder, infectada por la corrupción y apoyada en un menú variado de mecanismos de control. En semejante contexto, su discurso político se volvió mentiroso, útil exclusivamente para guardar las apariencias revolucionarias e intentar cubrir, por pudor, ciertas vergüenzas políticas (el Arco Minero, por poner un solo ejemplo y no hablar de los derechos humanos, cuya situación documentó hace poco Bachellet).

III.

El nuestro es un país detenido. En Maduro todavía prevalece, como legado de Chávez, una interpretación del país inspirada en el pasado, un pasado que además se ha re escrito a conveniencia (al punto de que hasta se le cambió el rostro a Simón Bolívar, de nuevo apenas una muestra de lo hecho), y por supuesto no tiene nada que ver con las circunstancias que hoy en día rodean las posibilidades del desarrollo nacional. Así, el futuro pareciera haberse borrado para nosotros. El país ha entrado reculando al siglo XXI porque los códigos de acuerdo a los que éste transcurre le resultan casi ajenos.

IV.

Desde siempre la tarea de la política ha tenido que ver con concebir mundos posibles y tratar de detallarlos para que se construyan de una manera socialmente compartida. Ello implica, en las actuales circunstancias del país, negociar un paquete de acuerdos que asuman, por encima de todo, la profunda crisis nacional, cosa que pareciera obvio decir pero que no lo es porque hay mucha agenda particular de por medio. Resulta importante incluir dentro del mencionado paquete unas elecciones (condición necesaria, pero no suficiente, claro), que sean confiables (libres, trasparentes y equitativas, esto es, no como las del 20 del pasado mayo), entendidas como parte integrante de una ruta que conduzca a sacar al país del atolladero en que se encuentra, trazándole otras coordenadas que lo lleven a la recuperación de su futuro.

HARINA DE OTRO COSTAL

Las mujeres la han tenido difícil para formar parte del futbol, un deporte entendido como recinto inexpugnable de la masculinidad. Sin embargo, la situación ha cambiado sensiblemente en los últimos años. Más de 50 millones de mujeres practican futbol hoy en día y la propia FIFA ha tenido que tragar grueso y aceptar el balompié femenino en su organización, vía las federaciones de 177 países. Pero, importante es decirlo, todavía queda machismo por remover.

Recientemente se celebró en Paris la octava edición de la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Fue un gran éxito desde el punto de vista de las audiencias televisivas, así como de público en los estadios, pero sobre todo, desde el punto de vista deportivo. Se les vio a las mujeres un juego vistoso, de mucha técnica, poco o nada violento y más honesto, si cabe el término, que el balompié masculino. Además, fuera de la cancha se las notó a ellas política y socialmente más atrevidas y sinceras que a sus colegas varones, por lo general asépticos a la hora de opinar sobre los asuntos públicos.

El Nacional viernes 11 de julio de 2019

A propósito del personal militar ruso que está en nuestro país, con la explicación de adiestrar pilotos de helicópteros, como también "adiestran" en deporte a nuestros jóvenes el personal del G2 cubano, me recuerdo de la existencia de este empresario y político ruso llamado Vladislav Surkov, quien por doce años (1999-2011) fue primer jefe adjunto de la administración presidencial rusa, tiempo en el que fue considerado el principal ideólogo del Kremlin y con seguridad hoy integra el psíquico-macabro laboratorio del régimen usurpador, donde trabaja en la estrategia, por el solo interés ruso, de mantener el poder en las manos que lo detentan . Este señor propuso e implementó en Rusia el concepto de "Democracia Soberana". Él fue por mucho tiempo o es asesor del Presidente Putin.

El Sr. Surkov sostiene que la política siempre es cambiante, está en constante estado de transformación, por ello, un buen político tiene que ser cambiante y ajustarse o moldearse a las circunstancias y no debe estar en un solo signo ideológico. Es sumamente inteligente y vuela muy alto y sin coordenadas que lo limiten. Si afirma que un buen político es aquel que no se encasilla en posiciones ideológicas y debe ser cambiante; debemos esperar de él cualquier criterio o estrategia. Para él lo importante es llegar, el cómo se llega no importa.

Es capaz de simultáneamente jugar en dos tableros con distintos intereses y motivaciones y al final poner uno a favor del otro de acuerdo a su conveniencia. La psicología de masas la maneja con destreza y es capaz de trasladar sus inquietudes fanáticas de ficción a una multitud, logrando inclusive que las abrace. Lo psicológico camina con escarpines, no sentimos sus pasos pero avanza en la dirección que impone quien lo maneja. Debemos estar muy atento a esta guerra psíquica que el régimen usurpador tiene montada. Muchas veces sin pensarlo ni racionalizarlo somos instrumento de los intereses de quienes queremos cambiar. Ellos empiezan por insuflar el ego de cada quien con el estímulo de hacerlos originales, espontáneos y únicos, hasta llevarlos a la crítica de los propios con la carga que le interesa al estimulador.

La influencia de Surkov en Putin es tan importante que lo ha hecho a su medida, por ello no es fácil ubicar ideológicamente al Presidente ruso. Surkov está muy influenciado por la ciencia ficción, al extremo que se hizo fanático y todos coinciden que este fanatismo lo traslada a la política, es considerado uno de los principales tecnologístas del Kremlin y algunos le atribuyen facultades hipnóticas.

Hoy Vladislav Surkov no habla de democracia soberana, sino de "Democracia gestionada" que es manejada a través de algoritmos políticos, que son mecanismos con los que se maneja la democracia, son un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas y ordenadas que logran efectuar una actividad mediante pasos que no generan ninguna duda en quien los da.

Este misterioso e inteligente señor es influyente en la toma de decisiones del gobierno ruso. Debe tener en su escritorio como materia de estudio el "caso venezolano" y lo tiene no desde los últimos días, lo tiene desde hace mucho tiempo por ser nuestro país tierra de inmensas riquezas, con la más importante reserva petrolera del mundo, estratégico en lo geopolítico y ahora con la aparición en gran proporción del Thorium o Torio (mineral nuclearmente de mucha más importancia y relevancia que el Uranio ) nos hacemos mucho más apetecible. Como debemos imaginar, este señor está muy bien remunerado por el gobierno ruso, además se dice que participa en los beneficios económicos de los negocios rusos donde interviene, que son casi todos.

Este señor con toda seguridad tiene la vista puesta en Venezuela y no nos extrañe que muchas cosas han ocurrido por su creación y también mucha más ocurrirán. Así que estemos seguro que los ojos de uno de los principales o el principal ideólogo del Kremlin están puestos en nuestro país.

Estemos pendiente de este nombre, Vladislav Surkov, que tal vez en corto tiempo empiece a sonar con bríos en nuestro país y recordemos también que el modo de él concebir y hacer política no es ni remotamente parecido al nuestro. Cuando investiguemos más de la democracia gestionada, el manejo de los algoritmos y el jugar en dos tableros simultáneamente, nos percataremos en presencia de quién estamos. ALERTA.

Sé que en espíritus indoblegables, con principios sólidos y con claridad estratégica no es fácil que las pretensiones de este señor penetren, pero siempre debemos estar atentos. Él sabe cuándo y cómo actuar, y localiza, previo estudio, sus objetivos.

Ante la variedad de recursos malévolos que se vale el régimen, estará siempre de frente nuestra formación y férrea voluntad. Adelante con pie firme y unidos que con prontitud estaremos disfrutando de libertad y justicia.