La transparencia en la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) enfrenta cuestionamientos luego de que la abogada Raquel Sánchez denunció obstáculos para revisar las candidaturas y la inclusión de expedientes correspondientes a una convocatoria anterior que fue anulada.

Sánchez, integrante de la representación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales y miembro de Foro Penal, expuso las irregularidades este miércoles en entrevista con Venevisión. La abogada insistió en que el procedimiento debe ajustarse a una nueva convocatoria, en lugar de incorporar postulaciones de un proceso previo.

“Estamos en un proceso nuevo. Debe haber una nueva convocatoria, y a partir de allí es que debe haber las nuevas postulaciones”, subrayó.

Otro de los aspectos que cuestionó fue la forma en que se distribuirán los expedientes entre los integrantes del comité. Advirtió que esta medida, justificada supuestamente por razones de tiempo, impediría que todos los miembros examinen la totalidad de las candidaturas. La revisión resulta relevante para verificar el cumplimiento de los requisitos, entre ellos la renuncia a cualquier militancia político-partidista.

Organizaciones civiles cuestionan restricciones y exigen transparencia en postulaciones judiciales

“Por razones de tiempo, supuestamente, van a ser distribuidas. No estamos de acuerdo en ese sentido. Algunos de los miembros del comité hemos manifestado que queremos tener el alcance total de la revisión de todas las carpetas (de las candidaturas), porque precisamente esa es nuestra función”, indicó Sánchez.

El abogado Alí Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia, calificó de “graves” los señalamientos y defendió el derecho de cada integrante del comité a consultar todos los expedientes.

“Esta es la prueba de por qué el oficialismo nunca quiso a representantes auténticos de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones”, manifestó Daniels en X.

También se pronunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que pidió retomar el procedimiento para respetar las condiciones acordadas y evitar limitaciones en el acceso a la información.

“El proceso de postulaciones judiciales comience desde cero, conforme a lo acordado”, exigió la organización. Además, reclamó que las carpetas sean digitalizadas y estén disponibles en tiempo real para los integrantes del comité, así como la participación de la sociedad civil en la directiva de esa instancia.

Alerta por vínculos políticos en el comité de postulaciones judiciales

El debate ocurre mientras la Asamblea Nacional avanza en la renovación del TSJ. El Parlamento anunció el martes la apertura de las postulaciones para cubrir los cargos de magistrados y juramentó la semana pasada a los 12 representantes de la sociedad civil que integran el comité junto con 11 diputados.

La composición del órgano encargado de evaluar a los aspirantes también ha sido cuestionada. Una investigación de Transparencia Venezuela identificó vínculos con el chavismo en dos de los representantes de la sociedad civil. Al incluir a los ocho diputados señalados como cercanos al partido de gobierno, la organización contabilizó 10 integrantes afines al oficialismo. Según el informe, otros nueve representantes civiles no tendrían vínculos políticos conocidos, mientras que de uno no se disponía de información. En el componente parlamentario, solo tres diputados opositores forman parte de la instancia.

La renovación del máximo tribunal está vinculada con los acuerdos alcanzados en agosto entre un sector de la oposición y el chavismo en mesa de diálogo respaldada por Estados Unidos. El proceso se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre la independencia judicial y las garantías de participación de la sociedad civil en la elección de los magistrados.

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