Habiendo desarrollado en la pasada entrega lo relacionado a la constitucionalidad, legalidad y legitimidad que rodea tanto el origen, la instalación y el posterior funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que se ubicó en el exilio (TSJ Legítimo en el exilio), por razones que el derecho internacional público moderno califica como de “Estado de Necesidad Constitucional”; me corresponde ahora referirme al proceso judicial que se llevara a cabo con el propósito de determinar si, de acuerdo a la denuncia hecha por Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la República, Nicolás Maduro Moros está incurso en la comisión de graves delitos de corrupción propia y legitimación de capitales castigados expresamente por el artículo 64 del Decreto con Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En consecuencia, son varios los aspectos que hacen “especial” este nuevo escenario que deberá enfrentar el régimen madurista, pues en primer lugar, no es un juicio político que a su gestión se hará. Será el examen jurisdiccional que, confrontando su conducta con elementos abstractos y técnicos previstos en las normas penales, se hace por vez primera de manera imparcial, examinando el comportamiento de quien como Canciller, manejó una esfera directa de intereses y compromisos públicos y posteriormente, como Presidente, administró la hacienda pública nacional.

Por primera vez, el régimen de Maduro se enfrenta a la justicia y lo hace gracias a una simple querella penal, que paradójicamente, tendrá no solo repercusiones nacionales sino también internacionales. Maduro se enfrenta a la justicia que aplicaran venezolanos –con suficientes credenciales para hacerlo y debidamente designados por el Parlamento Nacional en un proceso pulcro- quienes como Magistrados legítimos han invocado la Justicia Universal, en virtud de la aplicación de un Pacto Internacional (la Convención de Palermo) suscrito por Venezuela a finales del año 2000 -en la ciudad siciliana de Palermo, Italia- junto a otros 170 países de los 189 miembros de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), quienes de manera mancomunada pactaron luchar en bloque contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta Convención es Ley para nosotros, forma parte del derecho interno venezolano, porque nuestra constitución así lo dispuso cuando en su artículo 23 señaló que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (…)”.

Estamos haciendo referencia en consecuencia, no solo a una simple querella penal contra un alto funcionario venezolano; realmente nos referimos a algo que constitucionalmente traspasa nuestros espacios habituales de lucha por el respeto al derecho. Estamos haciendo referencia en definitiva a la aplicación de la Justicia Universal –aquella que no solo castiga los típicos delitos de lessa humanidad (tales como genocidio o exterminio de grupos humanos) sino también de manera especial, la delincuencia transnacional organizada, la participación en grupos –públicos o privados- organizados, el “lavado” o “blanqueo” de dinero, la corrupción y la obstrucción de la justicia –tales como el uso de medios coercitivos, amenazas o intimidación, para alterar testimonios u otro tipo de evidencia en las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o administrar justicia- tal como lo señala expresamente los artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención de Palermo. Para este pacto internacional (ley interna en Venezuela) la corrupción debe ser tratada como un crimen, cuando exista algún tipo de vínculo con la delincuencia organizada transnacionalmente, y en el continente americano hoy en día no hay duda de que precisamente eso era lo que existía detrás de la empresa Norberto Odebrecht, S.A.

La querella penal arrancó con la denuncia formulada por la Fiscal General. Después del examen preliminar que el TSJ-Legítimo en el exilio realizó sin ninguna consideración de fondo sobre la culpabilidad de Nicolás Maduro en los hechos contenidos en la denuncia, habiéndose declarado debidamente procedente el antejuicio de merito, la Asamblea Nacional (AN) procedió a impartir su autorización correspondiente –art. 266.2 constitucional- para continuar el proceso de la querella penal.

Las fases por la que ahora debe discurrir la causa penal en el TSJ Legítimo ubicado en el exilio contra Maduro son cuatro, a tenor de lo previsto en la ley especial que rige la materia procesal penal (Código Orgánico Procesal Penal) a saber, la preparatoria, la intermedia, la del Juicio oral y la sentencia y por último, la fase de ejecución o cumplimiento de la sentencia. Las averiguaciones que abrieron la fase preparatoria en la que nos encontramos, se inició con una investigación preliminar abierta por la Fiscalía General de la República en el año 2015, referida a irregularidades en ejecución de una obra de infraestructura en el Estado Zulia, conocida como el “Segundo Cruce sobre el Lago de Maracaibo”. Esta averiguación vinculó desde su inicio a la empresa Norberto Odebrecht, S.A., como una de las personas principalmente sospechosas de delitos económicos contra la nación. La Dirección Contra la Corrupción a la Fiscalía 55 Nacional Plena, obtuvo en esa oportunidad información de un grupo de obras públicas que adicionalmente no han sido culminadas, así como de otras y otras que jamás se llegaron a ejecutarse en el país, contratadas a la empresa Norberto Odebrecht, S.A. cuyo monto, según lo narrado en las actas fiscales que forman parte de las pruebas aportadas por Luisa Ortega, fue estimado en esa oportunidad, por la cantidad de Dos Billones Quinientos Mil Millones de Dólares (USD $2.500.000.000.000,Oo). Consta en las actas presentadas públicamente por la fiscal al TSJ legítimo ubicado en el exilio, la declaración de Euzenando Prazeres Azevedo, presidente de la empresa Odebrecht, para aquel entonces, en la que afirma, que el Gobierno de Nicolás Maduro significaba para “su compañía” una “prioridad para la destinación de los recursos financieros extraordinarios”. Igualmente consta en esas actas, la manera en que públicamente el régimen de Maduro impidió y obstaculizó el examen político y técnico al cual constitucionalmente estaba obligada realizar la AN, para controlar los pagos, y las previsiones presupuestarias que realizó el ejecutivo en el desarrollo de las contrataciones de dichas obras públicas; llegando al descaro de solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia –el mismo que internamente quedó desconstituido desde el 21 de julio del 2017 cuando 13 de sus miembros fueron removidos soberanamente por la AN por ser Magistrados exprés- mediante recursos de interpretación y nulidad, que los autorizara a no informar a la AN sobre los desembolsos efectuados por esta empresa al régimen, quedando estos pagos como transferencias no contabilizadas ni avaladas por el poder legislativo nacional. Y así fue declarado por los chicos de la banda de dos pilitas.

@PerkinsRocha

Con voz propia

El título de este comentario es una pregunta que dejó de ser de las 64 mil lochas (octava parte de la que fue nuestra unidad monetaria), expresión popularizada en el programa Monte sus Cauchos.. de la RCTV clausurada hace 11 años. La cifra equivalía a Bs 8 mil, suficientes para adquirir un lujoso carro. Gobiernos democráticos del mundo que enternecidos por la crisis humanitaria a la cual nos somete el castrense narco régimen, que de castrista pasó moscovita. A los viajes a Rusia del Presidente Nicolás Maduro (NM) y del General MinDefensa, de nombre atractivo en la cuna del comunismo, Vladimir Padrino, siguió la camarada rectora del Concejo Electoral Tibisay Lucena a quien ofrecieron enviar delegación a la crisis comicios del 20 de mayo.

Su periplo incluyó a Etiopía y Túnez. Nada le importó las 28 naciones de Unión Europea, ni el análisis de la OEA, que en consejo permanente extraordinario convocado a petición de Washington y 11 miembros del Grupo de Lima. Ya en febrero se aprobó instar a cancelar esas elecciones y presentar un "nuevo calendario" para unos comicios "con todas las garantías" democráticas.

Como un hecho dan la reelección del funesto mando. El comisario general del Sebin, Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana y Periurbana, jefe de los CLAP y protector del Táchira, afirma que NM “se queda para largo”.

Embriagado por el triunfalismo Henry Falcón (HF) declara que “Quien va ganando no se retira”. Su asesor Francisco Rodríguez, recurre a las encuestas que le dan entre 10 y 15 puntos. “NM está tan mal que puede llegar de tercero”.

Para el analista Juan Luis Hernández Machado, HF es mucho mejor en las encuestas que en los resultados electorales. Perdió su reelección como Gobernador de Lara por la más alta diferencia de votos a favor del oficialismo. La candidata paracaidista de NM, sin liderazgo regional le derrotó con una diferencia de más de 140 mil votos.

En artículo Por qué aspiro a la presidencia en Venezuela publicado en The New Times, HF expone alegatos coincidentes con quienes decidieron no participar en el proceso.

“Abuso de poder del régimen hace inviable unas elecciones libres y justas. Tienen razón en denunciar (que) NM persigue a líderes de oposición, suspendió partidos, llenó instituciones electorales con sus partidarios y usa descaradamente recursos públicos en su campaña. Las elecciones presidenciales sucederán en un campo de juego inclinado a favor del gobierno”

Califica de legítimas las preocupaciones que “nuestra participación legitime un proceso fraudulento. También temen que pueda decaer el apoyo internacional que hemos logrado…Y si el régimen decide robarse esta elección, que cuente con que me encontrará en las calles, al lado del valiente pueblo, luchando para que se respeten los resultados”.

Se ha polarizado la elección presidencial entre NM y HF y se subestima a los otros candidatos: Javier Bertucci, Luis Alejandro Ratti y Reinaldo Quijada.

Juan Cruz, asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump: dice que: “no aconsejaríamos un golpe de estado, pero tampoco está descartado”. Propuso “negociaciones multilaterales”, un “gobierno de transición” y castigo para “cierta gente”.

Interrogante del titular del comentario responde a la mudez de líderes que se dicen de la oposición.

Dando por descontado el final del inconstitucional proceso convocado por una fraudulenta constituyente rechazada mundialmente, la meta del 21 de este mes es salir de la dictadura militar inmadura, la cual quedará deslegitimada.

Deseamos cese del protagonismo individual y grupal y que se concrete frente único de lucha en todo el país, porque el hambre no está centralizada en Caracas.

Al MARGEN. Se van del país a “lavar pocetas”, dice el sumiso militarista Nicolás Maduro. Antes de ingresar a la corrupta burocracia el paisano ser jamás había sabido lo que es sudar la frente para ganarse la vida. Por algo lo llamaban reposero.

Jordanalberto18@yahoo.com.

​​​Tu biografía, sí.

Tu historia personal.

Ahí tienes una de las más poderosas armas de lucha política.

Siempre y cuando, claro, sepas transformar tu biografía en una narrativa simple y fácil de comprender. Una narrativa que se conecte con las emociones del electorado.

Los psicólogos siempre decimos que uno de los grandes objetivos de la psicoterapia es que el paciente logre hacer de su vida un relato soportable.

No varios relatos sino uno.

Un relato que sea soportable.

Una narrativa que se pueda portar, que se pueda sostener, que se pueda transmitir.

Y el votante también necesita eso de parte del político.

Un relato soportable.

Claro. Creíble. Comunicable.

Un relato sobre la vida del político que le permita, al votante, comprenderlo y hasta identificarse de alguna manera con él.

Un relato con algún punto de contacto entre ambos, político y votante.

Es como si las posibilidades de votar a un candidato se multiplicaran varias veces en la zona de intersección entre esas dos narrativas: la que construye el votante sobre su propia vida y la que ofrece el candidato respecto a su biografía.

Piensa en campañas electorales exitosas que recuerdes y verás, de inmediato, una biografía transformada en narrativa.

Una biografía convertida en una de las más potentes armas de persuasión masiva.

https://maquiaveloyfreud.com/tu-biografia-puede-ser-un-arma-de-persuasion-masiva/

Un ejemplo

https://maquiaveloyfreud.com/la-estrategia-de-obama-para-ganar-la-presid...

Es absolutamente contundente la argumentación de parte y parte, de los que plantean la no participación y de los que llaman a votar por Henry Falcón –nótese que a los abstencionistas ni siquiera los menciono– que nos lleva a un empate técnico, que aparenta no tener solución ni salida.

Quienes abogan por la no participación alegan que no hay condiciones electorales democráticas; eso es indiscutible: candidatos presidenciales opositores inhabilitados, exilados o presos, partidos opositores ilegalizados o no reconocidos, millones de votantes en el exterior sin posibilidad de ejercer su derecho, adelanto de la fecha a conveniencia de la dictadura que imposibilita que la oposición pueda organizarse, lapso ilegal y corto –de menos de tres meses– entre convocatoria y fecha de elección, “árbitro” descaradamente parcializado, coacción de electores con amenazas de despidos y quitarles subsidios, compra de votos con el carnet de la patria y la cruel manipulación del hambre, la descarada afirmación del gobierno de que no entregará el poder, etc. ¿Se pretende que en estas condiciones participemos en estas “limpias” elecciones legitimando todas estas irregularidades?

Por otra parte, dicen quienes llaman a votar, que bien vistas las cosas, ¿Cuándo, desde 1999, ha habido condiciones electorales limpias? Agregan que ante la aguda crisis económica y humanitaria, el régimen está en su más bajo nivel de popularidad, que todas las encuestas indican un alto porcentaje de venezolanos dispuestos a participar para derrotar a la dictadura, que la abstención nunca ha conducido a nada y quiérase o no, quienes la apoyan no plantean ninguna vía alternativa, ninguna acción, nada; alegan, con toda razón que solo la vía electoral es un remedio definitivo, por suponer que la participación y el apoyo popular, es la base para comenzar a construir sólidamente un nuevo país o reconstruir éste que se nos está deshilachando en caída libre.

En efecto, de parte de la oposición que llama a no participar, solo hay vagas y esporádicas convocatorias a eventos y protestas, que no concitan respuestas masivas, no presentan una alternativa de poder y un proyecto de país que inspire y movilice; solo hay una efímera actividad de búsqueda de apoyo internacional, necesario, del cual no se puede prescindir, pero que no va a solucionar nada, porque históricamente nunca ha solucionado nada.

Cuesta trabajo reconocerlo, pero solo quienes apoyan el llamado a participar están proponiendo una vía positiva de acción: votar, que es por lo menos hacer algo, más allá de cruzarse de brazos y permanecer en la inercia, la frustración y la desesperanza en la que estamos sumidos.

Esto por el momento pareciera que no tiene salida. Es un juego trancado, un callejón ciego, que parece conducirnos a la “victoria” de la dictadura el 20 de mayo. Cuidado si a su consolidación. La abstención y la no participación no sacarán a la dictadura y tampoco lo harán los que voten por Henry Falcón, eso es un resultado cantado, que no es secreto para nadie. Al no haber un triunfo opositor, masivo, que le sea arrebatado a las mayorías, que impulse una “revuelta popular” para restituir el despojo y que provoque una represión masiva del régimen, no hay ni siquiera justificación para una intervención militar, interna, –de una FANB que por otra parte está cómodamente adormecida sobre los millones de dólares que recibe del régimen– mucho menos para una intervención internacional, armada, de unos supuestos “marines” que esperarían en Panamá un chasquido de dedos que los lance a “liberar” el país.

A pesar del hambre y la ausencia de medicinas, de servicios de todo tipo y con una hiperinflación galopante, acompañada de carencia de efectivo –no hay que comprar, pero tampoco con que hacerlo– el país esta sospechosamente tranquilo. Al parecer por mucho menos, Nicaragua ardió durante varios días; y por menos igualmente de lo que aquí ha ocurrido han volado por los aires de la revuelta popular dictaduras de todo signo alrededor del mundo. Habrá que reconocer al chavismo que algo sí ha sabido hacer: reprimir eficientemente, adormecer conciencias, eliminar valores, judicializar la política, controlar al país para que no se mueva ni una hoja.

Las probabilidades de presiones internas que lleven a la dictadura a “recapacitar” o renunciar son nulas. Sus seguidores tienen demasiado que perder, el costo de dejar el poder es demasiado alto; se trata de fortunas mal habidas, sí, de proporciones grotescas y cada vez les quedan menos lugares en el mundo donde disfrutarlas; por lo tanto, la opción es disfrutarlas aquí, con descaro, sin disimulo. Creando una burbuja para ellos. Se aferrarán al poder con manos y dientes, pero sobre todo con represión y chantajes. Solo la violencia del malandraje, que no repara en “color” de simpatías políticas, puede perturbar algo esa posibilidad; pero de nuevo, para eso si funcionará la represión, para proteger esas “fortunas”; y si no, en última instancia, esas “fortunas” sabrán comprarle el espacio de coexistencia al malandraje que han creado.

¿Qué hacer, entonces, que viene ahora? He aquí una propuesta de “Agenda mínima”, para iniciar la discusión y la reflexión: Lo primero es asimilar las derrotas sufridas en 2017 y pasar la página; pero tener conciencia de que con eso no resolvemos el problema de sacar a esta oprobiosa dictadura de manera inmediata; para ello es preciso organizar la resistencia frente a la escalada de la dictadura, con partidos políticos y dirigentes modernos y renovados y construyendo un movimiento ciudadano, militante, contra la dictadura.

@Ismael_Perez

Ulises venció múltiples obstáculos para regresar a su Ítaca, donde lo esperaban Penélope, sus tierras y su perro ¿Querrán regresar al país los millones de venezolanos que tuvieron que huir, unos por la persecución política, otros por el acoso del hampa incentivada por el régimen o por la ineptitud y corrupción del mismo, que ha ocasionado escasez de empleo, de medicinas, comida, repuestos, agua y energía eléctrica? Unos han sido exitosos en el exterior, después de comerse las verdes. Otros no tanto, pero sienten que están mejor que en su destruido país y aspiran a mejorar gradualmente.

Quienes tuvieron que buscar refugio en otros lares en tiempos de Guzmán Blanco, aspiraban regresar porque el autócrata había realizado obras, al menos en Caracas, que hacía atractivo el retorno. Por ello, leemos con emoción la “Vuelta a la Patria” de Pérez Bonalde, quien retornó pese a tener éxito en Europa. ¿Estarán algunos ansiosos de instar al postillón a “agitar el látigo” para apresurar la llegada, como narra el bardo?

Juan Vicente Gómez obligó a muchos a irse al exilio. Todos ellos estaban ansiosos de regresar después de la muerte del dictador. Estaban enterados de que se habían construido numerosas carreteras que comunicaban todo el país y que un nuevo maná, llamado petróleo, permitía un crecimiento acelerado.

El dictador Pérez Jiménez exilió a muchos venezolanos. Todos regresaron, no solo porque había vuelto a florecer la democracia, sino porque el oro negro había proporcionado un crecimiento vertiginoso. Venezuela se constituyó en el Dorado para millones de inmigrantes, los cuales dieron un impulso importante a nuestro país. Una excelente amiga, gran luchadora, cuenta que en esa época su padre vasco se vino a explorar aquí la posibilidad de una nueva vida y, a los pocos días, escribió a su familia que se viniera lo antes posible ya que “esto es un paraíso”.

Hasta mitad de la década de los setenta fuimos un polo de atracción. Los grandes errores cometidos en la política económica y la mentalidad rentista de los venezolanos propiciaron el declive. Se impuso la molicie sobre el hábito del trabajo. La sobrevaluación del bolívar permitió darnos lujos no acordes con nuestra baja productividad. Los proyectos de la Gran Venezuela de Carlos Andrés se basaron en la premisa de que el precio del petróleo aumentaría indefinidamente y por ello era conveniente endeudarse. Es decir, el mismo pensamiento de Chávez, quien predicaba que el precio llegaría a doscientos dólares el barril.

Como el crecimiento planteado no era sustentable, empezaron a quebrar empresas que no tenían ventajas comparativas, ni competitivas. Ante el aumento de la población y de las necesidades, el ingreso petrolero ya no alcanzó para satisfacer los requerimientos. Se incrementó la pobreza. Se acabó la “ilusión de armonía”, como advirtieron Naím y Piñango.

Con el ascenso al poder de una cuerda de resentidos, ineptos y corruptos, que todavía no digieren la caída del Muro de Berlín, ni la apertura capitalista de Rusia y China, el país entró en una espiral de deterioro. Quebraron todas las empresas del Estado, inclusive la gallina de los huevos de oro, debilitaron al sector privado y lograron establecer una dictadura totalitaria ligada al narcotráfico y al terrorismo islámico. Como consecuencia, se ha producido una diáspora nunca vista en nuestro país. Inicialmente, por persecución política, se tuvieron que ir los petroleros. Poco a poco empezaron a emigrar médicos, profesores y otros profesionales. Ahora se están yendo plomeros, electricistas, carpinteros y cualquiera que tenga la posibilidad, inclusive algunos malandros.

¿Será posible recuperar a Venezuela y que al menos parte de esa diáspora regrese? Creemos que sí. Una vez que hayamos salido de este régimen por la vía que sea, pero será necesario que la mayoría de nuestros políticos cambien de mentalidad. Que tengan el coraje de reconocer que el Estado es un fracaso como administrador de empresas y que el sector privado no es mandinga. Es decir, tendrán que privatizar todas las empresas, además de disminuir drásticamente el número de empleados de la administración pública. Aceptar el ingreso de inversión privada, solicitar nuevos préstamos, dar prioridad a la agricultura y a la pequeña y mediana industria. Mejorar la seguridad personal y jurídica. Castigar la corrupción. Crear confianza y sincerar la economía.

Los ciudadanos de a pie deben aceptar que es necesario trabajar muy duro, que deben exigir derechos, pero también cumplir deberes. Que ya no hay campo para la “viveza” criolla. Maduro, corresponsable de la emigración, ahora ofrece un programa que llamó “Vuelta a Venezuela”. Desde luego que mientras él y su pandilla sigan en el poder nadie regresará. Una vez que salga, sí será posible recuperar a Venezuela. No será fácil y requerirá mucho tiempo, pero se pueden crear las condiciones para propiciar el regreso a Ítaca.

Como (había) en botica:

Venezuela debe pagarle a la petrolera Conoco-Phillips algo más de dos mil millones de dólares. No solo perdimos innecesariamente esa suma, sino también a un buen socio y todavía está pendiente otro arbitraje.

Repudiamos las torturas y encarcelamiento a Vasco Da Costa ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Según lo cuenta una antigua parábola, hubo una vez una competencia entre dos pianistas. Después de escuchar al primero, el jurado otorgó el premio al segundo pianista. No había necesidad de escuchar más, ya que ¿quién podría ser peor?

Esta misma lógica parece aplicarse a las alianzas público-privadas (PPP, según su sigla en inglés) creadas para proporcionar infraestructura como vialidad, energía eléctrica, agua potable, aeropuertos, o el desarrollo de zonas turísticas importantes. De hecho, es esencial escuchar a los dos concursantes, y evaluar sus fortalezas y debilidades.

El primer pianista es la provisión pública, la cual enfrenta dos problemas: uno de incentivos (o de corrupción) y el otro presupuestario. El de incentivos obedece al hecho de que cuando un gobierno licita un proyecto vial, la empresa que gana la licitación puede escatimar esfuerzos porque se quedará con lo que ahorre. Es posible que hasta comparta esos ahorros con los funcionarios gubernamentales encargados de supervisar el contrato. El problema presupuestario se deriva de que hay un límite a la cantidad de deuda que un gobierno puede contraer de modo seguro, puesto que para repagar la deuda tendrá que imponer impuestos futuros. En consecuencia, muchos proyectos valiosos deben ser postergados.

Entra el segundo pianista. Supongamos que el proyecto es una ruta estructurada como una carretera con peaje, con una concesión a 20 años. Esto parecería resolver tanto el problema de incentivos como el de presupuesto. Si el contratista escatima esfuerzos en la construcción de la carretera, tendrá que hacerse cargo de los mayores costos de mantenimiento que esto genera, lo cual supuestamente le inclinará a construir con buena calidad. Asimismo, tendrá un incentivo para manejar la operación de manera eficiente, dado que se quedará con lo que ahorre. Además, como el peaje financiará el proyecto, este no tendrá que estar sujeto a restricciones fiscales.

Liberar a un proyecto de restricciones presupuestarias puede hacer maravillas. En Liberia, alrededor del 73% de la población posee teléfono celular, pero solo el 9,1% dispone de energía eléctrica. Esto obedece a que la electricidad en Liberia se financia principalmente con recursos presupuestarios, mientras que la telefonía celular está en manos del sector privado. Cuando los proyectos se estructuran de tal modo que sus usuarios los costean a través del pago de tarifas o peajes, los mercados pueden llevarlos a cabo. Las cosas marchan mucho más lento cuando son necesarios los escasos recursos presupuestarios.

De modo que parecería que el ganador es el segundo pianista. Sin embargo, la vida es más complicada que la parábola, debido a los problemas que se presentan en el curso del proyecto.

La primera pregunta que debe contestar un proyecto es si se trata o no de una buena idea. La respuesta a esto requiere de un proceso de evaluación o de pre inversión que puede ser costoso, y cuyo resultado quizás no sea mejor que un buen estimado, lo que deja numerosas incertidumbres.

Por ejemplo, en la fase preliminar de un proyecto vial, se desconocen total o parcialmente factores como la geología relevante para el diseño y construcción de la carretera, la cantidad de tráfico que ella tendrá en el futuro, su impacto ambiental, y la reacción de las comunidades circundantes. La mayoría de los países en desarrollo que yo conozco, gastan demasiado poco en la preparación de buenos proyectos. Cuando el sector privado hace la pre inversión, transformar esas ideas en proyectos financiables suele ser difícil, dado que ello involucra numerosas decisiones o acciones por parte del sector público que son difíciles de coordinar.

Entonces, supongamos que se aprueba un proyecto vial para una carretera con peaje, se redacta el contrato de concesión, y se presentan empresas a la licitación. Las empresas participantes necesitan planear para dos fases: ingeniería, procura y construcción (EPC, por su sigla en inglés) y una fase más larga de operación, cuando se recaudan los ingresos provenientes del peaje y se recuperan los gastos incurridos y los beneficios previstos.

Existen numerosas incertidumbres en ambas fases, pero especialmente en la EPC, que puede durar de 3 a 7 años, dependiendo del proyecto. Dados los riesgos de esta fase, los mercados de capital exigen que su financiamiento provenga más de capital que de deuda, y esperan una tasa interna de retorno que suele llegar al 18% o más. Una vez que termina la construcción y la ruta entra en operación, los menores riesgos y los flujos más estables de ingreso permiten una financiación con un mayor porcentaje de deuda, lo que permite participar a inversores más conservadores, como fondos de pensiones, que esperan un rendimiento del 5 al 7%. Esto permite que los inversores iniciales retiren su dinero.

Es decir, el proyecto conlleva una ingeniería financiera bastante sofisticada. Por lo general, estos planes no se pueden poner en práctica a menos que el gobierno otorgue garantías contra los riesgos geológicos o de tráfico. La negociación de estos acuerdos suele añadir cuatro años al proyecto –para llegar al llamado cierre financiero– antes de que se efectúe cualquier trabajo físico. Además, es tal la cantidad de detalles que es preciso negociar y supervisar, que los funcionarios gubernamentales tienen abundantes oportunidades para incurrir en actos ilícitos.

Esto significa que en realidad no desaparecen los problemas de incentivos ni los presupuestarios que supuestamente iba a eliminar el segundo pianista. También significa que existen razones contundentes para que los proyectos financiados con fondos privados se vuelvan significativamente más caros, dado el mayor costo del capital, y para que finalizarlos lleve mucho más tiempo. Todavía más, el segundo pianista tampoco elimina la necesidad de contar con un Estado competente y honrado, capaz de diseñar y gestionar proyectos de tanta complejidad. Sin embargo, puede que esta no sea la mejor manera de emplear las escasas capacidades del gobierno.

Una alternativa consiste en concentrar el papel del sector privado en las últimas fases del proyecto. Puede que la mejor opción sea que el gobierno construya la carretera y venda la concesión para su operación y mantenimiento. Esto permite que el gobierno retire sus fondos y reinvierta los recursos en pre inversión y EPC, reciclando así el escaso capital público de manera más rápida, y también dejando fuera las partes más caras y más lentas de la participación privada.

Para que el gobierno logre que sean financiables otros proyectos, como el desarrollo de zonas turísticas importantes, debe incurrir en fuertes gastos de pre inversión y de infraestructura pública. La recuperación de estos fondos implicaría participar en el proyecto o coinvertir con el sector privado a través de algún vehículo de financiación que también gestione el proyecto en nombre del gobierno.

Esto requiere disponer de capacidades institucionales que muchos países no tienen y que la comunidad internacional no ha impulsado. Sin embargo, estas capacidades podrían marcar una gran diferencia. Es por ello que el gobierno de Albania, con ayuda del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (que yo dirijo), planea crear el vehículo de inversión necesario. Dado lo que está en juego, las muchas dificultades y desafíos que nos aguardan valdrán la pena. Como dirían los pianistas: ¡Sigan en sintonía!

Traducción de Ana María Velasco

Proyect Syndicate

Abril 30, 2018

La historia de las penas es la historia de la crueldad de la humanidad, como dice Ferrajoli, siendo más despiadada la violencia producida por las sanciones penales que la violencia de los hechos delictivos.

Sin duda, los delitos constituyen las infracciones más graves que se pueden llevar a cabo en una sociedad y, por ello, la imposición de las más duras sanciones, una vez acreditado en un proceso que se ha cometido un hecho punible y determinada con certeza la culpabilidad de sus autores y partícipes.

El proceso es un medio y no un fin que persigue esclarecer la verdad de los hechos y precisar las responsabilidades, a través de la justa aplicación del derecho y con absoluto respeto por las garantías del imputado, cuya inocencia se presume, mientras no se pruebe lo contrario a través de una sentencia firme, por lo cual, como regla general, salvo situaciones excepcionales, de evidente riesgo para la actuación de la justicia o de evasión del proceso, ninguna persona imputada o acusada debería quedar restringida en sus derechos o sufrir la pérdida de su libertad.

Evidentemente, lo expresado es un simple planteamiento teórico que nada tiene que ver con nuestra realidad en Venezuela.

Más de 60% de nuestros presos están sometidos a procesos y pagan condenas anticipadas en antros penitenciarios para sentenciados o en calabozos policiales infames no aptos para albergar procesados, en condiciones de flagrante atropello a la dignidad humana.

Este cuadro evidencia que el proceso es ya una pena que, inclusive, puede conducir a la muerte de un inocente, cuya libertad había sido decretada, como ocurrió en la reciente tragedia de la Comandancia de la Policía de Carabobo.

Por otra parte, quedar sujeto a la “justicia penal” en Venezuela no solo implica la pérdida de la libertad, sino que, aún sin recurrir a tan extrema medida, hace posible que se acuerde, sin fundamento alguno, la prohibición de salida del país, la censura de toda declaración a los medios y, como añadidura, el sometimiento a un régimen de presentación semanal o mensual, que puede prolongarse por años.

En definitiva, el proceso penal es el castigo ordinario por “presuntos delitos cometidos”, con las notas de la incertidumbre y la cadena de corrupción que genera como fórmula extorsiva, todo lo cual le abre la puerta a la alternativa cruel de admitir los hechos para adelantar la imposición formal de una pena que es más tolerable que el proceso.

Con la convicción de una exigencia impostergable para rescatar el valor de la justicia, resulta imprescindible garantizar la transparencia y la objetividad del proceso penal, camino de la verdad y no emboscada o alcabala de corrupción para satisfacer intereses personales o cumplir cometidos políticos.

aas@arteagasanchez.com

@ArteagaSanchez

30 de abril 2018

El Nacional