En medio de esta crisis política, social y con mayor dramatismo económica, casi de forma silente en el país, se ha venido gestando un reagrupamiento de nuevos mecanismos de participación política y ciudadana. La polarización de estos últimos años mantiene agobiada a la sociedad, sin darle solución a la misma crisis que la aniquila. Cada vez es más insistente la reaparición de nuevos factores políticos y nuevas conductas, en el accionar con las comunidades hambrientas de todo, incluso necesitadas de nuevas actitudes para asumir los cambios. Quizás por eso, en Maracaibo, a nadie le deba extrañar que estén surgiendo iniciativas, donde el énfasis sea puesto en la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía.
Ya durante el siglo XVII, Jean Jaques Rousseau, en su obra “El Contrato Social”, consideraba necesario la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, de modo que no se limitara a participar en elecciones solamente. Rousseau describía la participación como un proceso de aprendizaje necesario, para sentar las bases de un contrato social. Desde aquellos días, la participación ciudadana y el esfuerzo por construir ciudadanía, ha sido vista como un enemigo peligroso para los gobernantes y el poder absolutista del Estado.
Aquí en Venezuela, las experiencias participativas de la ciudadanía, tienen cierta relevancia a partir del inicio de la instauración del régimen de democracia representativa, que conocerían los venezolanos después de 1958, y de forma muy particular con la promulgación de la Constitución de 1961. Con el desarrollo de éste ordenamiento jurídico y las iniciativas impulsadas por los partidos políticos, que acompañaban este proceso de cambio democrático, Venezuela incorpora exitosas experiencias de participación ciudadana; pero pagando el precio de un amplio clientelismo político, que hizo crisis en el sistema político y social.
A partir del 1989 entra en vigencia un conjunto de leyes, entre las que se destacan: Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal y la Ley Orgánica de Descentralización, de Limitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. También se incorporaron otras iniciativas legislativas, que contribuyeron al hecho participativo y democrático, afianzando con esto, el proceso de descentralización que se había iniciado en la década de los 80. Leyes como la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales.
Con la vigencia de la Constitución Bolivariana, se establecen un conjunto de preceptos constitucionales y legales, que se orientan al desarrollo de una sociedad democrática, participativa, protagónica y pluralista. La revalorización de la participación en el campo social, desde la óptica constitucional, se inscribe en un proceso donde se busca afianzar los aportes, que la ciudadanía debe hacer a la nueva gerencia pública, y esto significa que su objetivo primordial seria lograr, una mayor eficiencia en las organizaciones, con el objetivo de ir avanzando en el proceso de construcción de ciudadanía.
Ahora bien, esta construcción de ciudadanía, no se decreta desde arriba, ella implica un largo proceso de aprendizaje, y se transforma en un hecho cultural, sus frutos no se obtienen de inmediato, y como proceso, implica una cotidianidad que se asume cuando se asiste a reuniones, cuando el ciudadano deposita su voto, manifestando en las calles a favor o en contra de una propuesta determinada; en fin, en cada acto donde ejerce y recupera su condición de ciudadano.
Quienes se oponen a la construcción de ciudadanía, libre, democrática, inclusiva y protagónica, contraponiéndole a estos valores la tutela mediatizada del Estado, a través de mecanismos sectarios y excluyentes, bajo formulas no preestablecidas por nuestra constitución, sólo buscan perpetuarse en el poder, convirtiéndose así mismo en un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y la misma democracia. De allí, que lo más identificado con una política de cambio social, dentro y fuera de las organizaciones partidistas, en las instituciones del Estado y al margen de ellas, sea el esfuerzo que hagamos en la construcción de ciudadanía.
Quizás esa sea la razón, para que hoy, infinidades de agrupaciones no gubernamentales en el país, hayan comenzado a promover la construcción de ciudadanía, como mecanismo alterno a los tradicionales esquemas de integrar al individuo al accionar político y social.
De forma incipiente, pero con mucha firmeza, nuevos movimientos sociales se están abriendo paso con este propósito. Foro Cambio Democrático, Ciudadanía Activa, Funda Humanos, Mujeres por la Libertad, Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, Consorcio Justicia y Desarrollo, Expresión Libre, Grupo La Colina, Frente por la Defensa del Norte de Caracas, Voluntarios Abriendo Caminos, Parlamento Educativo, Región Insular Futuro y Desarrollo, Sinergia y Aragua sin Miedo, entre otros en el país, comienzan a dar fe de ello.
Aquí en el Zulia se abre paso un interesante Movimiento de Construcción de Ciudadanía, ellos han asumido el reto de llamarse PASION POR MARACAIBO. Este movimiento liderizado por el zuliano, Carlos Alaimo, un médico y empresario, vinculado a los medios impresos, televisivos y radiales, anda si tanto alarde ni aspaviento, desarrollando un “Movimiento de Voluntarios para la Construcción de Ciudadanía”, junto a un grupo de experimentados dirigentes sociales, sindicales, gremiales, comunitarios y jóvenes universitarios.
Habrá que seguirle la huella a esta iniciativa ciudadana, en esta pasión por construir ciudadanía y hacer de Maracaibo, una ciudad donde nos sintamos orgullosos de ser sus ciudadanos.

En el marco de la XIV Convención Nacional de la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia-Colegio de Profesores de Venezuela (FENAPRODO-CPV), el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez —como un aporte para el enriquecimiento del debate— les presenta a los delegados de dicha convención, a los sindicatos filiales, a sus afiliados y al magisterio en general, un análisis de los aspectos característicos de las políticas educativas de los últimos doce años, que en esencia lo que han hecho es mermar la educación democrático y científica.
Estamos en un momento en que al Magisterio, en combinación con su quehacer sindical, le corresponde promover la creación de espacios para el debate y la organización en defensa de la educación. Es un deber para las estructuras sindicales contribuir a que educadores, estudiantes, representantes y ciudadanía en general tomen conciencia de la urgencia de reconstruir el país que contemple como uno de principales puntos el logro de una educación democrática y científica. Con ese objetivo proponemos estas ideas.
Algunas consideraciones generales
1. Entrar en el análisis del diseño curricular nos hace recurrir a una afirmación de Carlos Marx: “La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría”. En ese sentido, el análisis del tema en cuestión debe concebir un estudio con un claro rigor científico y agudeza política que nos lleve con eficacia a definir lo que dará al traste con las verdaderas intenciones y objetivos de la educación bolivariana. Pensamos que la única manera científica de formular una crítica al proyecto educativo bolivariano es precisamente a partir del propio método histórico-dialéctico, para así ubicar la esencia del proyecto educativo bolivariano. Desde esta óptica, hacemos la crítica a algunas afirmaciones y consideraciones filosóficas acuñadas tanto en los discursos como en los cambios del ordenamiento jurídico: Ley Orgánica de Educación (2009), Plan de la Patria, la Resolución 058, al igual que en los textos escolares Bicentenario y en la Constitución Ilustrada.
En general la estética en las categorías presentadas en el nuevo ordenamiento jurídico y difundidas en la práctica política podemos catalogarlas de farsa, es decir, algo que no existe, o sea “el socialismo” o la búsqueda de él, por lo que era de esperarse que el proyecto pedagógico y el currículo encontraran la misma utilización. Ante esto analizamos la concepción filosófica de “los saberes” como elemento esencial del currículo; pues, basados en este concepto, niegan el criterio de verdad, de ciencia y del propio desarrollo dialéctico.
Es decir, el currículo no reivindica la dialéctica como elemento fundamental en la comprensión de la sociedad —en este caso para la supuesta construcción del socialismo o para la cimentación de la conciencia en el conocimiento científico—, sino que por el contario apelan a las corrientes metafísicas.
Debemos ubicar que son las relaciones sociales las que van a determinar en última instancia la naturaleza de los cambios jurídicos que se implementan en Venezuela; que sin lugar a dudas es un país capitalista, donde imperan las relaciones capitalistas de producción. De tal manera que la orientación esencial del hecho educativo, en el marco de las relaciones capitalistas de producción, es reproducir la fuerza de trabajo y afianzar aspectos superestructurales que van a legitimar las relaciones capitalistas de producción, pero en esta circunstancia bajo la mascarada socialista.
2. En ese sentido, los cambios que se realizan son para preservar el orden, escondiéndose en una fraseología revolucionaria, pero que la misma sólo expresa posiciones propias de un oportunismo revisionista de izquierda, que en ocasiones históricas del siglo pasado fue prefacio de los regímenes fascistas en Europa que utilizaron precisamente esas ideas filosóficas y políticas extraídas principalmente del irracionalismo. Una cita del profesor de la UCV Carlos Hermoso, economista y doctor en Ciencias Sociales, nos ilustra sobre esta afirmación: “Entendemos que confirmar la categoría revisionismo de izquierda resulta bastante difícil para los que no han indagado la significación científica del proceso histórica de este hecho. Sin embargo, pensamos que el manejo científico de estos asuntos fuerza a ser lo más rigurosos posible, sin hacer concesiones de ningún tipo. Pero estamos obligados a ubicar los hilos que engarzan esta experiencia con la tradición revisionista e irracional, cuya base material la encontramos en la formación capitalista y más específicamente en las condiciones del imperialismo que ha limitado los avances de las fuerzas socialistas a escala planetaria, circunstancia que, junto a la ideología de la globalización y la influencia del posmodernismo, siembra el escepticismo por todos lados, afianzando una perspectiva filosófica y política que busca «salidas» distintas. Se repite una circunstancia histórica que hace de esta corriente filosófica una alternativa que sustenta diversas experiencias políticas”. En Venezuela para buscar la amplia base social y así poder consolidar una postura política levantan un discurso de izquierda, que hemos insistido que se trata en estos tiempos de una nueva expresión del revisionismo —es decir, de una falsedad en su contenido con respecto a su discurso— que produce una condición déspota en su naturaleza estructural.
3. El despotismo parece ser la categoría que de manera más sustancial caracteriza la naturaleza política del régimen que se centra en el principal factor objetivo de la economía: el recurso petrolero como base material que sustenta dicha tendencia en la sociedad venezolana. De allí, la pertinencia de pasearnos por la base concreta del despotismo antiguo. En la antigüedad la propiedad del subsuelo se realiza mediante un propietario superior que hace suya la efectividad de la propiedad colectiva y en consecuencia el individuo resulta desprovisto de su propiedad y fuerza de trabajo por el déspota, en tanto padre de las entidades comunitarias; en otras palabras, de esta manera la riqueza es apropiada y usufructuada. Ello explica que deban existir formas ideológicas que busquen legitimar las condiciones económicas y la concepción filosófica para mantener el orden social. En el caso de Venezuela, la forma como se expresa el despotismo está claramente inscrita en el revisionismo de izquierda que encuentra sus raíces filosóficas en el irracionalismo, corriente que supone una lógica en el comportamiento político que va más allá de las voluntades y de la cultura de quienes lo asumen. De allí que en Venezuela el poder comienza accionando un proyecto personal, que luego se convierte en una idea mesiánica, mitológica, que expresa la deformación de la historia pero sobre todo la deformación del análisis del desarrollo social y político. Esta práctica política está basada en el engaño y en el fariseísmo. Este vendría siendo el problema más esencial del asunto educativo.
Orientación política de la educación bolivariana
El ordenamiento jurídico, el currículo y la pedagogía deben acogerse a las determinaciones generales que hemos expresado. En ese sentido, el diseño curricular que se implementa asume la concepción política e ideológica que se encuentra en la Ley Orgánica de Educación (2009), que marca el horizonte de la práctica que se ha venido impulsando: la LOE traza el objetivo central de lo que se quiere maximizar en el diseño curricular, el cual forma parte de la misma ofensiva que desde hace tiempo se viene ejecutando como el Diseño Curricular Bolivariano (2007), Adecuación Curricular (marzo 2015), Proceso de Cambio Curricular (septiembre 2015), Orientaciones para el Proceso de Transformación Curricular (julio 2016) y ahora la Transformación Curricular (octubre (2016). Esta reforma educativa anunciada al inicio del año escolar 2016-2017 ya se viene imponiendo de hecho y dicha “transformación educativa” sólo vendrá a remachar un hecho cumplido, que le da estructura curricular a lo que vienen haciendo a través de resoluciones y lineamientos; que pese a ser normas de rango sublegal se han convertido en la verdadera reforma legal del Sistema Educativo; llegando a afectar no sólo el campo académico sino también el laboral.
La orientación fundamental de la política es copar definitivamente todos los espacios del sistema educativo, y consecuencialmente tener la hegemonía, el dominio y el control de la sociedad venezolana.
Tres aspectos fundamentales del despotismo que caracterizan la política curricular
1. Fundamento filosófico. El artículo 14 de la LOE nos expresa claramente cuál es el fundamento del currículo; en él está contenida la filosofía política, el horizonte de lo que se ejecutará en el sistema social educativo para articularlo con el resto de la práctica del sistemas político y económico. Tal como se señala, la educación está sustentada en la doctrina de Bolívar que forjará el nuevo republicano en una nueva república y como añadido enuncia estar abierta a todas las corrientes del pensamiento. Con respecto a este basamento, señalamos que la política es formular un currículo que parta de instruir niños, adolescentes y jóvenes centrándose en una personalidad histórica que sirva de plataforma para impulsar un proyecto de poder y control. Reducir los hechos históricos a la acción de una personalidad, por más relevante que ésta sea, es, en primer lugar, tergiversar el estudio histórico y, en segundo lugar, basándose en este error fundamental, edificar una sociedad sobre un camino desacertado. El doctor Manuel Caballero (2006) hablaba de “la conciencia de la vida de los hombres en colectivo, no del hombre glorioso. De allí que estemos encaminados al culto popular de Simón Bolívar sobre la visión de un nacionalismo fundamentalista”. En ese mismo orden, Germán Carreras Damas (2013) nos señala: “Varias veces hemos hablado de los recursos de la anticiencia en el campo de la historia. Nos hemos referido también a la suerte de segunda religión creada y conservada por la historia oficial, expresada preferiblemente en el culto a los héroes. Así mismo hemos puesto de relieve el peso de la conciencia histórica de nuestro pueblo en la cultura nacional, y hemos subrayado cómo esa hipertrofiada capacidad de vibrar bajo el estímulo de la evocación histórica le ha hecho bueno hasta para manejos de indudable intención antipopular. Mi preocupación es por las temibles consecuencias de la utilización del culto heroico para manipular las aspiraciones políticas de la sociedad; y el haber comprendido que para tal fin había sido instaurado el culto a Bolívar como política de Estado, y no sólo del gobierno, mediante su transformación de un culto del pueblo en un culto para el pueblo”.
Fundamentar la educación venezolana en el ideario de Bolívar es falsear la historia y ubicarla en el marco que nada tiene que ver con lo científico. La primera publicación del Diseño Curricular Bolivariano (2007) ya apuntaba a esta posición que garantizaba la visión mesiánica de Hugo Chávez Frías.
Todo sistema educativo que se base en una visión de represor del conocimiento se convierte en un censor, donde la misma tiene sus raíces en la actitud o filosofía que ejercía la Iglesia en el pasado medieval —recordemos la Inquisición— contra toda doctrina contraria a la oficial. Fundamentó la iglesia esta doctrina en la contemplación a Dios que pregonaba Santo Tomás y que a través de la interpretación de la Biblia la verdad sería revelada, por lo que sólo los intérpretes de la Biblia, es decir, los monjes, podían revelar los designios de Dios, los cuales debían ser aceptados sin apelación por toda la sociedad. Galileo Galilei es un ejemplo de esta censura represiva, cuando sin buscar polemizar con la sabiduría de la Iglesia, sino por simple ejercicio científico, afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, planteamiento que fue rechazado por la Iglesia y sometido por la represión inquisitorial, y se le obligó a retractarse, so pena de ir a la hoguera, de la que se salvó, pero no así de la cárcel donde finalmente murió, lo que hizo retrasar 300 años los desprendimientos que pudieron haberse sacado de este conocimiento heliocéntrico y no geocéntrico de la explicación del sistema solar.
Es importante destacar que en uno de los tantos folletos publicados por MVR (2001) se afirma que “el bolivarianismo” tiene sus propios intérpretes ya que no todo el mundo puede serlo, que sólo hay uno fiel a quien —decimos nosotros— le ha sido encargado por la providencia ese derecho casi “divino” de interpretar el pensamiento bolivariano, es decir, la élite del partido de gobierno, cuyo máximo líder indiscutible y a perpetuidad fue Hugo Chávez Frías, Presidente de la República para aquel entonces. Esto es lo fundamental, un aparato ideológico reproductor para generar una conciencia enajenada que llevará a la paralización, a la contemplación social y política y consecuencialmente a la incorporación de los niños, jóvenes y a la postre a toda la sociedad al aparato reproductor de las falsas visiones del gobierno, y en extensión de todo el aparato del Estado. Analizando los textos escolares como instrumento reproductor, caracterizamos que ya en 2003 se presentaron los primeros libros de Historia de Venezuela de 8º y 9º grados donde despliegan el norte o el objetivo doctrinario del aparato educativo en la imagen de Bolívar como el mito de la historia venezolana y el papel del MVR como rector de las luchas sociales de Venezuela y los máximos intérpretes de la imagen de Bolívar. Hoy se sigue profundizando esta visión en los textos escolares Bicentenarios.
En una sociedad donde el poder se ejerce totalitaria y autocráticamente, el individuo queda reducido a una masa obediente manejada a través del líder. El hombre por su propia naturaleza es valioso, digno y respetable, pero si pierde estos cimientos se convierte en lo más parecido a un esclavo, pasa a una condición infrahumana. En otras palabras, el objetivo no es buscar la calidad del hecho educativo, no es la felicidad del niño ni el joven en una sociedad de justicia, sino la reducción de su capacidad crítica en función de un proyecto de control social, desfavorable totalmente para la democracia.
Las investigaciones históricas que ha realizado Giovanni Meza, en particular lo expresado en El Olvido de los Próceres (2012), concluyen en que la historia venezolana fue manejada por intereses políticos que ocultaron los verdaderos próceres de la independencia, de allí que la caracterización despótica del sistema político actual es correctamente determinada.
2. Participación protagónica del docente y la comunidad. Sería erróneo asumir la participación ciudadana que establece el régimen sin centrar el análisis en los resortes y fuerzas propulsoras que están detrás. Carlos Marx manifestaba que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general, por lo que no sería la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que es el ser social lo que determina su conciencia. De allí que la participación ciudadana está estrechamente ligada a la naturaleza del sistema de producción y del poder político.
La diferencia de la teoría marxista a la teoría burguesa es que la primera fundamenta que la participación debe descansar en la práctica de la discusión y el sometimiento a consulta de toda la población de los asuntos más importantes, lo que debe manifestarse en todas las formas representativas del poder del pueblo para la superación de la explotación de la fuerza de trabajo, la opresión y el control político. La teoría y práctica de la burguesía en todo el proceso histórico liberal reducen la participación al voto, mientras se concentran en los instrumentos del poder político la toma de decisiones. El ciudadano no participa por intuición. Su participación política se sustenta en una educación en correspondencia con los intereses de la clase que ostenta el poder político, cuando está orientada en función de la legitimación del orden imperante. Por ello, las instituciones de las que dispone la sociedad para educar cuentan con un contenido político adaptado a cada sociedad, a las clases dominantes de cada sociedad. Es decir, el conocimiento de su organización política, de las relaciones políticas, de sus elementos reguladores, la cultura e ideología política, están mediados por una educación concreta.
Lo que estaría pasando con la Resolución 058 es la configuración de nuevos mecanismos de participación para el control del hecho educativo, organizando condicionamientos para el ejercicio democrático e imponiendo visiones filosóficas, históricas y políticas en los procesos. En otras palabras, es buscar domesticar al pueblo. Se pretende entonces con esta política curricular legalizar y darle carácter formal a las instancias que ya el gobierno ha venido implementando no sólo desde los planteles educativos, sino desde las comunidades, específicamente en los sectores populares, cuya práctica se ha centrado en el desarrollo de las líneas ya trazadas por el poder político central que nada tienen que ver con el ejercicio protagónico de las clases desposeídas de los medios de producción. El protagonismo del pueblo y el poder popular solo están en el discurso, a pesar del manejo de estas categorías que sólo se utilizan para garantizar una participación alrededor de la imagen mesiánica del déspota, por lo que se sustenta en el engaño y se promueve una conciencia anticientífica y antihistórica de la realidad.
3. El Estado Docente y la corresponsabilidad social: Aunque sabemos que el Estado
Docente resume una condición propia del Estado capitalista, queda claro que esta condición no representa una categoría política socialista. Sin embargo, lo nuevo del Estado Docente es la concepción neoliberal de la corresponsabilidad.
Desde 2009 el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez ya venía indicando las tendencias a los cambios de las bases jurídicas en el área educativa para adaptarlas a las nuevas concepciones de “sociedad educadora”, “sociedad pedagógica”, categorías que maneja un Estado que comparte con la sociedad su función única de financiamiento de la educación y una concepción corporativa societaria, una práctica política y económica que ha venido exigiendo el FMI y el Banco Mundial. Paúl Hirst —teórico de la “democracia asociativa” y del capitalismo “humanizado” en las relaciones económicas en un mundo globalizado— hace referencia a la tesis sobre asociacionismo, en el cual el Estado transfiere gran parte de su responsabilidad financiera a las asociaciones voluntarias a través de las figuras cogestionarias y autogestionarias. Por tanto este currículo diluye al Estado Docente compartiendo su responsabilidad en la cobertura social, haciendo un uso fraudulento de la “participación protagónica”.
La educación que proponemos
1. Debemos responder pues en el terreno teórico. La educación que proponemos tiene que ver con una concepción democrática, popular, científica y gratuita. Es decir, una educación para las mayorías, no elitesca, con mayores oportunidades para quienes menos posibilidades tienen, donde lo democrático implique la más amplia participación del pueblo en los asuntos fundamentales del país, en la elevación de la cultura para decidir lo mejor para sus intereses. Una educación basada en la adquisición del conocimiento científico como un proceso reflexivo, crítico, analítico, porque el cambio de conciencia se da en una sana confrontación de ideas, de conceptos en un debate libre y plural. Es contradictorio con esta noción el querer imponer el cambio de conciencia por con decisiones administrativas, con decretos, autoritariamente. Esto último es la negación de la naturaleza del individuo, del ser humano, de la autonomía; el hombre adquiere conocimientos en la diversidad y conociendo las herramientas científicas.
2. En nuestro entender, la educación debe colaborar en el rescate de la ética y la moral pública, en la formación de una nueva cultura ciudadana que rompa con el servilismo, la mentalidad semicolonial, que exalte el patriotismo y la solidaridad, la honradez en la administración de los bienes públicos, la disposición al trabajo y la creatividad en función social; la condena a todo tipo de vicio, despilfarro y afán especulativo. Es la formación de un ciudadano con conciencia de pertenencia hacia los bienes de la nación, que contribuya a restituir el Estado de Derecho para un ejercicio cabal de la justicia.
3. El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez sostiene que la educación venezolana tiene que responder a las necesidades de desarrollo de la sociedad en su conjunto, un desarrollo concebido como un cambio sustancial que modifique las instancias económicas, sociales y políticas de nuestro país, y que siente bases para una nueva sociedad, verdaderamente democrática, participativa, con equidad, donde haya trabajo decente para todos; en la cual el derecho a la salud, educación, vivienda y seguridad sean una realidad para todos los venezolanos. Por lo tanto, nos inscribimos en un auténtico proceso de cambio.
4. Los cambios en la educación son posibles de realizarse si a la par se mejoran las condiciones de trabajo, es decir; las condiciones físicas y ambientales de las instituciones educativas y las condiciones profesionales y pedagógicas para el desempeño docente.
5. Ante lo que planteamos, consideramos que debe abrirse en lo inmediato un espacioamplio de debate en el gremio magisterial sobre las ideas de fondo de lo que dice ser la transformación curricular que el MPPE ya está efectuando; buscando evaluar las realidades del hecho educativo y la implementación misma del currículo. Mientras, es necesario por el bienestar de la ciudadanía, de los educadores y del pueblo que dicha ejecución de transformación curricular sea suspendida.
Movimiento de Educadores Simón Rodríguez
Twitter: @EducadoresMESR Facebook: Magisterio Alternativo Correo: magisterioesm@gmail.com
Blogs: http://moveducsimonrodriguez.blogspot.com
Caracas, noviembre 2016

El Nacional hace un llamado en primera página: “Venezuela está en riesgo de ser un narcoestado”. Esto a propósito del muy grave caso de los sobrinos declarados culpables de conspirar para narcotraficar en los Estados Unidos.
Entre los expertos que consultan las periodistas Natalia Matamoros y Olgalinda Pimentel, está el penalista Alejandro Rebolledo quien dice: “Desde el caso de Walid Makled, la delincuencia organizada gobierna en Venezuela porque tiene el control de la economía.” Por su parte Carlos Tablante, ex presidente de la extinta Conacuid, afirma que “en Venezuela hay una especie de partido militar convertido en una “casta corrupta”, que tiene el control de todas las instituciones, desde las que resguardan las fronteras, puertos y aeropuertos hasta las que manejan las finanzas públicas. Si ha habido empresas de maletín responsables del saqueo cambiario es porque han contado con la complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana y el Seniat. La misma ruta y modus operandi utilizados en este esquema para defraudar al país, seguramente se han usado también para el tráfico internacional de drogas”.
El sociólogo Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, dice a propósito del caso de los sobrinos declarados culpables: “La grabación realizada por la DEA a Efraín Campo revela que el negocio de la droga está en poder de la élite del chavismo (…) Estos grupos actúan en cooperación con miembros de la FANB, que controlan la frontera y facilitan el paso de la droga hacia otros países”.
Lo que dicen estos tres expertos es sumamente grave. Y a todas estas, desde el gobierno, no ha habido palabra. Maduro y su esposa, la madre de crianza de uno de los jóvenes y tía de ambos, solo ha dicho que están “secuestrados” en los Estados Unidos. Es la frase que, como letanía, repiten todos los portavoces del régimen.
Pero hay mucho que explicar sobre la desintegración institucional del estado venezolano. Ayer en el Semanario Siete Días de El Nacional, con la firma de Gabriela Rojas y Carmen Victoria Inojosa, leímos un extraordinario reportaje: “El escandaloso silencio en el caso de los sobrinos Flores”. Allí se nos da un perfil de los delincuentes en cuestión. De Efraín Campos Flores, quien es el hijo de crianza de la primera dama, se dice:
“Efraín Antonio Campos Flores, 30 años de edad, está casado y con dos hijos. El menor nació cuando estaba preso en el Centro Correccional de Manhattan. Según sus declaraciones juradas, tiene una empresa de taxis en Panamá. Ganó más de 10 millones dólares con negocios de petróleo. Tiene un Ferrari amarillo, motos de alto cilindraje, una camioneta Land Rover, un apartamento en La Castellana y otros inmuebles en Caracas, en El Paraíso y El Cafetal. Una finca en Higuerote y seis guardaespaldas entre quienes había Guardias Nacionales.”
Estas frases dejan colar elementos graves y peligrosos que mucho hablan de los niveles de corrupción y podredumbre que han invadido al régimen desde lo más alto. ¿Cómo un joven de 30 años logra hacerse de una fortuna de más de 10 millones de dólares? Alega que fue con “negocios de petróleo”. ¿Mas qué tipo de negocios? ¿Cómo tuvo acceso a los mismos? ¿Forman parte estos negocios de los escándalos de corrupción de Rafael Ramírez y su Pdvsa roja rojita?
Cuando se habla de sus propiedades, del Ferrari amarillo, las motos de alto cilindraje, la Land Rover ¿Dónde hace ostentación de estos vehículos de lujo? ¿En Caracas, en la Miami imperialista? ¿Por qué exhibe semejante derroche el hijo de crianza de la Primera Combatiente? ¿No decía el Comandante que ser rico era malo? Una finca en Higuerote, apartamentos en La Castellana, El Paraíso y El Cafetal, en Caracas, y seis guardaespaldas entre quienes había Guardia Nacionales. ¿Guardias Nacionales activos o retirados? Si es lo primero, la corrupción es aún mayor y amerita más investigación.
Este breve párrafo sobre el joven Campos Flores, dice mucho de la sospechosa oscuridad que rodea al régimen y de la fractura institucional que asfixia, destruye y ensucia a esta Venezuela de todos nosotros. Este pequeño párrafo amerita una larga y muy profunda investigación.
Pero, por lo pronto, solo se escucha el silencio.
Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/135129/millones-de-dolares-millones-de-sospechas
28-11-16 CÉSAR MIGUEL RONDÓN @cmrondon

Apreciación de la situación política # 89
El compás de espera de la mesa de diálogo hasta el próximo 6D para hacer nuevos anuncios de los avances logrados por las cuatro mesas de trabajo acordadas, aunque inicialmente pareciera un periodo excesivo para algunos voceros de la oposición democrática, pareciera que ha obrado a favor de la misma. En una primera aproximación ha servido para bajar los niveles de descontentos que la mala estrategia comunicacional, por parte de los negociadores de la oposición, produjo la reunión del 12/11, pero también, y eso esperamos, estas fallas puedan ser superadas y evitar un ruido mediático que impidan evaluar objetivamente los acuerdos alcanzados. También ha debido servir para mejorar la actuación de los representantes de la MUD nacional en esa instancia.
Pero otros acontecimientos pueden también favorecer a la oposición. La condena a los sobrinos de la pareja presidencial en USA por el intento de introducir drogas en su territorio, acompañada por informaciones comprometedoras de otros funcionarios del régimen en el caso y la pronta acción de la AN para solicitar una investigación en el país, subió los niveles de tensión dentro del gobierno a tal punto que intentaron salirse de la mesa de diálogo. Si no es por el arribo “inesperado” del subsecretario de Estado para Latino América de USA y la no menos “imprevista” visita del señor Rodríguez Zapatero al jefe del régimen por su onomástico pero que obligó, después de dos horas de “cordial” reunión a puerta cerrada, a decir públicamente que el gobierno no se levantaría de la mesa del diálogo, esta salida se hubiese concretado. Sin embargo, quedó en evidencia que el régimen no lleva todas las de ganar en ese diálogo.
El anuncio sorpresivo del fallecimiento del líder de la revolución cubana pudiera ser favorable a la oposición democrática en la mesa de negociación. Aunque el fallecido tenía más de 10 años fuera de la conducción del gobierno en la isla, no implicaba que no fuera una suerte de freno a su hermano heredero del poder, con ideas más liberales para mejorar las condiciones de la población cubana, pero siempre escrutado por el nuevo comandante eterno.
La actual negociación Cuba-USA es probable que se acelere por esta nueva situación y la intención del presidente norteamericano de entregar su mandato con esta negociación finiquitada para evitar que el nuevo presidente electo la suspenda para revisarla, como ya lo ha anunciado. Pero cabe preguntarse ¿Esta negociación afecta el diálogo en nuestro país? Aunque las posibles respuestas pueden ser meramente especulativas, hay quienes no tienen dudas de que nuestro país es un factor considerado en esas negociaciones.
También, en este lapso de tiempo que transcurre, ya el régimen debe saber que su esperado milagro de que los precios del petróleo suban, el próximo año, por encima de los 50 $/barril, es solo una esperanza lejana. Los indicadores apuntan a un promedio de 35 $/barril, cinco dólares por debajo del estimado presupuestario del gobierno para el próximo año. Pero otros indicadores macro económicos están, también lejos, de ser favorables para que el gobierno pueda mantener la frágil gobernabilidad con que, hasta ahora se ha mantenido, para el año 2017.
Esta inviabilidad económica, que debería ser visualizada en la mesa de diálogo, pronto se convertirá en la palanca de cambio para salir del gobierno. Pero la oposición democrática debe aprovechar inteligentemente estos vientos a favor.

En principio, el pasado mes de septiembre en Argelia se suscribió un pre-acuerdo que dejaba el espacio para analizar y proponer un esquema valido para las partes que debería ser aprobado en el marco de la reunión la OPEP fijada para el 30 de noviembre de este ano 2016.
Desde ese momento, ha habido incontables reuniones de expertos, múltiples declaraciones de voceros autorizados de los principales protagonistas, fluctuaciones de mercado marcadas por la incertidumbre, avances y retrocesos, fortalecimiento del dólar y hasta algunas giras y declaraciones de personajes que más se asemejan a los actores de episodios de películas de Tintan y su carnal Marcelo que a hechos y circunstancias que ameritan seriedad.
Se nos ocurre calificar este lapso como un tiempo de aproximaciones recelosas entre aliados y competidores. Tal vez podamos resaltar algunas señales que ilustran el punto.
a) Arabia Saudita y Rusia, dos de los más importantes protagonistas de este posible acuerdo, hace tiempo que mantienen una dura lucha por la preferencia del mercado de China. Los sauditas jugaron duro dejando caer los precios aún por debajo de los 30 $/B, para tratar de obligar a Rusia a cerrar producción y permitir el aumento de su suministro a China. La respuesta de los rusos fue incrementar la producción y ofrecer descuentos a China aprovechando la interconexión vía oleoductos y el diferencial de fletes. Rusia aumento su participación en China y Arabia Saudita, presionada por el financiamiento creciente de una guerra en Yemen basada en mercenarios, se monta en el carril del aumento de precios. Sin embargo, la competencia no ha terminado y promete nuevos episodios de confrontación comercial. Además, Rusia fortalece su posición comercial en India y su presencia política en Siria.
b) Irán esgrime como argumento para no cerrar producción que debe ser permitido su crecimiento hasta el nivel que mantenía antes de las sanciones económicas que le fueron aplicadas. Nos parece que será muy difícil a corto plazo para Irán lograrlo, ya que su capacidad de operación y financiera esta mermada y requiere la presencia de empresas transnacionales que también aporten capital. Entretanto, el argumento sigue siendo usado como instrumento para negociar mejores condiciones en el posible acuerdo.
c) Irak, ha dicho de manera reiterada que no firmara un acuerdo hasta no alcanzar su meta de producción establecida para el 2017 y que implica el cumplimiento de varios acuerdos con empresas transnacionales para el desarrollo de nuevos yacimientos que le permitirá elevar su producción hasta 4 millones 800 mil barriles a mediados del próximo ano.
d) Libia y Nigeria, también han expresado su negativa a suscribir un acuerdo de cierre, ambos países buscan restablecer su capacidad de producción y exportación, sensiblemente mermada por la guerra y los atentados terroristas. Esto podría significar un aumento de 1 millón 200 mil barriles por día.
e) Por su parte, en los Estados Unidos la actividad de taladros ha venido incrementándose de manera lenta pero constante. Esta semana la empresa Baker Hughes ha adelantado la publicación de sus datos semanales: el número de plataformas en EE.UU ha subido hasta 473. Estamos claros que en la medida que aumente el precio aumentaran os taladros activados y por ende, la producción.
f) Existe como contrapartida un llamado de alerta de petroleras que cotizan en la Bolsa en todo el mundo que han recortado su producción de crudo en un 2,4% en lo que va de 2016, en medio de una de las peores desaceleraciones de la industria En el tercer trimestre de este año, la producción agregada de 109 firmas que cotizan en bolsa y que generan más de un tercio del petróleo mundial bajó en 838.000 barriles por día respecto al mismo período del año pasado a 33,88 millones de bpd, según datos de Morgan Stanley. Ejecutivos petroleros y la Agencia Internacional de la Energía han advertido que una caída brusca en la inversión global en petróleo y gas llevaría a un déficit del suministro para fines de la década.
g) Al momento existe preocupación también por el lado de la demanda, en especial en relación a China que ha mostrado en los dos últimos trimestres una desaceleración en sus exportaciones, sin que se tenga clara la causa. En todo caso, ha inquietado al mercado.
A todo esto le sumamos que Arabia Saudita, principal productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, informó al grupo que no asistirá a conversaciones con países ajenos a la OPEP programadas para el próximo lunes, ya que quiere enfocarse en lograr primero un consenso dentro de la Organización. La reunión del 28 de noviembre estaba programada para discutir en Viena el aporte de los productores que no son miembros de la OPEP para limitar la oferta. Los ministros de los países de la OPEP se reunirán el miércoles para cerrar un acuerdo. “Hay una carta oficial de Arabia Saudita diciendo que no asistirá a la reunión porque los ministros deberían acordar el corte y luego presentar el acuerdo a países fuera de la OPEP”, según vocero autorizado en Viena.
Por supuesto existen muchos otros elementos que están sobre el tablero y que complican la toma de decisiones. En todo caso, como hemos venido sosteniendo, nos sorprendería que llegue a un acuerdo el día 30 de noviembre y estamos conscientes que podemos equivocarnos. Sin embargo, no olvidemos que luego de ser firmado, en caso que ocurra, vendrá la parte más difícil garantizar el cumplimiento.
Más que un juego de póker, esto se asemejará a un juego de truco, entre connotados picaros.
Como punto aparte estimamos que será difícil que el promedio del año del precio del crudo venezolano, muy influenciado por el Merey 16 supere los 35 $/B, lo cual significa 5 $/B, por debajo del precio establecido en el presupuesto, el cual ya resultaba abiertamente deficitario y que consideraba un volumen de exportación bastante mayor al real. De modo que, nada alentador el cierre del año desde el punto de vista de ingresos y peor, si lo vemos de los ingresos netos, mermados por mayores costos de producción, aumento del volumen de importación de crudos y de gasolina
https://www.lapatilla.com/site/2016/11/26/las-posibilidades-de-un-acuerd...

En un país de franco desconocimiento a la legalidad y a sus mandatos, en el cual se impone como propuesta de consenso sentar las bases del respeto a la ley, a la igualdad de todos ante esta, así como la proscripción de la arbitrariedad y el abuso de funciones, se ha sacralizado la expresión del “desacato” como máxima trasgresión que materializa la desobediencia a la autoridad legítima, constituida en beneficio de todos. Insisto, por ello, en el tema.
Por lo demás, la gravedad de la conducta que encierra el desacato sería de tal importancia y trascendencia que no se repara simplemente corrigiendo el hecho que lo originó, sino que, al parecer, exige que se deje constancia por escrito de un “acuerdo de acatamiento al TSJ”, especie de juramento de obediencia, declaración de fidelidad o compromiso de absoluto sometimiento y respeto a cualquier decisión que dicte el máximo tribunal.
Se trataría, en otras palabras, de hacer efectivo un acto de fe en la palabra del árbitro, que no puede ser exigible en un Estado de Derecho, en el cual los jueces deben ajustar su conducta a la ley y tienen también responsabilidad por sus decisiones, pudiendo ser calificados de nulas o ineficaces, si hay usurpación de funciones o son susceptibles de ser objeto de sanciones disciplinarias y penales, de acuerdo a lo previsto en el texto de nuestras normas.
Pero, cabe además señalar que, como lo sostiene Ferrajoli, más allá de las formas de responsabilidad jurídica, la principal garantía de control sobre el funcionamiento de la justicia es la responsabilidad social que se expresa en la más amplía sujeción de las decisiones judiciales a la crítica de la opinión pública, por supuesto debidamente motivada y la exposición imprescindible del juez a esa crítica pública, fundamento de su legitimidad.
Contra esta concepción del control, vigilancia y crítica de las sentencias, se alza el mito del desacato, esgrimido ahora, sin discreción ni miramientos, para descalificar cualquier censura o rechazo a decisiones del máximo tribunal o de tribunales de instancia.
Resulta inaceptable una decisión de un juez penal ordinario que desconozca, por una medida cautelar, un derecho ciudadano, sin relación alguna con el proceso que conoce y la sujeción a este; resulta inaceptable que la propia Sala Constitucional se erija en tribunal penal para juzgar por un “delito” que asume que no es tal, ignorando la voluntad del pueblo; resulta inaceptable que se desconozcan las atribuciones de otro poder y se consideren nulos sus actos; y es inadmisible que se pretendan marginar prerrogativas constitucionales otorgadas a los diputados para garantizar la representación popular.
Una vez más, por otra parte, se impone desmontar el mito del “desacato” prácticamente erigido en crimen de lesa majestad.
Los desacatos sancionables no son desobediencias genéricas ni mucho menos figuras delictivas que, cual cajón de sastre, puedan contener las más diversas muestras y recortes.
En el ámbito sancionatorio penal –es necesario recordarlo de nuevo– existe el desacato a un mandamiento de amparo (Art. 31 de la Ley de Amparo); el desacato a la autoridad de la LOPNA (Art. 270); la desobediencia a la autoridad como falta (Art. 483 del Código Penal), solo aplicable a incumplimiento de medidas de carácter general; y solo se sanciona como ilícito administrativo, con una multa, el desacato a órdenes o decisiones de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 122 de la Ley del TSJ); hechos todos -con respecto a los diputados- que solo pueden ser enjuiciados una vez allanada la inmunidad parlamentaria por la Asamblea y previo el antejuicio de mérito.
aas@arteagasanchez.com
El Nacional. 27 de noviembre 2016