Editorial

Es alarmante, y al mismo tiempo angustioso, comprobar que la mayoría de las personas del país, tanto opositores como neutrales o prochavistas, más que apostar aseguran que las conversaciones entre el régimen y la oposición en México son inútiles y no llevarán a nada en beneficio del país.

Se fijan en detalles que resaltan, desconfían de todo lo que supuestamente se está hablando, desconfían de cada integrante de cada parte representada allí. Es impresionante.

No importa lo que declaren o dejen de informar, no importan sus silencios que no son tomados como discreción diplomática, sino como secretos culpables o rechazo a informar. Consideran que la presencia de Holanda es inferior que la de Rusia por el tamaño y hacen cálculos diversos de fechas electorales o medidas a tomar por cualquiera de los dos sectores para presionar al otro o ponerle una trampa.

Esas personas en realidad apuestan contra el país. No presionan por soluciones, sino por la profundización de las diferencias. No toman en cuenta que el primer elemento de los participantes en un diálogo es la paciencia y el segundo la voluntad de negociar, es decir, de ceder a cambio de lo que se exige, y que lo esencial es lograr resultados positivos para el país en cuyo nombre ambas partes conversan.

No hay que esperar resultados inmediatos, ni siquiera de cara a unas elecciones regionales cuestionables per se. Hay que esperar resultados que beneficien al país, y eso no tiene fecha en el calendario pero sí una ruta en el patriotismo. No se dialoga y negocia a favor de una facción ,sino de todo un país.

Y que ninguna de las dos partes puede, a estas alturas, desembarazarse del compromiso. Abandonar la mesa es ser irresponsable y perdedor. Sentarse el tiempo que sea necesario, que no se mide en días ni meses sino en logros, es labor de país.

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Editorial

No se apure que tengo prisa, dicen que le indicaba Napoleón a su edecán cuando lo ayudaba a vestirse, el emperador no quería correr el riesgo de una falla en su vestimenta causada por la rapidez, o aquél viejo refrán castellano que advierte que del apuro sólo queda el cansancio.

Es decir, las cosas que cuentan no pueden hacerse a la carrera, mucho menos en política. Avanzar a saltos no es avanzar, es jugarse una caída, y las caídas duelen, rompen huesos, convierten el apuro en humillación.

Diálogos o negociaciones o como prefiera usted llamarlos entre el régimen castromadurista y la oposición venezolana tiene objetivos de parte y parte pero es un proceso de paso a paso, no puede ser una carrera de 100 metros. Es un maratón en el cual no se juega una medalla de oro sino dos de plata.

Las dos delegaciones están siendo, y eso es signo de seriedad tanto como la seriedad es síntoma de funcionamiento adecuado, discretas y poco habladoras. Un paso a la vez, los acuerdos no se logran en encuentros de todos contra todos, sino en las negociaciones intermedias.

Hay suspicacias populares porque ninguno de los dos grupos, que en el fondo son mas o menos lo mismo, la participación en el poder, cuenta con la credibilidad de las mayorías ciudadanas, ni con los resultados de unas elecciones forzadas para generar una imagen de democracia organizada.

Paso a paso, sin revelaciones parciales, llegarán a un acuerdo que tranquiliza a la opinión internacional y logre algo conveniente para cada parte que, en el fondo, son lo mismo: la imagen polvorienta de una Venezuela destruida.

Y todos coinciden en que el interinato sólo ha sido un aspecto de la totalidad, y que las sanciones no derrumban gobiernos ni convienen a nadie. Es una cuestión de dinero disponible.

Editorial

Se denomina inconsistencia a la ausencia de consistencia, es decir, la falta de firmeza, de persistencia y de equilibrio.

Y eso es, lamentablemente, lo que esta ocurriendo en nuestro país en algunos sectores políticos y empresariales, al abandonar la lucha por la libertad, por el acomodo con una realidad que no pueden superar. No pretendemos juzgar las razones que los impulsan a encontrar fórmulas de acomodo con un régimen que reiteradamente ha demostrado que no cree en la economía de mercado y tampoco en la democracia y cuyo propósito fundamental es su perpetuación en el poder.

Lo que sí queremos advertir es que esa falta de consistencia no facilita el cambio que el país requiere para iniciar su proceso de recuperación económica, pero principalmente social, moral y ética. Son muchos los ejemplos históricos que muestran que esos acomodos circunstanciales lo único que logran es beneficiar a unos pocos y prolongar la agonía de la mayoría.

El cambio solo se logra cuando la mayoría de la población se convence, porque un liderazgo así lo demuestra. Que las cadenas que impone una dictadura solo se rompen siendo coherentes y luchando unidos para conquistarla, como ocurrió en Polonia y en Sudáfrica, para señalar dos de los más emblemáticos ejemplos.

Ahora, vemos como el pueblo cubano y el iraní están luchando por romper las cadenas, sin saber si lo lograrán. Si nosotros queremos que eso ocurra tenemos que ser consistentes y entender que desunidos sólo lograremos que la dictadura prolongue su permanencia por algunos años más.

Paradójicamente, cada cien años, nos ha tocado conmemorar en tiempos de Dictadura, de opresión y de sometimiento colectivo, el aniversario de aquella batalla que nos dio la independencia en el Campo de Carabobo.

En efecto, en 1921, con motivo del primer centenario, el tirano JUAN VICENTE GÓMEZ, era quien detentaba el poder de la República liberada en el campo donde se escenificó el combate decisivo entre los Realistas y los Patriotas en la lucha por la independencia. En aquel año, el Benemérito, como se hacía llamar el General andino, ordenó levantar allí “…un monumento para perpetuar el recuerdo imperecedero del magno hecho de armas, digno de los vencedores de aquel campo inmortal” fraseología rimbombante recogida en el texto del decreto respectivo matizado por esa narrativa grandilocuente, propia de la historiografía oficial que durante más de la mitad de la existencia de la república, ha impuesto la bota militar en ejercicio del poder, cobijada bajo la iconografía de los héroes de nuestra nacionalidad. En cumplimiento de aquella decisión, el mismísimo General, inauguró en el campo de la batalla de Carabobo un Arco de Triunfo en diciembre de 1930.

Hoy, en el segundo bicentenario de aquel memorable acto de guerra libertaria, un Dictador vuelve a dejar su impronta totalitarista en la sagrada sabana de Carabobo, avanzando en la falsificación de la historia patria como herramienta de la desesperanza aprendida capaz de enervar los valores sociales y familiares imbricados en el imaginario colectivo venezolano.

Cada Dictadura en Venezuela ha cultivado sus antivalores propios, que usualmente son la negativa del legado de los padres fundadores, aun cuando se valgan de la exaltación de la gesta emancipadora para rubricar todos sus actos oficiales. Por eso, este Régimen sin rubor alguno, festejará el bicentenario de Carabobo con el llamado “Primer Encuentro Cultista de Santería” que más que un evento cultural se trata de un episodio la transculturización producto de la cubanización del país.

¿Por qué a tan solo dos siglos de la lucha de emancipación este trágico hado de nuestro destino nos ha llevado a esta tragedia de la pérdida del sello independentista de Carabobo? Sería importante hoy, como un acto individual de patriotismo, respondernos esa pregunta de cuya respuesta depende que nuestros descendientes puedan celebrar en democracia el próximo centenario de ésta efemérides.

Editorial

Atiborrados de carísimos equipos rusos de combate, ataque y defensa, los militares venezolanos de hoy han cambiado la ya vieja pero siempre gloriosa historia de forjadores de libertades por la vergüenza de patria despedazada entre ocupantes invitados con los brazos abiertos y codicias egoístas para las cuales la patria es una emoción falsa usada como pretexto para llenar bolsillos.

La república sólo tiene de bolivariana el adjetivo ignorante de la verdad, los venezolanos hemos terminado siendo simples revisores de viejas fotos y protagonistas de adjetivos sin sustantivos, mendigos de bolsas de comida barata y de bonos consolidadores de la miseria, con militares que saben desfilar, maestros del orden cerrado, pero que no tienen la preparación para derrotar a los bandidos y políticos que prefieren la foto o el video y algunas palabras en los medios a la difícil grandeza del compromiso con el país.

Bolívar murió ahogado por la decepción envuelto en una camisa prestada porque su motivación fue siempre la libertad de todos y a esa gloria sacrificó dinero y posesiones, los dirigentes de ahora se envuelven en el dinero y las posesiones y se apagan luces con mentiras que los venezolanos toman por verdades en desarrollo.

Bolívar es un fantasma como una película de ayer, la Venezuela de hoy es sólo la agonía del enfermo terminal que se muere, lo siente y no quiere, pero no sabe cómo revivir. Ya no somos un pueblo de forjadores de libertades sino de sostenedores de tiranías.

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Editorial

No tenemos la menor duda, a estas alturas, que Colombia está siendo utilizada como laboratorio de pruebas para una izquierda latinoamericana empecinada en acceder al poder por la vía de la violencia, tras sus fracasos en Cuba, donde comienza a agonizar, y en Venezuela, donde por haberse institucionalizado con la torpeza como bandera, la violencia es su arma pero no su conveniencia. La que espera confiada la resurrección ética de Lula Da Silva y la definición de mando de Cristina Kirchner. La que tropezó en Ecuador y empieza a temer un nuevo fracaso ciudadano en Perú.

Colombia ha sido por décadas una gran democracia trabajadora y progresista, la gran defensora del emprendimiento privado y la confiabilidad de sus trabajadores, sentada sobre volcanes de violencia, unos humeando y gruñendo en los campos, ya con lava en Venezuela, y la que está quieta pero no dormida en el resto del país. Un Yellowstone suramericano.

El problema en Colombia es que esa violencia de repente dejó de ser lejana, guerrillera y narcotraficante, y surge como lava social, como hartazgo ciudadano. Y de cómo termine, depende en mucho el futuro social latinoamericano. Si es que un gobierno amenazado y nervioso no termina de comprender que la paz no viene con las armas en la mano, sino con ajustes socioeconómicos tan sonoros como las explosiones.

https://www.analitica.com/el-editorial/las-bardas-del-vecino-ardiendo/

Editorial

En su intervención de ayer martes, en la que invocó la necesidad de un acuerdo nacional para resolver la grave crisis por la que atraviesa nuestro país, Juan Guaidó señaló que era necesario buscar soluciones realistas y viables para recuperar la democracia y que para lograrlo se requiere negociar, pero no de cualquier manera, sino con la participación de todos los venezolanos, apoyados por la comunidad internacional, y que esta no se convierta en otro esquema gatopardeano, en el que se de la ilusión de un cambio para que todo permanezca igual.

Guaidó dejó muy clara la idea de que Venezuela requiere un acuerdo de salvación nacional que debe darse entre las fuerzas democráticas del país, el régimen y la comunidad internacional, y que eso se lograría si se establece una convocatoria de elecciones libres presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, con observación y respaldo internacional.

Además hizo énfasis en que se requiere una masiva ayuda humanitaria y un amplia campaña de vacunación contra la Covid-19.

También es indispensable que haya garantías democráticas para todos los actores, las fuerzas democráticas por un lado y el chavismo por el otro, con mecanismos para iniciar la reinstitunalizacion del país; la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados, y algo muy importante, la necesidad de establecer una justicia transicional.

Un punto importante de su intervención fue que se deben suministrar incentivos y garantías al régimen, que pudieran llegar a la eliminación progresiva de sanciones, siempre y cuando cumplan con los términos establecidos en el acuerdo.

Tendió puentes a los otros líderes opositores para que puedan medirse, pero observó que, sin un acuerdo unitario, el régimen hará lo que sea para seguir dividiendo a las fuerzas democráticas, dejando entender que esta propuesta que presenta al pueblo venezolano tiene un alto respaldo de la comunidad internacional.

Es la hora de que los venezolanos pensemos en cómo construir un mejor futuro y poner a un lado las luchas intestinas, que no nos han dejado sino división, frustración y desesperanza.

Creemos que la propuesta de Guaidó es razonable y vale la pena apoyarla, esperando que el régimen no la estropee de nuevo posteando la mesa. Esto si es un paso al frente, que va mucho más allá que el nombramiento de un nuevo CNE, porque se dirige a todos los venezolanos sin exclusión.

Editorial

Es fácil llenarse la boca señalando que Juan Guaidó es una simple marioneta de Leopoldo López o, en el más generoso de los casos, de un muy mentado G4 integrado por los titiriteros de 4 partidos opositores.

Es fácil ser un mediocre e inventarse una asociación civil, nombre que hoy viste mucho, y lanzar reclamos al hombre que se puso o lo pusieron –la diferencia hoy no es importante- para que diera la cara por el creciente número de ciudadanos disconformes con el persistente desastre castrochavista que, a falta de Hugo Chávez, preside Nicolás Maduro con el beneplácito de la Cuba cargada con sesenta años de represión y miseria, la China poderosa que disfraza con empresas mixtas y dinero el férreo control del Partido Comunista, la Rusia asesina de opositores de un Vladimir Putin que lleva veinte años aferrado al poder, de un Irán hundido en un fanatismo religioso medieval y, por su fuera poco, por los bandidos asesinos y secuestradores que hacen fortunas con la producción y distribución de drogas y, de unos años para acá, con el control de tierras y minas venezolanas.

Cada quien puede o no estar de acuerdo con las propuestas de esos cuatro y otros partidos que se oponen al actual castromadurismo, y que se han estado jugando el tipo desde que Hugo Chávez, fascinado por Fidel Castro, se adueñó del poder con el voto mayoritario de una sociedad por una parte hipnotizada por la antipolítica, y por la otra confiando en medios de comunicación y empresarios que apoyaron a Chávez pensando en ellos mismos.

Pero aquél demagogo que cantaba rancheras y mostraba su machismo en público engañó a todos por igual –excepto a Fidel Castro, que era el ídolo de su mente ramplona y mal formada- y se dedicó a derrochar dinero como heredero loco pedaleando en medio de la corrupción y la ignorancia como mérito.

Ya entonces, justo es recordarlo, hubo venezolanos que se le enfrentaron, muchos de ellos dirigentes y militantes de partidos políticos que también cometieron errores pero jamás dieron la espalda, que pusieron los presos políticos, los torturados y los muertos, y que hoy siguen siendo las grandes barreras contra la tiranía absoluta.

No se trata entonces de si Juan Guaidó será Presidente, o si lo será María Corina Machado o cualquiera de los dirigentes que hoy se enfrentan a la tiranía. Se trata de que nuestro deber de víctimas de la injusticia de una dictadura que nos arruina es darles respaldo, y ése es un acto de decisión y conciencia personales.

No será la multitud de asociaciones civiles de todo tipo que parecen ser la nueva moda de los buscadores de lucimiento quien pondrá punto final a la opresión. Seremos los ciudadanos como comunidad, y los partidos políticos como representación civil, quienes ya lo estamos haciendo. No es tarea fácil, no la compliquemos más con orgullos personales.

La comunidad internacional no reconoce como Presidente interino –calificativo éste que él, sus partidos y cada uno de nosotros debe subrayar- por él mismo, sino porque representa lo que realmente importa y la tiranía no puede dar: la legitimidad y permanencia de las instituciones.

Editorial

Votar es un derecho, pero no es un deber. Por lo visto los venezolanos tenemos derecho a votar pero no a elegir, ni a que nuestra voluntad sea respetada. Veamos:

En las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre del 2005, la oposición se negó a participar. Sus técnicos habían demostrado que las máquinas de votación guardaban los votos en orden de emisión, cosa que había negado el CNE, y con lo cual no se garantizaba el secreto del voto. Además, como no había acceso a los detalles del conteo sino solo a los totales regionales, quedaba en duda la veracidad de los resultados. Finalmente, fue el TSJ quien designó a los rectores del CNE, nombrándolos únicamente entre partidarios del gobierno. Esas fueron, entre otras, las razones por las cuales AD, Primero Justicia, Copei y Proyecto Venezuela se negaron a participar por falta de garantías.

“Que se vayan al carajo” declaró José Vicente Rangel. Por supuesto, el oficialismo arrasó en aquellos sufragios y logró un control total del Parlamento. Por su parte Chávez declaró: “Los errores políticos se pagan”.

En los años siguientes se desató en aquel Congreso, de dudosa legitimidad de origen, un carnaval de leyes oficialistas que alteraron profundamente la estructura legal venezolana.

Pero Chávez no se conformaba. Quería modificar su propia Constitución de 1999, para transformarla en otra abiertamente socialista. Para ello convocó un Referendo Constitucional que habría de tener lugar el 2 de diciembre del 2007.

Aquel referendo se transformó en la primera derrota del chavismo. El pueblo no quería una Constitución socialista. El rechazo fue abrumador y un Chávez (con los nudillos destrozados según se dice por haber golpeado enfurecido las paredes ante la exigencia de los militares de que reconociera la derrota) se vio obligado a aceptar el fracaso. Aunque el CNE reconoció la “tendencia irreversible”, interrumpió el conteo de los votos para que no se conociera la verdadera magnitud del descalabro.

Como mal perdedor Chávez anunció: “Es una victoria de mierda … No retiro ni una sola coma de esta propuesta, esta propuesta sigue viva”. Y siguió adelante con su proyecto socialista ignorando claramente la voluntad expresada por el pueblo.

En las elecciones del 6 de diciembre del 2015 para la Asamblea Nacional, la oposición ganó 112 diputados y logró el control total del Parlamento. A pesar de que los diputados electos ya habían sido proclamados por el CNE (que felicitó al pueblo por “el triunfo de la democracia”), el TSJ desconoció la elección de 3 diputados del Estado Amazonas, para así robarles la mayoría calificada de las 2/3 partes de los escaños. Después, como si fuera poco, el mismo TSJ declaró a la Asamblea en “desacato”, figura no aplicable conforme la Constitución.

En abril del 2016, basándose en el Art 72 de la Constitución, se recabaron las firmas para exigir un referendo revocatorio contra Maduro. El oficialismo se opuso, alegando “firmas planas”. Convoca entonces el CNE un nuevo proceso de recolección de firmas. La oposición obtuvo 1,8 millones de firmas para exigir la realización del Referendo Revocatorio, a pesar de que sólo se requerían 200.000. Impúdicamente el CNE paralizó la convocatoria al Referéndum en claro desconocimiento a la Carta Magna.

En diciembre del 2020 tuvieron lugar nuevas elecciones parlamentarias. Ante Ia falta de garantías la oposición se negó una vez más a participar. El TSJ no sólo había designado (sin tener atribuciones para ello) a los miembros del CNE, sino que además intervino a los principales partidos de la oposición designándoles autoridades sumisas al régimen.

Las principales democracias del mundo, incluyendo a la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, EEUU, la OEA, el Grupo de Lima, Japón y muchas otras desconocieron los resultados por no haberse cumplido con estándares internacionales.

Pero el régimen sigue tan campante y tiene ahora la desfachatez de pretender convocar elecciones regionales y sugerir, en todo caso, un nuevo Referendo Revocatorio contra Maduro para el 2022. Repetimos lo que alguna vez dijo Churchill, “si olvidas el pasado, no tienes futuro”.

Si la oposición participa en las elecciones y triunfa, el oficialismo desconoce o desvirtúa, por una vía o por otra, el triunfo. Si no participa, el oficialismo arrasa con todo, a pesar de la ilegitimidad de su victoria, sin detenerse en limitaciones de orden constitucional.

¿Es esto una democracia? Si no nos agarra el chingo nos agarra el sin nariz.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

El principio de libre determinación de los pueblos se basa en el derecho internacional público y se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas.

El derecho a la autodeterminación permite a los pueblos decidir libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin intervención externa, siempre y cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados y los gobiernos emanen de la voluntad popular.

Antiguamente los príncipes alegaban tener derechos de origen divino y por tanto se consideraba que podían ejercer plenamente la soberanía en los territorios que gobernaban. Su voluntad era la ley.

Eso cambió con la Revolución Francesa. Hoy en día la soberanía proviene del pueblo, tal como lo establece nuestra Constitución en su artículo 5, el cual reza textualmente:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Mal puede un gobierno alegar el principio de autodeterminación frente a otros Estados cuando le niega a su pueblo el ejercicio de esa soberanía conforme a lo establecido en su Constitución.

Cuando el derecho al sufragio -claramente previsto en el Art 63 de la Constitución- queda restringido al encarcelar, inhabilitar o exiliar a los líderes opositores, al ilegalizar a los partidos de oposición, al valerse de una justicia amañada para apoderarse de las organizaciones opositoras, al permitir concurrir sólo a los candidatos opositores sumisos o cuando no existe transparencia ni credibilidad en los mecanismos para contar los votos y por el contrario hay la percepción generalizada de fraude, ya no es factible decir que tal gobierno emana del pueblo.

Por eso las democracias más respetadas del mundo desconocieron las elecciones del 6 de diciembre del 2020. Se trató de comicios que no cumplieron con estándares internacionales y que sólo sirvieron para para que el régimen confiscara otro de los poderes.

Cuando esas cosas ocurren deja de existir la democracia y surgen gobiernos que, para mantenerse en el poder, se valen cada vez más de la fuerza.

En su “Contrato Social”, Rousseau afirmaba: “ la fuerza no constituye derecho, y únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos” .

John Locke -Siglo XVII- señalaba que la soberanía emana del pueblo y que el Estado tiene como misión principal proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Abordaba también Locke al principio de la separación de los Poderes. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto sino que ha de respetar los derechos humanos.

En Venezuela la violación reiterada a los Derechos Humanos ha sido ratificada por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los DDHH.

La libertad de expresión está fuertemente restringida y en cuanto a libertades económicas se nos ubica al nivel de Cuba y Corea del Norte. La economía ha sido destrozada en medio de casi 40 meses de hiperinflación y una caída del PIB que ya nos ubica entre las dos naciones más pobres del continente, en tanto que la corrupción campea por sus fueros. La moral pública ha desaparecido.

El principio de no injerencia tiene excepciones que, en el marco de las Naciones Unidas y desde el 2005, se encuentra consagrado en una nueva regla denominada responsabilidad de proteger. No violan por tanto las sanciones el principio de autodeterminación cuando se aplican en el marco de la citada responsabilidad.

El aislamiento del régimen es progresivo. Cada vez se aleja más de la democracia y reprime más a sus ciudadanos. Pretende tener el derecho de hacerlo invocando para ello razones de soberanía y apelando al principio de autodeterminación de los pueblos, a la vez que acusan de injerencia en sus asuntos internos a los Estados que les exigen respetar los DDHH o que les aplican sanciones.

Una cosa es evidente. Como su nombre lo indica, el principio de la autodeterminación se aplica a los pueblos y no a los gobiernos que pretenden robarles la libertad.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica