Hoy 28 de agosto se cumple un año más de la aprobación en 1975 de la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida la ley de nacionalización. Sin embargo, Alberto Quirós y Gustavo Coronel prefieren llamarla ley de estatización, porque eliminó a tres empresas venezolanas y los ciudadanos no podemos adquirir acciones en la nueva empresa. El 1 de enero 1976 iniciaron operaciones las filiales y Pdvsa actuó como casa matriz. Aquí pretendemos recordar brevemente algunos hechos, así como informar sobre las propuestas de varios grupos de expertos de cómo recuperar nuestra industria de los hidrocarburos cuando haya un gobierno democrático. Desde luego, la decisión corresponderá a los actores políticos.
La estatización era inevitable ya que la Ley de Hidrocarburos de 1943 estableció que las concesiones otorgadas para explorar y producir vencían en 1983. A medida que se aproximaba esta fecha, las transnacionales fueron disminuyendo sus inversiones. Ello obligó a promulgar en 1971 la Ley para proteger los activos que debían pasar a propiedad de la nación. Algunos predicaron que los venezolanos no podrían manejar una industria tan compleja. No tomaron en cuenta, como ha escrito Héctor Riquezes, quien fue director de Pdvsa que “para la opinión pública había pasado desapercibida el programa de venezolanización que llevaron a cabo las transnacionales y que logró reducir a doscientos el número de extranjeros que trabajaban en la industria petrolera para el 31 de diciembre de 1975”.
Para esa fecha varios compatriotas ocupaban altos cargos ejecutivos.
Lógicamente, entre el personal había cierto temor, ya que en nuestro medio las empresas del Estado son utilizadas para colocar a simpatizantes del partido gobernante, aunque no tengan méritos. Al respecto, los trabajadores liderados por Gustavo Coronel, crearon la Agrupación de Orientación Petrolera (Agropet), para contribuir a orientar el proceso y lograr garantía de que el personal no sería afectado. Tuvieron éxito, tanto por las gestiones realizadas, como por la madurez del sector político bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Al frente de Pdvsa fue designado Rafael Alfonzo Ravard.
Posteriormente, los presidentes de la empresa fueron venezolanos con méritos, con mayor o menor cercanía al primer magistrado. Los primeros 25 años transcurrieron con muy poca injerencia política partidista.
El proceso fue bien llevado. A las 22 compañías se les cancelaron 1.054,13 millones de dólares, de los cuales solo 117,38 millones fueron en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública a cinco años plazo. Además, se firmaron convenios de asistencia técnica y de comercialización, que fueron criticadospor algunos, pero que eran necesarios en los siguientes cinco años. El artículo 5 de la Ley estableció la posibilidad de que el Estado realizara convenios de asociación con entes privados, el cual despertó mucha discusión. Los congresistas de la izquierda y algunos otros consideraron que eso era un subterfugio para permitir el regreso de las transnacionales.
Paradójicamente, la Pdvsa roja reportó en su Informe 2016, el último presentado, que había constituido 42 empresas mixtas. La gran mayoría de las mismas con socios seleccionados por razones políticas, casi todas paralizadas porque el Estado no realiza su aporte y el privado carece de músculo financiero, de tecnología y de recursos humanos. Esta información fue tomada del libro Construcción y destrucción de un país. Presidencias de Venezuela 1900-2020, de Rafael Gallegos y de quien esto escribe, en el que se citan las fuentes.
Pdvsa era un botín demasiado atractivo para quienes asumieron el poder en 1999. La tomaron por asalto y la destruyeron. Ahora hay que reconstruir nuestra industria de los hidrocarburos. Varios grupos de profesionales, petroleros y no petroleros han trabajado este tópico. Ya en el 2003 hubo recomendaciones. Hoy, la situación ha cambiado. Hay varias propuestas que tienen mucho en común, con algunas divergencias fáciles de limar. Hay consenso en que el país está destruido. El Estado tiene ingresos insuficientes para recuperar la educación, los servicios de salud, agua, electricidad e infraestructura; la deuda externa es elevada y habrá que reestructurarla, y los organismos financieros internacionales no están prestando para la actividad de los hidrocarburos.
La Pdvsa que existía antes de la etapa de destrucción es irrecuperable. La actual es inviable. Habrá que redimensionarla hacia abajo, desprenderse de las múltiples compañías no relacionadas con el negocio y cerrar las actividades menos rentables. La única opción es recurrir a la inversión de empresas petroleras que sean incentivadas para venir. Los expertos deben presentar un abanico de inversiones atractivas, dentro del marco de la transición energética y del futuro de las fuentes de energía. Esas opciones deben incluir las cuencas del Zulia, norte de oriente, Faja petrolífera del Orinoco y los nuevos yacimientos de gas libre.
Habrá que cambiar la ley para que puedan operar sin asociarse con Pdvsa y para adecuar los porcentajes impositivos; además, crear un Ente Independiente de Energía. Algunos piensan que debe persistir una petrolera del Estado y que debemos seguir en la Opep. Otros son opuestos. Citgo, en riesgo de perderse por la irresponsabilidad de Chávez y Maduro, es muy importante para la recuperación económica. El plan corresponderá ser discutido y aprobado por el sector político. Ojalá sea por consenso como en 1975 y no por una mayoría que podría ser circunstancial.
Como (había) en botica
El pasado día 25 se conmemoró otro aniversario de la tragedia de Amuay ocurrida en el 2012, que ocasionó 47 muertes, 150 heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Un año antes, Rafael Ramírez, entonces presidente de Pdvsa, reconoció que tenían problemas por falta de mantenimiento y escasez de personal calificado. Cuando se produjo la explosión la achacó a sabotaje.
El nuevo Consejo Nacional Electoral hace recordar Los intereses creados, de Benavente: todos los pillos quedaron satisfechos.
Lamentamos el fallecimiento de Carlos Canache Mata, un político honesto y luchador por la democracia.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
La semana pasada se conmemoraron 106 años del inicio de operaciones de la refinería de San Lorenzo, en el Zulia. Ese 17 de agosto de 1917 marcó un hito que evidenció el interés de la empresa Shell de consolidarse en Venezuela, después del éxito de la producción de los pozos Zumaque I en el 2014 y del Barroso II en 1922. La misma fue el inicio de un sistema de refinación desarrollado por varias transnacionales, mejorado e internacionalizado por la Pdvsa meritocrática en el período 1976-2002 y arruinado por la Pdvsa roja. Hoy, los venezolanos tenemos que apoyar las gestiones que realiza el equipo de Horacio Medina, presidente ad hoc de Pdvsa, para intentar salvar el complejo de refinación de Citgo, ubicado en los Estados Unidos, que está a punto de perderse por la irresponsabilidad de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Ramírez y otros.
Después de construir la refinería de San Lorenzo, las transnacionales estuvieron reacias a establecer otras de gran capacidad en nuestro país. En 1918, la Shell construyó una en Curazao y en 1928 otra en Aruba. En esta última, la Standard (Creole) construyó una en 1929. Al respecto, Rómulo Betancourt en su libro Venezuela, Política y Petróleo narra que Ludwell Denny escribió que “temiendo que pueda llegar al poder un gobierno radical cuando muera el dictador Gómez, las compañías británicas y americanas vacilan para invertir sus capitales en refinerías dentro del país”. Sin embargo, en 1931 la Standard (Creole) inauguró una en Caripito
La Ley de Hidrocarburos de 1943 obligó a las compañías a construir refinerías en Venezuela. En 1949, inició operaciones la refinería de Cardón, construida por la Shell, en 1950 la de Amuay, por la Creole, y la de Puerto La Cruz, construida por la Mene Grande. En 1952, la de San Roque por la Phillips, y en 1956 la de Bajo Grande, por la Standard de California; en 1960 la de El Palito, por la Socony. Hubo varias otras pequeñas, entre ellas la de El Toreño, en Barinas y una en Tucupita.
Por otra parte, la producción de petróleo llegó a un máximo histórico de 3.705.000 barriles por día en 1970. Está demostrado que las transnacionales cumplieron una labor positiva No solo realizaron un trabajo eficiente en la producción y refinación, sino en la formación de recursos humanos y actividades de responsabilidad social con las comunidades. Desde luego, en la etapa inicial tienen el pecado de que no respetaron los derechos de la población indígena, de evasión de impuestos y no dieron un trato justo a sus trabajadores.
A partir de 1976, es decir después de la estatización y hasta el 2002, nuestra industria petrolera acondicionó las refinerías para que elaboraran productos de mayor valor y cerró aquellas que no eran rentables. Quedaron operando las agrupadas en el Centro de Refinación de Paraguaná, que incluye las de Cardón, Amuay y Bajo Grande; El Palito, Puerto la Cruz, y San Roque. Para el año 2002, la capacidad total de refinación era de 1.303.000 barriles por día. Hoy, tal y como informan los pocos medios de comunicación independientes que luchan por sobrevivir los embates del régimen, esas refinerías tienen frecuentes accidentes laborales, ocurren incendios y explosiones, y paradas no programadas de las plantas por mala operación y falta de mantenimiento. Hasta el 2002, Venezuela exportaba gasolina y otros productos. Ahora debe importarlos. Pdvsa no presenta su Informe Anual desde el 2016. Desde luego, nunca se construyeron las ofrecidas para Barinas, Cabrutas y Caripito. Tampoco las de Brasil, Vietnam, Nicaragua, Siria y China.
La Pdvsa meritocrática adquirió total o parcialmente 17 refinerías en Europa y en Estados Unidos para garantizar la colocación de nuestros crudos pesados a medida que aumentara la producción, además del alquiler de una en Curazao. Llegamos a tener la posibilidad de refinar en el exterior 1.897.000 barriles por día. Lamentablemente, Rafael Ramírez consideró, torpemente, que no era negocio, ni tenían valor estratégico, por lo que vendió nuestra participación a precio de gallina flaca. Además, por razones políticas ajenas a nuestros intereses, decidió que era mejor tener participación en las de Cuba, República Dominicana y Jamaica, las cuales perdimos.
Hoy solo nos quedan tres refinerías en el exterior, concretamente en Estados Unidos, que pertenecen a Citgo, pero Chávez puso en gran riesgo al expropiar ilegalmente empresas en Venezuela, cuyos accionistas han demandado a Citgo, y Maduro hipotecó porque no le importaba se perdieran. Es decir que perdimos 1.148.000 barriles por día de capacidad de refinación en el exterior.
Salvar a Citgo de los acreedores que existen por culpa de Chávez y Maduro es importante para la recuperación de nuestra economía. Nos permitiría colocar parte de nuestra producción de petróleo e importar combustibles mientras se normaliza la producción interna. La deuda de Citgo llega a unos 22.000 millones de dólares, la mayor parte no achacable a la empresa. La misma está actualmente operando eficientemente y dando ganancias. Liquidarla perjudica a todos los relacionados. Hacemos un llamado a los candidatos inscritos en la Primaria para que redacten un documento dirigido al presidente Biden, al pueblo estadounidense y a los acreedores, en el que expresen que reconocen la deuda mal habida contraída por Chávez y Maduro y que solicitan se posterguen las acciones legales para dar tiempo a que se puedan pagar las deudas correspondientes a la empresa y las de la República.
Como (había) en botica:
Es justo recordar y reconocer el esfuerzo realizado por los empresarios encabezados por Manuel Antonio Pulido y Pedro Rincones, quienes en 1878 establecieron la Petrolia del Táchira, que llegó a extraer petróleo y a elaborar quince barriles por día de kerosén, parte del cual se exportaba a Colombia. Operó hasta 1934.
Mañana 23 de agosto cumple noventa años un venezolano excepcional. Es de los predican, practica y defiende a capa y espada los principios y valores de nuestra civilización. Por ello renunció a cargos importantes y escribe diariamente fustigando la corrupción y realiza campañas para formar buenos ciudadanos. Mi reconocimiento al querido geólogo Gustavo Coronel.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
La siembra del odio, con la consecuente cosecha de violaciones a los derechos humanos, es una semilla que germinó desde el inicio de la humanidad. En algunos casos está dirigido en contra de un enemigo que invade un país o contra grupos de malhechores que causan daño a personas o a sus bienes. Mucho más grave son los casos en que el odio se dirige contra quienes no han cometido ningún delito, sino que profesan otra religión, sexo, tienen piel de color diferente o difieren de las políticas gubernamentales. En todo caso, con motivo o sin él, el odio y las consecuentes agresiones deben ser rechazados. A estas alturas de la civilización, lo que tiene que imperar es la justicia, la igualdad de todos los seres humanos y la tolerancia a los diferentes puntos de vista. Cristopher Tuckwood, director ejecutivo del Sentinel Project con sede en Canadá, afirma que “los discursos de odio cargan el arma, la desinformación aprieta el gatillo”.
Platón, 328-348 AC, equivocadamente predicó que hay que hacerles mal a los enemigos. La Biblia y el Corán tienen versículos promoviendo la Ley del Talión, o sea ojo por ojo, aunque ambos también tienen frases de generosidad hacia el enemigo. El punto a discutir, como decía Francisco de Quevedo, es que a veces no es fácil identificar quién es enemigo y quién es amigo. Lo que es indudable es que la ausencia de justicia induce el odio entre las naciones desencadenando guerras y, a nivel nacional, promueve el odio entre los ciudadanos, con el consecuente deseo de venganza.
Numerosas guerras fueron producto del odio sembrado por motivos económicos o étnicos. Tal día como hoy, en 1945, finalizó la II Guerra Mundial, iniciada por el nazismo alemán y el militarismo japonés, después de ocasionar millones de muertos, entre ellos varios millones de judíos civiles, gitanos y disidentes. Desde entonces han proliferado contiendas entre países o internamente. Cabe citar las matanzas en Rwanda de los grupos hutus en contra de los tutsis, la masacre en los Balcanes en contra de la minoría musulmana, las guerras en Siria, Afganistán, Etiopía, Eritrea, Yemen, Sudán, el interminable conflicto entre israelíes y palestinos, así como la agresión en pleno desarrollo de la Rusia del dictador Putín en contra de Ucrania.
En Venezuela, Bolívar sembró el odio con su Decreto de Guerra a Muerte en contra de españoles y canarios. No valen las excusas de que era indispensable para lograr nuestra independencia. Del lado de los realistas, Boves también actuó sin misericordia, pero en contra de los patriotas. Ezequiel Zamora y recientemente Hugo Chávez fueron bárbaros que tildaron de enemigos a quienes se opusieron a sus revoluciones y tenían alguna propiedad. Maduro les sigue los pasos. Afortunadamente, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, con la aprobación de tres de sus jueces, inició una investigación en base a denuncias de crímenes de lesa humanidad.
El Código de Hamurabí, en el siglo XVIII AC, estableció leyes para uniformizar el castigo de los delitos y hacer justicia a los agraviados. La prevaricación, o sea el dictar una sentencia o aprobar una resolución injusta por un juez o un funcionario era castigada con la muerte. Menos mal que en Venezuela no se aplica este Código, sino que aspiramos se lleve a los tribunales a los numerosos fiscales que imputan y a jueces que sentencian por delitos inventados, así como a los funcionarios civiles y militares que aplican medidas arbitrarias.
El régimen de Maduro aprobó una ley contra el odio, pero para aplicarla solo a los opositores que se atreven a denunciar por las redes sociales a los corruptos y a quienes atropellan a la Constitución y las leyes. Por el contrario, el mismo Maduro, Diosdado Cabello, Tarek Saab, Jorge Rodríguez y otros, exponen a los opositores a ser agredidos por las fuerzas de seguridad y por sicarios rojos. Como lo hemos señalado, el blanco preferido de las agresiones es María Corina Machado, por ser la que lidera por amplio margen las encuestas de los candidatos de la oposición para elegir al que va a competir con Maduro en el 2024. Como ha sido notorio, el cobarde gobernador de Trujillo, mayor retirado del ejército Gerardo Márquez, ha tenido la desfachatez de pedirle a la población de ese estado que cuando ella vaya “la saquen a coñazos”. Afortunadamente, en todos las ciudades, pueblos y caseríos que visita la reciben con grandes manifestaciones de apoyo. Sin embargo, tememos que el odio de algún fanático o de un sicario del régimen puedan ocasionarle daño a ella y a cualquier otro opositor. La comunidad internacional debe solicitar a Maduro que desestimule esas agresiones de las cuales sería responsable.
Como (había) en botica:
Numerosos profesionales trabajan ad honorem en la elaboración de planes para la recuperación del país cuando salga Maduro. Uno de ellos es el equipo coordinado por el ingeniero petrolero Tomás Mata, quien presentó en evento organizado por Venamérica y Vapa, un plan para solucionar el déficit de energía eléctrica en el Zulia. Básicamente, el mismo consiste en aumentar la producción de gas en el campo denominado Perla, manejado por ENI y Repsol, frente a la península de Paraguaná, recuperar, operar y mantener las plantas de Termozulia, mejorar la transmisión y distribución de la electricidad. La demanda en ese estado es de unos 1.200 megavatios y el suministro es de solo 1.000 megavatios, por lo que cada día ocurren unas 85 fallas de electricidad. Estima que en dos años se pueden resolver los problemas.
El coronel Tellechea, presidente de Pdvsa, debería tener información del daño que ocasionan los derrames petroleros en el Lago de Maracaibo. Ojalá pregunte a los pescadores para que se percate de que no es un asunto visual.
La intervención del Partido Comunista de Venezuela por el sumiso Tribunal Supremo de Justicia es otro atropello.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
15/08/23