La Asamblea Nacional en dos oportunidades durante este año 2016 elevó su voz institucional exigiendo seguridad alimentaria.

El primero de esos Acuerdos fue aprobado el 11 de febrero de 2016 con el título Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la Población Venezolana.

El segundo fue aprobado el 21 de julio de 2016 bajo el título Acuerdo de condena de la represión política y de la violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.

En ambos documentos se pueden encontrar elementos que claramente pueden valorarse a la hora de debatir sobre la responsabilidad política del Presidente Nicolás Maduro.

En el primer Acuerdo se hacen tres importantes denuncias, a saber:

Se cuestiona al Banco Central de Venezuela por suplantar las cifras de escasez de alimento con unas de acaparamiento, ubicándolas en 87%, sin mayores explicaciones en su informe del 15 de enero de 2016.

Se alerta que los controles de precios y la política cambiaria ha generado distorsiones en los precios de la materia prima, insumos y productos terminados, en cadenas agrícolas y agroindustriales, afectando el acceso y disponibilidad de la población a los alimentos.

Se acusa al incremento de importación de alimentos y materias primas en detrimento de la producción nacional para el período 2013-2015. Importaciones que en gran medida estaban cimentadas en la renta petrolera.

En el Segundo se afirma:

La ausencia de disponibilidad suficiente y estable de productos alimenticios, lo que genera dificultades para el acceso oportuno y permanente a los mismos por parte de los venezolanos, lo cual es un hecho público y notorio.

Estas 4 razones llevaron a la Asamblea Nacional hacer 3 exigencias importantes de conocer y valorar para ponderar a través de las mismas la responsabilidad del gobierno nacional en materia de Seguridad Alimentaria:

Una primera exigencia va dirigida al Gobierno Nacional, para que en un lapso perentorio presente un Plan de Seguridad Alimentaria ante la Asamblea Nacional. Entre las medidas que se sugieren sea desarrollado por ese Plan se destacan:

Garantizar el abastecimiento de alimentos para el venezolano de manera inmediata, através del apego a la producción nacional y del uso de las divisas de la República en la importación de materias primas, insumos, agroquímicos, repuestos y maquinarias para la producción agrícola y de alimentos en Venezuela, expresado en un presupuesto de divisas.

Restablecer la confianza en la producción nacional, según los lineamientos establecidos en los artículos 299 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Eliminar los controles y trabas burocráticas innecesarias que perjudiquen la producción nacional agrícola y de alimentos, así como de insumos necesarios para la producción de los mismos.

Restablecer la seguridad jurídica y personal en la áreas rurales de la República; en concreto aquellas destinadas a impedir invasiones, abigeato, secuestros, hurto y robo de equipos agroindustriales, así como las que garanticen la seguridad para el transporte de alimentos e insumos.

Reorientar el presupuesto de la República hacia la inversión en ciencia y tecnología de producción nacional de alimentos.

Incrementar en el corto plazo la producción y eficiencia de las empresas del Estado en el sector de la producción y distribución de alimentos.

Incrementar los créditos al sector agropecuario así como aquellas destinadas a facilitar los seguros en estos rubros.

Incentivar la inversión privada en el medio rural, que incidan en la elevación de la producción de alimentos.

Realizar un catastro nacional de tierras rurales, que entregue títulos de propiedad a los predios de producción; así como se confeccione un inventario de los rubros convenientes por región, de acuerdo a la información científica verificable, factibilidad económica, estudios y capacitación de los productores.

Atender el problema de la falta de pago de la deuda comercial del sector agroindustrial privado con sus proveedores internacionales por importaciones hechas a través de los regímenes cambiarios administrados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y el Centro Nacional de comercio Exterior (CENCOEX).

Requerir ayuda humanitaria a organismos internacionales tendentes a prevenir que se materialice la amenaza de hambruna descrita en los considerandos del presente Acuerdo

Una segunda exigencia va dirigida al Banco Central de Venezuela para la publicación periódica y detallada de las cifras sobre escasez de alimentos.

Una tercera exigencia va al Instituto Nacional de Estadística, así como al Instituto Nacional de Nutrición, para la publicación perentoria, periódica y actualizada de cifras relativas a la pobreza, esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil, disponibilidad energética en la dieta de los venezolanos, población con acceso a agua potable, índice nacional de precios al consumidor y costo de la canasta básica.

En ese primer Acuerdo la Asamblea Nacional asume dos compromisos calificados como urgentes:

Solicitar a través de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e integración un informe escrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el estado de los acuerdos celebrados en nombre de la República con potencias extranjeras sobre intercambio de alimentos por petróleo, transferenci a de tecnología alimentaria o asistencia de producción.

Solicitar a través de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, al Ministerio del Poder Popular de Alimentación la presentación de un informe sobre el estado de las operaciones de la Corporación Venezolana de Alimentos, de todas las empresas del Estado o administradas por el mismo, dedicadas a la producción agrícola, de alimentos, y materias primas e insumos para estos sectores, de la superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y la red de distribución pública de alimentos en general; los planes que aquel ministerio desarrolla y los indicadores que le sirven de base para su misión.

En el ámbito internacional, la Asamblea Nacional en su Acuerdo, solicitó apoyo a la Organicación de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) la evaluación de la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela, y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para evaluar la situación de la malnutrición infantil en Venezuela.

A través del segundo Acuerdo, del 21 de julio 2016, la Asamblea Nacional condenó y denunció al gobierno nacional por ordenar reprimir las manifestaciones de la población motivadas por la escasez y el hambre. Cuestionó que el Ejecutivo Nacional no haya adoptado medidas eficaces tendientes a garantizar la disponibilidad y el acceso efectivo de toda la población a los productos necesarios para alimentarse, así como para solventar la carestía de alimentos.

A través del Acuerdo la Asamblea Nacional reconoce que las protestas son el síntoma de una preocupante escasez que se hace insostenible para la población y denunció la irresponsabilidad del Ejecutivo Nacional de incumplir su obligación de desarrollar una política pública eficaz que garantice a todos el derecho humano al acceso y disponibilidad de los alimentos. Los diputados advierten en ese Acuerdo que el gobierno con su agresión y persecución política, como respuesta al problema de la protesta por desabastecimiento y escasez, lo que alimenta es la indignación y la conflictividad.

En ese segundo Acuerdo, la Asamblea Nacional cuestionó la incorporación de la Fuerza Armada Nacional Bolivarina en las actividades de distribución de alimentos e invitó a la Defensoría del Pueblo para que cumpla con su deber de velar por el efectivo respeto y garantía de los derecho a la vida, a una existencia digna, a la alimentación y a la manifestación pacífica.

En el primer Acuerdo se acusó el incremento de la importación de alimentos en detrimento de la producción nacional, en tal sentido y sobre esta materia específica, resulta oportuno valorar de qué forma la Ley sancionada el 30 de noviembre de 2016 denominada Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, contribuye a enfrentar ese incremento de importaciones mencionado al inicio de este párrafo.

Esa Ley sancionada aún no ha sido promulgada por el Presidente, pero tampoco ha sido declarada inconstitucional por el TSJ, pero su vigencia fue amenazada en marzo 2016 por el diputado Francisco Torrealba[1].

Por su parte el Presidente Maduro, públicamente señaló sobre ese proyecto de Ley el 26 de febrero 2016[2]:

“Creo que es la ley más vulgar que han presentado hasta ahora. Con esa Ley pretenden privatizar todas las empresas sociales, socialistas del Estado. Pretenden que yo le reconozca a la oligarquía una deuda de miles de millones de dólares, y que yo se la reconozca. Una deuda que no ha sido emitido por la República, imponérmela con ley. No saben con quién se están metiendo“.

Advirtió además, Maduro que él no aceptaba imposiciones de la Asamblea Nacional, y alertó que si la Ley fuere aprobada motivaría una rebelión popular, legítima y constitucional contra ella.

Lograr la Seguridad Alimentaria y poner fin al Hambre están contemplados como el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible 2030, y entre sus metas precisamente señala la meta de lograr asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente todo el año, en Venezuela, actualmente ¿se garantiza la alimentación en esos términos?.

¿Dónde queda en todo esta historia la responsabilidad política del Presidente Maduro?

21/12/2016

http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2016/12/seguridad-alimentaria-...

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[1]El Naccional. Pedirán al TSJ nulidad de la Ley de Producción Nacional. 02/03/2016. Online en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/parlamento/pediran-al-tsj-nu...

[2]Notilogia.com. Maduro afirma que no aprobará Ley de Producción Nacional propuesta por la Asamblea Nacional. 26/02/2016. Online en: http://www.notilogia.com/2016/02/maduro-afirma-que-no-aprobara-ley-de-pr...

En Venezuela en términos políticos e institucionales se ha producido, en el año que culmina, un cambio de calidad negativo, cual es la instauración de una neo dictadura. Fue la respuesta del régimen chavista a la pérdida de su condición de mayoría política y social que ya se venía observando y se materializó en los comicios parlamentarios de diciembre del 2015.

Padecemos la absoluta inobservancia de la Constitución mediante una brutal concentración del poder y las competencias y funciones del Estado en el Poder Ejecutivo. La fisiología del sistema, prescrita en la Constitución Nacional, está rota. Es lo que algunos llaman –todavía sin la insistencia y consistencia requerida– ruptura del hilo constitucional. La suspensión arbitraria e ilegal del referéndum revocatorio y la ¿posposición? sine die de cualquier proceso electoral fue la culminación del golpe de Estado por etapas iniciado el 7 de diciembre del 2015.

Hay gobierno incapaz de gestionar con acierto la pavorosa crisis económica y social en curso y decido a quedarse a todo evento cerrando las salidas pacíficas y constitucionales de la crisis: las consultas al pueblo o las negociadas.

Hago este largo introito para situar en su justo contexto el reto que tienen que afrontar las fuerzas de cambio democrático.

La unidad de las fuerzas democráticas en torno a la MUD ha sido sin duda un éxito, la perdida de la condición de fuerza hegemónica del chavismo se debe principalmente al fracaso de su proyecto y gestión gubernamental, pero también a la existencia de un frente opositor unido con capacidad de responder y recoger política y electoralmente el deslave del apoyo popular al régimen. Exactamente eso fue lo que se materializó el 6/12/2015.

La MUD de hoy -por cierto la única organización política democrática con personalidad jurídica, dato clave para lo que viene– no sirve para afrontar el nuevo cuadro político originado por la ruptura del orden constitucional y dar respuestas a la profundización de la crisis.

Para recobrar su papel de actor indispensable y clave en el impulso del cambio necesario tiene que sufrir un proceso de refundación y reingeniería para corregir y superar sus errores y carencias.

La MUD necesita contar con una política, una estrategia, un discurso, una praxis común concertada y compartida y last but no least con un centro dirigente sólido, cohesionado, representativo y con auctoritas.

El primer y más importante paso en ese proceso es que la dirigencia democrática tome conciencia real de que la unidad es indispensable para avanzar y está por encima de los intereses, objetivos y aspiraciones particulares de los partidos e individualidades. Otro paso importante es abrir canales de participación a otros sectores políticos y sociales de diversa procedencia y ámbito también adversarios del régimen.

La nueva coalición debe trascender su condición de coalición básicamente electoral y parlamentaria y convertirse en un proyecto real de poder con un programa consultado y compartido por una amplia mayoría nacional.

Lo ocurrido en Chile y Argentina cuando volvieron a la democracia puede darnos un ejemplo de lo que conviene hacer. En Chile los demócratas crearon la Concertación, un proyecto que no se agotaba con la vuelta a la democracia sino que incluía un plan a largo plazo para resolver los enormes problemas sociales y políticos derivados de la dictadura sin comprometer los avances macroeconómicos. Los argentinos crearon la Multipartidaria un frente destinado a desalojar del poder a los milicos y convocar elecciones. Ese frente feneció al día siguiente de las elecciones; no contenía ningún acuerdo más allá de la defensa del sistema en caso de riesgo de golpe militar. Ambas actitudes tuvieron un efecto directo en la situación futura de ambas naciones. Chile hoy avanza hacia el primer mundo y Argentina sigue presa de las rémoras del pasado que le impiden aprovechar todo su potencial.

El chavismo logró, a costa de sacrificar su precaria legitimidad democrática, impedir cualquier consulta electoral, lo cual es un precio muy alto, y ganar tiempo para imponer sus designios continuistas y llevarnos a unas supuestas elecciones presidenciales en el 2018 con todas las consecuencias negativas que eso implica para la vida del ciudadano común.

Sólo la crisis en aumento y una MUD repotenciada en los términos arriba señalados pueden impedir el éxito de los planes del régimen.

Caracas, 27 de diciembre de 2016

Con voz propia

Esta navidad que conmemoramos, no celebramos, es colapsada por la política que impide los encuentros familiares. Estamos condenados al secuestro por un desgobierno que abusa de fuerza militar aliada con bandas de malandros. A la inseguridad y violencia que nos ubican en primer lugar suman unidad monetaria del régimen autodefinido de revolucionario socialista. La movilización se limita al extremo por costoso del transporte y por el riesgo. Ningún control en tarifas y menos para la tercera edad. Numerosos vehículos de propiedad privada están parados por falta de repuestos y los que logran salir se exponen al asalto.

Para psiquiatras se padece esquizofrenia colectiva provocada por medida monetaria, centrada en improvisada eliminación de unos Bs 6 mil millones de billete de cien, para lo cual se dio plazo de 3 días, que obligó al cambio y/o depósitos en bancos. Las colas de usuarios desesperados competían con la de mercados de escasos alimentos. La política circense llevó a cierre de fronteras con Colombia y Brasil, surtidoras de productos básicos incluidas medicinas. La situación se complicó con burla presidencial que reactivó el billete de Bs. 100 cuyo decomiso provocó esta deplorable crisis.

Al tiempo que aplicaba su comunista hegemonía comunicacional, ordenó encadenar a las obedientes radiodifusoras y televisoras privadas, desde su canal de salsa de Miraflores, Nicolás Maduro (NM) bailaba y anunciaba que se sentía “buchón” con recolección del 80% de esos billetes.

Surgió la reacción en todo el territorio, con más relevancia en los estados Anzoátegui, Barinas, Táchira, Trujillo, Monagas, Zulia, Carabobo, Aragua, Bolívar y Apure. En entidad del sur se registraron saqueos con lamentable saldo de 8 muertos por balas, uno de ellos de 15 años y 3 niños indígenas en explosión una granada. Numerosos son los heridos. En la zona mineras de El Callao y Sifontes donde se usa dinero en efectivo para transacciones, fueron nutridas las protestas, al igual que Ciudad Bolívar donde fueron saqueados Plumrosse y Polar. En Guasdualito (Apure) atacaron los 3 bancos. De más 430 presos entre ellos 20 menores, 300 son del estado Bolívar.

El Presidente de Colombia rechazó los comentarios del paisano NM, quien acusó a “mafias” del vecino país que operan en Cúcuta, que estaban detrás de un “golpe de Estado económico”.

“Con mentiras y ofensas no se resuelven crisis. No somos narcotraficantes, ni paramilitares ni lavadores de divisa, aquí no están los billetes que NM busca. La superinflación la tiene es él”, se oficializó en corrupción.

Varias naciones entre ellas EEUU y China, han alertado. Esta potencia pidió a la Cancillería "tomar en serio" la seguridad de los ciudadanos chinos y que llevaran a cabo "médicas efectivas" para su protección”, informó en rueda de prensa, el Embajador.

Más entristece a esta navidad el encarcelamiento y expatriación de venezolanos que se oponen a la neo dictadura militar condenada por instituciones internacionales como narco traficante de drogas.

Esperanzas se abrigan en que diputados dotados de plenos poderes subsanen la irresponsabilidad de no haber formado quorum en 36 sesiones del parlamento. Y que asuman la soberanía que le dio el pueblo con sus votos. Por ello pregonamos el tradicional mensaje de Feliz Navidad.

Al MARGEN: Necesario es recordar que pese a la absurda inclusión en la Constitución Nacional del uso de en el habla de expresiones como venezolanos y venezolanas, que la Real Academia Española las califica de latiguillo de lingüístico.

jordanalberto18@yahoo.com.

Cuando nos despedimos de años signados por sucesos adversos, solemos decir que será mejor que queden en el olvido. Sin embargo, los reveses de este 2016 dejan algo bueno: lecciones que no deben ser olvidadas y que tendrían que ser estudiadas para no ser repetidas nunca más.

Para comenzar, recordaremos esta vuelta de la Tierra alrededor del Sol, como el año de la definitiva desinstitucionalización de Venezuela.

El cerco impuesto por los demás poderes alrededor de la Asamblea Nacional, definitivamente pinta a un gobierno que no quiere respetar la independencia de poderes. Ni puede ni sabe.

Recordemos que estos nuevos 12 meses arrancaron con una Asamblea Nacional renovada, donde el voto de quienes exigen un cambio se impuso y con una aplastante mayoría democrática que fue sencillamente inocultable.

Pero con el transcurrir de los días, hemos visto las más variadas e insólitas maniobras desde los demás poderes para descalificar, para amputar, para anular cualquier movimiento parlamentario que tienda hacia la recuperación de la democracia en Venezuela.

Desde el avasallamiento a diputados electos legítimamente hasta la violencia pura y dura en manos de grupos que no responden sino a la fuerza. Desde decisiones insólitas de los demás poderes hasta declaraciones ofensivas y desafiantes que indican que, al menos por parte del oficialismo, al día de hoy no hay manera de entenderse.
Jurisprudencia
Otro episodio reafirmó lo que decimos, y fue el escamoteo del referendo revocatorio presidencial, una figura presente en la Constitución Nacional y que ya una vez se activó en el pasado año 2004, por lo cual está revestida de lo que los estudiosos del derecho denominan la jurisprudencia.

No había forma sensata de que quienes hoy gobiernan se libraran de pasar por esta prueba de fuego que, en general, sirve para legitimar un gobierno; o en su defecto, para ponerle punto final si es esa la disposición popular.

Pero el referendo no se dio. Y el que calla, otorga. Obviamente, si quienes hoy ostentan el poder hubieran estado medianamente seguros de ganar, se hubiera convocado. Y la reiterada evasión de la misma reafirma que su certeza es exactamente la contraria.

Para bien o para mal, quedará en la historia de Venezuela la movilización para firmar solicitando el referendo en la que participaron numerosos ciudadanos; así como su sabotaje por todo tipo de fuerzas que convirtieron dicho proceso en un calvario, lo cual no fue obstáculo para que se reuniera un número de rúbricas muy superior al estimado.

A la lucha por el revocatorio la acompañaron movilizaciones ciudadanas de calle, que fueron multitudinarias y que dejaron una vez más desnudo al gobierno en lo que a su pérdida de popularidad se refiere.

Por si esto fuera poco, asistimos a la pulverización de nuestra economía, con una inflación que es una incógnita, ante la ausencia de datos oficiales de organismos encargados del asunto y que, cruzando cálculos de diversos organismos nacionales e internacionales, debe estar alrededor del 800%.

Por lo tanto, estos días serán recordados porque debíamos cargar con morrales de billetes para hacer la compra de alimentos, en cuya mínima presencia en los comercios ya es redundante abundar.
Inflación
Y si seguimos por la equivocada senda que transitamos, la inflación prevista para 2017 por el Fondo Monetario Internacional es superior al 1.600%.

El triste desempeño económico se remata con el retiro de los billetes de cien bolívares que puso a correr a todo el mundo, solamente para después enterarnos de que volvían a circular por unos días más.

A lo mejor, lo más triste de estos 365 días que se van, es el hecho de que la voluntad ciudadana ha sido atropellada de manera inclemente una y otra vez. La demostración de que para representativos funcionarios venezolanos la prioridad es mantenerse en el poder y no trabajar por el bienestar de todos.

Pensamos que lo más condenable es cómo se ha perdido el concepto de la calidad de vida. El errado sistema de gobierno que padecemos ha ido confiscando tajadas de bienestar a la gente, con una voracidad indignante.

Hoy por hoy, el venezolano promedio solamente se ocupa de sobrevivir. No hay forma ni manera de pensar en la realización personal, en estudios, en ejercer en la vida la vocación de cada quien. Mucho menos se puede pensar en una vivienda digna, en conformar la propia familia de manera independiente.

El tiempo se consume en buscar el sustento más elemental y en ello se diluye el legítimo deseo de crecer, de perfeccionarse, de ser mejor. Todo eso que, más allá que una aspiración, es un derecho.

No, no debemos olvidar. A punta de padecimientos, los venezolanos hemos construido un manual de cómo no debe comportarse un gobierno.
duzcategui06@gmail.com

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/ano-para-olvidar_632987

Salud y Seguridad Alimentaria, han sido temas que han llevado a la Asamblea Nacional a aprobar Acuerdos políticos a través de los cuales se han hecho propuestas concretas al Ejecutivo Nacional, en función de buscar soluciones a los problemas que agobian a los Venezolanos.

Esos acuerdos permiten valorar, por un lado, la labor de la Asamblea Nacional como foro natural de los problemas nacionales y por el otro, facilita la tarea de evaluar de manera objetiva la voluntad política del Ejecutivo Nacional de abordar esos problemas concretos.

El Agua ha estado también en la agenda legislativa nacional y es así como el 19 de enero 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre la Problemática del Agua, en cuyo contenido resaltó el estado crítico en el que se encuentran las distintas represas, cuencas, microcuencas, subcuencas y lagos del país por el bajo nivel de agua y las denuncias sobre contaminación existente.

Además en ese Acuerdo la Asamblea Nacional alertó que los 18 mayores embalses para el abastecimiento de agua potable con los que cuenta el país estaban en un nivel cercano al mínimo, y advirtió que tal situación podría ocasionar un problema de salud pública importante.

En función de la crisis del agua, la Asamblea a través del Acuerdo exhortó a:

Las autoridades competentes nacionales, estadales y municipales a la identificación de las zonas y circunstancias de mayor riesgo para cada escenario de escasez, prestando especial atención a los problemas relacionados con la salud pública y actividades con impacto social o importancia estratégica para la actividad económica del país.

Al Ministerio responsable en el tema de Agua que decrete los planes de contingencia necesarios a corto, mediano y largo plazo, y para que realice un estudio real de toda la red acuífera del país.

Al Ejecutivo Nacional a coordinar con gobernadores, alcaldías, poder popular, mesas técnicas de agua el eficaz mantenimiento y suministro de agua, así como las incorporaciones de planta desalinizadoras en la costa del país para aprovechar los recursos naturales.

Al Ministerio para la Salud a reforzar medidas para que los centros de atención médica puedan atender efectivamente los casos médicos básicos y a tomar medidas santiarias para evitar la contaminación del agua en reservorios y un plan nacional de concientización en todos los niveles.

Así mismo, estableció un compromiso institucional, de investigar el tema y presentar un informe sobre la Crisis del Agua, a través de una Comisión Mixta integrada por las Comisiones Permanentes de Administración y Servicios y de Ambiente, y la de Recursos Naturales y Cambio Climático.

Ese informe se presentó en abril 2016 y en el mismo se identificaron como causas de la crisis del agua las siguientes:

Las Inversiones deficitarias son una de las cusas, advierte el informe que no coinciden cifras de Hidroven con las del INES en cuanto a cobertura. No hay grandes obras.

El Sistema de cobranza y tarifa no permiten ingresos suficientes.

Un 48% aproximado de fugas de agua para ese momento.

No se realizan inversiones de medición y no hay controles sobre tomas clandestinas.

Operación inadecuada y mantenimiento precario del Sistema.

No hay claridad del para qué debe ser la calidad en el servicio.

El tema institucionalidad y leyes no responden a los desafíos y problemas que se presentan.

Se reconoce la grave sequía y el fenómeno de El Niño como elementos que agravan la crisis, pero no como la principal causa de la crisis; al respecto se destaca en el informe que en otros países de la región, el fenómeno del niño ha impactado con mucha más intensidad que en Venezuela sin que ello haya ocasionado una crisis tan permanente en materia de agua como la que padece la sociedad venezolana.

Entre las recomendaciones presentadas al Ejecutivo, se pueden destacar las siguientes:

Presentar Plan de Acción para enfrentar problemática en Estado Falcón.

Presentar rendición de cuentas para conocer realidad.

Declarar emergencia y crisis nacional.

Cumplir con la Legislación vigente

Sobre Calidad del Agua en el Acuerdo se exigió al Ejecutivo Nacional el cumplimiento de evaluación de la calidad del agua y se exhortó al Ministerio a informar sobre la calidad del servicio atendiendo a una serie de indicadores.

La descentralización y el trabajo coordinado con otros actores políticos territoriales se plantearon como una necesidad. La coordinación se reconoce importante a los fines de:

Atender responsablemente a los estados y municipios para arreglar roturas y presentar plan de acción para evitar pérdida de agua.

Atender toma de aguas ilegales.

Buscar propuestas a mediano y largo plazo para hacer sustentable el servicio.

La Comisión Mixta sugirió como siguientes pasos a la Asamblea Nacional:

Interpelaciones.

Averiguar presupuesto y crédito

Averiguar malversación.

Seguir investigando.

Visitas a sitios críticos.

Unirse a ciudadanos.

Conformar equipos calificados.

Garantizar sostenibilidad ambiental del servicio. Cuidando cuencas. Diseñar la sustentabilidad financiera y económica del Servicio.

En ese Informe de abril 2016, la Asamblea Nacional advirtió una serie de debilidades para enfrentar el problema del agua, a saber

Gobierno no quiere ser sometido al control político. Obstaculizan cualquier esfuerzo que sobre esta materia se realice.

Construcción de obras hidráulicas sin impacto, sin utilidad.

Obras importantes inconclusas.

Mal mantenimiento de plantas potabilizadoras

No hay información veraz de las autoridades.

Empresas de servicio se han convertido en instrumentos políticos.

No hay recurso humano calificado para atender el desafío que impone el problema.

Deficiente e incongruente información oficial.

La política de racionamiento de agua potable se mantiene por un año más y sin información pública alguna que advierta mejoras para el 2017. En marzo de 2017 la crisis del agua llevó al Presidente Maduro a anunció la medida de ahorrar energía y agua en tiempo de semana santa, y en tal sentido acordó declarardías festivos no laborables todos los días de semana santa para todos los trabajadores públicos del país y para el sector educativo; medida que consideró oportuna hasta que llegara la época lluviosa.[1]

Luego en abril 2016 el Presidente decidió reducir los días laborables del país de cinco a cuatro días por semana en el marco de un plan de 60 días para atender una emergencia nacional en materia de agua y energía. En ese momento Maduro advirtió que con el Plan fijado desde el 6 de abril y hasta el 6 de junio, se logrará superar el momento más difícil, de mayor riesgo y prometió que se superaría el problema con la menor afectación.[2]

Termina el año 2016, oportuno para preguntarse: ¿el racionamiento y la calidad del agua mejoró o si hubo anuncios del Ejecutivo Nacional para señalar mejoras en esta materia para el 2017?, ¿quién es responsable políticamente?

22/12/2016

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[1]Minea.gob.ve. Maduro declaró Plan Especial de Ahorro Eléctrico y Agua en Semana Santa. 13 de marzo de 2016. Online en: http://www.minea.gob.ve/2016/03/13/maduro-declaro-plan-especial-de-ahorr...

[2]Libremercado.com. Maduro prohíbe trabajar los viernes para reducir el consumo de agua y luz. 07/04/2016. Online en: http://www.libremercado.com/2016-04-07/maduro-prohibe-trabajar-los-viern...

Hace unos días tuve la oportunidad de leer en el portal twitter de Reinaldo Dos Santos una muy grave acusación contra Julio Borges; según el conocido brasileño, en marzo de 2014 se efectuó una reunión a la que asistieron el diputado Borges y un grupo de militares en la cual, entre otras cosas, se le oyó decir al líder de Primero Justicia, dirigiéndose al general (GN) Rivero Lago: «No conviene sacar a Maduro ahora pues el beneficiado sería Leopoldo López, no lo saquen que yo te prometo el ministerio de defensa con Capriles en 2019» (Comillas en el original).

Esta acusación, como cualquier otra, puede ser absolutamente falsa, medianamente cierta o completamente verdadera, pero es indiscutiblemente grave, muy grave, pues de ser cierta explicaría las extrañas conductas de la MUD y su vocación de apaciguadora de la ira popular, a la que nos hemos referido en varios artículos publicados en este mismo sitio (Orden, Añagaza, Evidencias).

El asunto se magnifica con el anuncio de que Borges, en virtud de acuerdos entre los principales partidos de la MUD, será designado Presidente de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2017, con lo cual tendríamos al frente del Poder Legislativo a un hombre acusado de traición, de anteponer los intereses grupales a los nacionales y de prolongar el sufrimiento del pueblo en obsequio a su ambición de poder.

En un país medianamente decente es inadmisible que se otorgue tan alta investidura a una persona sobre la cual pende tan grave acusación, como inadmisible sería que la calumnia determine una decisión del más alto interés nacional; por ello, establecer la verdad sin dejar resquicios para la duda es un imperativo político y ético que debe interesar en primer término al acusado, presunta víctima de la mentira.

Pero lo que resulta insoportable, desde cualquier punto de vista, es que este enojoso asunto pase por debajo de la mesa, de que miremos hacia otro lado o le confiramos el carácter de muchachada a un acto de tal magnitud.

El daño a la Asamblea Nacional como institución sería terrible y de difícil reparación. ¿Cómo creer en un cuerpo legislativo presidido por un diputado que guarda silencio ante tamaña acusación? ¿Acaso la traición, por la que se ha señalado a Judas Iscariote durante dos mil años, dejó de ser delito aborrecible?

Como consecuencia de sus reiterados errores, la oposición agrupada en los principales partidos de la MUD, se encuentra absolutamente desprestigiada. Tal condición la hace más peligrosa para los intereses democráticos del País, pues al saberse vehementemente rechazada por un pueblo que el 6D le brindó su entera confianza, debe suponer que sus posibilidades de acceso electoral al poder son casi nulas y esto puede generarle la tentación de acercarse al chavismo para la defensa de intereses comunes, incompatibles con los populares.

Para el escritor inglés Charles Dickens «Los caminos de la lealtad son siempre rectos.» Por contrario imperio podemos afirmar que los de la deslealtad son siempre curvos, sinuosos, zigzagueantes. Quizás este aserto de Dickens, que no por simple pierde valor, nos ayude a entender la política de los que se hacen llamar opositores, tan llena de actuaciones incomprensibles y hasta grotescas, como la disolución de la Toma de Caracas por un azarado Jesús Torrealba, que parecía más interesado en complacer las exigencias del régimen que en lograr los objetivos propuestos en la convocatoria.

Como lo hemos dicho hasta el cansancio, todos estos males tienen un solo origen: la escogencia a dedo de los candidatos a cargos de elección popular. Ese dedismo será el responsable de que Julio Borges llegue a la Presidencia de la Asamblea Nacional sin rendir previas cuentas a la opinión pública y que hasta la fecha sea jefe de una fracción parlamentaria por la que votó mayoritariamente un pueblo al que le ha negado reiteradamente su derecho a elegir, mediante primarias, los más altos cargos de conducción del Estado.

Julio Borges debe ser el primer promotor de la investigación respecto a la gravísima acusación que le hace Dos Santos. Caso contrario, estará golpeando rudamente a la Asamblea Nacional que presidirá a partir de enero, a su ya maltrecho partido Primero Justicia y estampará en su hombro la flor de lis, no como signo de realeza y honorabilidad, sino con el sentido estigmático utilizado por los verdugos franceses para marcar por siempre a delincuentes e indeseables.

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

Luego de la contundente victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones para la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, el año 2016 se inició augurando la apertura progresiva de mayores espacios de libertad y de respeto a los derechos humanos. Con ello, se comenzaría a superar la terrible situación arrojada sobre la población por las desacertadas políticas del gobierno, con leyes que estimularían la actividad económica y restablecerían la confianza. El hecho de que ello no haya ocurrido obliga a indagar por qué. Ofrezco las siguientes líneas como enseñanzas de lo que, a mi juicio, fue este Anno Horribilis.

1. El gobierno destapó su carácter no democrático, de dictadura, al desconocer las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional valiéndose de un TSJ írrito, producto de designaciones fraudulentas de la AN anterior, en manos chavistas. A ello se le suma la anulación del derecho a revocar el primer mandatario, el presidio de más de un centenar de venezolanos por razones políticas, la persecución de personeros de la oposición, la negación de abrir canales humanitarios para traer medicamentos y muchos otros atropellos a los derechos humanos, civiles y políticos consagrados en nuestra Carta Magna. Es decir, no obstante su (cuestionada) legitimidad de origen, estamos en presencia de un gobierno de facto, dictatorial, que opera al margen de la Constitución.
2. Esta conducta obedece a la conformación de un Estado Patrimonialista en el cual se disuelve la distinción entre la hacienda pública y el patrimonio privado de quienes mandan. Éstos han terminado privatizando los bienes públicos para su usufructo personal, ¡pero en nombre del socialismo! Central a ello ha sido la destrucción del entramado mercantil para asignar recursos y satisfacer necesidades, el arrinconamiento del sector privado y la destrucción del Estado de Derecho, y su reemplazo por decisiones arbitrarias apoyadas en la fuerza del poder. Los controles de precio y las regulaciones punitivas han representado una veta sumamente lucrativa para el arbitraje (reventa de productos, gasolina o dólares regulados, a precios muy superiores) y la extorsión por parte de funcionarios militares y/o civiles con incumbencia al respecto en virtud de las normas interventoras implantadas. Ello se ha afianzado con la impunidad, la ausencia de transparencia y la no rendición de cuentas, así como con la complicidad desde las altas esferas del poder. Así lo atestigua la defensa inmediata e irreflexiva de aquellos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y de otras marramucias.
3. Como resultado, se viene consolidando una nueva oligarquía militar-civil que expolia la riqueza social, encubierta en una retórica “revolucionaria” que la proyecta como defensora del “pueblo”. Se inventan enemigos incursos en perversas conspiraciones contra la “revolución” para echarles la culpa de los desmanes causados por su negativa a enmendar políticas, su incompetencia y por la desidia en el manejo de la cosa pública, así como por la corrupción y el robo de los dineros públicos. En esta visión maniquea de patriotas y revolucionarios contra todo aquel que discrepe de la “buena nueva”, el gobierno concibe la acción política como una guerra. No se procura labrar los consensos requeridos para darle piso a sus iniciativas de política, ni se buscan acuerdos con fuerzas opositoras para tales fines. Al no reconocer la legitimidad del adversario político desaparece la política propiamente dicha y se sustituye por la confrontación en contra de aquél, a veces violenta, incitada por insultos y prédicas de odio desde el poder. Se acentuó la naturaleza fascista del régimen, pero amparada en simbolismos propios de la retórica comunista. Se dependió cada vez más de los militares y del terrorismo de Estado contra figuras opositoras para mantenerse en el poder.
4. La conducta de esta oligarquía trasladó la dinámica política y el acontecer económico al mundo de lo irracional. Su ideología ya no pretendió conquistar más adeptos a sus políticas en competencia con otras representaciones de la realidad, sino galvanizar a sus partidarios con toda suerte de disparates en preparación de una confrontación final que liquide a las fuerzas democráticas. Se alimentaron fanatismos para forjar un espíritu de secta dispuesta a defenderse, con cualquier medio a su disposición, contra lo que le ha sido señalado como amenaza. Con tal blindaje ideológico se han amparado desde las filas oficialistas niveles inusitados de crueldad y de agresión contra los venezolanos. La insania en que ha caído el régimen encuentra expresión en la bochornosa denuncia del ministro Reverol de que se habían acaparado en galpones suizos y de otros países europeos los billetes de Bs. 100 para atentar contra la “revolución” (¡!)[1]. El hecho de que el responsable de asesinar a mansalva a venezolanos humildes -delincuentes e inocentes- bajo el manto de los Operativos de Liberación (¿Liquidación?) del Pueblo (OLP) -otrora comandante de la Guardia Nacional señalado por la DEA de estar incurso en tráfico de drogas- acuse a la “ultra-derecha” de estar detrás de esta presunta conspiración da una idea de cómo la ideología permite bañar a cualquier gorila de “virtudes izquierdosas”. El país, definitivamente, ha sido puesto de cabeza.
5. Muchos de los dirigentes de la MUD han evidenciado no entender a cabalidad a qué nos estamos enfrentando. Los reflejos condicionados adquiridos por los más veteranos en otra época y las ilusiones de los nuevos, los llevaron a confiar en que Maduro respetaría el juego democrático. Quienes se sentaron a dialogar bajo auspicios del Vaticano con representantes del neofascismo pensando en que la perentoria necesidad de encontrarle salidas a una crisis que ha causado tanto sufrimiento llevaría a acordar metas mutuamente compartidas, han tenido que despertar a la desagradable realidad de que éstos no respetan reglas de juego alguno: no les interesa la suerte de los venezolanos, sólo su permanencia en el poder para seguir esquilmando a la Nación. Se ha puesto fehacientemente de manifiesto que lo único que hará retroceder al fascismo es una demostración contundente de fuerzas. ¡Y los venezolanos favorables al cambio tenemos esa fuerza! Constituimos más del 80% de la población, nos ampara el orden constitucional vigente y contamos con el apoyo internacional. Es de presumir, también, que esta disposición abrumadora por el cambio sea compartida por el grueso de la Fuerza Armada, que no está conformada por marcianos ajenos a la suerte de su país. Es cierto que Maduro ha hecho todo lo posible por corromper a los estamentos de mando para hacerlos cómplices del régimen de expoliación instaurado, pero es dudoso que ello haya comprometido a cal y canto el respaldo mayoritario de la fuerza.
6. El desafío que enfrenta la dirigencia democrática en 2017 es cómo conjugar estas distintas manifestaciones de fuerza para lograr un pronunciamiento decisivo de los militares -único punto de apoyo que le queda al régimen- a favor de la restitución del orden constitucional. Se trata de activar a las mayorías a través de movilizaciones, protestas y la concertación de apoyos internacionales en torno a un programa democrático, que incite la aparición de ese “Larrazábal II” al que se refirió el Padre Ugalde. En ello tiene papel central la definición de un proyecto país alternativo al desastre actual que, por su coherencia, convicción y claridad de propósitos, no deje lugar a dudas sobre la capacidad y determinación de rescatar a Venezuela de manos de las mafias que hoy la asfixian, y de enrumbar al país a un futuro posible de crecientes niveles de bienestar. Si bien la confección de un programa económico para la transición, actualmente en discusión, es importante, ello dependerá primordialmente de un liderazgo político valiente, inteligente y comprometido. ¿Qué reacomodos se requieren para que las fuerzas democráticas logren el éxito que todos deseamos?

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com