El peor gobierno de la era petrolera

A finales de 2018, concluía el período constitucional de Nicolás Maduro. Advenido a la presidencia en virtud de un cuestionado triunfo electoral en 2013, nos encauzó a la peor tragedia sufrida por país alguno que no estuviese en guerra. Bajo su mandato, redujo la economía a la mitad, desplomándose las actividades de construcción (-90%), comerciales y de reparación (-76,4%), la de las instituciones financieras (-74,9%) y la manufactura (-71,6%)[1]. La producción petrolera se encogió en 50%, obligando a la importación de gasolina y otros productos para satisfacer la demanda interna, y de petróleo liviano para mejorar los crudos pesados. Incrementó la descomunal deuda dejada por su predecesor a niveles muy por encima del valor del PIB venezolano. La caída en más de dos tercios de las exportaciones petroleras hizo imposible cancelar su abultado servicio, colocando al país en default. Valiéndose de un control de cambio que estimuló todo tipo de corruptelas, Maduro intentó generar excedentes para pagar este servicio, contrayendo las importaciones en 2018 a apenas la quinta parte de las de 2012. Contrajo el consumo privado por habitante (promedio) a los niveles de 1970, víctima, además, de la terrible hiperinflación que desató el financiamiento monetario de los déficits generados por su irresponsable gestión. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 70%, deprimiendo la estructura general de remuneraciones. En fin, Maduro descargó sobre los hombros de los venezolanos todo el peso de un severísimo ajuste contractivo, mucho peor que los denostados ajustes “neoliberales”, producto de las distorsiones que ocasionó su conducción (y la de Chávez) de la economía.

Pero los daños infligidos a la población no se reducían al ámbito económico. La represión de manifestaciones de protesta, con más de 200 muertos a manos de militares y colectivos fascistas, y la detención arbitraria y tortura de muchos opositores --denunciadas por Foro Penal y otras ONGs--, añadían un cariz terriblemente inhumano a la gestión de Maduro. A ello habría que agregar la sumisión de los venezolanos a las arbitrariedades, extorsiones y exacciones de militares, policías y otros funcionarios, dada la anomia resultante de la destrucción del Estado de Derecho. Luego está la indignante corrupción, abierta y desmedida, en tantas ejecutorias del Estado, despojando a los servicios públicos, entre otros, de recursos y degradando la calidad de vida de la población. Finalmente, el régimen pisoteó la voluntad popular que eligió una mayoría calificada de demócratas para la Asamblea Nacional en diciembre, 2015, anulando todas las prerrogativas de ese cuerpo, persiguiendo y encarcelando a muchos de sus diputados, y usurpando sus funciones con dictámenes de un tsj rastrero y una asamblea constituyente tramposamente constituida. No en balde, la desaprobación del gobierno se encontraba, en la mayoría de las encuestas, por encima del 80%.

La aberración de Maduro

Todo lo anterior era razón de sobra para haber cambiado de gobierno, una vez vencido el período de Maduro. Pero, como sabemos, ello fue impedido. Además de sabotear el referendo revocatorio de su mandato en 2017, se hizo reelegir en una pantomima comicial, con dirigentes y partidos opositores proscritos, sin auditoría del registro electoral ni participación de observadores internacionales de confianza, y bajo un CNE constituido con militantes del oficialismo. El régimen que de ahí surgió en absoluto responde a la voluntad popular y rompe, por ende, con el ordenamiento constitucional. Es, en términos políticos, una aberración. El diccionario define este término como: “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.” Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado. Lamentablemente, la complicidad activa de militares corruptos, que emplean el terrorismo de Estado contra opositores, ha permitido que cumpla dos años. Son dos años en guerra contra la población venezolana, usurpando funciones que debería haber asumido un gobierno democráticamente elegido.

Las consecuencias de tal aberración no podían ser más trágicas. La economía se redujo adicionalmente en más de un 40%, terminando el 2020 con un tamaño que es solo la cuarta parte de cuando Maduro accedió por primera vez a la presidencia. Se profundizó la destrucción de la industria petrolera, que actualmente produce unos 400 mil barriles diarios, un 17% de la cantidad de entonces. La hiperinflación multiplicó el alza de precios unas 230 veces más, haciendo de Venezuela el país más pobre de América Latina, según estimaciones basadas en la encuesta de las universidades, ENCOVI. Por otro lado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU[2], confirmó las denuncias que venían realizando diversas ONGs nacionales e internacionales con relación a la violación extendida de derechos humanos por parte del régimen. Documentó lo que consideró crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, señalando responsabilidades en los más altos niveles del Estado. Ello fue confirmado también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michele Bachelet. Finalmente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”[3].

La eliminación de la política

Hoy sabemos que la tragedia venezolana. no es resultado de la ignorancia o de errores de política. Es deliberada, resultado de acciones tomadas conscientemente por Maduro y sus cómplices, militares y civiles, a fin de asegurar oportunidades para depredar al país. La eliminación del Estado de Derecho y la sumisión de las actividades económicas a sus dictados obedecen a los imperativos de expoliación de la riqueza social. Y, al aniquilar los derechos del ordenamiento constitucional, reprimir los medios de comunicación independientes y perseguir a las organizaciones civiles (y políticas) autónomas, acabaron con las condiciones para relevarlos por vías democráticas. Desnudaron a Maduro como dictador.

Su insistencia en cobijar su dictadura bajo formas democráticas --eso sí, totalmente adulteradas para vaciarlas de toda capacidad de expresar la voluntad popular-- ha confundido a algunos opositores, que se empeñan en circunscribir la lucha política a los métodos propios de una democracia. En otros, la retórica utilizada y la tutela cubana llevan a percibir al régimen –en mi opinión, de manera equivocada— como una clásica dictadura comunista. Asumen que lo impulsa un proyecto ideológico, conducido por un Partido Comunista –en este caso, el PSUV-- monolítico y disciplinado, que, desde el poder, impone acciones con base en el patrón doctrinario conocido de los países de la antigua órbita soviética.

Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos –Maduro, los hermanos Rodríguez y otros— y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan entre sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomia resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interponen. Son los artífices de las extorsiones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen.

El neofascismo bolivariano

La consustanciación del régimen con acciones de fuerza y de violencia por parte de militares corruptos, autoridades civiles y bandas paramilitares, lleva a categorizarlo de fascista o neofascista. Comparte sus métodos totalitarios o proto-totalitarios, pero camuflado en un populismo extremo para proyectarse como campeones del pueblo. Ahora la ideología no ejerce la función de inspirar un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder, sino como burbuja en la cual refugiarse para escapar de la realidad del mundo circundante, resistente a sus propósitos. Sirve como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. Edifica una realidad falsa, conformando una secta de fanáticos que se identifican con ella, refractaria a toda posibilidad de convivencia con quienes piensan diferente. Sus nociones de verdad y de razón se construyen a partir de su funcionalidad para con el ejercicio del mando y la preservación de sus oportunidades de lucro, no de su capacidad para explicar la realidad existente, mucho menos como referencia para proponer soluciones. Representa un blindaje contra acuerdos de política basadas en criterios racionales aceptables para los demócratas. Éstos deben ser aplastados. Las objeciones desde afuera, señalando los sufrimientos de la población, en absoluto lo perturban[4].

La mitología comunista, al justificar la liquidación del Estado de Derecho, por burgués, y someter a las fuerzas del mercado para sustituirlas en el reparto de la riqueza y del producto social con criterios políticos –basadas en relaciones de fuerza--, ha sido de utilidad para legitimar la expoliación del país. Se destruye, así, la economía, pero echándole la culpa a una “guerra económica” contra la “revolución” por parte del imperialismo y la burguesía. La burbuja ideológica sirve, asimismo, para criminalizar toda protesta, tildándola de “terrorista”, y justificar toda suerte de disparates, siempre y cuando contribuyan a galvanizar a sus partidarios en torno a sus desmanes. Nada más parecido a las turbas de extrema derecha que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. que las bandas fachas de Chávez y Maduro.

La vulnerabilidad del régimen

El hecho de depender de una armazón de complicidades a distintos niveles para sostenerse constituye la mayor vulnerabilidad del régimen. No se basa en un poder monolítico, que obedece a un mando único, centralizado, como haría creer la invocación de las experiencias comunistas. En la medida en que su depredación ha ido reduciendo los recursos con base en los cuales tejer esas alianzas, más precario se ha tornado su poder y mayor fricción interna concita. Y no tiene escapatoria. No puede revertir el deterioro económico, porque la “premiación” a sus secuaces ocurre, precisamente, con base en la expoliación de la economía. No puede ofrecer garantías y seguridades para atraer inversiones, eliminar las coimas y otras exacciones, porque acabaría con esta expoliación. Tampoco puede desmontar el terrorismo de Estado para negociar el levantamiento de las sanciones impuestas a muchos de sus personeros por violación de derechos humanos porque, más allá de las complicidades, es la herramienta que le queda para evitar ser desplazado. Lamentablemente, ello hace al régimen aún más virulento, preso de las rivalidades, de la anarquización de las líneas de mando y de la impunidad que se deriva de la anomia. Al no poder desmontar los mecanismos de expoliación, la situación económica empeorará todavía más, sobre todo en el marco de los estragos causados por el COVID-19.

La instalación de su asamblea nacional partidista, ahora con unos 270 diputados, además de pretender borrar la representación popular electa de la anterior asamblea –la única legítima—ofrece un espacio ampliado para zanjar ambiciones de los diversos intereses que se mueven en la constelación fascista. Las elecciones para autoridades municipales constituirán otro escenario. Si bien ayudan a aliviar las tensiones, también diluyen el poder de la cúpula central, cada vez más aislada y vulnerable.

Los nuevos escenarios

La elección de Biden como presidente de Estados Unidos, más las nuevas condiciones creadas por el vencimiento del período constitucional de Guaidó y demás diputados elegidos en 2015, suponen un escenario diferente a aquel imaginado antes por algunos ilusionados por la retórica de Trump. Todo hace pensar que el apoyo internacional al cambio democrático en Venezuela habrá de enfatizar la negociación para acordar elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional, que sean confiables. Por lo pronto, no pareciera que fuésemos prioritarios en la agenda de Biden, ocupado inicialmente en sanear las heridas dejadas por su antecesor, ni tampoco de los países del llamado Grupo de Lima, por la necesidad que tiene cada uno de centrar sus esfuerzos en superar el grave impacto causado por el Coronavirus sobre sus sociedades. La Unión Europea mantendrá una posición similar a la que ha venido sosteniendo, una vez barajado un nuevo status para su relación con el liderazgo opositor. Es de suponer, entonces, que las cosas se mantengan más o menos igual en los próximos meses, aunque continuará deteriorándose la situación país, como la represión y persecución de opositores.

En tal escenario, la negociación no puede enredarse en “solucionar los problemas del país”. Esto es una excusa del fascismo para ganar tiempo. En absoluto le interesa el bienestar de la población. Tampoco puede dejarse enmarcar en una supuesta confrontación “izquierda – derecha” o de defensa ante el acoso imperialista, con que Maduro busca tocar sensiblerías “progre” a nivel mundial. Su fin solo puede ser apurar salidas a la aberración social y política que representa una dictadura primitiva y oprobiosa, que le niega posibilidades de sustento al pueblo para esclavizarlo con bolsas CLAP. Los países democráticos deben entender esto y no prestarse a engaños que alarguen su permanencia. Las negociaciones deben plantearse desde una posición de fuerza, que lleve a que algunos integrantes de la mafia tomen en serio las ofertas para que se vayan. Ello no será posible mientras la oposición se mantenga dividida, acusándose mutuamente y sin vincularse con los padecimientos y las luchas de una población cada vez más oprimida. No hay otra opción, entonces, que dejar de lado los afanes de protagonismo personal y subordinar todo interés secundario a los esfuerzos para construir, unidos, esa fuerza mayoritaria.

La cabeza visible del fascismo –Maduro, Cabello, los Rodríguez, Padrino López y sus secuaces—está demasiado enferma con sus delirios onanistas para pensar que accedería honestamente a este tipo de negociación. Tampoco se puede negociar con la FAN, pues ésta, como institución, fue destruida. Pero sí tiene sentido focalizar los esfuerzos en quienes sirven de sustento a la médula militar corrupta. Éstos se sienten inseguros, ya que su permanencia depende de criterios políticos, no de las jerarquías o de los méritos institucionales ya destruidos. Al achicarse las oportunidades de lucro, serían los primeros en ser excluidos. Además, sobre ellos pesan severas sanciones por violación de derechos humanos, narcotráfico y otras corruptelas, lo cual los hace vulnerables a negociaciones que ofrecen salidas.

Negociar significa, por mucho que nos asquea, estar en disposición de ceder. Al fascismo no le interesa consolidar ningún proyecto de sociedad porque lo anima la confrontación permanente. Basta observar el gozo que invade el rostro de Cabello cuando anuncia, por TV, medidas contra la oposición. Pero tampoco la oposición está en condiciones de desplazarlo con la fuerza. Con el pañuelo en la nariz, busquemos resquebrajar el sostén militar del régimen con negociaciones que permitan elecciones confiables a cambio de suspender sanciones. Son unos 195 sancionados. Algunos tienen que ceder. Procuremos abrir las rendijas para que pueda expresarse la voluntad popular mayoritaria. La alternativa de conservar nuestra posición impoluta, amparada en nuestros principios y razones para no negociar con criminales, es que Venezuela se deslice todavía más por la pendiente chavista, hasta su desaparición como país.

[1] Cifras oficiales. www.bcv.org.ve

[2] https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx

[3]https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-corte-penal-internacional-nic...

[4] Remito al lector a escritos míos al respecto, para no repetir aquí sus argumentos:

http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2013/05/humberto-garcia...

https://politicom15.wordpress.com/2017/02/08/fascismo-comunismo-y-la-pre...

El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas, 2008.

Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos, 2020. Cap. 6, 7.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La incapacidad de los gobiernos chavistas por controlar la inflación en Venezuela ha ido asomando la dolarización de su economía como solución definitiva: al imposibilitar al estado emitir dinero, se eliminaría la expansión monetaria que empuja el alza de los precios. Pareciera que el régimen de Maduro se viene aproximando, por fuerza, a esta medida, a pesar de haberlo negado rotundamente hace pocos días.

En las ciudades principales del país --según una encuesta reciente de la consultora Ecoanalítica[2]—más de la mitad de las transacciones se estarían haciendo en moneda estadounidense. El ámbito dolarizado ha generado una burbuja en la que no hay escasez, haciendo que quienes posean suficientes dólares, sientan que se le abren las puertas a la prosperidad. Se obnubila la situación de la inmensa mayoría que, al no tener acceso a la divisa, sobrevive apenas en condiciones sumamente deplorables. Los precios inflados, además, siguen presentes, pero esta vez por la especulación de noveles comerciantes oportunistas, no, por desórdenes monetarios.

Algunos opinan –entre ellos, el gurú de los currency boards, Steve Hanke—que toca terminar de instrumentar las medidas que hagan al dólar moneda oficial de Venezuela y dejar atrás la terrible vorágine que ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos. Otros, sin idea alguna de cómo funciona una economía, ya proponen salarios mínimos de USD 300. ¡Zuás! ¡Salimos de la miseria!

No obstante, y adicional a las críticas que, en general, se le hacen a la dolarización, se presentan en Venezuela dos problemas que hacen de sus esperadas bondades una quimera. El primero es, desde luego, que no hay dólares o, mejor dicho, estos son demasiado pocos para lubricar la recuperación económica. Este año, las exportaciones de petróleo no llegarán a USD 6 millardos. El saqueo de minerales del arco minero guayanés y lo obtenido por otras actividades ilegales, podría añadir unos USD 2 millardos o más. Las remesas, en esta era de confinamiento y caída en la actividad económica en el mundo, difícilmente pasarían de ese monto. Y si las exportaciones privadas (no tradicionales) superan el millardo de USD, será gracias a la incipiente exportación de servicios.

Estaríamos hablando de un ingreso total de divisas probablemente inferior a USD 10 millardos. Actualmente Venezuela no tiene acceso a fondos internacionales, ni siquiera chinos. Luego, están sus compromisos internacionales. La República y Pdvsa ya no pagan el servicio de sus deudas, pero están las importaciones y algunos servicios ineludibles. ¿Cuánto quedaría, entonces, como base monetaria (en dólares) para las actividades domésticas? Cabe señalar que la capacidad crediticia de la banca interna es mínima. en USD, sus activos totales apenas superan los 5 millardos. Su cartera propiamente crediticia resultó ser el equivalente de apenas 208 millones en octubre de este año. Una economía en el estado de depresión en que se encuentra Venezuela tiene una demanda por créditos muy baja, lo que restringe la función expansiva del multiplicador monetario.

De manera que, sin los cambios estructurales que restituyan las garantías, restablezcan la confianza requerida para atraer inversiones y para negociar una importante reestructuración de la deuda externa, y permita contraer cuantiosos empréstitos con los organismos multilaterales, la dolarización sólo sería compatible con una actividad económica muy reducida, todavía menor a la de la economía enana que, con sus estropicios, forjó el actual régimen dictatorial. En ausencia de la prodigiosa renta petrolera que tanto nos malcrió en el pasado, el salario medio se conservará, probablemente, en torno a los miserables niveles de hoy.

El otro problema es que el gobierno escasamente se financia con impuestos, dada la destrucción de Pdvsa y el colapso de la economía interna. La enorme brecha fiscal se cubre con emisión monetaria del BCV. El fin de dolarizar es, precisamente, eliminar tal opción.

En ausencia de acceso al crédito internacional y con el tamaño reducido de la banca doméstica, habría que hacer una amputación drástica del gasto para cerrar la brecha fiscal. Si bien, en términos reales, el gasto público se ha reducido significativamente por la depreciación del bolívar, todavía paga cerca de 3 millones de empleados (con sueldos muy miserables), servicios públicos (venidos a menos), el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades (con recursos muy desmejorados), compras públicas y otras actividades. Una estimación somera llevaría a vislumbrar una contracción del gasto probablemente mayor al 50% para cerrar el déficit. ¡Una debacle inmensa!

De ahí el rechazo tajante de Maduro a hacer del dólar moneda oficial. No, no es por ninguna sensibilidad patriotera en mantener el bolívar, sino porque –simplemente—su esquema de expoliación se le viene abajo si no puede mantener la ficción de ocuparse de la gestión pública. Al fascismo criollo en absoluto le importa la calidad del gasto, el sostenimiento de sueldos dignos o de sus efectos sobre el bienestar de los venezolanos. Su angustia es que la carga de sus responsabilidades frente al Estado sea manejable y no se le estropee su interés central, que es continuar con la expoliación del país. La dolarización hace de la gestión pública –en ausencia de financiamiento externo—inmanejable. La debilidad actual del régimen haría de la dolarización su tumba.

Cabe señalar que la dolarización colocaría a la economía venezolana a merced de la política monetaria del país emisor (EE.UU.) y haría que, en última instancia, toda expansión monetaria autónoma estuviese sujeta a saldos positivos en la balanza de pagos. Pero podría ser la “bala de plata” –la única posible—para acabar, de una vez, por todas, con la inflación. Habría que preguntarse, sin embargo, a qué costo. Por las razones expuestas, bajo Maduro y sus cómplices, debe descartarse. No obstante, el esquema bi monetario actual representa un vertedero importante para el lavado de divisas mal habidas.

En el estado en que se encuentra la economía venezolana, la dolarización –como cualquier esquema de estabilización macroeconómica conservando el bolívar—sólo podría funcionar en presencia de un muy generoso apoyo del FMI, que incluya la reestructuración de la cuantiosa deuda del país para aliviar, significativamente, su servicio.

Las posibilidades de ello pasan por un programa de estabilización que ataque las enormes distorsiones generadas por el régimen de expoliación, restituya las garantías económicas y emprenda un proceso profundo de reforma estructural que haga viable la gestión pública y el reembolso de los empréstitos contraídos. Por otro lado, la posibilidad de sostener salarios dignos, que no se deterioren en el tiempo, no sólo está sujeto a que se cuente con una moneda estable. Depende de que aumente de manera sostenida la productividad laboral. Ello es función de la inversión, de la innovación y el cambio tecnológico, de la capacitación y la formación de talentos, y del despliegue amplio de la iniciativa privada, en un marco institucional inclusivo que genere seguridades y confianza. Es decir, la antítesis de la situación actual.

La dolarización, en absoluto, es la solución mágica a nuestros problemas. La única opción para abrirle las puertas a esa posibilidad es salir de este nefasto régimen.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

[1] Autor del libro, Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos.

https://www.amazon.com/dp/B08MDF3MLR/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Venezu...

[2] Ecoanalítica, “Una Venezuela diferente: Perspectivas 2021”

2020 cerrará como un año nefasto por los estragos producidos por la pandemia mundial y los efectos económicos y en nuestras formas de vida, que trajo. En Venezuela, adicionalmente, quedará marcado por la profundización del sufrimiento infligido a su población por parte del régimen fascista. No obstante, la devastación ocasionada por Maduro y sus cómplices ha sido tal que ha minado sus propias bases de sustentación, haciendo cada vez más precario su poder. De unirse la oposición en torno a una estrategia eficaz y un proyecto consensuado de sociedad, más pronto que tarde habremos de construir una Venezuela democrática. Claro está, forjar esa estrategia constituye la angustia y el reto principal de dirigentes y militantes de la oposición democrática. Y, respecto a la sociedad deseada, la actitud asumida por algunos opositores en las recientes elecciones de EE.UU., mueve a preocupación.

Chávez fue una expresión de un populismo funesto, llevado a extremos. Destruyó las instituciones de la democracia liberal y arruinó la economía. Escogió a Maduro para terminar de consolidar un estado mafioso, cuya despiadada depredación sumió a los venezolanos en la peor miseria conocida desde que se empezó a extraer petróleo en el país. La violación sistemática del orden constitucional se amparó en una falsa realidad construida con base en una retórica maniquea moralista, que polarizó a la sociedad entre patriotas (los buenos) y escuálidos (los malos). En esta narrativa, éstos conspiraban en contra del pueblo, por lo que había que descartar las instituciones que salvaguardan la pluralidad política, el respeto por la diversidad y el respeto por sus derechos. Eliminado el equilibrio de poderes, Chávez abusó de los recursos del Estado para atacar y someter a los medios de comunicación, criminalizar la protesta y perseguir a opositores. Los descalificó con campañas de odio, señalándolos como “enemigo del pueblo” y rebajándolos con ofensas de todo tipo. El poder sin contrapesos en manos de Chávez, Maduro y sus cómplices, degeneró en la transgresión de derechos civiles y humanos básicos, y en la discriminación de quien expresase ideas contrarias. El acoso a las universidades nacionales y a los gremios completó esta arremetida. A esas prácticas, y a la destrucción de las normas legales y de convivencia propias de una democracia liberal, debemos la miseria inhumana infligida hoy a tantos venezolanos.

En las elecciones recientes de EE.UU., una cantidad no despreciable de compatriotas --algunos con derecho a votar allá--, todos furibundos antichavistas, llenaron las redes sociales en apoyo al presidente Trump. Sirvieron de eco a un candidato que basó su campaña en construir una falsa realidad con base en mentiras y alegatos ridículos sobre sus adversarios, para polarizar a los estadounidenses entre los MAGA buenos (Make America Great Again) y aquellos que estarían amenazando su modo de vida. Además de los demócratas, los intelectuales y los dueños de los grandes medios de comunicación, culpabilizó de ello a los inmigrantes. Aupó a grupos de supremacía blanca y atizó los odios contra manifestantes de conciencia (Black Lives Matter; contra el calentamiento global), a quienes tildó de “terroristas”. Descalificó a periodistas críticos, acusándolos de fabricar “fake news” y de ser “enemigos del pueblo”. Alimentó, así, un imaginario en el que el estadounidense genuino –el pueblo—se enfrentaba a una conspiración internacional de “socialistas”, financiada por George Soros y Bill Gates, cuya punta de lanza sería la candidatura de Joe Biden. En desafío a las reglas de juego democrático de su país, denunció con anticipación que, de no ser reconocida su triunfo electoral, se habría cometido, invariablemente, un masivo fraude. Y, en previsión de ello, forzó a destiempo el nombramiento a la Corte Suprema de una juez aliada, de manera de asegurar una mayoría aplastante de magistrados que pudieran interceder en su defensa.

Al quedar claro que, efectivamente, no había sido favorecido ni por el voto popular, ni por la mayoría de los colegios electorales de los estados, se negó a reconocer su derrota y desplegó los poderes a su alcance para denunciar supuestas trampas que le habrían robado su triunfo, sin presentar evidencia alguna al respecto. De hecho, las demandas legales que su equipo interpuso contra el proceso electoral han sido rechazadas abrumadoramente por jueces estadales –muchos pro-Republicanos—y, una tras otra, las autoridades electorales en cada estado han ido certificando el triunfo de Biden. Pero, a mes y medio de las elecciones, Trump sigue insistiendo en que ganó, poniendo en entredicho la confianza del sistema electoral estadounidense. Un 80% de Republicanos, según los sondeos, creen que hubo fraude.

Sorprende, entonces, que muchos venezolanos antichavistas, apoyaran a un candidato quien, con un signo diferente, utilizó los mismos ardides contra la institucionalidad liberal que alimentaron a Chávez. Y lo hicieron con igual pasión e intensidad que mostraron los seguidores de éste al comienzo. De hecho, más de un furibundo Trumpista –hoy arrepentido—, fue un furibundo chavista. Y, al igual que entonces, hicieron suya la falsa realidad maniquea que dividió a la sociedad entre buenos y malos, aunque ahora éstos son los “socialistas” de Biden quien, entre otros horrores, ¡aboga por una medicina social! Conozco de venezolanos residentes en España, beneficiarios de la excelente salud pública de este país y a quienes el Estado Español ha suministrado otras ayudas, anotados en esta campaña.

Lo anterior revela una preocupante tendencia de algunos a fanatizarse tras líderes populistas que falsean la realidad con soluciones simplistas --blanco y negro-- a situaciones que, por su naturaleza, son complejas. Y, al reducir el debate entre la verdad única (la mía) y la conspiración artera de los otros, se convierten en secta refractaria a toda razón. El sectarismo ancla la mente en mitos y supersticiones, refractarios a la verificación (fact checking). Embrutece y cierra las puertas a la convivencia democrática.

Desafortunadamente, los venezolanos nos formamos en una cultura política en la cual un Estado Mágico –denominación con que el antropólogo, Fernando Coronil, tituló un libro suyo--, alimentado por una renta petrolera prodigiosa, resolvía los problemas básicos de nuestra existencia. El culto a Bolívar nos hizo vulnerables a prédicas populistas que se proponían traspasar las restricciones de la democracia liberal para hacer realidad la gloria que él quiso legarnos. Chávez fue el caudillo que, por excelencia, supo explotar estas esperanzas de redención. No es descabellado afirmar que el apoyo a Trump de algunos venezolanos se debe, precisamente, a ver en él al salvador que nos liberaría de la terrible dictadura de Nicolás Maduro. Y el presidente de EE.UU. no cesó de proyectar esta idea para ganarse el voto latino. Confieso que hubo un momento en que yo también le creí. ¡Buche y pluma no más!

La búsqueda de un salvador destruye la confianza en las instituciones y socava a la democracia liberal. Son éstas las que, al asegurar los derechos civiles frente al poder del Estado, constituyen la base de las libertades y de la convivencia entre personas que piensan distinto. Fortalecer al poder ciudadano y resguardar el equilibrio entre poderes que propuso Montesquieu, son antídotos inapelables contra caudillos autoritarios que destruyen las libertades en nombre de una voluntad única del pueblo.

Señaló el filósofo, Daniel Innerarity en un artículo reciente[2] que, “El desafío de la democracia liberal consiste en desplegar tanto poder como sea necesario, pero no más, para asegurar la libertad de todos.” ¿Estamos realmente ganados para la idea de instaurar una democracia liberal en Venezuela?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Lo confesó la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez: “No nos importa el reconocimiento internacional de las elecciones del 6 de diciembre”. Este desplante no es solo al denigrado “imperio”, sino también a la Unión Europea, al Grupo de Lima y a otros países democráticos que se niegan a validar la farsa en ciernes. Tampoco le importa, por lo visto, que 78% de venezolanos manifestaran que no irían a votar, según la encuesta flash de noviembre de Consultores 21. Tal actitud no debe sorprendernos. Los fascistas tienen años gritándole a los cuatro vientos que el país les pertenece, que es de su exclusiva propiedad. Alegan contar con el apoyo del “Pueblo”, siendo ese “Pueblo” –claro está—la exigua minoría que sigue acompañándolos. El 80 y tanto por ciento que repudia su gestión se ha autoexcluido de ser considerado “pueblo”. Esta categoría, por antonomasia, se define sólo a partir de su identificación con la causa fascio madurista; no puede incluir a los que se oponen a ella.

Y en ejercicio de su propiedad exclusiva sobre una nación que le han arrebatada a los venezolanos, procedieron a privatizar los bienes públicos y a demoler toda restricción a la depredación de sus riquezas. No sólo acabaron con las partidas de mantenimiento y de inversión de empresas e institutos públicos, se chuparon íntegro su flujo de caja –en particular, la de PDVSA y de las empresas básicas y de servicio--, inventando contratos con compañías de maletín, comisiones escondidas o “por servicios”, compras ficticias (con abultado sobreprecio), financiamientos que terminaron en sus bolsillos --pero cargados al presupuesto nacional-- y cuantas marramucias fueron capaces de idear. Rafael Ramírez, ahora “opositor”, presidió el mayor saqueo de una empresa jamás visto, con terribles daños para la industria petrolera y para el país en general. La explosión de la Refinería de Amuay en 2012, que dejó 55 muertos, más de un centenar de heridos y destruyó decenas de casas, es apenas la expresión más visible y trágica de esta devastación. Jorge Giordani, ministro de Planificación de Chávez durante casi toda su gestión, reconoció en 2016 --como quien no tuviese nada que ver con ello-- que se habrían malversado unos USD 300.000 millones durante la última década. Los recurrentes apagones, el suministro tan esporádico de agua, la ausencia de gas y de gasolina, que hoy constituyen el sufrimiento cotidiano de todo venezolano que no pertenezca a la oligarquía militar y civil que se cogió al país, tienen su causa en tal expoliación. Pero ésta, olímpicamente, culpa a las sanciones de los EE.UU.

Luego de exprimir al máximo la “caja” del sector público, va ahora por el capital. Con tal fin, la asamblea constituyente fraudulenta aprobó una llamada ley “antibloqueo”; una patente de corso para desguazar los activos del país. Claro está, “¡en defensa de los intereses del pueblo trabajador”! Esa “ley” autoriza a los jerarcas al mando a “desaplicar” el ordenamiento legal –incluidas las leyes viciadas que ellos mismos se hicieron aprobar—para ofrecerle estos activos al mejor postor. Garantiza, además, la confidencialidad (el secreto cómplice) sobre tales transacciones. No se rendirán cuentas –la transparencia hace años que desapareció de su diccionario—, por lo que se le extiende un manto de impunidad a los infractores (nacionales o extranjeros) que participen en estos desfalcos. De hecho, ya Maduro había barrido con todo requerimiento legal que impidiese ofrecerles a sus cómplices el saqueo de las riquezas minerales de Guayana, amén de lo que queda de PDVSA.

Los comicios amañados de diciembre, al igual que los anteriores para la “constituyente” y la fraudulenta “reelección” de Maduro, tienen como finalidad terminar de ponerle un candado a su propiedad. Cual dados cargados, su diseño sólo permite que triunfe al chavo-madurismo. Copar todas las instituciones formales, con las trampas que sean, facilitará seguir expoliando la nación. Ya el mafioso máximo, Diosdado Cabello, se frota las manos anunciando, con su acostumbrado sadismo, la persecución de los actuales diputados de la Asamblea Nacional, una vez tome posesión la que se elija tramposamente en diciembre.

Nos enfrentamos a una monstruosidad impensada, insospechada en la intensidad de su maldad y por su absoluto desprecio por los sufrimientos de los venezolanos, como por su empeño en acentuarlos con tal de permanecer en el poder. Tal insensibilidad y falta de humanidad para con sus compatriotas no sólo obedece a las enormes fortunas amasadas, sus camionetotas y demás privilegios que exhiben, ostentosamente, ante al pueblo que dicen representar. También se refuerza con una construcción ideológica que, cual imagen espejo, invierte la culpabilidad para hacerlos aparecer como “revolucionarios”, víctimas del imperio. Y con esa cantinela siguen campantes, cayéndose a embustes con supuestos planes para el futuro, como si su permanencia en el poder fuese cosa ya dictada por la providencia. No es menester que sean creíbles los clichés que a diario repiten. Éstos sirven para obnubilar la mente y no tener que enfrentar las terribles consecuencias de sus atropellos. Suprimen toda noción de culpa y disuelven, con un discurso maniqueo, cualquier freno moral a sus desmanes. Reiteran conspiraciones inagotables, siempre promovidas por el imperio, como explicación de su fracaso al frente del Estado. Tal blindaje ideológico es reforzado por una “izquierda” internacional exquisita, que sirve de caja de resonancia a sus idioteces, en procura tremendista de acaparar resentimientos autóctonos. Este blindaje explica su crueldad y su capacidad de aguante. El sufrimiento del pueblo en absoluto es razón a considerar para entretener posibilidades de abrirles paso a quienes sí ofrecen soluciones, El reciente despojo y acoso de dos ONGs -- Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, partícipes del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas--, que coordinan el suministro de comida a unos 25.000 niños en 14 estados, confirma que, a la hora de las definiciones, los necesitados están, a los ojos de Maduro, del lado enemigo.

Que no quepa la menor duda de que la prolongación del régimen sólo acarreará mayores padecimientos a la población. La actividad económica, que se reducirá este año a apenas la cuarta parte de la que era cuando asumió Maduro, va a continuar con su caída libre; la hiperinflación seguirá corroyendo la exigua capacidad adquisitiva de las mayorías; la Guardia Nacional y otros cuerpos, esquilmando al pueblo; y los aparatos represivos ejercitando el terrorismo de Estado, con apoyo del alto gobierno.

Von Stauffenburg y Rommel, artífices de triunfos militares nazi -sobre todo el segundo-, pudieron redimirse parcialmente ante la historia con el atentado –lamentablemente fallido—contra Hitler en 1944. Que no haya habido acción análoga en Venezuela contra Maduro y su combo, aunque deprimente, no debe impedir que sigamos insistiendo en resquebrajar la cohesión que, hasta ahora, mantiene ese antro.

Pero no debemos esperar soluciones mágicas. En EE.UU., parece que nunca estuvieron todas las opciones sobre la mesa para sacar a Maduro, a pesar de los alardes de Trump. Debemos construir una estrategia sólida, que avance con pies de plomo, para abrir las puertas a algún tipo de negociación para reinstaurar, cuanto antes, la democracia. Se juega lo que hemos conocido como el país Venezuela.

Esta negociación sólo tendrá sentido si se hace desde una posición de fuerza, capaz de obligar al fascismo a pactar las condiciones de su salida. Las fuerzas democráticas en Venezuela deben mostrar la fuerza y la unidad de propósitos, para proyectarse claramente como la alternativa capaz de restablecer un régimen democrático, respetuoso de los derechos humanos y participante activo en la futura prosperidad de América Latina. De ahí la importancia de la consulta del 12 de diciembre, capaz de aglutinar y motivar a la población en la exigencia de elecciones libres, creíbles y auditables, de manera de proyectar un contraste claro con la farsa del 6 de diciembre que adelanta el fascismo.

Esperemos que Biden, una vez presidente de EE.UU., apoye con firmeza e inteligencia, la concreción de elecciones presidenciales en Venezuela, con las garantías debidas. Asimismo, que ponga su peso en neutralizar las acciones de Rusia, Irán, China y Cuba, a favor de Maduro. La carta de negociación sería el levantamiento progresivo de las sanciones contra la verificación de pasos concretos, por parte del fascismo, a favor de la realización de elecciones en las condiciones deseadas. Pero es imprescindible contar con una oposición venezolana revitalizada para fundamentar las transformaciones a emprender.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La destrucción de Venezuela, más que expresarse en cifras, se revela en la terrible desolación de la inmensa mayoría de venezolanos. No sólo se ha acabado con los aspectos básicos de su vida cotidiana --comida y medicina a la mano, agua, luz, gasolina y transporte, seguridad mínima--, se han exterminado las capacidades del Estado por contribuir con su provisión y saboteado su solución por otras vías. Al venezolano se le ha confiscado las posibilidades de una vida digna, propia de su condición humana: los derechos consagrados en la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el país son, hoy, letra muerta. Los horrores constatados recientemente por la Misión de Determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, constituyen una denuncia imborrable de ello.

Al lado de la miseria extendida, se erigen fortunas fabulosas, amasadas de la noche a la mañana. Son el resultado del desmantelamiento del Estado de Derecho, con sus garantías y normas para supervisar y controlar la gestión pública, como del acorralamiento de los mecanismos de mercado para la producción y distribución eficiente de bienes y servicios. Estos fueron sustituidos por determinantes políticos, en primer lugar, la lealtad a la causa, es decir, al superior jerárquico, y el reparto de la renta a quienes muestran ser obsecuentes, para conformar una masa informe a disposición de las arengas del líder máximo. Los derechos se convierten en dádivas entregadas discrecionalmente a partidarios. Son las bases del régimen fascista que montó Chávez, apoyado en las bayonetas, que nos quiso vender como Revolución Bolivariana. Con el desmoronamiento de este engendro, predominan en la escena las mafias que se fueron apoderando del país para depredarlo, al amparo de su retórica mesiánica.

En escritos anteriores, hemos hecho un vuelo somero sobre algunas de sus expresiones más funestas: la cúpula militar podrida, dispuesta a usar la violencia para defender sus privilegios; Maduro y demás jerarcas que ocupan posiciones de poder; los jueces proxenetas del tsj, prestos a validar los desmanes de los anteriores (y a participar en sus proventos); y la gama de organizaciones paramilitares diversas, entre comandos de esbirros, bandas criminales, colectivos y otras, que han ido proliferando a la sombra de la destrucción del Estado de Derecho. Estos entes, imbricados entre sí, conforman una estructura de poder personalista y excluyente, dedicada a la expoliación de la riqueza social. Cuales verdaderas sanguijuelas, se dedican a exprimirle los medios de vida a los venezolanos, dejándolos exangües, sin sustento. Los que se benefician de tal estructura de poder son los verdugos del país.

Cuando hablamos de sanguijuelas, nos referimos a todo aquél que se dedica a sacarle provecho a los mecanismos de expoliación instalados en Venezuela, a expensas del bienestar de su población. Es una categoría que engloba a todos los entes arriba señalados, pero que también incluye a otros actores que no se han mencionado. Aquí se abordarán, muy brevemente, algunas de estas otras sanguijuelas.

En lugar destacado resalta, cual Sanguijuela Mayor, la casta militar y política que domina a Cuba. Como se ha escrito tantas veces, el enamoramiento de Chávez con la figura de Fidel Castro, cuidadosamente cultivado por éste, se tradujo en la entrega, sin tapujos, de flujos enormes de recursos al régimen gerontocrático: unos 100 mil barriles de crudo diarios, la mayoría de los cuales nunca fueron pagados; el parapeteo, por parte de PdVSA, de la Refinería Cienfuegos, la mayor de la Isla, luego confiscada por el gobierno cubano sin recompensa; el sobreprecio exagerado por personal sanitario, entrenadores deportivos y otros “técnicos” proporcionados por la isla (reciben sueldos de miseria, ya que el Estado cubano se embolsilla el grueso); la compra triangulada de insumos, equipos y bienes, provenientes de distintos países, para dejarle jugosas comisiones a Cuba; y la entrega de notarías, registros y servicios identificación y comunicación a la isla, que posibilitan oportunidades insospechadas de extorsión y control. En fin, después del colapso de la Unión Soviética y de la hambruna que se instaló en Cuba, eufemísticamente referida como “Período Especial”, Venezuela –gracias a Chávez—ha sido el gran salvavidas de la casta despótica cubana. Todavía Maduro se esfuerza en suministrarle gasolina a la isla, no obstante los estragos que causa su escasez para el consumo interno. De ahí la intención de los jefes cubanos de no soltar prenda, de auxiliar a Maduro con el know-how en el cual han mostrado gran eficacia a lo largo de más de 60 años: las prácticas de terrorismo de Estado para controlar a su población.

Otros países se han aprovechado de Venezuela. Rusia, proveyó cuanto juguete militar quiso adquirir Chávez para enfrentar al “imperio” –gustos caros, unos $12 mil millones--, acompañado de contratos de suministro de repuestos y equipos, como de adiestramiento militar. Empresas rusas, vinculadas con Putin, pudieron posicionarse favorablemente en el negocio petrolero, hasta poder comercializar el crudo venezolano, dizque para evadir las sanciones impuestas por EE.UU. a PdVSA, pero, sobre todo, para pagarse a sí mismas sus acreencias, por unos 9 mil millones de USD. También lograron valerse del 51% de CITGO, como garantía. Pero el mayor premio ya no es monetario –Venezuela hoy está quebrada--, sino haber logrado Putin posicionarse como piedra en el zapato, en pleno patio trasero de EE.UU.

Irán ha querido aprovecharse también de la destrucción de la industria petrolera venezolana, vendiendo gasolina y asistencia para activar algunos procesos de refinación. Se le paga en oro ilegalmente extraído, transacción en la cual Turquía parece haberse colado como intermediario. China, que inicialmente intentó asumir una posición hegemónica como inversionista foráneo, invitada por Chávez, ha salido con las manos quemadas por los deudores maulas con que terminó viéndose enredada.

El pillo de Daniel Ortega se ha embolsillado buena parte de los proventos de Albanisa y otros proyectos conjuntos, desarrollados supuestamente para bien de ambas naciones. Las solidaridades automáticas con Maduro de Lukaschenko, Bashar al-Asad y otros carniceros de sus respectivos pueblos, están registradas en sus haberes, esperando cualquier oportunidad que se presente para cobrarlas.

Finalmente está la panoplia de enchufados, con sus empresas de maletín que contratan de todo con el Estado, que fungen de operadores financieras, gestores internacionales, intermediarios en la sustracción de oro, diamantes y otras riquezas explotadas ilícitamente, “asesores” y cuanto otro “negocito” turbio se les ocurre, siempre y cuando lo compartan, según convenga, con jerarcas y militares. La manifestación más clara del enorme daño que han infligido sobre las condiciones de vida del venezolano está en la magnitud de las fortunas mal habidas que revelan los escándalos aireados por la prensa internacional y por periodistas de investigación. Sin embargo, las cuentas mil millonarias que han aflorado en bancos suizos (HSBC, Helvetique), de Andorra, España, República Dominicana (Banco Peravia), Panamá, USA y Portugal (Banco Espirito Santo), son apenas la punta del iceberg. Jorge Giordani quien debe saber algo respecto a estos robos, sitúa la fortuna extraída durante los gobiernos de Chávez, en $20 mil millones. Sin duda, esta cifra, bajo el desgobierno de Maduro, ha aumentado con creces. Provienen de partidas de mantenimiento de servicios públicos e infraestructura malversadas; compra de suministros que nunca llegaron; especulación con las divisas; obras iniciadas que nunca concluyen, a pesar de tragarse, cual centrífuga, toda nueva asignación; sobreprecios y comisiones para cuanta contratación se haga con el sector público; y, por supuesto, lavado de dinero del tráfico de estupefacientes y de otras corruptelas.

En fin, junto a la cúpula militar podrida y los jerarcas corrompidos por el poder, los jueces alcahuetas y las bandas fascistas y criminales, son los responsables de haber sustraído, durante estos largos años, los recursos y posibilidades de una vida digna para la inmensa mayoría de sus compatriotas. Nunca hubo consideraciones éticas, morales, humanitarias o políticas que detuvieran o morigeraran sus actividades de expoliación, represión y muerte. Son los verdugos de Venezuela.

Economista, profesor (j) Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Estamos presenciando el fallecimiento de la Venezuela moderna. Se encuentra en fase avanzada, con niveles de miseria, hambre, muerte y desolación que nos retrotrae al siglo XIX. No es producto de un cataclismo externo, imprevisible, sino de una conducta deliberada, en contra de los intereses de la mayoría de los venezolanos, por parte de quienes manejan las palancas del Estado. Sus aciagos efectos han sido alertados reiteradamente y se les ha exhortado rectificar sus políticas. Pero no, los que están en el poder se atrincheran aún más en torno a la depredación de lo que todavía queda, sin importarles la ruina de los que, cínicamente, afirman defender. Son los verdugos de Venezuela, beneficiarios aventajados de un régimen de expoliación de la riqueza social, disfrazado de “revolución”.

En una entrega anterior reseñé, muy brevemente, el pilar central de este régimen de expoliación: una cúpula militar podrida que depreda los recursos de la nación, imponiéndose, con las armas, sobre el tejido social. En este escrito examinaré –también de manera muy sucinta—el complemento obligado a tal arreglo, el que le da cohesión y sirve de argamasa para evitar que implosione por el desbordamiento de las apetencias de poder y riqueza. Es el conformado por aquellos que ocupan posiciones de jefatura en el gobierno, los que, afanosamente, se autoproclaman “revolucionarios”: Maduro, los Rodríguez, El Aissami y su cohorte de depredadores. Para muchos, formados en la cultura de la Guerra Fría, se trata de comunistas o castrocomunistas, enemigos del mundo libre. Prefiero un término que no le atribuya tan trascendentes propósitos –así sean negativos—y designarlos, simplemente, como agentes cubanos.

La retórica comunistoide del chavismo corresponde con tales propósitos. Posiblemente algunos todavía se la crean. Pero no es un proyecto ideológico lo que los anima. Es la imposición de una arquitectura de dominación, perfeccionada a través de los años por la gerontocracia cubana, sin la cual el régimen de expoliación puede venirse abajo. Es decir, la permanencia de Maduro al frente del gobierno (como usurpador) y de sus ministros civiles, gobernadores y demás autoridades, amparados por las armas de militares corruptos --cómplices de la expoliación del país--, se la debemos a la “desinteresada” ayuda de los dirigentes cubanos, los primeros chicharrones en el despojo nacional. Esta denominación incluye a personeros como Diosdado Cabello y Pedro Carreño, carentes de todo pedigrí “revolucionario”. Hasta el pelmazo de Arreaza, cuya única credencial conocida es el de exyerno de Chávez, cabe en esta designación. Como gustan afirmar los marxistas, “objetivamente” actúan como agentes cubanos.

Si no comparten un proyecto revolucionario de sociedad, ¿qué explica su participación concertada en la destrucción de la nación? Claramente, como en el caso de la cúpula militar corrupta, es su interés como usufructuarios privilegiados del régimen de expoliación instalado. A cada uno de los jerarcas se les asocia con fortunas mal habidas: Maduro, con los negocios a través de los “Claps” y otros encargados a Alec Saab, amén del amparo a sus “narco-sobrinos”; a El Aissami, se le vincula con prolijas cuentas en el extranjero; al estilo de vida del camarada “Louis Vuitton” Carreño se le ven las costuras; y de Diosdado, ¡ni se diga! Y es que la demolición de la institucionalidad del Estado de Derecho, que antes resguardaba a la nación contra el pillaje, ha sido el verdadero propósito de esta “revolución”. Pero la incorporación de militares corruptos para asegurar su viabilidad es de factura cubana. Se inspira en el Grupo de Administración de Empresa, S.A. (GAESA), bajo conducción del yerno de Raúl Castro, que ha encumbrado a una casta militar sobre la economía antillana. Son los verdaderos propietarios de esa particular Revolución, devenida en tiranía.

La distinción venezolana está en que ese andamiaje se integra a partir de una FF.AA. descompuesta. No obstante, el régimen de expoliación instaurado apela a los mismos mitos que les han servido a sus tutores cubanos. Venezuela estaría, también, en la vanguardia de la lucha antiimperialista por la “liberación de los pueblos”, lo cual obliga a centralizar el poder en manos “revolucionarias” y a desmontar todo obstáculo –el imperio de la ley y de los derechos humanos—que se interfieran con tan “nobles” propósitos. Las fortunas acumuladas son la justa remuneración a su sacrificio como conductores del proceso. Con tal burbuja ideológica, se encubren los desmanes cometidos; lava conciencias. El imperio, buscando, como siempre, cogerse a Venezuela, persigue y acosa a estos patriotas “revolucionarios”.

El problema para la “dirección civil” --para llamarlo de una manera-- del régimen de expoliación, es que este relato tiene cada vez menos credibilidad. El estricto control del castrismo sobre la vida de los cubanos durante seis décadas hizo que allá tuviesen que calarse ese discurso a juro. Ello no es así para Maduro y sus socios. Su permanencia en el poder exige ceder crecientes tajadas del despojo nacional a “aliados” que puedan socorrerlo. Así, el saqueo mineral de Guayana es inconcebible sin la presencia del ELN colombiano y de otras bandas criminales, amén de la venta de oro, a escondidas, a Turquía o Irán; lo que queda del negocio petrolero obliga a entregar parcelas cruciales a Irán y a Rusia, “amigos desinteresados” de Venezuela; el tinglado de complicidades armado por Saab para darle oxígeno a Maduro todavía se desconoce, pero pronto se sabrá. En las ciudades, la impronta del hampa y de los colectivos en la extorsión y robo de los venezolanos --cuando no de los cuerpos represivos como la FAES--, desdibujan todo sentido de gobierno. Y, en todas estas instancias, participan militares corruptos, socios obligados mientras pueden hacer uso de su dominio de las armas.

Maduro y su combo son los pararrayos de esta orquestación, su cabeza visible. Su tabla de salvación ha sido apegarse al recetario cubano, con la esperanza de bañarse en el justificativo revolucionario –David contra Goliat-- que ha amparado la gerontocracia antillana. En realidad, Maduro, los Rodríguez y quienes aprendieron el discurso, representan los despojos de una ilusión que, en boca de un demagogo irresponsable y narcisista, engatusó al pueblo con promesas de redención. Pero se agotó. Han cambiado sus referentes. No se expresan, ahora, en un “socialismo de siglo XXI” incontaminado, porque nadie sabía en qué consistía, sino en el timón del Titanic, tripulado por organizaciones mafiosas que no tienen prurito alguno en revelar su verdadera naturaleza.

De ahí que Maduro ni siquiera intenta ya una semblanza democrática. Convoca unos comicios –que no elecciones, porque no hay oportunidad real de elegir— burdamente amañados, para asegurarse una Asamblea Nacional a su medida. Pone en tres y dos a las fuerzas democráticas, agotadas por no haber logrado el desplazamiento del usurpador y por las peleas internas, con la clara intención de aplastarlas. Participar o no en esta farsa parece plantear una disyuntiva perder-perder: está diseñada para impedir la expresión auténtica de la voluntad popular y a provocar su rechazo; así, asegura una mayoría para la nueva Asamblea Nacional, por forfait. Como se viene insistiendo, la mera abstención no es respuesta.

La comunidad democrática internacional ha desconocido la legitimidad de estos comicios. Como quiera que por imperativo constitucional deben realizarse, es menester apoyarse en este desconocimiento para exigir condiciones aceptables. Entre otras cosas, debe postergarse su realización por la expansión de la pandemia: realizar concentraciones públicas y convocar la gente a votar estimula su contagio. Con condiciones apropiadas, debe reabrirse el proceso de postulación de candidatos. Tales elementos deben ser centrales a la consulta que piensan realizar las fuerzas democráticas agrupadas en torno a Guaidó. El fascismo no convoca a una contienda democrática, sino a una trampa que les permitirá descabezar al liderazgo democrático para seguir depredando al moribundo país. La idea de postergar el mandato de la Asamblea actual como respuesta, en última instancia, nos despoja del fundamental argumento de la legitimidad del mandato, conforme a la constitución. Es ahí donde debe intentarse que se plantee la lucha; en la legitimidad de una elección para que la Asamblea electa exprese, de verdad, la voluntad popular, democrática. El pueblo tiene que conquistar el instrumento, por excelencia, para salir de este horror. Que no quepa dudas: mientras continúe Maduro en el poder, la situación empeorará.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La cúpula militar

En un artículo recién, argumentaba que Venezuela se debatía entre la vida y la muerte. La drástica contracción de sus actividades productivas se traduce en niveles de hambre y miseria que no se veían desde que comenzó la era petrolera. Se trata de la peor tragedia sufrida por una población que no esté en guerra, materializada en apenas siete años. No ha sido fruto del azar, ni de terribles desastres naturales, sino de un régimen de expoliación articulado, bajo el chavismo, en torno al poder. Tiene, por tanto, sus responsables. Son los que, desde el Estado, han venido tomando medidas altamente perjudiciales para los venezolanos, amparados en una retórica “socialista”. Son los verdugos de Venezuela, los causantes de su aciago camino hacia su desaparición como país viable. No pueden excusarse por ignorancia, porque no sabían o no se daban cuenta de las secuelas de su accionar pues, desde hace años, se les viene alertando acerca de estas consecuencias. Lamentablemente, ha privado su afán de lucro, no el interés por evitar sufrimientos a la población.

Este artículo inicia una breve serie sobre estos verdugos. Por razones obvias, se comienza con la cúpula militar. Sin la represión abierta o solapada, a través de mecanismos de terror desplegados, y sin el miedo inducido en una población mayoritariamente opuesta al régimen, no sería posible que Maduro estuviese todavía en el poder. Estos militares son los principales culpables de la tragedia urdida sobre el país.

¿Por qué renegaron tan vilmente de sus paisanos, de su patria y traicionaron abiertamente a la nación?

Desde que comenzó a gobernar, Chávez fue colocando a militares en cargos importantes, con poca o nula supervisión, a la par que desmantelaba el Estado de Derecho. Alimentaba su ego, alabándolos como herederos de Bolívar. Dejó a su arbitrio el manejo de ingentes recursos, haciéndose la vista gorda. Pero se cuidó de tomar nota de los manejos irregulares, para poder cobrar eventuales deslealtades en el futuro. Creó, así, una red de complicidades en torno a su persona. El llamado programa Bolívar 2000 y las notorias corruptelas asociadas con el Centro Azucarero Ezequiel Zamora (CAEZ), vienen a la mente. A esto se añaden las oportunidades inusitadas para la extorsión proporcionadas por el custodio de fronteras, puertos, aeropuertos y alcabalas por parte de la Guardia Nacional y de otros componentes de la Fuerza, y la inspección de cuántas actividades del sector privado se les ocurriesen, sin mencionar el contrabando de gasolina y de productos regulados, en complicidad con otros funcionarios.

Nicolás Maduro, bajo tutoría cubana, auspició todavía más estas prácticas depredadoras. Hoy, la Fuerza Armada es dueña de astilleros, instituciones financieras y de seguros, televisoras, empresas agrícolas, de alimentos y de bebidas, construcción, ensamblaje de vehículos, transporte, armamento y de minería (Camimpeg), entre otras. Adicionalmente, está al frente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla las empresas básicas de esa región, y de las empresas públicas como Edelca, Enelven Corpoelec, Minerven y Pequiven. A finales de 2016, Maduro puso frente a PdVSA un general sin previa experiencia en el campo[1]. Bajo su gestión, la producción de la empresa se redujo en un 80%, reflejo de la danza de irregularidades con las que se viene depredando a la renta petrolera.

Según Impacto CNA (Citizen News Agency), para 2018 los militares controlarían no menos del 70% de la economía venezolana[2]. Por su parte, el portal Armando.info, que cruzó datos referentes al registro nacional de contratistas, con la nómina de la alta oficialidad de la FF.AA., encontró que, “al menos 785 oficiales activos” estaban al frente de empresas de construcción, servicios de seguridad, suministros médicos, alimentos, transporte, comerciales, informática y más, que contratan con el Estado[3]. Con la Gran Misión Abastecimiento Soberano, los militares monopolizan la importación y distribución de alimentos y medicamentos esenciales. Actualmente, controlan, además, el racionamiento de la gasolina. En todas estas responsabilidades, además de una buena tajada, han tenido manejo discrecional de los dólares provenientes de la exportación petrolera y minera[4]. Por último, es notorio el señalamiento, por parte de la DEA (Drug Enforcement Administration) de EE.UU., de altos oficiales venezolanos implicados en narcotráfico. Su defensa desembozada por parte de Maduro, así como de altos oficiales señalados de estar incursos en violaciones de derechos humanos, y su frecuente premiación con altos cargos de gobierno, afianzan la complicidad de muchos altos oficiales con el sistema de expoliación instaurado.

Estas “aficiones” han destruido a la institución de la FF.AA. como tal. Torcieron sus valores corporativos, quebraron su disciplina y fomentaron adhesiones en torno a filones provechosos, sustituyendo la unidad de mando y de propósitos por una constelación de mafias en procura de particulares cotos de caza. Ello permea, lamentablemente, a distintos niveles, convirtiendo a la requisa arbitraria de Guardias Nacionales y de otros, en un cáncer que consume a la nación. La compra masiva de armamentos a Putin fue pasto de suculentas comisiones, que terminaron sometiendo a la fuerza a su influencia. Mientras, la tropa pasa hambre y carece de aprestos (por hurtos). Ahora, como socios del saqueo de minerales en Guayana, en alianza con el ELN y otras bandas criminales, militares corruptos se convierten en agentes de intereses económicos foráneos. Tal desdibujamiento institucional hace que Maduro se apoye cada vez más en bandas paramilitares –colectivos fascistas, FAES y grupos hamponiles—como expresiones del poder de Estado. ¡Triste papel para un cuerpo al que se le quiso insuflar orgullo como supuestos herederos de Bolívar! En este afán, la cúpula corrompida ha tenido que marginar, acosar y reprimir a centenares de oficiales y soldados honestos, muchos de los cuales languidecen en las mazmorras del régimen.

¿Acaso han expresado remordimiento Padrino López, Remigio Ceballos y demás integrantes del alto mando militar, verdugos principalísimos, no sólo del país, sino también de la institución a través de la cual accedieron a ocupar sus lucrativos cargos? ¿Qué pasa por la cabeza de Néstor Reverol, Benavides Torres, Hernández Dala, González López y de Zavarse Padrón, señalados como violadores de derechos humanos, torturadores y/o de narco terroristas? ¿Acaso no tienen familia? ¿Cómo concilian los horrores de los que son responsables, con el colgajo de charreteras que exhiben, pretenciosos, con sus uniformes de gala? ¿Medallas a qué? Pero las oportunidades de lucro acallan cualquier atisbo de conciencia, más cuando se dispone de una burbuja ideológica para encubrir crímenes y lavar años de descomposición moral y humana. A los constructores de esta burbuja ideológica dedicaremos la próxima entrega.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com