El año 2017 probablemente sea recordado en nuestra historia como el año de la consolidación del poschavismo, una fuerza sociopolítica nucleada en torno al presidente Nicolás Maduro, que ha venido construyendo esforzadamente un orden político de legitimidad neopatrimonialista y de vocación totalitaria.
En este año, mes tras mes, venezolanos, tanto del bando chavista como del opositor, buscando imponer sus ideales, participaron en luchas de diversas modalidades y distinta naturaleza. Y si bien la mayoría expresaba de manera reiterada su deseo de un cambio político democrático, las destrezas y fortalezas políticas del gobierno madurista lograron conjurar siempre un desenlace que perjudicara sus planes autoritarios. Con los resultados de las elecciones de gobernadores del 15 de octubre y el anuncio unilateral —por fuera de la Mesa de Unidad Democrática (MUD)— de los gobernadores electos del partido AD, de que acudirían voluntariamente a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa fraudulentamente mes y medio antes por el oficialismo, parece cerrarse definitivamente un ciclo de resistencia y lucha partidista unitaria por la democracia.
En este artículo busco reflexionar sobre los retos que la implosión de la MUD abre a la sociedad venezolana en el futuro inmediato. Para ello, en una primera parte describo la secuencia cronológica de las confrontaciones de poder más significativas de este año, hasta el desenlace del pasado 15 de octubre. En una segunda parte, doy cuenta de la instalación de la ANC, la convocatoria a elecciones de gobernadores y resultados de esas elecciones, así como algunas interpretaciones que se han hecho tratando de entender unos resultados asaz sorprendentes. Dibujado ese contexto, trazo tendencias y desafíos del inmediato porvenir.
La secuencia de las confrontaciones
El 2017 inició con una atmósfera de desilusión. Habiéndose suspendido el referendo revocatorio presidencial y “congeladas” las negociaciones gobierno-oposición intentadas el año anterior, la percepción de la ciudadanía era que las fuerzas opositoras, reunidas en la MUD, no habían sabido o podido rematar la faena de abrir cauce hacia la transición democrática. Pese, por una parte, a las multitudinarias manifestaciones de apoyo con la que habían contado y, por otra, a las innumerables muestras de la debilidad gubernamental en el contexto de crisis socioeconómica atroz que se padece, el gobierno de Maduro había sobrevivido sin hacer ninguna concesión relevante.
Sin embargo, pronto volvió a atizarse la lucha, tanto institucional como de calle. El gobierno anunció un nuevo obstáculo en el camino hacia las postergadas elecciones regionales. Ahora las rectoras, servidoras de los intereses gubernamentales, anunciaban la necesidad de un período de “renovación de nóminas” de los militantes de la mayoría de los partidos. Inicialmente pensado para que tal proceso durara diez semanas, se prolongó más de tres meses. De los 64 partidos que existían, el proceso los redujo a 22. Con ello el gobierno ganaba tiempo una vez más, postergando con este pretexto un anuncio de fecha para las elecciones regionales, mientras continuaba disminuyendo el derecho al pluralismo político. Mientras transcurría esta actividad, tres eventos en marzo abrieron una nueva ventana de oportunidades para la confrontación política.
El primero ocurrió a mediados del mes, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un segundo informe sobre la crisis venezolana. Allí narró el deterioro sostenido de la situación interna del país, desde su informe primero en mayo del año anterior. Señaló cómo todas las gestiones realizadas, utilizando los instrumentos contemplados en el artículo 20 de la Carta Democrática, habían fracasado en persuadir a Maduro de regresar al hilo constitucional. Sugirió a los países miembros hacerle un llamado de atención más firme a Venezuela y comenzar a evaluar la posibilidad de suspenderla de la OEA, si en 30 días no daba señales de comenzar a volver a la Constitución. Para el 28 de ese mes convocó a un Consejo Permanente, iniciativa que el gobierno venezolano rechazó y trató de cancelar sin éxito.
Mientras se daba en Washington DC la sesión de la OEA, en Caracas fueron difundidas dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictaminando el desmantelamiento definitivo de la AN. La sentencia número 155 del 28 de marzo otorgó al Ejecutivo Nacional potestad para legislar en toda materia penal y le ordenó gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica, que había declarado el año anterior, avalado por una sentencia también del TSJ. Esta sentencia iba en contravención a la Constitución (CRBV), que exige que la aprobación de un Estado de Excepción venga de la AN, la cual lo rechazó. La sentencia 155 del TSJ, además, quitó la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores, basándose en un supuesto “desacato” de la AN al máximo tribunal, por no haber formalmente retirado a los diputados de Amazonas luego de haber encontrado indicios de un supuesto fraude en las elecciones parlamentarias de 2015. La otra sentencia, la 156, interpretó el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dándole a Maduro potestad para crear empresas mixtas y realizar otras actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN. Y, aprovechó la Sala Constitucional del TSJ para decidir que ella, o quien ella dispusiera, asumiría las competencias de la AN mientras durase el supuesto desacato. Con estas sentencias, Maduro cancelaba de hecho al Poder Legislativo. Fue entonces, cuando se prendieron las alarmas de preocupación y alerta de la comunidad internacional.
El tercer evento ocurrió el viernes 31, en el marco de la presentación del informe de gestión 2016 de la Fiscalía General de la República. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, declaró que las sentencias emitidas por el TSJ constituían una “ruptura del orden democrático constitucional”. Recordó que Chávez había sido el impulsor de la Constitución de 1999 y que ese proceso había sido un “proceso abierto, popular, participativo y protagónico”. Con esta posición una autoridad de un poder público, perteneciente al Poder Ciudadano, que hasta entonces había estado subordinado a las directrices de Maduro, tomaba distancia, fisurándose el bloque de dominación.
Las reuniones de la OEA de fines de marzo mostraron una representación gubernamental venezolana desencajada y ofensiva hacia los miembros de la organización que no respaldaban sus posiciones. Esto favoreció la creciente solidaridad internacional con lo que estaba sucediéndole a la AN venezolana. Comenzaron a producirse pronunciamientos de agencias internacionales, otros parlamentos y gobiernos a favor de las fuerzas políticas opositoras. Aumentaban llamados a Maduro a detener su deriva autoritaria. El presidente de Colombia, por ejemplo, llamó a Bogotá a su embajador en Caracas al conocerse los contenidos de las dos sentencias. Este cambio de tono en el mundo exterior modificó las condiciones sociopolíticas de la lucha opositora.
Al fin las fuerzas civiles democráticas venezolanas lograban que la comunidad internacional se preocupara por la profundidad del deterioro socioeconómico, institucional y político del país y valorara más la lucha de la MUD. Esto contribuía a favorecer internamente condiciones para que la ciudadanía volviera a las calles, pues se percibía una solidaridad internacional. En abril, al llamado de la AN, multitudes ocuparon los espacios públicos para exigir la destitución de los magistrados irregularmente nombrados en 2015 y el retorno de elecciones. Se abrió un ciclo de movilizaciones, que continuó hasta julio, confluyendo las de carácter político con las socioeconómicas incentivadas por la crisis. El resultado fue una espiral incontenible de acciones colectivas mayoritariamente pacíficas, pero confrontacionales y, en algunos casos, violentas.
El gobierno contribuyó a atizar el fuego de la protesta violenta al actuar con creciente y desproporcionada represión. Las protestas diarias eran repelidas con bombas lacrimógenas, gas pimienta, agua a presión, por parte de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Se veían armas en manos de protestantes y grupos civiles prochavistas que, en complicidad con los cuerpos de seguridad, disparaban y ejercían otras formas de violencia contra la población civil desarmada, en particular contra estudiantes y jóvenes. El gobierno cerraba estaciones del Metro de Caracas, o establecía “puntos de control” en las carreteras de acceso a esta ciudad, en un intento de evitar que los ciudadanos se incorporaran a las protestas. Los medios audiovisuales, la mayoría controlados o amedrentados por el gobierno, no informaban de estas acciones colectivas en un esfuerzo fallido por ocultar la magnitud de la movilización popular. Para julio, Provea y el Foro Penal contabilizaron 139 muertes en manifestaciones, la mayoría atribuibles a los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares armados prochavistas. Además registraron más de 11.900 detenidos, 1.260 presos de los cuales aún continúan al día de hoy más de 400; 15% de ellos han sido sometidos a tratos crueles.
El gobierno hizo esfuerzos por movilizar apoyos, con recursos y todo tipo de facilidades, seguridades y amenazas para que empleados y clientelas chavistas concurrieran a llamados del gobierno a llenar calles. Sin embargo, la participación ya no podía equipararse a los años dorados del chavismo. También, entre sus estrategias, mantenía al grupo de expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Lionel Fernández, haciendo gestiones a ver si lograban que la oposición volviera a la mesa de conversaciones. Ésta se rehusó. Así, cada vez más comprometido Maduro, el 1 de mayo, en la marcha de los trabajadores chavistas, informó de su voluntad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, según dijo, sería el instrumento para alcanzar la paz del país porque derrocaría la “guerra económica”.
La convocatoria a una ANC y el establecimiento de la fecha de elección de sus diputados para el 30 de julio, como tantas otras acciones del gobierno, violentaba el espíritu y la letra de la CRBV al no cumplir con el requerimiento de obtener previamente el consentimiento popular mediante referendo. Sobre sus bases comiciales, señaló la ONG Observatorio Electoral Venezolano lo siguiente:
“…las Bases Comiciales presentadas por el Presidente… constituyen una evidente violación de las reglas democráticas, entre ellas usurpar la soberanía popular, dividir a la ciudadanía en sectores o corporaciones arbitrariamente seleccionados, descartar el principio democrático ‘un elector, un voto de igual peso’ o proponer que cada municipio elija a un constituyentista independientemente de su significado poblacional respecto al total de la Nación. Se trata de una propuesta armada alrededor de un registro electoral amañado e imposible de auditar, que busca sobre representar el peso político del oficialismo, con el propósito de tener un escenario seguro en el que se apruebe la Constitución de acuerdo con el dibujo previo elaborado a partir del interés gubernamental” (OEV, 25 de mayo 2017).
La iniciativa fue impugnada por la MUD, que solicitó a la AN que activara el referendo popular consultivo, la cual hizo en sesión plenaria del 5 de julio, fecha conmemorativa de la independencia, en medio de un asalto violento de grupos chavistas al hemiciclo posibilitado por la complicidad de dirigentes chavistas y cuerpos de seguridad del Estado. Al no poderse contar con el CNE para que cumpliera el mandato legislativo, los partidos, el movimiento estudiantil y la sociedad civil, bajo la coordinación del equipo técnico de la MUD, se organizaron para realizarlo, fijándose la fecha del 16 de julio.
Los resultados de la Consulta Popular marcaron un hito en el arduo camino de resistencia al régimen autoritario de Maduro. De acuerdo con la Comisión de Garantes del proceso, constituido por rectores universitarios, más de siete millones y medio de ciudadanos ejercieron su derecho a exigirle al gobierno nacional desistir de su convocatoria a la ANC. Demandaron, así mismo, en otras dos preguntas formuladas en la Consulta, que la AN y la FFAA, dos instituciones clave del Estado, cumplan con sus obligaciones. Es decir, redoblen sus esfuerzos para que la nación, la sociedad y el Estado, vuelvan al cauce constitucional. Del total de votantes, contra todo pronóstico, más de 600.000 votaron en las decenas de países del exterior donde hoy vive la diáspora venezolana como resultado de las penurias actuales y escasas garantías de futuro digno que hoy tiene el país.
El 30 de julio se realizó la elección de los diputados para la ANC. Si bien conducido por el CNE, en esta ocasión careció de condiciones de pulcritud y transparencia que, como en procesos anteriores, permitían confiar razonablemente en sus resultados. De acuerdo con el OEV, el CNE eliminó del cronograma 14 auditorías previstas para generar confianza en el Sistema Automatizado de Votación, redujo el número de mesas electorales a casi la mitad, habilitó centros de contingencia, que no aseguraron el principio de “un elector, un voto” y, como ya se señaló, avaló unas bases comiciales excluyentes y discriminatorias, que no fueron sometidas a referendo consultivo. Esa noche el CNE informó de una votación por encima de los 8 millones de personas sin que, hasta la fecha, haya respaldado su cifra con números discriminados a nivel de mesas y centros de votación.
Las elecciones regionales y sus resultados
La ANC se instaló inmediatamente. De acuerdo con el presidente Maduro, su carácter era “originario”, es decir, podía contravenir la CRBV y las leyes, destituir autoridades de los Poderes Públicos, nombrar otras, convocar procesos electorales y hacer o deshacer cualquier cosa. Entre sus primeras acciones destituyó a la Fiscal General, cuyas acciones obstaculizaban los objetivos presidenciales. Sus denuncias de ruptura del hilo constitucional y sus acciones de revisar casos de corrupción le hacían daño político al gobierno en la comunidad internacional, al alinearse con las denuncias opositoras. No se atrevió, sin embargo, la ANC a cerrar la AN, dado los apoyos crecientes que venían obteniendo de la secretaría de la OEA, gobierno de EEUU, gobiernos de la región y la Comunidad Europea (CE). Así, se avinieron a convivir en la misma sede, el Capitolio Nacional, la AN y la fraudulenta ANC.
Si bien el CNE había finalmente anunciado en mayo que se harían las elecciones regionales pendientes el próximo 10 de diciembre, en agosto, la ANC decretó otra cosa y solicitó al CNE que las adelantara para octubre. Éste actuó diligentemente y el 12 de ese mismo mes, el directorio ordenó la reprogramación de la fecha. El 6 de septiembre, fijó la fecha para el 15 de octubre y el cronograma se publicó un par de días después. “Contenía ese cronograma, además de la compresión de varias de las actividades, un insólito aparte de ‘actividades previas’, detallando 17 que ya se habían realizado. Algunas para nada menores, como la postulación de candidatos y actividades relacionadas que, en el anuncio del 12 de agosto, habían sido programadas para los días domingo 13 y lunes 14 las postulaciones y las subsanaciones de recaudos correspondientes el 14 y 15. Es decir, actividades realizadas antes de la convocatoria misma de las elecciones, violando con ello nuevamente lo estipulado en la LOPRE. Las elecciones convocadas, además, ya no son las regionales. Se reducen a elecciones de gobernadores, prolongándose el ilegal diferimiento de las elecciones de los consejos legislativos” (Lander, 2017).
Para las fuerzas políticas opositoras fue un desafío saber cómo encarar esta situación tan inconstitucional. Ir podía percibirse como la aceptación de una ANC fraudulenta y reglas de juego arbitrarias. Pero, no hacerlo arriesgaba perder posiciones de poder, sin garantías de que tuviera repercusión política en pro de la meta de llegar a una transición democrática. Con importantes tensiones entre los partidos y dirigentes, y la expectativa de alcanzar un importante triunfo electoral, finalmente la mayoría concurrió. Se hicieron primarias para escoger candidatos unitarios en 19 estados y en los otros cuatro se consiguió el candidato unitario por consenso.
El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades, entre las que destacaron la reubicación a última hora de más de 700.000 electores, sin información oportuna, buscando desincentivar el voto opositor; la presencia de colectivos armados en algunos centros para amedrentar votantes opositores con igual fin; el reparto de bolsas de comida en los últimos días de campaña y el mismo día de la votación; la exigencia del llamado “carnet de la patria”, un documento sin validez legal alguno y que es una modalidad de carnet del partido oficialista, desde donde se encauzan prebendas, como becas, comida y misiones. El presidente Maduro declaraba que, gracias a ese documento, podía saber quiénes votaban, insinuando además que el secreto del voto podría violarse.
Como siempre, recursos del Estado, medios públicos y la mayoría de los privados estuvieron al servicio de los candidatos oficialistas. Dada la magnitud de los atropellos, abusos, ventajismos e, incluso, la constatación de un fraude con los votos ejercidos en el estado Bolívar, denunciado por el candidato opositor, Andrés Velásquez, no puede saberse con propiedad cuáles fueron los resultados de este proceso. Los datos oficiales, empero, proclamaron el triunfo de cinco candidatos opositores y 19 oficialistas. Las gobernaciones ganadas por candidatos de la MUD serían: Zulia, Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta.
Desde entonces, son muchas las interpretaciones que diferentes políticos, encuestólogos y analistas han dado a estos resultados. Se les percibe como asombrosos e incompatibles con lo registrado días antes por encuestas de preferencia del voto y ese día a boca de urna; con la muy alta impopularidad del gobierno y los efectos políticos de la crisis atroz que sufre la población, que presagiaba un voto castigo importante contra el gobierno. Sin embargo, dificultades de la oposición por las tensiones y fragmentaciones que visibilizaba la MUD, fatiga y desencanto del voto opositor, también pudieron haber contribuido en algunos estados a no participar, pero en general, la abstención no fue alta. Al contrario, la participación, según el CNE se colocó en 71%. No es mi objetivo desmenuzar estos análisis, muchos, sin duda, bien sustentados en lo que afirman. Una mirada panorámica de ellos induce a sospechar que, en efecto, se produjo un proceso fraudulento en todas las etapas, incluido el día de votación, una especie de trampa de alta sofisticación, planificado con anterioridad por los técnicos del gobierno, en complicidad con el CNE y ejecutado exitosamente. La oposición, los 15 países del grupo de Lima, y la UE desconocieron la legalidad o legitimidad de este evento y los resultados. El gobierno, sin embargo, celebró su triunfo y advirtió a los gobernadores opositores electos que, de no juramentarse ante la ANC, perderían sus derechos a gobernar sus entidades. Hasta un funcionario tuvo la insólita ocurrencia de decir que no jurar ante la ANC era “traicionar al pueblo”.
¿Cómo seguir? Dirección política y participación
La democracia ha venido agonizando sin prisa y sin pausa. La combinación de la dominación carismática y la construcción de grandes redes clientelares alimentados con el tesoro nacional, como los consejos comunales y, más recientemente, el control social alcanzado por el gobierno en materia electoral a través de la distribución por parte de organizaciones oficialistas de las bolsas/cajas de alimentos CLAP y el mecanismo del carnet de la patria, han establecido un sistema de desigualdad y privilegios que en nada corresponde con los principios rectores de un sistema democrático. Por otra parte, desde que Maduro asumiera el poder, la dominación carismática ha dado paso a otra de naturaleza neopatrimonial, donde se han borrado definitivamente las fronteras entre lo público y lo privado, ambos controlados ahora por el chavismo madurista. Se han transformado los familiares, amigos y colegas militares de Chávez y de Maduro en tribus políticas que controlan el aparato del Estado para su usufructo privado. Se han superpuesto los intereses personales de las tribus a los de una supuesta “revolución”. Incluso, algunas de las tribus se han venido metamorfoseando en organizaciones criminales, dada la impunidad de la que gozan para hacer sus fechorías.
Bajo este marco o contexto, nuclear las estrategias opositoras en torno al hecho electoral carece de sentido. Esta elección de gobernadores ha revelado cómo el mecanismo electoral, en control de Maduro, es ya un instrumento eficiente para avanzar en un sistema político similar al de hegemonía de partido único, que configuró y consolidó el PRI en México por varias décadas. No sin razón las habilidades de ese partido, que ancló su legitimidad en la revolución mexicana, fue muchas veces tildado de dictadura perfecta. Una versión más reciente y chabacana, pero también exitosa, ofrece Nicaragua.
La debilidad de la MUD, en mi criterio, se debe principalmente en su incapacidad de trascender el rol de plataforma electoral unitaria de los partidos y erigirse en una dirección política más compleja. En esta nueva fase de la lucha democrática que se ha abierto a partir de la derrota por vía electoral, esta incapacidad la mantiene ineficaz. Al comprobarse con los resultados de gobernadores, que el mecanismo electoral se ha engranado en una estrategia autoritaria y totalitaria, la MUD se ha visto sobrepasada y, como consecuencia, sus partidos están desorientados y más divididos que nunca. Su implosión se desenvuelva ante nuestros ojos.
El dilema de participar o no en futuras elecciones pareciera un planteamiento incorrecto, que más bien puede ayudar a ocultar el verdadero problema que hoy tienen las fuerzas sociopolíticas que pugnan por llegar a una transición democrática: la falta de una estrategia política unitaria para alcanzar tal propósito. Una estrategia que coloque el hecho electoral no como centro sino como parte de un juego mucho mayor, más complejo, y centrado en otra parte. Las elecciones debieran ser hoy sólo una pieza del rompecabezas mayor que hay que armar para acabar con una dictadura de vocación totalitaria que avanza en su consolidación. La dictadura de las tribus maduristas ha ido construyendo varios y poderosos mecanismos que necesitan ser desmantelados, deslegitimados, reventados o debilitados. Lo electoral es importante pero no es fin, sino uno de los muchos medios que deben usarse.
¿Cómo se hace esa dirección política más compleja? He ahí el dilema. No soy política y por tanto sólo puedo hacer sugerencias que sabrán ser consideradas y concretadas en acciones por los partidos y quienes tienen vocación y ejercen la política.
Para mí, salta a la vista la imperiosa necesidad de deponer ambiciones personales, en particular las presidenciales. Los Ramos Allup y Capriles Radonski de la política parecieran en tiempos recientes convencidos de un camino hacia la transición democrática que pasa por las próximas elecciones presidenciales de 2018. Andan todo el tiempo en campaña y dándose codazos, o golpes bajos peores. No comparto esta percepción, que le está haciendo un gran daño a la posibilidad de desandar el camino totalitario que llevamos.
La transición democrática se aleja de nuestro horizonte cada vez que pensamos sólo en estrategias de corto plazo: que si las regionales, que ahora las municipales, que cómo escogemos el próximo candidato presidencial… así se va alejando el objeto de nuestros deseos: ¿cómo abonamos el terreno para que las tribus maduristas se convenzan de que deben irse? ¿Cómo las obligamos? Pensemos, para terminar este artículo, en algunas respuestas a esta pregunta.
Un aspecto clave tiene que ver con los privilegios y prebendas de que goza hoy el entorno de los Maduro-Flores, sus familiares, amigos y los militares que los apoyan. Se trata de una impunidad que en Venezuela es total, lo que les ha permitido lucrarse ejerciendo todo un conjunto de actividades ilegales. ¿Cómo se revierte esto? Los crímenes de cuello blanco —tipo Odrebrecht donde están ensartados más de 20 ministros o los delitos cambiarios donde muchos más han amasado grandes fortunas— y los de sangre —los casos del vicepresidente y del ministro de Relaciones Interiores, incorporados a la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU por sus vínculos con el narcotráfico— por su cuantía no tienen paragón en la historia latinoamericana. El nepotismo es otro privilegio descarnado: las hijas de Chávez están en la Casona y/o en funciones públicas, sin tener mérito alguno, Nicolás Maduro hijo tiene múltiples cargos, escoltas y carros. Los llamados narcosobrinos, familiares que los chinos llaman “hijos de cuadro superior”, vivían como aristocracia revolucionaria. Y así, otras prebendas: las cajas CLAP, la bequita, la vivienda para los enchufados más bajos y las clientelas. ¿Cómo se enfrenta políticamente esto? ¿Qué piensan hacer los dirigentes sobre ello, además de denunciarlo discursivamente? Si hubiera que negociar en esta materia ¿qué puede negociarse y qué no?
¿Cómo se puede incentivar la vuelta a la calle de la ciudadanía democrática? En su última salida, quedaron 140 muertos, miles de detenidos y heridos, decenas torturados, todavía hay cientos de presos políticos, algunos sometidos a tribunales militares. ¿Qué están haciendo los partidos para crear condiciones menos arduas para promover protestas no violentas masivas, imprescindibles para volver a ejercer presión sobre el gobierno? ¿Sólo discursos? Los partidos necesitan fortalecer sus bases para, entre otras difíciles funciones, organizar, proteger, coordinar y conducir, junto a actores sociales, multitudes en los espacios públicos. Si no, los resultados seguirán siendo magros, la presencia en las calles, cada vez más reducida y pudiera debilitarse la actual firmeza de la comunidad internacional.
Sabemos que la MUD cuenta con equipos técnicos que discuten políticas necesarias para salir de la crisis. Sabemos que la AN también lo hace. Sin embargo, hablan poco de esto al ciudadano de a pie. Me parece que la imagen de los políticos más destacados sigue siendo la de un amateur, valiente, pero poco formado y enfocado más que nada en discursos efectistas. Si han de ser gobierno deben presentarse como capaces de serlo, deben hablar sobre sus propuestas, qué harían primero, qué después, deben proyectarse unidos y respetuosos unos de otros. Imaginarse como estadistas. ¿Cuál es el futuro que podemos esperar con ellos? Parecieran anclados en la imagen de víctimas, que es una sola de las dimensiones de su liderazgo y quizás no la principal para una población, que sufre una crisis extrema de alimentos, medicinas, y todo tipo de necesidades básicas. Necesitan dar respuestas más claras, responsables y constantes sobre esto.
Últimamente circula la idea de la necesidad de un liderazgo único para conducir a las fuerzas democráticas a las presidenciales de 2018. ¿Creen los políticos opositores, realmente, que el oficialismo va a dejarlos ganar esas elecciones? Quizás esperan más de lo que puede dar las presiones de la comunidad democrática internacional, que son limitadas y en mucho dependen de la firmeza en lo interno del país. ¿Es un liderazgo único, escogido en primarias o con consenso la solución a nuestros males? Serias dudas me asaltan sobre esta nueva estrategia que se está desarrollando. La experiencia en otros países, y aún en Venezuela, es que la dictadura se combate con una dirección política, es decir, deponiendo los intereses personales y de partidos, para crear un frente amplio de actores políticos y sociales, que concentre decisiones y coordinaciones en aras de los intereses del país, que busca salir de la oprobiosa situación mediante el esfuerzo de todas las fuerzas actuando conjuntamente. Unas elecciones primarias no van a desvanecer, como si fuera una varita mágica, las serias desavenencias que hoy carcomen a la MUD, las ciegas ambiciones de un puñado de líderes que en esta hora menguada piensan que ellos van a ser el candidato presidencial y no se resignaran a que sea otro. Necesitamos acá mejor perspectiva, saldar desacuerdos, sellar compromisos. Una mesa de negociación entre estos líderes, y entre sus partidos, en torno al diagnóstico y la estrategia unitaria que es hoy imprescindible. Y quien no esté de acuerdo con lo acordado, que forme su tienda aparte.
Desafortunadamente, las elecciones presidenciales no están garantizadas y sólo se darán si el gobierno se asegura antes de ganarlas. Luchar por mejores condiciones electorales debería formar parte de una estrategia más global que incluye lo electoral, pero es mucho más que eso. No tiene lógica seguir un cauce únicamente electoral, que no lleva sino a lo mismo que hemos vivido en 2016 y 2017. Una mirada más madura y consciente de la gravedad de la nueva etapa que ahora vivimos ha de convencer a políticos y ciudadanos en la necesidad de deponer intereses individuales o particulares de un partido u otro, y hacer el esfuerzo por trascender el inmediatismo. La luz al final del túnel aún no se avizora. Por el contrario, parece haberse alejado. Es clave enfriar las ambiciones y que los dirigentes se crezcan ante las dificultades, pero menos con valentía y más con inteligencia, habilidad, paciencia. Sólo así merecerán el respeto de la ciudadanía que volverá a seguirlos y redoblará sus esfuerzos para alcanzar el umbral de una transición democrática. El camino ha resultado más largo y difícil de lo pensado, pero la distancia es hoy menor a cómo se empezó.
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Referencias
Lander, Luis E. (2017): “¿Son aceptables los resultados del 15O?”, Sic, en prensa.